El gobierno de Javier Milei redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional desde diciembre de 2023, una disminución del 16% de la dotación total del sector público. Así lo informó Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate del presupuesto 2027.

El oficialismo mantiene conversaciones con aliados y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con la intención de llegar a un texto en común. Apuntan a sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron a referentes de dos bloques diferentes que suelen votar junto al Gobierno. Se espera que las negociaciones presupuestarias continúen a lo largo de toda la semana: los libertarios buscan dictaminar lo antes posible.

Fariña detalló, además, que más de 6200 empleados públicos aceptaron retiros voluntarios y que el Gobierno eliminó 26 organismos nacionales. También anticipó que el Ejecutivo trabaja en un sistema único de liquidación de salarios para 2027.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que se prepara una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

Según precisó Fariña, casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a las empresas públicas. La reducción continuó durante este año, con cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre de 2026.

Uno de los mecanismos utilizados fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta el momento, 6254 trabajadores aceptaron desvincularse del Estado mediante este sistema. Entre las dependencias con mayor cantidad de adhesiones figuran ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1000 retiros cada una; el INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600.

El funcionario también contó el impacto del régimen de disponibilidad, una herramienta que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reorganizan organismos. Según indicó, durante 2025 unas 200 personas ingresaron a ese sistema, de las cuales 38 fueron reasignadas a otras dependencias.

La reducción de personal estuvo acompañada por una reorganización de las estructuras estatales. Según Fariña, el Gobierno pasó de 117 organismos nacionales a 91, una disminución del 22%. También redujo de 307 a 192 los cargos de autoridades superiores, entre ministros, secretarios y subsecretarios, y de 2476 a 1994 los puestos de alta dirección. Estas últimas modificaciones, sostuvo, representan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios de funcionarios y autoridades.

Como ejemplo de la reorganización, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1543 a 176. “Nos encontramos con un cargo cada tres personas”, señaló, en referencia a la estructura previa del organismo, que contaba con alrededor de 5300 empleados. También destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Un nuevo sistema para liquidar salarios

En paralelo, Fariña anticipó que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con el objetivo de unificar los mecanismos de pago, el control de ausencias y la detección de incompatibilidades.

“Hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas y diferentes software”, explicó. Según sostuvo, esa fragmentación dificulta el control y la auditoría del empleo público.

También destacó que el Gobierno eliminó la obligación de comprar combustible exclusivamente a YPF y abrió la contratación a otras petroleras mediante licitaciones competitivas. Según estimó, el nuevo esquema permitirá ahorrar $7000 millones en 2027.

Una nueva ley de semillas y más desregulaciones

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anticipó que el Gobierno trabaja en una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

“Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, destacó una resolución que modificó los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación.

La iniciativa se negocia con entidades rurales, productores y empresas semilleras nacionales e internacionales, con la intención de alcanzar un consenso antes de enviarla al Congreso.

Cacace también defendió la política de desregulación del Gobierno y sostuvo que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas.

“El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no es por los aranceles, sino por las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que tenemos que impiden el comercio”, afirmó.

En ese sentido, destacó la eliminación de controles duplicados para facilitar el ingreso de productos autorizados en países con organismos reguladores reconocidos.

Como ejemplo de los resultados de esa política, señaló que, tras la derogación de una resolución de 2012 que restringía el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, según las cifras que presentó.

El funcionario vinculó esa reforma con nuevas inversiones, entre ellas la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en la Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que contempla inversiones por US$8000 millones para los próximos años.

Finalmente, anticipó que el Gobierno continuará revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.

Sin dejarse condicionar por sus detractores internos ni por las ambigüedades de Mauricio Macri, quien le habría dado su aval mientras negocia un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), el exministro de Hacienda de Cambiemos Hernán Lacunza avanza con su proyecto presidencial rumbo a las elecciones 2027.

El economista antagoniza con Javier Milei pese a las aspiraciones de Pro –espacio por el que se postula– de alcanzar un entendimiento electoral. De hecho, el domingo reconoció rápidamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil. “Desde 2028 construiremos un futuro juntos para nuestros pueblos, sin importar ideologías ni afinidades personales”, escribió el exministro en la red social X.

En otro mensaje, agregó: “Somos Argentina, valoramos a todos los líderes democráticos. Porque respetamos a los pueblos que los eligen. Cuando coincidimos, no nos subordinamos. Cuando disentimos, no insultamos. Sabemos que eso cuesta exportaciones, inversiones y empleos para nuestros trabajadores y empresarios”. También citó un tuit que bregaba por menos “Bolsonaros” y más centroderecha tradicional, republicana, democrática y respetuosa.

Aunque más tarde, Pro y el propio Macri también reconocieron la victoria de Lula da Silva, a diferencia de Milei, quien todavía no ha hecho lo propio.

Más incómodo se mostró el partido liderado por Macri respecto de los recientes exabruptos de Milei. Después del comunicado para cuestionar los ataques del Presidente contra Pedro Sánchez y la prensa durante su visita a España, el espacio evitó pronunciarse respecto de los dichos del mandatario sobre “quemar en la hoguera” a los “hijos de puta”. Fue después de que enumerara a varios periodistas (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) que informaron sobre el caso $LIBRA, a quienes tildó de “ensobrados y corruptos”.

Consultado por , Lacunza opinó: “La hoguera es lo contrario de la Justicia. El insulto es la falta de argumentos. La violencia estatal es lo opuesto al coraje”.

Con mensajes de este estilo, de evidente confrontación con el gobierno nacional y matices con la línea preponderante en Pro, el exministro construye su camino hacia 2027.

Desde el 29 de julio, fecha en la que sorprendió al anunciar su precandidatura, el economista le brinda una dedicación prácticamente full time a esa aspiración. Según pudo saber , se reparte entre recorridas por el interior, encuentros con especialistas y actividades en medios de comunicación.

En el camino suma adhesiones tanto de dirigentes de Pro –tal vez el respaldo de mayor peso sea la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal–, como de figuras ajenas al partido, sobre todo de la Unión Cívica Radical (UCR). Pero también choca con reparos en las filas amarillas, especialmente entre los partidarios de un acuerdo electoral con el Gobierno. Todo esto ocurre mientras Macri aún no se ha pronunciado públicamente sobre su lanzamiento.

Nutrida agenda política

El tiempo que hoy destina a sus actividades privadas –dirige Empiria Consultores y es director del Banco de Córdoba– es marginal en contraste con las tareas vinculadas a su proyecto político, de acuerdo a lo que relataron a en su entorno.

Desde su lanzamiento, Lacunza visitó Mendoza, Santa Fe, la ciudad bonaerense de Mar del Plata, Neuquén y Río Negro en clave política.

En Mendoza se mostró con el gobernador radical Alfredo Cornejo y tres intendentes de Pro (dos cordobeses y uno mendocino). En Rosario se reunió con el también radical Maximiliano Pullaro. Después pasó por el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata; por el encuentro regional de la Fundación Pensar, que preside Vidal, en Neuquén; y por Bariloche. En el medio viajó a Estados Unidos, aunque por su trabajo “profesional”.

También cuentan que se reunió con los gobernadores peronistas no kirchneristas Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba) –prefieren dejar otros nombres en reserva– y tiene pendiente una visita a Jujuy y un encuentro con el jefe provincial radical Carlos Sadir.

“Hay una inquietud [de los gobernadores], un interés”, dicen cerca de Lacunza, aunque también entienden que “lo usan” para mostrar que tienen una alternativa a un acuerdo con LLA, que varios –especialmente los radicales– negocian por estos días.

En paralelo, conversa con expertos en justicia, política exterior, salud y educación, entre otras áreas, tanto para capacitarse como para “pensar un plan de gobierno”, además de mantener reuniones con colegas economistas.

Allegados al exministro cuentan que Macri y Vidal le “mandan equipos” y “aportan expertos” para armar propuestas y construir la “narrativa”.

Todavía no habría contratado encuestas y considera que aún “no hay mediciones serias”, pero encargó a una importante consultora un estudio cualitativo –del estilo focus group– que, indican, reveló que hay “miedo a volver al pasado y disconformidad con el presente” y ubicó su nivel de conocimiento en torno al 30%. “Es un buen punto de partida para alguien que fue ministro hace siete años”, evalúan.

La “ambigüedad” de Macri

Lacunza aseguró más de una vez que Macri lo autorizó a anotarse en la carrera para suceder a Milei. Sin embargo, el expresidente juega a dos bandas: deja correr su precandidatura y, a la vez, envía a los diputados Fernando de Andreis y Cristian Ritondo a negociar un acuerdo nacional en la Casa Rosada.

En el entorno del economista cuentan que volvió a hablar con el líder de Pro y que la directiva es “seguir adelante”. De todos modos, “la ambigüedad [de Macri] no le es indiferente”, admiten, porque “importa mucho la palabra de Mauricio”, que no se refirió aún a la precandidatura. “No le pide apoyo público. Va a ser en el timing que él [Macri] considere”, sostienen.

Mientras, referentes cercanos al expresidente relativizan el respaldo que su jefe político le puede haber dado a Lacunza. “Entre sus momentos de amor y desamor con LLA, le habrá ganado el desamor y le dijo ‘caminá’”, afirmó uno de ellos, convencido de que “no tiene chance”.

Lacunza, por su parte, desconfía de un entendimiento entre Pro y LLA –“no ve que converjan”– y cree que, de concretarse, Pro “desaparece”. Iría a una PASO contra Milei, pero entiende que el Presidente no se la daría. Y descarta, de momento, una gran primaria de centro que incluya a outsiders, como trascendió en las últimas semanas.

Simpatizantes y detractores

El lanzamiento de Lacunza agitó la interna de Pro, en espejo con las negociaciones electorales de 2025: de un lado quedaron quienes promueven una alianza con LLA (y podrían apoyar la reelección de Milei); del otro, quienes la rechazan y prefieren un candidato propio.

Entre los acuerdistas figuran los mandatarios Jorge Macri (Capital), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), y Ritondo, jefe del bloque en Diputados y titular del partido en la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño y el legislador dieron a entender públicamente que no respaldan su candidatura.

“No le es indiferente [tener detractores], pero sigue por su camino. Los reparos lo tienen sin cuidado. Ellos piensan en su negocio político, en el buen sentido”, dicen en el búnker de Lacunza.

Enfrente se ubican los aliados del economista: principalmente Vidal, pero también Humberto Schiavoni, Jorge Triaca, Martín Goerling, Gabriela Michetti, Paula Bertol y Eugenio Burzaco.

Varios se mostraron con el exministro en una cena en Balcarce 412, sede de Pro, a la que se sumaron titulares provinciales del partido.

Días atrás circuló un video en el que el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, hoy distanciado de Pro, tuvo una reacción positiva frente a la consulta por Lacunza. Desde ambos sectores aclaran que fue un “mimo” por la relación personal y el trabajo conjunto en la campaña de 2023, y no una “señal política”.

También hay radicales entre las adhesiones del precandidato presidencial. El exsenador Ernesto Sanz dijo que la UCR saldría “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA.

Ese es el plan B que asoma en el búnker de Lacunza: si Pro se alía con los libertarios, no descarta que radicales, dirigentes del “Pro puro” y la Coalición Cívica se junten en una reedición de Cambiemos y lo respalden como candidato.