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POLITICA

Un informe sostiene que el gasto electoral sin las PASO prácticamente no bajó y pone en duda el argumento libertario

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Mientras el Gobierno retoma su batalla para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el argumento de que representan un gasto innecesario de la política, un informe revela que en 2025, sin primarias, el gasto público electoral bajó solo un 3% respecto de 2021, cuando se realizaron PASO y elecciones generales.

El costo de las primarias es uno de los principales argumentos que esgrime el Gobierno para eliminarlas definitivamente en 2027, cuando el presidente Javier Milei buscará la reelección.

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“Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de US$200 millones para los argentinos”, afirmó el entonces ministro del Interior, Diego Santilli.

Sin embargo, los datos del informe de Éforo, titulado Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, ponen en discusión esa estimación. Según el estudio, pese a haber eliminado una de las dos jornadas electorales, el gasto total de 2025 fue $14.478 millones menor que el de las legislativas de 2021. Es decir, 3%.

La diferencia equivale a unos US$9,5 millones, lejos de los US$200 millones que, según Santilli, el Estado ahorraría sin primarias.

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Es que hay un gasto que absorbió el ahorro de la supresión de una instancia electoral: los costos de la logística a cargo del Correo Argentino, que alcanzaron un récord. Durante la última elección supusieron $225 mil millones, equivalentes al 48% de todo el gasto dedicado a los comicios de ese año, pese a que hubo una sola jornada de votación.

Entrega de urnas por parte del Correo ArgentinoPrensa de Correo Argentino

Los datos del informe provienen del Ministerio de Economía (a través de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional), del Ministerio del Interior y del Indec (mediante las Cuentas Nacionales y el Índice de Precios al Consumidor).

La comparación de la elección de 2025 se realiza contra 2021 porque ambas fueron elecciones legislativas de medio término. En 2023, en cambio, se eligió presidente.

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¿Por qué no bajó el gasto?

La principal explicación está en la logística. Según Éforo, el servicio de distribución y despliegue prestado por el Correo Argentino demandó $225.000 millones en 2025, el valor más alto desde 2007.

La última jornada de votación tuvo un costo logístico incluso superior al promedio registrado en años de elecciones presidenciales con segunda vuelta.

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Según el informe, ese costo absorbió el ahorro en otros ítems, como los aportes estatales para la impresión de boletas −también por la implementación de la Boleta Única Papel (BUP)−, los gastos de seguridad del Comando General Electoral y los aportes extraordinarios para las campañas políticas.

Boleta Única de Papel (BUP)Captura

El estudio sostiene que “el costo de la política electoral argentina muestra una fuerte rigidez a la baja”. En otras palabras, dice que una parte importante de los gastos que se fueron incorporando al sistema desde la implementación de las PASO, en 2011, permaneció incluso cuando las primarias fueron suspendidas.

“La sanción de la Ley 26.571 a fines de 2009 generó un salto de nivel permanente en el costo de los años electorales”, señala el informe.

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Evolución del gasto público destinado a los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE), un gráfico del informe de Éforo

Para dimensionar esa tendencia, Éforo retrocede hasta 2009, la última elección legislativa nacional organizada antes de la implementación de las PASO. Ese año, el gasto electoral total fue equivalente a $297.000 millones a precios constantes de 2025.

En las legislativas de 2025, el Estado gastó $468.000 millones, equivalentes al 0,05% del PBI. Es decir, aun con una única jornada electoral, los comicios del año pasado resultaron 58% más costosos en términos reales que los de 2009.

Las elecciones primarias en SaltaJavier Corbalán

Ante este escenario, la vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot (exdiputada nacional del Frente Renovador), reclamó una mayor apertura de los datos públicos.

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“Transparentar la composición de estos gastos es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como la equidad de la competencia política”, sostuvo.

El informe advierte que bajo grandes partidas se agrupan gastos de naturaleza muy diferente, algo que dificulta conocer con precisión cuánto se destina a cada componente del sistema electoral.

Partidos políticos con menos recursos

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Mientras creció el peso de la logística dentro del presupuesto electoral, se redujo fuertemente el financiamiento ordinario destinado a los partidos políticos.

El Fondo Partidario Permanente −la herramienta con la que el Estado financia el funcionamiento institucional y la capacitación de los partidos fuera de los períodos electorales− sufrió una fuerte licuación en términos reales.

Después de alcanzar un pico equivalente a $35.000 millones en 2015, cayó a $402 millones en 2025, con una proyección de $354 millones para 2026. Actualmente, representa menos del 0,1% del gasto total destinado a la política electoral.

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El dato cobra relevancia frente a la reforma electoral que el Gobierno impulsa y permanece en el Senado. El Gobierno propone mantener este fondo, pero elimina los aportes públicos extraordinarios para las campañas y abre la puerta a un mayor financiamiento privado, con un tope del 35% por aportante.




April 22, 2026,April 21, 2026,Delfina Celichini,Elecciones primarias,Javier Milei,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar para reforzar la presión sobre las petroleras británicas

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El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.

En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.

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La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 18 y evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.

En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.

El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.

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La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.

La legislación vigente ya establece prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.

El canciller Pablo Quirno reiteró los reclamos de la Argentina al Reino Unido por las Islas Malvinas (Foto: Cancillería).

Uno de los principales cambios previstos es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada considera que esas herramientas permitirían aumentar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de nuevas penalidades dependerá del texto finalmente sancionado, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.

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La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo completamente y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.

Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

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POLITICA

Massa confluye con el peronismo federal y toma forma una corriente interna para enfrentar a Kicillof

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Todo lo que se presumía que iba a pasar, efectivamente sucederá. Los sectores del peronismo que permanecen distantes de la aun no proclamada candidatura presidencial de Axel Kicillof confluirán esta semana en torno a Sergio Massa, quien buscará dar un golpe sobre la mesa para equipar la disputa interna en el principal partido de oposición a Javier Milei.

El exministro de Economía, que viene dialogando con dirigentes peronistas y de otras fuerzas afines en estricto perfil bajo, podría subir mañana al escenario -si llega a tiempo de un viaje a San Pablo- junto a referentes del peronismo federal, a figuras como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, y a los intendentes bonaerenses de La Liga.

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Según pudo saber , será un acto para 600 dirigentes montado en el teatro de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, donde la convocatoria formal será por el Día de la Militancia peronista. Pero que, en el fondo, buscará presentar en sociedad la reunión de espacios internos que sustentarían una posible candidatura presidencial de Massa en 2027.

En el massismo prefieren presentar a su líder como el articulador de una alianza anti-Milei, aunque para que eso finalmente tome cuerpo, antes tiene que superar la interna peronista, con una eventual competencia en las PASO contra el gobernador Kicillof.

Dirigentes del peronismo federal con representantes sindicales

De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes al acto, mientras que no fue invitado oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa el proyecto de Kicillof, aunque los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pueda ser visto junto a Massa y a los otros referentes peronistas.

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Los que serán de la partida son los peronistas federales que surgieron en Parque Norte, con dirigentes como el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel, mientras que también aseguraron su presencia el diputado Pichetto, la cordobesa De la Sota y el histórico senador santiagueño Zamora.

En este último caso, se llegó a especular con el surgimiento de una aventura presidencial, pero el norteño se inclinaría por apoyar un nuevo intento presidencial de Massa. En la misma línea podría presentarse el sanjuanino Sergio Uñac, quien se acercaría al acto pese a que ya manifestó su interés en competir por la candidatura mayor del peronismo.

Intendentes de La Liga junto a senadores kirchneristas

Entre los convocados al encuentro, que comenzará a las 18, también están los intendentes de La Liga, un grupo de jefes comunales bonaerenses que llegarán a San Fernando -donde el anfitrión será Juan Andreotti– con una delegación integrada por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.

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El acto, anticipado a este diario por fuentes partidarias, terminará de blanquear una situación en ciernes dentro del peronismo: la existencia de dos corrientes -una que apoya a Massa y otra referenciada en Kicillof- que pugnan por colocar al candidato presidencial del espacio para competir contra el presidente Milei en las elecciones nacionales de 2027.

En el caso de Massa, si bien empezó a mostrarse públicamente en las últimas semanas, mantuvo el perfil bajo desde la derrota en 2023 frente al propio Milei. Y ahora comienza a emerger como una alternativa frente a un Kicillof que se presenta como una suerte de candidato natural del peronismo, dado que gobierna la provincia más importante del país.

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en mejores tiempos de la relación entre el gobernador y la expresidenta

El gobernador bonaerense enfrenta una encrucijada para avanzar con su candidatura, porque Cristina Kirchner no lo bendice y envía señales -desde su reclusión en San José 1111- de que podría apoyar a otro candidato, eventualmente Massa, de cara a las PASO o a una interna partidaria. En ese marco es que el exministro reúne voluntades cercanas a la expresidenta.

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El tigrense necesita emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a Milei, en algunas detrás de Cristina Kirchner, pero la expresidenta no está en condiciones legales de competir a raíz de su condena e inhabilitación. De ahí que el acto del martes encienda las alarmas en La Plata, ante un eventual vuelco cristinista en favor de Massa.



Mariano Spezzapria,Conforme a

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POLITICA

Neuquén va a elecciones el 14 de febrero: La Libertad Avanza empieza a definir su estrategia y hay dudas sobre si competirá por la gobernación

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La Libertad Avanza de Neuquén se prepara para comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo al 2027. Con varios municipios que ya confirmaron que elegirán autoridades el 14 de febrero, en coincidencia con el calendario provincial definido por el gobernador Rolando Figueroa, el espacio libertario todavía debe definir cómo organizará las candidaturas en cada distrito y quién encabezará una eventual propuesta para la gobernación.

Una primera instancia de discusión tendrá lugar este lunes, cuando se reúna el Congreso partidario. El encuentro será clave para analizar el escenario político y establecer los lineamientos del armado de cara a la campaña de verano. Por ahora no hay decisiones cerradas, pero dentro del espacio reconocen que deberán contemplar distintas variables, entre ellas los plazos judiciales vinculados con la ley de Ficha Limpia.

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La situación de Nadia Márquez aparece entre los principales temas a resolver. La senadora nacional y titular de La Libertad Avanza en Neuquén tiene presencia territorial y es una de las dirigentes que podría representar al partido en la disputa por la gobernación. Sin embargo, su eventual postulación está atravesada por las condiciones que establece la legislación provincial de Ficha Limpia, sancionada en 2025.

Martín Menem junto a la senadora Nadia Márquez y Karina Milei. Foto: X @nadiajmarquez

La norma incluye entre sus restricciones a quienes hayan obtenido una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Márquez accedió a ese beneficio en una causa iniciada en 2013, en la que finalmente fue sobreseída en 2016. La interpretación de la ley y la situación judicial de la senadora serán factores centrales para determinar si puede competir.

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