POLITICA
Malvinas: Milei manda esta semana la ley de Defensa de la Soberanía al Congreso
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El Ejecutivo sumará obras de gobernadores aliados al Presupuesto 2027 para acercar posiciones en el Congreso
El Gobierno sumará al Presupuesto 2027 una serie de obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas como parte de la estrategia para acercar posiciones antes de la negociación en el Congreso. La lista incluye proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento que las provincias vienen planteando en sus conversaciones con la Nación.
En la Casa Rosada aseguran que las obras que fueron elevadas durante las últimas rondas de conversaciones quedaron incorporadas al proyecto presupuestario. La definición alcanza a pedidos de Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones.
El proyecto será enviado formalmente al Congreso el lunes y tomará estado parlamentario el martes 15 de septiembre, según anticipan en el Ejecutivo. El Gobierno todavía no definió una presentación especial y, en principio, no prevé que Javier Milei vaya al recinto para exponer los lineamientos de la iniciativa.
Uno de los casos más avanzados es Entre Ríos. En Nación confirman que estarán contemplados proyectos de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales en Villaguay. Las conversaciones incluyeron contactos del gobernador con Diego Santilli y Luis Caputo.
Mendoza también tendrá obras incorporadas. Entre los proyectos aparecen la continuidad de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan. Algunas de esas intervenciones ya cuentan con presupuesto durante 2026, por lo que su inclusión en el nuevo proyecto permitirá garantizar continuidad durante el próximo ejercicio.
El gobierno de Alfredo Cornejo confirmó públicamente esta semana avances concretos con Nación. El ministro provincial Natalio Mema anunció el reinicio de trabajos en la RN40, los puentes de Anchoris y el tramo entre el aeropuerto y Lavalle después de reuniones con áreas de Interior, Infraestructura, Transporte y Coordinación Fiscal Provincial.
En el Ejecutivo también ubican dentro de la planificación la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta, que involucra a Catamarca y Santiago del Estero; el Acueducto de Vipos, en Tucumán; y el Segundo Acueducto del Interior, en Chaco.
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La nómina incluye además la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia, en Chubut; la Planta Depuradora Sur de Salta; y la Ciudad Judicial de Orán. En Corrientes figuran proyectos vinculados con los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, además de ampliaciones de la red de gas.
También aparecen intervenciones sobre corredores nacionales, entre ellas la RN89 entre General Pinedo y Quimilí, y trabajos sobre las rutas nacionales 34 y 50 en el norte del país. El detalle final de las partidas, los montos y el ritmo de ejecución quedará expuesto en las planillas anexas del proyecto presupuestario.
La confirmación nacional convive, sin embargo, con distintos grados de información en las provincias. Cercanos a gobiernos como los de Catamarca y Tucumán evitaron dar por cerrados acuerdos específicos durante las últimas horas, mientras que en Santa Fe aseguran que todavía no mantuvieron una negociación puntual por el Presupuesto. En Córdoba tampoco confirmaron hasta ahora la incorporación de los pedidos provinciales.
Esa diferencia responde en parte al mecanismo de negociación. La inclusión de una obra en el Presupuesto no implica necesariamente que todas comiencen en 2027 ni que Nación financie íntegramente su ejecución. En algunos casos se trata de garantizar la continuidad de contratos existentes; en otros, de habilitar partidas o dejar abierta la posibilidad de avanzar mediante convenios posteriores.
La discusión se cruza además con el nuevo esquema vial que impulsa el Ejecutivo. Vialidad Nacional ya acordó con distintas provincias la transferencia operativa o ejecución de trabajos sobre alrededor de 2000 kilómetros de rutas nacionales, con modelos en los que las jurisdicciones asumen el financiamiento y la Nación conserva la titularidad de los corredores.
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Mendoza, Santa Fe, San Juan, Río Negro, Catamarca y San Luis ya tienen convenios de distinto alcance. El Decreto 253/2026 habilitó además mecanismos de delegación en nueve provincias, mientras Nación analiza nuevos acuerdos con Corrientes, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. El Gobierno proyecta en paralelo nuevas licitaciones para recuperar y ampliar otros corredores.
En Balcarce 50 buscan que infraestructura, Presupuesto y acuerdos políticos con los gobernadores avancen en paralelo. La Casa Rosada necesita respaldos provinciales para sostener su agenda en Diputados y el Senado después de que legisladores vinculados con distintos mandatarios acompañaran los últimos emplazamientos opositores por morosidad y Discapacidad.
El Presupuesto 2027 será la próxima instancia de esa negociación. El Gobierno llegará al Congreso con parte de los reclamos de infraestructura incorporados y espera utilizar las próximas semanas para terminar de ordenar montos, convenios y apoyos. La apuesta es conceder avances concretos en obras sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal que Milei mantiene como condición central del proyecto.
Gobierno, Gobernadores, Presupuesto 2027
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Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron la Base Naval Integrada y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se reunieron este viernes con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en Ushuaia, al comienzo de su visita a la Base Naval Integrada. El encuentro, al que también asistió la vicegobernadora Mónica Urquiza, reunió por primera vez en un mismo escenario a funcionarios del gobierno nacional y a las dos máximas autoridades provinciales en torno a un proyecto de infraestructura estratégica que lleva más de cuatro décadas de impulso desde la provincia.
El dato cobra peso si se considera que la relación entre la administración del presidente Javier Milei y la gestión de Melella no ha sido particularmente fluida a lo largo de estos casi tres años. Sin embargo, la Base Naval Integrada operó como punto de convergencia: tanto el gobierno nacional como el provincial la sostienen como una necesidad para el posicionamiento de Argentina en el Atlántico Sur. Esa coincidencia quedó expresada sin ambigüedades en las palabras del propio gobernador.
“Junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud. Tuvimos también un encuentro con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas”, publicó Quirno en sus redes sociales.
Y agregó: “La decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global”.
Desde el Ministerio de Defensa, se resaltó que “la Base convertirá a Ushuaia en la plataforma logística del Atlántico Sur y la Antártida. Integrará vigilancia, presencia militar y capacidad de abastecimiento para buques propios y de terceros países. Ushuaia será la puerta continental y Petrel la puerta antártica, conectando la logística marítima y aérea con el resto de las bases argentinas”.
“Las Malvinas son argentinas. Su legítimo reclamo de soberanía, la protección de nuestros intereses y la presencia argentina en el Sur forman parte de esa misma visión estratégica. La Argentina está en la Antártida desde 1904, y esa presencia histórica exige infraestructura del siglo XXI para sostenerse. Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas es preparar hoy la Defensa que la Argentina necesita para las próximas décadas”, completaron desde la cartera conducida por Presti.
También en su cuenta de la red social X, Melella, tras recibir a la comitiva, escribió: “Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”. En el mismo mensaje, el mandatario fueguino subrayó que Tierra del Fuego ocupa “un lugar geopolítico único” por su proximidad a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.
Además, destacó que la base es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico”.
La presencia de Urquiza en el encuentro añade otra dimensión al cuadro. La vicegobernadora integró en junio pasado la delegación argentina en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), instancia en la que el país obtuvo un respaldo amplio de la comunidad internacional en la Causa Malvinas. Su participación en la reunión con Quirno y Presti traza una continuidad entre la acción diplomática multilateral y el desarrollo de capacidades en el territorio más austral del país.
La visita se enmarca en un proceso de reactivación del proyecto luego de que las obras, iniciadas en 2022, fueran pausadas durante el primer año de la administración libertaria. La semana previa al viaje, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones al proyecto mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial. Esa partida, sin embargo, representa cerca del 30% del costo total estimado, que oscila entre USD 400 y USD 500 millones. El financiamiento restante deberá definirse, en parte, en el Presupuesto 2027, cuya presentación estaba prevista para los días siguientes a la visita. Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la base figure entre los proyectos priorizados en ese instrumento, junto a la Base Conjunta Antártica Petrel.
La agenda del día incluyó una orientación sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida, seguida de una recorrida por el predio donde se construirá la infraestructura. Responsables técnicos expusieron sobre el estado del proyecto, sus componentes principales y los desafíos para su ejecución. La comitiva que llegó a Ushuaia en un Embraer RJ de la Fuerza Aérea incluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare; al jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay; y a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.
El carácter del proyecto fue precisado por el vocero presidencial Adrián Ravier antes del viaje: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
La confluencia entre defensa y diplomacia que busca transmitir la visita se apoya también en una serie de medidas adoptadas en los días previos: el gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales acusadas de operar sin autorización en las islas, sumadas a las notificaciones emitidas durante el fin de semana anterior contra 45 personas humanas y jurídicas.
En ese frente judicial, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La acción alcanza a directores, gerentes, administradores y representantes de esas firmas que hubieran intervenido en los hechos investigados. La posición oficial quedó plasmada en un comunicado: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será presentado en la Cámara de Diputados en los próximos días. La iniciativa propone endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en Malvinas, incorporar la posibilidad de juicio en ausencia y crear un Consejo de Seguridad Nacional que integre a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales. La presentación de ese proyecto en el Congreso estaba prevista para la semana posterior a la visita a Ushuaia.
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El sindicalista Gerardo Martínez compartió un evento con el Papa y dijo que la Argentina está “triste”
ROMA.- Había estado en el Vaticano allá lejos, en 1985, con Juan Pablo II; después, en varias oportunidades, con el papa Francisco. Pero este sábado el sindicalista Gerardo Martínez, jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, estuvo por primera vez con León XIV. El Pontífice recibió a los cerca de 60 asistentes al “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”, evento organizado en forma conjunta por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano), la Usccb (la Conferencia de Obispos católicos de los Estados Unidos) y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), fruto de una serie de reuniones comenzadas en 2022 con el fin de acercar partes diversas para un diálogo multisectorial para construir puentes, acercar posiciones y enfrentar los desafíos del mundo polarizado.
“Su presencia expresa la voluntad de continuar un diálogo que pueda traducirse en un camino hacia modelos de desarrollo más humanos, sostenibles y solidarios, capaces de proteger la dignidad de cada persona y de prestar una atención particular a quienes corren el riesgo de quedar al margen”, dijo el Papa en su discurso, pronunciado mitad en español y mitad en inglés en la espectacular Sala del Consistorio del Palacio Apostólico. Entonces, ante un auditorio compuesto por eclesiásticos, dirigentes sindicales, de empresa, de organismos internacionales y de movimientos educativos y sociales, León destacó la importancia de la doctrina social de la Iglesia y de la justicia social, “que se reconoce cuando un orden social, económico y político permite a todos, en particular a los más frágiles, vivir una vida digna sin que nadie quede atrás” y de una “cultura de la negociación”, citando su encíclica, Magnifica Humanitas.
Martínez, que estuvo en el encuentro como miembro de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se mostró luego muy emocionado por haber podido estrecharle la mano al Papa, al igual que Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la central obrera peronista. Ambos volverán a ver al Pontífice en menos de dos meses, cuando se reunirá en Buenos Aires con representantes del mundo del trabajo en un evento que tendrá lugar en la sede de la UCA.
“Le dimos, por supuesto, un abrazo, la mano, le dijimos que lo vamos a recibir con una movilización de todo el pueblo argentino, de toda la sociedad argentina, que es devota a la postura y a la imagen de lo que representa nuestra Santidad, y le dijimos que los trabajadores estamos firmes, luchando por los derechos sindicales y atendiendo la dimensión de lo que él nos plantea y nos interpela a través de la encíclica, y que estamos trabajando en todos los niveles de la negociación colectiva y de todos los procesos productivos que se dan dentro de nuestro país, y que, por supuesto, el mensaje de lo que representa la doctrina social de la Iglesia con respecto al valor de la justicia social, de la concordia, la fraternidad y del diálogo social es parte central de nuestro esquema y de nuestra estrategia en la relación con el gobierno”, contó Martínez a . “Por lo tanto, eso nos va a ayudar a que el gobierno entienda y comprenda la necesidad de que el diálogo social no sea discrecional, sino que sea una política de Estado donde esté sentado el sector empresario, la CGT y el Estado, promoviendo el desarrollo productivo, por un lado, y el desarrollo del crecimiento de nuestra Argentina”, añadió.
Para el sindicalista, el papa León XIV se va a encontrar con “una Argentina con mucha tristeza, en un momento donde por las circunstancias económicas, macroeconómicas, se está viviendo un ajuste extremadamente severo”. “Tenemos millones de argentinos que están endeudados, y no por comprar televisores o por viajes turísticos, sino por cuestiones que tienen que ver con el impacto del ajuste y de que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, y muchas de esas deudas están relacionadas con la vida cotidiana que tiene la familia”, argumentó.
Pese a esto, Martínez admitió que el papa León XIV también se encontrará con una Argentina “que nunca pierde la esperanza, una Argentina que se ve identificada con los mensajes de Su Santidad en la oportunidad de generar una instancia diferente”.
Negó, por otro lado, que los sindicatos estén planteando una tregua hasta después de que se vaya el Papa León XIV. “El hecho de que no haya un paro general no quiere decir que estemos con los brazos cruzados”, afirmó, al subrayar que, más allá de las medidas de fuerza, la CGT y los sindicatos siguen apostando a tener una instancia de conversación permanente con el Gobierno, que al momento no se encuentra “ni en el nivel ni en la calidad de lo que nosotros quisiéramos tener”.
En la audiencia con el papa León XIV también estuvo Alejandro “Peluca” Gramajo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que le entregó un informe sobre el deterioro social y económico del país. El referente de los movimientos populares allí también planteó su alarma ante la deuda y destacó que en los sectores populares las familias se encuentran ahogadas por “tasas de interés usurarias, retención de documentación personal, hostigamiento y persecución”. “Frente a este escenario, presentamos ante el Santo Padre la reserva moral, productiva y comunitaria de la economía popular, destacando el trabajo de las promotoras territoriales, la propuesta de un estatuto laboral y el proyecto ‘Cuidarnos’, demostrando que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana e interpelada por la encíclica Magnifica Humanitas”, subrayó Gramajo.
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