POLITICA
Diputados: la oposición conseguirá quórum para debatir el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad
La Libertad Avanza trabajó hasta último momento para impedir que la oposición consiguiera los votos necesarios para abrir la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo decidió dar vuelta su posición y acompañará este miércoles a las 12 la apertura del recinto.
Con ese giro, el Gobierno buscará participar del debate y defender su propia propuesta para abordar el endeudamiento de las familias. La sesión especial fue convocada por la oposición, que además intentará avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había pasado buena parte de la jornada en las oficinas de Martín Menem, donde negoció con bloques aliados para intentar restarle apoyos a la oposición y evitar que alcanzara el quórum.
Sin embargo, el escenario cambió durante la tarde. En la Casa Rosada explicaron que el oficialismo decidió modificar su postura porque la oposición estaba cada vez más cerca de reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Frente a ese panorama, La Libertad Avanza optó por dar quórum, participar del debate y evitar que una eventual apertura del recinto quedara planteada como una derrota política, en una semana atravesada por la agenda de Javier Milei en torno al reclamo por las Malvinas.
En el Gobierno admitían, además, que la diferencia podía reducirse a apenas uno o dos diputados y que algunos bloques cercanos al oficialismo estaban dispuestos a bajar al recinto de todas maneras.
Según los cálculos que manejaba la oposición, Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, aportaría 93 diputados. También se sumarían los cuatro legisladores del Frente de Izquierda, los 18 integrantes de Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, los dos de la Coalición Cívica y los dos de Encuentro Federal, Nicolás Massot y Miguel Pichetto.
Además, habían anticipado que darían quórum Marcela Pagano, de Coherencia; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba; y Jorge Fernández, de Primero San Luis.
Incluso entre los bloques más cercanos al oficialismo había legisladores dispuestos a dar quórum. Entre ellos estaban los nueve diputados de Misiones y Salta que integran Argentina Federal.
También había anticipado su posición el desarrollista Eduardo Falcone, del MID, quien aseguró que votaría a favor de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad si la oposición lograba abrir la sesión. El presidente de ese espacio, Oscar Zago, no estaría en Buenos Aires por motivos personales.
A ese grupo se sumaba Karina Maureira, de La Neuquinidad, la fuerza del gobernador Rolando Figueroa, que había confirmado su presencia en el recinto. “No alcanza con prorrogar la Emergencia en Discapacidad”, sostuvo. Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, no asistiría por un problema de salud, aunque dejó en claro que, de haber podido estar presente, habría dado quórum.
La convocatoria a la sesión especial había sido impulsada por el radical crítico Pablo Juliano y estaba centrada en dos problemáticas sociales de peso. “El Congreso no puede mirar para otro lado”, planteó.
El cambio de postura del oficialismo se produjo después de una serie de movimientos en torno al proyecto de desendeudamiento familiar. Durante la continuidad de su tratamiento en la Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, La Libertad Avanza amplió el giro de la iniciativa a las comisiones de Defensa del Consumidor, encabezada por el peronista Hugo Yasky, y de Presupuesto y Hacienda, conducida por el libertario Bertie Benegas Lynch.
El cronograma impulsado por el oficialismo contemplaba una reunión informativa y dos encuentros entre legisladores, previstos para el 23 y el 30 de septiembre. La intención era firmar los dictámenes hacia fin de mes y llevar el proyecto al recinto recién en octubre.
La oposición cuestionó la estrategia oficialista por considerar que buscaba demorar el tratamiento del problema del endeudamiento familiar y decidió avanzar de todos modos con la sesión de este miércoles. El desafío será ordenar una discusión amplia: hay cerca de 50 proyectos distintos vinculados con el tema.
Con la decisión de La Libertad Avanza de dar quórum, el cronograma que había impulsado en comisión perdió centralidad. El oficialismo buscará ahora discutir directamente en el recinto su propuesta y disputar el contenido de una eventual ley.
El diputado cordobés Juan Fernando Brügge, de Provincias Unidas, había destacado la importancia de la sesión por el impacto que tiene el endeudamiento sobre los hogares argentinos.
“La sesión es importante para la economía de las familias que se encuentran gravemente golpeadas por el nivel de endeudamiento histórico, que lo ha sido para afrontar las necesidades básicas de alimentación y servicios. No se puede condenar a millones de argentinos a la marginalidad financiera, al quedar inhabilitados para acceder a financiación para las compras básicas”, sostuvo.
Y agregó: “El humanismo cristiano tiene como eje central la dignidad de la familia, por lo que la vulnerabilidad económica en que hoy se encuentran las familias argentinas no puede pasar inadvertido para los diputados nacionales que los representan”.
“Desarmar la bola de nieve”
El problema del endeudamiento también había sido analizado en una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, de la que participaron representantes de bancos, empresas fintech y de la Cámara de Tarjetas de Crédito.
El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, sostuvo que no es necesaria una nueva ley para abordar la situación. “No hace falta una ley porque los bancos ya resolvieron 500.000 refinanciaciones. Venimos analizando caso por caso y de forma privada”, afirmó.
Y agregó: “El que no tiene voluntad de pago, tiene sobre la mesa distintas formas de refinanciación”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, advirtió sobre la magnitud del problema: “Atravesamos una situación sensible y es un fenómeno que afecta al conjunto. Hay casi 21 millones de personas que acceden a un crédito formal, tenemos cinco millones que tienen nivel de irregularidad y los créditos fintech representan el 16% de la mora. Estamos buscando desarmar la bola de nieve que se está armando”.
Desde la Cámara de Medios de Pago, Luciana Ríos Benso también reconoció la gravedad de la situación, aunque planteó que no existe una única respuesta posible. “Es legítima la preocupación por la morosidad, merece atención porque tiene un impacto en el consumo de las familias, pero no tiene solución única”, señaló.
La Casa Rosada mantiene su rechazo a las iniciativas que impliquen una regulación fuerte sobre bancos y financieras o un aumento del gasto público, aunque reconoce que existen alternativas para atender la situación de las familias endeudadas.
El Gobierno busca ahora acercar posiciones con sus aliados y evitar que la discusión derive de inmediato en una confrontación abierta con la oposición. En el Ejecutivo sostienen que, si el Congreso termina aprobando una ley que contradiga la posición oficial, Javier Milei está dispuesto a vetarla. Antes de llegar a ese escenario, sin embargo, La Libertad Avanza intentará construir una propuesta alternativa durante el propio debate parlamentario.
endeudamiento, Diputados, sesion
El fiscal federal Franco Picardi pidió, vía exhorto, que Nadia Beller declare como testigo en la Argentina en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.
Cerimedo tuvo un rol relevante en el expediente de ANDIS. En septiembre de 2025 declaró como testigo ante Picardi y aseguró que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.
Según declaró en aquel momento, Spagnuolo le habría contado además que había puesto al tanto al presidente Javier Milei de la situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó en su testimonio a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.
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Ahora, Picardi busca incorporar también el testimonio de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente en las últimas semanas a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo.
Durante la discusión por el peritaje de las grabaciones atribuidas al exfuncionario, su abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo que Beller había hecho declaraciones relacionadas con el origen de los audios y las utilizó para respaldar la hipótesis de la defensa de que las grabaciones habían sido manipuladas.
D’Alessandro afirmó que, según Beller, Cerimedo le había hablado de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de los registros. Esa versión fue expuesta por la defensa mientras cuestionaba la autenticidad del material incorporado al expediente.
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La Justicia, sin embargo, decidió avanzar con el análisis de los archivos. El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el peritaje y Gendarmería continúa trabajando sobre las grabaciones.
Los investigadores buscan establecer su origen y autenticidad y determinar si tuvieron cortes, ediciones o manipulaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. La fiscalía sostiene además que existen elementos independientes de esos audios, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de allanamientos.
Beller, Cerimedo y las causas abiertas
El pedido de Picardi se produce mientras Beller permanece en Bolivia después del ataque a tiros que sufrió el 17 de agosto.
La abogada recibió tres disparos y permaneció cinco días internada. Por el hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado personas para asesinar a su expareja.
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Beller afirmó públicamente que teme que vuelvan a atacarla y, después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. También sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos y apuntó contra Cerimedo, acusaciones que él rechazó.
En paralelo, Beller había sido convocada a declarar en otra investigación judicial, por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.
Fernando Cerimedo, Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
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El fiscal del caso Andis citó a declarar a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso Cerimedo en Bolivia
El fiscal Franco Picardi, que investiga presuntos sobreprecios y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), citó a declarar como testigo en su causa a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei.
La declaración, que será por teleconferencia y aún no tiene fecha, es a raíz de dichos públicos de la mujer tras el ataque que sufrió. Beller aludió a la hermana del presidente argentino, Karina Milei, y dijo que Cerimedo le había relatado que ella estaba involucrada en hechos de corrupción. Beller sostuvo además que conserva grabaciones de aquellas conversaciones.
La mujer también aseguró que Cerimedo y su entonces esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios que dieron origen al caso, en los que una voz adjudicada a Diego Spagnuolo -entonces jefe de la Andis- hablaba sobre corrupción en el organismo y aludía a Karina Milei.
El fiscal Picardi pidió que la fiscalía de Bolivia facilite el espacio, la logística y la tecnología para que Beller declare y responda desde allá las preguntas. Solicitó que autoridades de la fiscalía boliviana estén presentes durante la declaración para garantizar la integridad de Beller, que tras el atentado fue operada y estuvo internada.
El caso cuenta con 19 procesados y otros 30 imputados que fueron indagados y cuya situación procesal debe resolver el juez Ariel Lijo.
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estaba involucrada en hechos de corrupción,Conforme a
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Malvinas: el primer ministro de Reino Unido advirtió que será “implacable” en defender el derecho de los isleños a ser británicos
El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños de Malvinas a ser británicos, en una sesión parlamentaria dominada por el debate sobre el gasto en defensa y el recrudecimiento de las tensiones con Argentina.
“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias. El premier no citó por su nombre a Milei ni a Argentina en ningún momento de su intervención.
La sesión fue impulsada por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien planteó el tema de las Islas Malvinas directamente. “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, afirmó, según consignó EFE. En otro pasaje de su intervención, Burnham prometió el mayor presupuesto de defensa desde la Guerra Fría.
En 2013, un referéndum celebrado en el archipiélago del Atlántico Sur —bajo administración británica desde 1833— arrojó resultados contundentes: el 99% de los participantes eligió permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.
Burnham mencionó a las Islas Malvinas (utilizó el nombre “Falklands”) en un solo momento durante la sesión, que se extendió por más de una hora, en respuesta a la pregunta de la legisladora Badenoch sobre el gasto en defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en (la isla) Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.
Con relación a los cuestionamientos sobre el gasto en defensa, indicó: “Cumpliremos nuestro compromiso con la OTAN: 3,5% para 2035, con una fecha objetivo para el 3%, y todo eso se detallará en la revisión de gasto”. Y agregó: “Este canciller, más que ningún otro, estará dispuesto a proveer ese financiamiento a nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso de este gobierno con la defensa del país es absoluto”.
Un día antes a la presentación de Burnham, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, compareció ante el Parlamento y buscó bajar la tensión: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, indicó en su exposición.
La cuestión Malvinas se reactualizó el viernes pasado, cuando Milei afirmó que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.
Milei fue más lejos y avanzó con denuncias y sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales —principalmente petróleo— de las islas “sin autorización argentina”.
En esta línea, y en paralelo al debate en Westminster, el gobierno argentino intensificó su ofensiva judicial e inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 empresarios que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. La medida se suma a otros procedimientos ya iniciados.
Entre los nuevos alcanzados figuran Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas Petroleum, de Israel; cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group y HBOS Investment Fund Managers, del Reino Unido; SMR Advisors, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank, de Israel. También quedó incluido David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum, compañía dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas desde hace años. Dobson, financista con trayectoria en minería y petróleo, fue uno de los fundadores de Kirkland Lake Gold y tiene residencia en Mónaco.
La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, cofundador y CEO; Keith Hill, con más de cuatro décadas en exploración y exdirectivo de Shell y Occidental Petroleum; Peter Nicol, exresponsable del sector petrolero en Goldman Sachs; Alan Friedman, abogado y cofundador de la empresa; Gadi Levin, director financiero; y Alice Carroll, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas mediante la adquisición de JHI Associates, cuya licencia es lindera al proyecto Sea Lion.
Entre los proveedores estratégicos alcanzados por las sanciones sobresale Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante de producción prevista para Sea Lion.
El gobierno además realizó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, se indicó desde la Oficina del Presidente en un comunicado.
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