POLITICA
Se agrava el conflicto de los municipales con Kicillof y suma tensión a los frentes abiertos del gobernador
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suma frentes abiertos de compleja resolución en su gestión. La acumulación de reclamos incluye un plan de lucha provincial de los gremios municipales para pedir aumento que se agravó el miércoles, con la segunda marcha en dos semanas organizada por la federación que nuclea a esos sindicatos distritales, que incluyó un corte de ruta en el ingreso al puerto de Bahía Blanca.
El conflicto con los sindicatos municipales se añade a los cuestionamientos permanentes por el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y a una crisis que se expresa en la caída de recursos de origen nacional y repercute en una baja sobre las transferencias provinciales hacia las intendencias.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) puso en marcha un plan de lucha “prolongado”, que comenzó la semana pasada con un corte del cruce de las rutas 205 y 6, en Cañuelas, y siguió este miércoles con otra medida similar, que bloqueó el acceso al puerto de Bahía Blanca por la ruta 51. La federación pide mejoras en los salarios de los municipales de todos los distritos y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.
El Ministerio de Trabajo provincial, que conduce Walter Correa, se comprometió a realizar una primera reunión organizativa de ese consejo y emitió una resolución en la que puntualizó que definió “pautas claras para la convocatoria, integración y funcionamiento del consejo”.
Lejos de apaciguar el reclamo, la convocatoria al consejo municipal que adelantó la cartera laboral bonaerense generó duras críticas del titular de la Fesimubo, Hernán Doval, que adelantó a que prevén recurrir a instancias judiciales. “Para estar en la mesa del consejo, las federaciones (organizaciones sindicales de segundo grado) tienen que tener afiliados a más del 10% del total de los trabajadores. La única que los tiene es la Fesimubo. El ministro, como no puede sentar a sus sindicatos aliados, agregó en la resolución que sean trabajadores ‘cotizantes’, es decir, afiliados, con lo que bajó el piso de representación. Algunos no llegan ni a eso, por lo que añadió que también tendrán un lugar los que tengan menos”, cuestionó Doval.
El funcionamiento de la obra social estatal de la provincia, el IOMA, es otro punto de crítica permanente para la administración de Kicillof. El 25 de agosto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, concurrió al Senado para hablar de los proyectos oficialistas de creación de una industria farmacéutica y del sistema integrado de salud provincial; bloques opositores le hicieron llegar cuestionamientos por la obra social, que conduce Homero Giles.
El senador Marcelo Leguizamón (de Hechos, el espacio que lideran los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, de San Nicolás) le remarcó a Kreplak que, “el 14 de mayo de 2024, le había prometido que volvería a esta casa con el titular del IOMA, Homero Giles”, pero que eso no ocurrió todavía.
Un comunicado de La Libertad Avanza -bloque encabezado por el senador provincial, Carlos Curestis-, informó que “cuestionaron que la exposición del ministro se haya concentrado en defender las iniciativas del Ejecutivo y lo presionaron para que dé respuestas concretas sobre la crisis del IOMA, las dificultades para acceder a servicios, los problemas con los prestadores y los reclamos que se acumulan en toda la provincia”.
En el Ministerio de Salud provincial indicaron a que el ministro “fue invitado a exponer los dos proyectos que ingresó el Poder Ejecutivo” y que “no fue invitado a exponer de la situación del sistema -que incluye al IOMA- o a dar cuentas del estado de la obra social, que ya lo había hecho en conferencia de prensa hace menos de un mes”.
Las cuentas de los municipios se ven afectadas por una caída en los recursos que les envía la Provincia. Según el último informe de la consultora PPA, especializada en datos bonaerenses y municipales, en el primer semestre de 2026 los municipios recibieron el menor nivel de transferencias desde el gobierno provincial desde 2021. A los distritos llegaron $2,8 billones, lo que representa una caída del 2,48% en términos reales con respecto al primer semestre de 2025. El 75,9% de esos recursos en caída corresponden a la coparticipación provincial.
A su vez, entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, los recursos de coparticipación que llegan desde la Nación a la Provincia cayeron un 10,5%. La Provincia tuvo un déficit financiero de 2063 millones de pesos en sus cuentas durante 2025. Así lo resaltó Marcelo Daletto (exsenador provincial y actual integrante del directorio del Banco Provincia) al relevar el informe de ejecución presupuestaria del gobierno provincial. En ese documento, el gobierno de Kicillof destacó que tuvo un superávit económico de $280.860 millones.
También generó cuestionamientos la decisión del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, liderado por Andrés Larroque, de prorrogar hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), por el cual se entregaban alimentos para familias en las escuelas. Las críticas fueron de La Libertad Avanza. En un comunicado, la representación bonaerense del partido del presidente Javier Milei se preguntó por “los fundamentos de la suspensión, la cantidad de beneficiarios alcanzados, el impacto presupuestario y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia alimentaria de las familias afectadas”.
En lo político, Kicillof tiene un frente irresuelto en la definición del regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes, intención que apoya, pero no logra hacer avanzar en la Legislatura, por la tensión interna del peronismo y la falta de votos en el arco opositor.
El mandatario bonaerense también cuenta entre sus pendientes la designación de jueces de la Suprema Corte provincial, con cuatro vacantes sin cubrir. El presidente del tribunal, Sergio Torres, reclamó, en abril, que se designen los magistrados para cubrir esos cargos.
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POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
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Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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