Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por sus patrimonios, fue a fondo: dictó una batería de 29 medidas de prueba contra el exintendente, su exesposa y Sofía Clerici que incluyen pedidos a Uruguay de los movimientos completos de dos cuentas desde su apertura y un análisis de 100 teléfonos con el detalle de llamadas, antenas y geolocalización desde 2009.

A pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, Rodríguez Ponte dictó su primera gran decisión en la causa en la que se investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Insaurralde, Cirio y Clerici.

La batería de 29 medidas reactiva la investigación patrimonial y la pista uruguaya del caso porque el juez federal de Lomas de Zamora extendió el pedido de información a Uruguay y ordenó el rastreo del tráfico telefónico de los investigados durante los últimos 17 años.

El juez revocó “por contrario imperio” una resolución del 12 de agosto de Luis Armella, el magistrado anterior de la causa, que había acotado al período 2009/2023 la información requerida a Uruguay. Ahora, el pedido vuelve a comprender toda la vida de las cuentas: desde la fecha de apertura hasta la de cierre.

El requerimiento alcanza a dos cuentas a nombre de Insaurralde en Uruguay: la cuenta custodia de valores N° 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A., y la cuenta N° 04696093 del ABN Amro Bank N.V.

Sobre ambas, el juzgado reclamó información de sus titulares y cotitulares, legajos de apertura, detalle de los valores custodiados (acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes, títulos públicos), movimientos históricos con identificación de partes y contrapartes, beneficios percibidos como dividendos o intereses y la situación actual, incluidos eventuales embargos o gravámenes.

Al revertir lo dispuesto por Armella, Rodríguez Ponte admitió el pedido de reposición del fiscal Mola y del fiscal Diego Velasco, titular de la Procelac.

Los fiscales sostuvieron que recortar la ventana temporal era “contradictorio e infundado” porque la investigación ya venía rastreando maniobras iniciadas en 2006 y porque el propio juzgado había validado antes un rango más amplio.

La Fundación Poder Ciudadano acompañó el planteo y recordó que en el expediente se investigan hechos anteriores a 2009, entre ellos las obras públicas de la empresa DOIO S.R.L. en el municipio de Lomas de Zamora y la compra de un inmueble en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, cuyo pago data de mayo de 2006.

Además, el juez ordenó el rastreo de comunicaciones. Rodríguez Ponte ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) —el organismo de la Corte Suprema que él mismo condujo durante diez años, hasta que asumió como juez— que requiera a las prestadoras el detalle de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y sesiones de tráfico de datos en tecnologías 3G, 4G, 5G, EDGE y GPRS.

El pedido incluye la identificación técnica y la ubicación geográfica de antenas, estaciones base y celdas intervinientes; las coordenadas, la orientación y el radio estimado de cobertura. También, el historial de los códigos IMEI asociados a cada línea, las restantes líneas que hayan operado con esos mismos equipos y todo servicio de localización, geolocalización o rastreo que las empresas hayan prestado. Es decir, un mapa de dónde estuvieron los investigados y con quién hablaron.

Busca saber, por ejemplo, si cuando Cirio firmó que le prestó 250.000 dólares a Insaurralde, estaban en el mismo lugar sus teléfonos, en la escribanía donde se dejó constancia del supuesto préstamo.

La medida abarca más de cien líneas telefónicas registradas a nombre de Insaurralde, Cirio, Clerici, los hijos del exintendente —Martín Luciano y Rodrigo Agustín—, Gastón Barrachina y Víctor Mariano Donadío, entre 2009 y la actualidad.

Al final, la Dajudeco deberá elaborar un informe circunstanciado que permita identificar patrones de comunicación, frecuencia y duración de los contactos, franjas horarias e interlocutores recurrentes.

Pedidos a organismos

El resto de la batería de medidas apunta a completar el mapa patrimonial. El juzgado requirió informes al Renaper, a la Anses, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Compensadora Electrónica (Coelsa), a la Sociedad Rural Argentina y a los titulares de los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo, para determinar si los investigados fueron titulares de studs o boxes desde 2009.

También pidió extractos bancarios completos al Banco Provincia, al Banco Piano, al Santander, al BBVA, al Banco Nación, al exHSBC, al Banco Industrial y al Galicia; el folio real de un departamento en Simón Bolívar 226 de Lomas de Zamora; los legajos de cuatro vehículos; la facturación de la sociedad Sasaxa Libero ante ARCA y los recibos de sueldo emitidos por Torneos y Competencias y THX Medios.

Además, pidió los movimientos migratorios y un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la actuación del escribano que certificó la firma de Cirio en la donación que la conductora le hizo a Insaurralde, en enero de 2023.

Reiteró, además, un requerimiento sin respuesta al Casino Victoria SA y a Desarrollos Turísticos Victoria SA.

El presunto lavado

La resolución encuadra provisoriamente el objeto de la investigación en cinco hipótesis de lavado: el ocultamiento de activos mediante estructuras societarias e interposición de terceros, el financiamiento de gastos personales y viajes al exterior, la transferencia informal de patrimonio entre personas vinculadas, la tenencia de grandes sumas en efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal y una posible vinculación con el sector de juegos de azar.

En paralelo, el juez rechazó el planteo de nulidad de la defensa de Insaurralde —al que adhirió la de Clerici— contra el cotejo scopométrico de la Policía Federal que comparó los videos del vestidor aportados por con los inmuebles allanados de San Vicente y de Ortega y Gasset 1661.

La defensa había argumentado que el laboratorio forense no había podido establecer la autenticidad ni la trazabilidad de las filmaciones.

Rodríguez Ponte respondió que las imágenes de comparación provenían de las actas de allanamiento, es decir, de instrumentos públicos, y que la ausencia de fecha cierta “no significa que el registro carezca de todo valor probatorio”.

El juez ordenó además que la Datip explicite qué metodología y qué expertos utilizará para determinar si lo que se ve en las imágenes son billetes, estimar su cantidad y establecer si el material fue adulterado manualmente o mediante agentes de inteligencia artificial.

Dispuso también la extracción forense del pendrive aportado por la Fundación Apolo y citó para el 14 de septiembre, a las 11, a declarar como testigo a Nicolás Silvera, representante de esa fundación.

Por último, dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre Sofía Clerici, junto con la obligación de no alejarse más de cincuenta kilómetros de su domicilio y de informar toda ausencia superior a veinticuatro horas.

En el mismo escrito, el juzgado rechazó la presentación de Elías Piccirillo, que había designado abogados defensores en el expediente. El juez sostuvo que no reviste el carácter de parte y, por lo tanto, no puede acceder a la causa ni proponer medidas de prueba.