El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que los dichos del primer mandatario Javier Milei sobre mandar a “la hoguera” a los periodistas que investigaron su participación en el caso $LIBRA fueron “una metáfora”.

“El día que me presenté en esta sala señalé la diferencia que hay entre el periodismo y el pseudoperiodismo. Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la búsqueda de la verdad. Distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, señaló Ravier en su habitual conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada.

“El Presidente, cuando se expresó, lo hizo con enojo, un enojo justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente con el objetivo de perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente. Respetamos la libertad de expresión, lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, la cantidad de críticas que recibe el Presidente. Nunca este gobierno tomó ninguna acción”, afirmó el vocero presidencial ante la consulta del periodista acreditado en Casa Rosada de .

“Recordemos que en otro tiempo (en referencia a los gobiernos kirchneristas) sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas. Este gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista. En todo caso, se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros desde un medio de comunicación para perjudicar su imagen. Creo que no es correcto lo que hicieron algunos medios de tomar sus palabras en forma literal”, dijo Ravier.

El discurso del Presidente

La noche del viernes, durante su discurso en la Fundación Faro, Milei dijo que la investigación por el caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores, fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas”. El Presidente reaccionó al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó tanto a él como a su hermana y a todos los involucrados en ese expediente abierto a principios de 2025.

Esa sentencia dio cuenta de las pruebas reunidas en la causa, sobre las que informó el periodismo, pero consideró que ningún elemento acredita por sí mismo los delitos investigados y, en lugar de disponer que se profundice la pesquisa, coincidió con el fiscal Taiano en que correspondía disponer el cierre final del caso.

Durante su discurso del viernes, el Presidente señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó tildándolos de ‘ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones’.

Y afirmó: “¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y esto implica ir contra todo el statu quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

El gobierno de Javier Milei redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional desde diciembre de 2023, una disminución del 16% de la dotación total del sector público. Así lo informó Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate del presupuesto 2027.

El oficialismo mantiene conversaciones con aliados y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con la intención de llegar a un texto en común. Apuntan a sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron a referentes de dos bloques diferentes que suelen votar junto al Gobierno. Se espera que las negociaciones presupuestarias continúen a lo largo de toda la semana: los libertarios buscan dictaminar lo antes posible.

Fariña detalló, además, que más de 6200 empleados públicos aceptaron retiros voluntarios y que el Gobierno eliminó 26 organismos nacionales. También anticipó que el Ejecutivo trabaja en un sistema único de liquidación de salarios para 2027.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que se prepara una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

Según precisó Fariña, casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a las empresas públicas. La reducción continuó durante este año, con cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre de 2026.

Uno de los mecanismos utilizados fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta el momento, 6254 trabajadores aceptaron desvincularse del Estado mediante este sistema. Entre las dependencias con mayor cantidad de adhesiones figuran ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1000 retiros cada una; el INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600.

El funcionario también contó el impacto del régimen de disponibilidad, una herramienta que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reorganizan organismos. Según indicó, durante 2025 unas 200 personas ingresaron a ese sistema, de las cuales 38 fueron reasignadas a otras dependencias.

La reducción de personal estuvo acompañada por una reorganización de las estructuras estatales. Según Fariña, el Gobierno pasó de 117 organismos nacionales a 91, una disminución del 22%. También redujo de 307 a 192 los cargos de autoridades superiores, entre ministros, secretarios y subsecretarios, y de 2476 a 1994 los puestos de alta dirección. Estas últimas modificaciones, sostuvo, representan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios de funcionarios y autoridades.

Como ejemplo de la reorganización, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1543 a 176. “Nos encontramos con un cargo cada tres personas”, señaló, en referencia a la estructura previa del organismo, que contaba con alrededor de 5300 empleados. También destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Un nuevo sistema para liquidar salarios

En paralelo, Fariña anticipó que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con el objetivo de unificar los mecanismos de pago, el control de ausencias y la detección de incompatibilidades.

“Hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas y diferentes software”, explicó. Según sostuvo, esa fragmentación dificulta el control y la auditoría del empleo público.

También destacó que el Gobierno eliminó la obligación de comprar combustible exclusivamente a YPF y abrió la contratación a otras petroleras mediante licitaciones competitivas. Según estimó, el nuevo esquema permitirá ahorrar $7000 millones en 2027.

Una nueva ley de semillas y más desregulaciones

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anticipó que el Gobierno trabaja en una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.

“Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, destacó una resolución que modificó los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación.

La iniciativa se negocia con entidades rurales, productores y empresas semilleras nacionales e internacionales, con la intención de alcanzar un consenso antes de enviarla al Congreso.

Cacace también defendió la política de desregulación del Gobierno y sostuvo que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas.

“El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no es por los aranceles, sino por las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que tenemos que impiden el comercio”, afirmó.

En ese sentido, destacó la eliminación de controles duplicados para facilitar el ingreso de productos autorizados en países con organismos reguladores reconocidos.

Como ejemplo de los resultados de esa política, señaló que, tras la derogación de una resolución de 2012 que restringía el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, según las cifras que presentó.

El funcionario vinculó esa reforma con nuevas inversiones, entre ellas la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en la Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que contempla inversiones por US$8000 millones para los próximos años.

Finalmente, anticipó que el Gobierno continuará revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.