POLITICA
Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

María Soledad Calle no es la única integrante de La Cámpora con una propiedad en San José 1111, el lugar elegido por Cristina Kirchner para su arresto domiciliario. El senador Mariano Recalde, uno de los fundadores de esa agrupación, es dueño del 1 “A”, el único del edificio que tiene patio, según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble al que tuvo acceso . Está justo al lado del de Calle. Ninguno de los dos vive en ese lugar. Al menos tres fuentes consultadas por este diario coinciden en que el departamento del legislador camporista, de unos 100 m2 cubiertos, está habitado desde hace un tiempo por una misteriosa “inquilina”.
Luego de que reveló la compra del 1 “B” a manos de Calle, la Justicia activó la causa que la tiene como protagonista por una supuesta defraudación a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pidió informes para conocer los movimientos de Cristina Kirchner dentro del edificio. La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve), que depende del Ministerio de Seguridad, reveló que solo hay tres salidas dentro del edificio, supuestamente a la terraza, y que no se pueden distinguir los movimientos internos.
Pero las dudas persisten. ¿Por qué la defensa de la expresidenta reclamaba el uso de la terraza si solo fue tres veces? ¿Para qué se utiliza el departamento de Calle? La sindicalista se presentó esta semana ante el juez Julián Ercolini y dio la misma versión que expuso ante el escribano que intervino en la compraventa: que iba a poner una fundación. No aportó ningún documento. Ni siquiera un nombre.
¿Para qué alguien compraría un departamento que no habita ni alquila? ¿Era el único caso? pidió una decena de informes al Registro de la Propiedad Inmueble para conocer quiénes son los vecinos de Cristina Kirchner. Los documentos revelaron la presencia de dos integrantes de La Cámpora.
Calle es la más nueva. Compró en agosto de 2025, dos meses después del comienzo del arresto domiciliario de la expresidenta. Su departamento es el más grande del edificio, con 252 m2, y en julio debería haber pagado $254.000 de expensas, entre ordinarias y extraordinarias. En el resumen, al que accedió este medio, figura un monto total de $514.722 porque arrastraba una deuda del mes anterior.
Ese mismo resumen de expensas revela que la expresidenta, en realidad el departamento figura a nombre de Los Sauces -una de las primeras sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner- debería haber abonado por el mes de julio un total de $249.603, apenas $5000 más que su vecina Calle. El documento también da cuenta de que Cristina Kirchner había cancelado una deuda de $521.895, equivalente a dos meses.
Recalde aparece como otro de los morosos de San José 1111. En la liquidación enviada a los propietarios en julio, figura una deuda de $474.190 y un pago parcial de $350.000. Según ese documento, el mes anterior la deuda había trepado a $824.190.
Los otros vecinos de San José 1111 afrontan expensas de entre $160.000 y $250.000, según el caso. Son números bajos teniendo en cuenta que solo se pagan algunos servicios comunes y una empresa de limpieza. El que más paga es el propietario del local de la planta baja, que abona más de $600.000. No puede venderlo ni alquilarlo por la situación que generó la llegada de la expresidenta. “Cuando hay marchas se corta la calle y el ruido es muy molesto. Todo el tiempo pegan cosas en la pared. Lo único positivo es que tenemos la seguridad en la puerta”, se quejó un vecino.
La propiedad a nombre de Recalde tiene una superficie total de 168 m², pero gran parte de ese metraje corresponde al único patio del edificio. El apellido aparece como propietario desde 2016, aunque el senador no frecuenta el edificio. “Nunca estuvo”, contó una de las personas al tanto de los movimientos en el consorcio. “No vive nadie de la familia”, agregó otro de los vecinos.
“La inquilina”
Todas las fuentes aseguran que hace un tiempo el departamento está habitado por una supuesta inquilina. “Es una mujer de unos 40 años, la vemos porque saca a pasear al perro, pero no sabemos quién es ni qué hace, en el chat de vecinos no está”, contó una vecina. ¿Tiene algo que ver con el entorno de Cristina? El diario Clarín había revelado hace un tiempo que una de las tres empleadas domésticas de la expresidenta, que tienen la entrada liberada al segundo piso, vivía en otro departamento del edificio para no tener que trasladarse hasta su casa.
Fuentes cercanas al senador Recalde, contactadas por , señalaron que su familia decidió prestar el departamento que tiene en el primer piso a “alguien que se hace cargo de los gastos y que está ahí hace aproximadamente un año y medio”. Se trata de un conocido del legislador, según comentaron.
La familia Recalde llegó a San José 1111 apenas un año después de los Kirchner. Los Sauces compró el departamento del segundo piso en junio de 2015, sobre el final de la presidencia de Cristina. Según el informe de dominio, la sociedad pagó US$370.000 por ese inmueble. En agosto de 2016, Héctor y Mariano Recalde adquirieron la propiedad del primer piso. “Monto de la operación: 4.000.000,00 pesos”, dice el registro sin más detalles.
En ese entonces, Héctor Recalde era diputado nacional y tuvo que declarar la compra ante la Oficina Anticorrupción (OA). Mariano ya había dejado Aerolíneas Argentinas y recién lo hizo público ante la OA cuando comenzó su mandato como senador, en 2019. Allí especificó que era titular del 10% del inmueble, porcentaje que mantuvo declarado hasta su presentación del 2024, la última disponible en el sistema de consultas oficial.
“Fue una inversión en su momento. Estuvo bastante tiempo en venta y en alquiler”, recordaron en el entorno del senador Recalde. La misma fuente agregó que finalmente “no se concretó nada”.
En junio del año pasado, cuando comenzó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el departamento de Recalde tenía el cartel de “venta”, publicitado por una inmobiliaria de San Telmo. ¿Se vendió? “Hay una reserva del mes pasado”, dijeron en la inmobiliaria. En las expensas, sigue apareciendo el apellido Recalde.
También sigue en venta el departamento del tercer piso, justo arriba de la expresidenta. Hace un año, se ofrecía a US$295.000. pudo saber que hubo interesados para alquilarlo pero las negociaciones no prosperaron. Las sospechas otra vez apuntan al entorno de Cristina Kirchner.
Recalde visitó a su vecina varias veces en los últimos 14 meses. El 26 de septiembre de 2025, tres meses después del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, compartió una foto desde el balcón del segundo piso. Estaban en plena campaña. La imagen sirvió para mostrar a candidatos de Fuerza Patria, entre ellos a Itaí Hagman. En total, fueron seis invitados. Dos meses después, la Justicia limitó las visitas y sólo permitió un máximo de tres personas por turno.
El senador, que también es presidente del Partido Justicialista en la Ciudad, fue uno de los que convocó a una marcha en la puerta de su edificio cuando se cumplió el primer aniversario del arresto domiciliario de la expresidenta.
La Justicia presta especial atención a los movimientos de San José 111 por dos motivos. El primero se debe al cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner. Lo último que se conoció fue la respuesta de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) ante un pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu.
Ese organismo contestó que el GPS de la tobillera “no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona”. “Puede proporcionar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no permite distinguir si se encuentra dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso”, según un resumen difundido por la Justicia.
Asimismo, la Dapve indicó que la expresidenta registró tres salidas a la terraza. Todas en el mes de marzo, con una duración máxima de 32 minutos. Pese a los escasos movimientos registrados, sus abogados defensores pidieron en mayo que le quitaran las restricciones para hacer uso de ese espacio, al que puede ir entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, durante dos horas.
Pero la trama alrededor de San José 1111 también abarca otra investigación por el manejo de los fondos de la UOM. El juez Ercolini activó esta semana una denuncia por supuesta administración fraudulenta. En diciembre de 2022, María Soledad Calle participó de la creación de una empresa llamada USEM. Y tres meses después firmó un contrato con el gremio para administrar los aportes de los trabajadores metalúrgicos. A cambio se quedaba con una comisión del 0,5%, según documentos en manos de la Justicia.
Dos años más tarde adquirió el departamento del 1 “B”. ¿Lo compró para ella o fue un pedido del gremio para quedar bien con un tercero? En ese momento, Furlán tenía una alianza estratégica con Máximo Kirchner. Hoy, el sindicato está intervenido, Calle fue echada y el contrato millonario quedó suspendido.
María Soledad Calle,San José 1111,activó la causa que la tiene como protagonista por una supuesta defraudación,No aportó ningún documento. Ni siquiera un nombre.,Compró en agosto de 2025,se ofrecía a US$295.000.,Ese organismo contestó,activó esta semana una denuncia por supuesta administración fraudulenta.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Mariano Recalde,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar para reforzar la presión sobre las petroleras británicas

El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.
La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 18 y evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.
El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.
La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.
La legislación vigente ya establece prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
Uno de los principales cambios previstos es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada considera que esas herramientas permitirían aumentar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de nuevas penalidades dependerá del texto finalmente sancionado, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.
La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo completamente y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
POLITICA
Massa confluye con el peronismo federal y toma forma una corriente interna para enfrentar a Kicillof

Todo lo que se presumía que iba a pasar, efectivamente sucederá. Los sectores del peronismo que permanecen distantes de la aun no proclamada candidatura presidencial de Axel Kicillof confluirán esta semana en torno a Sergio Massa, quien buscará dar un golpe sobre la mesa para equipar la disputa interna en el principal partido de oposición a Javier Milei.
El exministro de Economía, que viene dialogando con dirigentes peronistas y de otras fuerzas afines en estricto perfil bajo, podría subir mañana al escenario -si llega a tiempo de un viaje a San Pablo- junto a referentes del peronismo federal, a figuras como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, y a los intendentes bonaerenses de La Liga.
Según pudo saber , será un acto para 600 dirigentes montado en el teatro de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, donde la convocatoria formal será por el Día de la Militancia peronista. Pero que, en el fondo, buscará presentar en sociedad la reunión de espacios internos que sustentarían una posible candidatura presidencial de Massa en 2027.
En el massismo prefieren presentar a su líder como el articulador de una alianza anti-Milei, aunque para que eso finalmente tome cuerpo, antes tiene que superar la interna peronista, con una eventual competencia en las PASO contra el gobernador Kicillof.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes al acto, mientras que no fue invitado oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa el proyecto de Kicillof, aunque los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pueda ser visto junto a Massa y a los otros referentes peronistas.
Los que serán de la partida son los peronistas federales que surgieron en Parque Norte, con dirigentes como el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel, mientras que también aseguraron su presencia el diputado Pichetto, la cordobesa De la Sota y el histórico senador santiagueño Zamora.
En este último caso, se llegó a especular con el surgimiento de una aventura presidencial, pero el norteño se inclinaría por apoyar un nuevo intento presidencial de Massa. En la misma línea podría presentarse el sanjuanino Sergio Uñac, quien se acercaría al acto pese a que ya manifestó su interés en competir por la candidatura mayor del peronismo.
Entre los convocados al encuentro, que comenzará a las 18, también están los intendentes de La Liga, un grupo de jefes comunales bonaerenses que llegarán a San Fernando -donde el anfitrión será Juan Andreotti– con una delegación integrada por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.
El acto, anticipado a este diario por fuentes partidarias, terminará de blanquear una situación en ciernes dentro del peronismo: la existencia de dos corrientes -una que apoya a Massa y otra referenciada en Kicillof- que pugnan por colocar al candidato presidencial del espacio para competir contra el presidente Milei en las elecciones nacionales de 2027.
En el caso de Massa, si bien empezó a mostrarse públicamente en las últimas semanas, mantuvo el perfil bajo desde la derrota en 2023 frente al propio Milei. Y ahora comienza a emerger como una alternativa frente a un Kicillof que se presenta como una suerte de candidato natural del peronismo, dado que gobierna la provincia más importante del país.
El gobernador bonaerense enfrenta una encrucijada para avanzar con su candidatura, porque Cristina Kirchner no lo bendice y envía señales -desde su reclusión en San José 1111- de que podría apoyar a otro candidato, eventualmente Massa, de cara a las PASO o a una interna partidaria. En ese marco es que el exministro reúne voluntades cercanas a la expresidenta.
El tigrense necesita emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a Milei, en algunas detrás de Cristina Kirchner, pero la expresidenta no está en condiciones legales de competir a raíz de su condena e inhabilitación. De ahí que el acto del martes encienda las alarmas en La Plata, ante un eventual vuelco cristinista en favor de Massa.
Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
Neuquén va a elecciones el 14 de febrero: La Libertad Avanza empieza a definir su estrategia y hay dudas sobre si competirá por la gobernación

La Libertad Avanza de Neuquén se prepara para comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo al 2027. Con varios municipios que ya confirmaron que elegirán autoridades el 14 de febrero, en coincidencia con el calendario provincial definido por el gobernador Rolando Figueroa, el espacio libertario todavía debe definir cómo organizará las candidaturas en cada distrito y quién encabezará una eventual propuesta para la gobernación.
Una primera instancia de discusión tendrá lugar este lunes, cuando se reúna el Congreso partidario. El encuentro será clave para analizar el escenario político y establecer los lineamientos del armado de cara a la campaña de verano. Por ahora no hay decisiones cerradas, pero dentro del espacio reconocen que deberán contemplar distintas variables, entre ellas los plazos judiciales vinculados con la ley de Ficha Limpia.
La situación de Nadia Márquez aparece entre los principales temas a resolver. La senadora nacional y titular de La Libertad Avanza en Neuquén tiene presencia territorial y es una de las dirigentes que podría representar al partido en la disputa por la gobernación. Sin embargo, su eventual postulación está atravesada por las condiciones que establece la legislación provincial de Ficha Limpia, sancionada en 2025.
La norma incluye entre sus restricciones a quienes hayan obtenido una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Márquez accedió a ese beneficio en una causa iniciada en 2013, en la que finalmente fue sobreseída en 2016. La interpretación de la ley y la situación judicial de la senadora serán factores centrales para determinar si puede competir.
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