Luego de que su llamado sea reprogramado en tres oportunidades, el empresario Hugo Sigman fue indagado hoy, de manera virtual, por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga una presunta maniobra para favorecer determinados intereses en la compra de vacunas durante la pandemia del coronavirus.

El empresario, acusado de haber sido beneficiado por un supuesto plan del Gobierno de Alberto Fernández, no contestó preguntas del juez ni del fiscal y su defensa consistió en declarar oralmente por alrededor de una hora y entregar un escrito, con el que negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por decisión del Gobierno y pidió su sobreseimiento.

En el centro de la acusación del fiscal Carlos Stornelli se encuentra la negativa del Gobierno a cerrar un acuerdo con la firma Pfizer, en agosto de 2020, supuestamente para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina. Entre estos socios locales, se encuentran dos empresas de Sigman.

Sigman considera que la demora inicial en la compra de las vacunas estuvo vinculada a las condiciones jurídicas que habría exigido la propia Pfizer.

A su vez, sostiene que las empresas suyas que intervinieron luego en el proceso, Mabxience y Elea Phoenix, no tuvieron un rol comercial sino técnico y que los pagos no estuvieron atados a decisiones del Estado argentino.

Respecto a la primera, sostiene que fue contratada por AstraZeneca en calidad de proveedor industrial, para fabricar en Garín el principio activo de la vacuna contra el Covid.

En relación a Elea Phoenix, asegura que fue contratada para participar técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinopharm. Según un comunicado que compartieron desde su entorno, Elea cobró un honorario previamente determinado por esa tarea y no intervino en las negociaciones con el Estado.

Además, sostiene que Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech trabajan juntos desde 2011 en la producción local de la vacuna Prevenar 13, y que esa relación continuó después de la pandemia, incluso con un proyecto de 2024 para fabricar Prevenar 20.

Su abogado defensor en esta causa es el exministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

La indagatoria de Sigman, prevista primero para mayo, luego para junio y más tarde para comienzos de este mes, fue virtual, por pedido de su defensa, puesto que el empresario vive en España y tiene 83 años.

Es la última ronda de 15 indagatorias ordenada por el fiscal Stornelli. Lijo deberá ahora resolver la situación procesal de todos ellos, entre quienes se encuentran el infectólogo Pedro Kahn y la exministra de Salud, Carla Vizzoti.

La exfuncionaria no respondió preguntas y presentó un escrito de más de 100 páginas con el que negó irregularidades y sostuvo que su intervención durante 2020 estaba concentrada en cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas y no en la negociación comercial de los contratos.

Ginés González García también formó parte del caso, pero falleció en 2024.

El caso de dos mujeres que denuncian que la plataforma Mercado Pago les aplicó tasas mayores al 1300% anual por préstamos que solicitaron derivó en una denuncia judicial, presentada ayer por un abogado contra Mercado Libre SRL, la firma titular de la billetera virtual.

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, cuyo titular es el juez Guillermo Pesaresi, y la presentó el abogado Diego Gonzalo Espasandín, un letrado especializado en derecho bancario y banca digital que es uno de los fundadores de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (Acfra).

Según se informó en un comunicado de prensa, la presentación judicial tiene como origen “los casos de dos consumidoras que denuncian el cobro de intereses excesivos, con tasas que, según el cálculo realizado por la organización, superan el 1300% anual”. Ese porcentaje es “totalmente desproporcionado”, se añadió en la comunicación.

“El objetivo es que el reclamo pueda alcanzar a otros usuarios de Mercado Pago que se encuentren en una situación similar. De acuerdo con los registros con los que cuenta la asociación, se trata de aproximadamente siete millones de usuarios en la Argentina que podrían verse comprendidos por una resolución favorable”, se especificó en el comunicado de Acfra, una organización fundada en el año 2006.

Según pudo saber , no se habría corrido traslado aún a la firma denunciada. Este diario contactó a Mercado Libre, pero no obtuvo respuestas.

Ayer, mientras la Cámara de Diputados trataba proyectos sobre morosidad (la oposición le impuso al Gobierno un compromiso para avanzar en su tratamiento y en el debate de iniciativas sobre presupuesto para el área de discapacidad), en la Plaza del Congreso se manifestaron agrupaciones opositoras contra Mercado Pago. Se plegaron diputados del peronismo enrolados en la agrupación La Cámpora y se observaron columnas de partidos políticos como Libres del Sur con pancartas contra Marcos Galperin, CEO de Marcado Libre.