POLITICA
El nuevo juez ordenó 29 medidas de prueba en la causa contra Insaurralde y Cirio por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por sus patrimonios, fue a fondo: dictó una batería de 29 medidas de prueba contra el exintendente, su exesposa y Sofía Clerici que incluyen pedidos a Uruguay de los movimientos completos de dos cuentas desde su apertura y un análisis de 100 teléfonos con el detalle de llamadas, antenas y geolocalización desde 2009.
A pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, Rodríguez Ponte dictó su primera gran decisión en la causa en la que se investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Insaurralde, Cirio y Clerici.
La batería de 29 medidas reactiva la investigación patrimonial y la pista uruguaya del caso porque el juez federal de Lomas de Zamora extendió el pedido de información a Uruguay y ordenó el rastreo del tráfico telefónico de los investigados durante los últimos 17 años.
El juez revocó “por contrario imperio” una resolución del 12 de agosto de Luis Armella, el magistrado anterior de la causa, que había acotado al período 2009/2023 la información requerida a Uruguay. Ahora, el pedido vuelve a comprender toda la vida de las cuentas: desde la fecha de apertura hasta la de cierre.
El requerimiento alcanza a dos cuentas a nombre de Insaurralde en Uruguay: la cuenta custodia de valores N° 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A., y la cuenta N° 04696093 del ABN Amro Bank N.V.
Sobre ambas, el juzgado reclamó información de sus titulares y cotitulares, legajos de apertura, detalle de los valores custodiados (acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes, títulos públicos), movimientos históricos con identificación de partes y contrapartes, beneficios percibidos como dividendos o intereses y la situación actual, incluidos eventuales embargos o gravámenes.
Al revertir lo dispuesto por Armella, Rodríguez Ponte admitió el pedido de reposición del fiscal Mola y del fiscal Diego Velasco, titular de la Procelac.
Los fiscales sostuvieron que recortar la ventana temporal era “contradictorio e infundado” porque la investigación ya venía rastreando maniobras iniciadas en 2006 y porque el propio juzgado había validado antes un rango más amplio.
La Fundación Poder Ciudadano acompañó el planteo y recordó que en el expediente se investigan hechos anteriores a 2009, entre ellos las obras públicas de la empresa DOIO S.R.L. en el municipio de Lomas de Zamora y la compra de un inmueble en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, cuyo pago data de mayo de 2006.
Además, el juez ordenó el rastreo de comunicaciones. Rodríguez Ponte ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) —el organismo de la Corte Suprema que él mismo condujo durante diez años, hasta que asumió como juez— que requiera a las prestadoras el detalle de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y sesiones de tráfico de datos en tecnologías 3G, 4G, 5G, EDGE y GPRS.
El pedido incluye la identificación técnica y la ubicación geográfica de antenas, estaciones base y celdas intervinientes; las coordenadas, la orientación y el radio estimado de cobertura. También, el historial de los códigos IMEI asociados a cada línea, las restantes líneas que hayan operado con esos mismos equipos y todo servicio de localización, geolocalización o rastreo que las empresas hayan prestado. Es decir, un mapa de dónde estuvieron los investigados y con quién hablaron.
Busca saber, por ejemplo, si cuando Cirio firmó que le prestó 250.000 dólares a Insaurralde, estaban en el mismo lugar sus teléfonos, en la escribanía donde se dejó constancia del supuesto préstamo.
La medida abarca más de cien líneas telefónicas registradas a nombre de Insaurralde, Cirio, Clerici, los hijos del exintendente —Martín Luciano y Rodrigo Agustín—, Gastón Barrachina y Víctor Mariano Donadío, entre 2009 y la actualidad.
Al final, la Dajudeco deberá elaborar un informe circunstanciado que permita identificar patrones de comunicación, frecuencia y duración de los contactos, franjas horarias e interlocutores recurrentes.
Pedidos a organismos
El resto de la batería de medidas apunta a completar el mapa patrimonial. El juzgado requirió informes al Renaper, a la Anses, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Compensadora Electrónica (Coelsa), a la Sociedad Rural Argentina y a los titulares de los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo, para determinar si los investigados fueron titulares de studs o boxes desde 2009.
También pidió extractos bancarios completos al Banco Provincia, al Banco Piano, al Santander, al BBVA, al Banco Nación, al exHSBC, al Banco Industrial y al Galicia; el folio real de un departamento en Simón Bolívar 226 de Lomas de Zamora; los legajos de cuatro vehículos; la facturación de la sociedad Sasaxa Libero ante ARCA y los recibos de sueldo emitidos por Torneos y Competencias y THX Medios.
Además, pidió los movimientos migratorios y un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la actuación del escribano que certificó la firma de Cirio en la donación que la conductora le hizo a Insaurralde, en enero de 2023.
Reiteró, además, un requerimiento sin respuesta al Casino Victoria SA y a Desarrollos Turísticos Victoria SA.
El presunto lavado
La resolución encuadra provisoriamente el objeto de la investigación en cinco hipótesis de lavado: el ocultamiento de activos mediante estructuras societarias e interposición de terceros, el financiamiento de gastos personales y viajes al exterior, la transferencia informal de patrimonio entre personas vinculadas, la tenencia de grandes sumas en efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal y una posible vinculación con el sector de juegos de azar.
En paralelo, el juez rechazó el planteo de nulidad de la defensa de Insaurralde —al que adhirió la de Clerici— contra el cotejo scopométrico de la Policía Federal que comparó los videos del vestidor aportados por con los inmuebles allanados de San Vicente y de Ortega y Gasset 1661.
La defensa había argumentado que el laboratorio forense no había podido establecer la autenticidad ni la trazabilidad de las filmaciones.
Rodríguez Ponte respondió que las imágenes de comparación provenían de las actas de allanamiento, es decir, de instrumentos públicos, y que la ausencia de fecha cierta “no significa que el registro carezca de todo valor probatorio”.
El juez ordenó además que la Datip explicite qué metodología y qué expertos utilizará para determinar si lo que se ve en las imágenes son billetes, estimar su cantidad y establecer si el material fue adulterado manualmente o mediante agentes de inteligencia artificial.
Dispuso también la extracción forense del pendrive aportado por la Fundación Apolo y citó para el 14 de septiembre, a las 11, a declarar como testigo a Nicolás Silvera, representante de esa fundación.
Por último, dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre Sofía Clerici, junto con la obligación de no alejarse más de cincuenta kilómetros de su domicilio y de informar toda ausencia superior a veinticuatro horas.
En el mismo escrito, el juzgado rechazó la presentación de Elías Piccirillo, que había designado abogados defensores en el expediente. El juez sostuvo que no reviste el carácter de parte y, por lo tanto, no puede acceder a la causa ni proponer medidas de prueba.
batería de 29 medidas,Hernán Cappiello,Conforme a
El fiscal federal Franco Picardi pidió, vía exhorto, que Nadia Beller declare como testigo en la Argentina en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.
Cerimedo tuvo un rol relevante en el expediente de ANDIS. En septiembre de 2025 declaró como testigo ante Picardi y aseguró que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.
Según declaró en aquel momento, Spagnuolo le habría contado además que había puesto al tanto al presidente Javier Milei de la situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó en su testimonio a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.
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Ahora, Picardi busca incorporar también el testimonio de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente en las últimas semanas a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo.
Durante la discusión por el peritaje de las grabaciones atribuidas al exfuncionario, su abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo que Beller había hecho declaraciones relacionadas con el origen de los audios y las utilizó para respaldar la hipótesis de la defensa de que las grabaciones habían sido manipuladas.
D’Alessandro afirmó que, según Beller, Cerimedo le había hablado de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de los registros. Esa versión fue expuesta por la defensa mientras cuestionaba la autenticidad del material incorporado al expediente.
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La Justicia, sin embargo, decidió avanzar con el análisis de los archivos. El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el peritaje y Gendarmería continúa trabajando sobre las grabaciones.
Los investigadores buscan establecer su origen y autenticidad y determinar si tuvieron cortes, ediciones o manipulaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. La fiscalía sostiene además que existen elementos independientes de esos audios, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de allanamientos.
Beller, Cerimedo y las causas abiertas
El pedido de Picardi se produce mientras Beller permanece en Bolivia después del ataque a tiros que sufrió el 17 de agosto.
La abogada recibió tres disparos y permaneció cinco días internada. Por el hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado personas para asesinar a su expareja.
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Beller afirmó públicamente que teme que vuelvan a atacarla y, después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. También sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos y apuntó contra Cerimedo, acusaciones que él rechazó.
En paralelo, Beller había sido convocada a declarar en otra investigación judicial, por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.
Fernando Cerimedo, Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
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El fiscal del caso Andis citó a declarar a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso Cerimedo en Bolivia
El fiscal Franco Picardi, que investiga presuntos sobreprecios y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), citó a declarar como testigo en su causa a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei.
La declaración, que será por teleconferencia y aún no tiene fecha, es a raíz de dichos públicos de la mujer tras el ataque que sufrió. Beller aludió a la hermana del presidente argentino, Karina Milei, y dijo que Cerimedo le había relatado que ella estaba involucrada en hechos de corrupción. Beller sostuvo además que conserva grabaciones de aquellas conversaciones.
La mujer también aseguró que Cerimedo y su entonces esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios que dieron origen al caso, en los que una voz adjudicada a Diego Spagnuolo -entonces jefe de la Andis- hablaba sobre corrupción en el organismo y aludía a Karina Milei.
El fiscal Picardi pidió que la fiscalía de Bolivia facilite el espacio, la logística y la tecnología para que Beller declare y responda desde allá las preguntas. Solicitó que autoridades de la fiscalía boliviana estén presentes durante la declaración para garantizar la integridad de Beller, que tras el atentado fue operada y estuvo internada.
El caso cuenta con 19 procesados y otros 30 imputados que fueron indagados y cuya situación procesal debe resolver el juez Ariel Lijo.
Noticia en desarrollo
estaba involucrada en hechos de corrupción,Conforme a
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Malvinas: el primer ministro de Reino Unido advirtió que será “implacable” en defender el derecho de los isleños a ser británicos
El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños de Malvinas a ser británicos, en una sesión parlamentaria dominada por el debate sobre el gasto en defensa y el recrudecimiento de las tensiones con Argentina.
“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias. El premier no citó por su nombre a Milei ni a Argentina en ningún momento de su intervención.
La sesión fue impulsada por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien planteó el tema de las Islas Malvinas directamente. “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, afirmó, según consignó EFE. En otro pasaje de su intervención, Burnham prometió el mayor presupuesto de defensa desde la Guerra Fría.
En 2013, un referéndum celebrado en el archipiélago del Atlántico Sur —bajo administración británica desde 1833— arrojó resultados contundentes: el 99% de los participantes eligió permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.
Burnham mencionó a las Islas Malvinas (utilizó el nombre “Falklands”) en un solo momento durante la sesión, que se extendió por más de una hora, en respuesta a la pregunta de la legisladora Badenoch sobre el gasto en defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en (la isla) Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.
Con relación a los cuestionamientos sobre el gasto en defensa, indicó: “Cumpliremos nuestro compromiso con la OTAN: 3,5% para 2035, con una fecha objetivo para el 3%, y todo eso se detallará en la revisión de gasto”. Y agregó: “Este canciller, más que ningún otro, estará dispuesto a proveer ese financiamiento a nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso de este gobierno con la defensa del país es absoluto”.
Un día antes a la presentación de Burnham, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, compareció ante el Parlamento y buscó bajar la tensión: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, indicó en su exposición.
La cuestión Malvinas se reactualizó el viernes pasado, cuando Milei afirmó que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.
Milei fue más lejos y avanzó con denuncias y sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales —principalmente petróleo— de las islas “sin autorización argentina”.
En esta línea, y en paralelo al debate en Westminster, el gobierno argentino intensificó su ofensiva judicial e inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 empresarios que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. La medida se suma a otros procedimientos ya iniciados.
Entre los nuevos alcanzados figuran Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas Petroleum, de Israel; cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group y HBOS Investment Fund Managers, del Reino Unido; SMR Advisors, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank, de Israel. También quedó incluido David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum, compañía dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas desde hace años. Dobson, financista con trayectoria en minería y petróleo, fue uno de los fundadores de Kirkland Lake Gold y tiene residencia en Mónaco.
La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, cofundador y CEO; Keith Hill, con más de cuatro décadas en exploración y exdirectivo de Shell y Occidental Petroleum; Peter Nicol, exresponsable del sector petrolero en Goldman Sachs; Alan Friedman, abogado y cofundador de la empresa; Gadi Levin, director financiero; y Alice Carroll, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas mediante la adquisición de JHI Associates, cuya licencia es lindera al proyecto Sea Lion.
Entre los proveedores estratégicos alcanzados por las sanciones sobresale Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante de producción prevista para Sea Lion.
El gobierno además realizó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, se indicó desde la Oficina del Presidente en un comunicado.
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