POLITICA
Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

María Soledad Calle no es la única integrante de La Cámpora con una propiedad en San José 1111, el lugar elegido por Cristina Kirchner para su arresto domiciliario. El senador Mariano Recalde, uno de los fundadores de esa agrupación, es dueño del 1 “A”, el único del edificio que tiene patio, según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble al que tuvo acceso . Está justo al lado del de Calle. Ninguno de los dos vive en ese lugar. Al menos tres fuentes consultadas por este diario coinciden en que el departamento del legislador camporista, de unos 100 m2 cubiertos, está habitado desde hace un tiempo por una misteriosa “inquilina”.
Luego de que reveló la compra del 1 “B” a manos de Calle, la Justicia activó la causa que la tiene como protagonista por una supuesta defraudación a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pidió informes para conocer los movimientos de Cristina Kirchner dentro del edificio. La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve), que depende del Ministerio de Seguridad, reveló que solo hay tres salidas dentro del edificio, supuestamente a la terraza, y que no se pueden distinguir los movimientos internos.
Pero las dudas persisten. ¿Por qué la defensa de la expresidenta reclamaba el uso de la terraza si solo fue tres veces? ¿Para qué se utiliza el departamento de Calle? La sindicalista se presentó esta semana ante el juez Julián Ercolini y dio la misma versión que expuso ante el escribano que intervino en la compraventa: que iba a poner una fundación. No aportó ningún documento. Ni siquiera un nombre.
¿Para qué alguien compraría un departamento que no habita ni alquila? ¿Era el único caso? pidió una decena de informes al Registro de la Propiedad Inmueble para conocer quiénes son los vecinos de Cristina Kirchner. Los documentos revelaron la presencia de dos integrantes de La Cámpora.
Calle es la más nueva. Compró en agosto de 2025, dos meses después del comienzo del arresto domiciliario de la expresidenta. Su departamento es el más grande del edificio, con 252 m2, y en julio debería haber pagado $254.000 de expensas, entre ordinarias y extraordinarias. En el resumen, al que accedió este medio, figura un monto total de $514.722 porque arrastraba una deuda del mes anterior.
Ese mismo resumen de expensas revela que la expresidenta, en realidad el departamento figura a nombre de Los Sauces -una de las primeras sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner- debería haber abonado por el mes de julio un total de $249.603, apenas $5000 más que su vecina Calle. El documento también da cuenta de que Cristina Kirchner había cancelado una deuda de $521.895, equivalente a dos meses.
Recalde aparece como otro de los morosos de San José 1111. En la liquidación enviada a los propietarios en julio, figura una deuda de $474.190 y un pago parcial de $350.000. Según ese documento, el mes anterior la deuda había trepado a $824.190.
Los otros vecinos de San José 1111 afrontan expensas de entre $160.000 y $250.000, según el caso. Son números bajos teniendo en cuenta que solo se pagan algunos servicios comunes y una empresa de limpieza. El que más paga es el propietario del local de la planta baja, que abona más de $600.000. No puede venderlo ni alquilarlo por la situación que generó la llegada de la expresidenta. “Cuando hay marchas se corta la calle y el ruido es muy molesto. Todo el tiempo pegan cosas en la pared. Lo único positivo es que tenemos la seguridad en la puerta”, se quejó un vecino.
La propiedad a nombre de Recalde tiene una superficie total de 168 m², pero gran parte de ese metraje corresponde al único patio del edificio. El apellido aparece como propietario desde 2016, aunque el senador no frecuenta el edificio. “Nunca estuvo”, contó una de las personas al tanto de los movimientos en el consorcio. “No vive nadie de la familia”, agregó otro de los vecinos.
“La inquilina”
Todas las fuentes aseguran que hace un tiempo el departamento está habitado por una supuesta inquilina. “Es una mujer de unos 40 años, la vemos porque saca a pasear al perro, pero no sabemos quién es ni qué hace, en el chat de vecinos no está”, contó una vecina. ¿Tiene algo que ver con el entorno de Cristina? El diario Clarín había revelado hace un tiempo que una de las tres empleadas domésticas de la expresidenta, que tienen la entrada liberada al segundo piso, vivía en otro departamento del edificio para no tener que trasladarse hasta su casa.
Fuentes cercanas al senador Recalde, contactadas por , señalaron que su familia decidió prestar el departamento que tiene en el primer piso a “alguien que se hace cargo de los gastos y que está ahí hace aproximadamente un año y medio”. Se trata de un conocido del legislador, según comentaron.
La familia Recalde llegó a San José 1111 apenas un año después de los Kirchner. Los Sauces compró el departamento del segundo piso en junio de 2015, sobre el final de la presidencia de Cristina. Según el informe de dominio, la sociedad pagó US$370.000 por ese inmueble. En agosto de 2016, Héctor y Mariano Recalde adquirieron la propiedad del primer piso. “Monto de la operación: 4.000.000,00 pesos”, dice el registro sin más detalles.
En ese entonces, Héctor Recalde era diputado nacional y tuvo que declarar la compra ante la Oficina Anticorrupción (OA). Mariano ya había dejado Aerolíneas Argentinas y recién lo hizo público ante la OA cuando comenzó su mandato como senador, en 2019. Allí especificó que era titular del 10% del inmueble, porcentaje que mantuvo declarado hasta su presentación del 2024, la última disponible en el sistema de consultas oficial.
“Fue una inversión en su momento. Estuvo bastante tiempo en venta y en alquiler”, recordaron en el entorno del senador Recalde. La misma fuente agregó que finalmente “no se concretó nada”.
En junio del año pasado, cuando comenzó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el departamento de Recalde tenía el cartel de “venta”, publicitado por una inmobiliaria de San Telmo. ¿Se vendió? “Hay una reserva del mes pasado”, dijeron en la inmobiliaria. En las expensas, sigue apareciendo el apellido Recalde.
También sigue en venta el departamento del tercer piso, justo arriba de la expresidenta. Hace un año, se ofrecía a US$295.000. pudo saber que hubo interesados para alquilarlo pero las negociaciones no prosperaron. Las sospechas otra vez apuntan al entorno de Cristina Kirchner.
Recalde visitó a su vecina varias veces en los últimos 14 meses. El 26 de septiembre de 2025, tres meses después del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, compartió una foto desde el balcón del segundo piso. Estaban en plena campaña. La imagen sirvió para mostrar a candidatos de Fuerza Patria, entre ellos a Itaí Hagman. En total, fueron seis invitados. Dos meses después, la Justicia limitó las visitas y sólo permitió un máximo de tres personas por turno.
El senador, que también es presidente del Partido Justicialista en la Ciudad, fue uno de los que convocó a una marcha en la puerta de su edificio cuando se cumplió el primer aniversario del arresto domiciliario de la expresidenta.
La Justicia presta especial atención a los movimientos de San José 111 por dos motivos. El primero se debe al cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner. Lo último que se conoció fue la respuesta de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) ante un pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu.
Ese organismo contestó que el GPS de la tobillera “no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona”. “Puede proporcionar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no permite distinguir si se encuentra dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso”, según un resumen difundido por la Justicia.
Asimismo, la Dapve indicó que la expresidenta registró tres salidas a la terraza. Todas en el mes de marzo, con una duración máxima de 32 minutos. Pese a los escasos movimientos registrados, sus abogados defensores pidieron en mayo que le quitaran las restricciones para hacer uso de ese espacio, al que puede ir entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, durante dos horas.
Pero la trama alrededor de San José 1111 también abarca otra investigación por el manejo de los fondos de la UOM. El juez Ercolini activó esta semana una denuncia por supuesta administración fraudulenta. En diciembre de 2022, María Soledad Calle participó de la creación de una empresa llamada USEM. Y tres meses después firmó un contrato con el gremio para administrar los aportes de los trabajadores metalúrgicos. A cambio se quedaba con una comisión del 0,5%, según documentos en manos de la Justicia.
Dos años más tarde adquirió el departamento del 1 “B”. ¿Lo compró para ella o fue un pedido del gremio para quedar bien con un tercero? En ese momento, Furlán tenía una alianza estratégica con Máximo Kirchner. Hoy, el sindicato está intervenido, Calle fue echada y el contrato millonario quedó suspendido.
María Soledad Calle,San José 1111,activó la causa que la tiene como protagonista por una supuesta defraudación,No aportó ningún documento. Ni siquiera un nombre.,Compró en agosto de 2025,se ofrecía a US$295.000.,Ese organismo contestó,activó esta semana una denuncia por supuesta administración fraudulenta.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Mariano Recalde,Conforme a
POLITICA
Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron la Base Naval Integrada y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se reunieron este viernes con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en Ushuaia, al comienzo de su visita a la Base Naval Integrada. El encuentro, al que también asistió la vicegobernadora Mónica Urquiza, reunió por primera vez en un mismo escenario a funcionarios del gobierno nacional y a las dos máximas autoridades provinciales en torno a un proyecto de infraestructura estratégica que lleva más de cuatro décadas de impulso desde la provincia.
El dato cobra peso si se considera que la relación entre la administración del presidente Javier Milei y la gestión de Melella no ha sido particularmente fluida a lo largo de estos casi tres años. Sin embargo, la Base Naval Integrada operó como punto de convergencia: tanto el gobierno nacional como el provincial la sostienen como una necesidad para el posicionamiento de Argentina en el Atlántico Sur. Esa coincidencia quedó expresada sin ambigüedades en las palabras del propio gobernador.
“Junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud. Tuvimos también un encuentro con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas”, publicó Quirno en sus redes sociales.
Y agregó: “La decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global”.
Desde el Ministerio de Defensa, se resaltó que “la Base convertirá a Ushuaia en la plataforma logística del Atlántico Sur y la Antártida. Integrará vigilancia, presencia militar y capacidad de abastecimiento para buques propios y de terceros países. Ushuaia será la puerta continental y Petrel la puerta antártica, conectando la logística marítima y aérea con el resto de las bases argentinas”.

“Las Malvinas son argentinas. Su legítimo reclamo de soberanía, la protección de nuestros intereses y la presencia argentina en el Sur forman parte de esa misma visión estratégica. La Argentina está en la Antártida desde 1904, y esa presencia histórica exige infraestructura del siglo XXI para sostenerse. Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas es preparar hoy la Defensa que la Argentina necesita para las próximas décadas”, completaron desde la cartera conducida por Presti.
También en su cuenta de la red social X, Melella, tras recibir a la comitiva, escribió: “Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”. En el mismo mensaje, el mandatario fueguino subrayó que Tierra del Fuego ocupa “un lugar geopolítico único” por su proximidad a Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.

Además, destacó que la base es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico”.
La presencia de Urquiza en el encuentro añade otra dimensión al cuadro. La vicegobernadora integró en junio pasado la delegación argentina en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), instancia en la que el país obtuvo un respaldo amplio de la comunidad internacional en la Causa Malvinas. Su participación en la reunión con Quirno y Presti traza una continuidad entre la acción diplomática multilateral y el desarrollo de capacidades en el territorio más austral del país.

La visita se enmarca en un proceso de reactivación del proyecto luego de que las obras, iniciadas en 2022, fueran pausadas durante el primer año de la administración libertaria. La semana previa al viaje, el Poder Ejecutivo reasignó USD 142 millones al proyecto mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial. Esa partida, sin embargo, representa cerca del 30% del costo total estimado, que oscila entre USD 400 y USD 500 millones. El financiamiento restante deberá definirse, en parte, en el Presupuesto 2027, cuya presentación estaba prevista para los días siguientes a la visita. Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la base figure entre los proyectos priorizados en ese instrumento, junto a la Base Conjunta Antártica Petrel.
La agenda del día incluyó una orientación sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida, seguida de una recorrida por el predio donde se construirá la infraestructura. Responsables técnicos expusieron sobre el estado del proyecto, sus componentes principales y los desafíos para su ejecución. La comitiva que llegó a Ushuaia en un Embraer RJ de la Fuerza Aérea incluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare; al jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay; y a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

El carácter del proyecto fue precisado por el vocero presidencial Adrián Ravier antes del viaje: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
La confluencia entre defensa y diplomacia que busca transmitir la visita se apoya también en una serie de medidas adoptadas en los días previos: el gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales acusadas de operar sin autorización en las islas, sumadas a las notificaciones emitidas durante el fin de semana anterior contra 45 personas humanas y jurídicas.
En ese frente judicial, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La acción alcanza a directores, gerentes, administradores y representantes de esas firmas que hubieran intervenido en los hechos investigados. La posición oficial quedó plasmada en un comunicado: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será presentado en la Cámara de Diputados en los próximos días. La iniciativa propone endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en Malvinas, incorporar la posibilidad de juicio en ausencia y crear un Consejo de Seguridad Nacional que integre a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales. La presentación de ese proyecto en el Congreso estaba prevista para la semana posterior a la visita a Ushuaia.
POLITICA
El sindicalista Gerardo Martínez compartió un evento con el Papa y dijo que la Argentina está “triste”

ROMA.- Había estado en el Vaticano allá lejos, en 1985, con Juan Pablo II; después, en varias oportunidades, con el papa Francisco. Pero este sábado el sindicalista Gerardo Martínez, jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, estuvo por primera vez con León XIV. El Pontífice recibió a los cerca de 60 asistentes al “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”, evento organizado en forma conjunta por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano), la Usccb (la Conferencia de Obispos católicos de los Estados Unidos) y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), fruto de una serie de reuniones comenzadas en 2022 con el fin de acercar partes diversas para un diálogo multisectorial para construir puentes, acercar posiciones y enfrentar los desafíos del mundo polarizado.
“Su presencia expresa la voluntad de continuar un diálogo que pueda traducirse en un camino hacia modelos de desarrollo más humanos, sostenibles y solidarios, capaces de proteger la dignidad de cada persona y de prestar una atención particular a quienes corren el riesgo de quedar al margen”, dijo el Papa en su discurso, pronunciado mitad en español y mitad en inglés en la espectacular Sala del Consistorio del Palacio Apostólico. Entonces, ante un auditorio compuesto por eclesiásticos, dirigentes sindicales, de empresa, de organismos internacionales y de movimientos educativos y sociales, León destacó la importancia de la doctrina social de la Iglesia y de la justicia social, “que se reconoce cuando un orden social, económico y político permite a todos, en particular a los más frágiles, vivir una vida digna sin que nadie quede atrás” y de una “cultura de la negociación”, citando su encíclica, Magnifica Humanitas.
Martínez, que estuvo en el encuentro como miembro de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se mostró luego muy emocionado por haber podido estrecharle la mano al Papa, al igual que Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la central obrera peronista. Ambos volverán a ver al Pontífice en menos de dos meses, cuando se reunirá en Buenos Aires con representantes del mundo del trabajo en un evento que tendrá lugar en la sede de la UCA.
“Le dimos, por supuesto, un abrazo, la mano, le dijimos que lo vamos a recibir con una movilización de todo el pueblo argentino, de toda la sociedad argentina, que es devota a la postura y a la imagen de lo que representa nuestra Santidad, y le dijimos que los trabajadores estamos firmes, luchando por los derechos sindicales y atendiendo la dimensión de lo que él nos plantea y nos interpela a través de la encíclica, y que estamos trabajando en todos los niveles de la negociación colectiva y de todos los procesos productivos que se dan dentro de nuestro país, y que, por supuesto, el mensaje de lo que representa la doctrina social de la Iglesia con respecto al valor de la justicia social, de la concordia, la fraternidad y del diálogo social es parte central de nuestro esquema y de nuestra estrategia en la relación con el gobierno”, contó Martínez a . “Por lo tanto, eso nos va a ayudar a que el gobierno entienda y comprenda la necesidad de que el diálogo social no sea discrecional, sino que sea una política de Estado donde esté sentado el sector empresario, la CGT y el Estado, promoviendo el desarrollo productivo, por un lado, y el desarrollo del crecimiento de nuestra Argentina”, añadió.
Para el sindicalista, el papa León XIV se va a encontrar con “una Argentina con mucha tristeza, en un momento donde por las circunstancias económicas, macroeconómicas, se está viviendo un ajuste extremadamente severo”. “Tenemos millones de argentinos que están endeudados, y no por comprar televisores o por viajes turísticos, sino por cuestiones que tienen que ver con el impacto del ajuste y de que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, y muchas de esas deudas están relacionadas con la vida cotidiana que tiene la familia”, argumentó.
Pese a esto, Martínez admitió que el papa León XIV también se encontrará con una Argentina “que nunca pierde la esperanza, una Argentina que se ve identificada con los mensajes de Su Santidad en la oportunidad de generar una instancia diferente”.
Negó, por otro lado, que los sindicatos estén planteando una tregua hasta después de que se vaya el Papa León XIV. “El hecho de que no haya un paro general no quiere decir que estemos con los brazos cruzados”, afirmó, al subrayar que, más allá de las medidas de fuerza, la CGT y los sindicatos siguen apostando a tener una instancia de conversación permanente con el Gobierno, que al momento no se encuentra “ni en el nivel ni en la calidad de lo que nosotros quisiéramos tener”.
En la audiencia con el papa León XIV también estuvo Alejandro “Peluca” Gramajo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que le entregó un informe sobre el deterioro social y económico del país. El referente de los movimientos populares allí también planteó su alarma ante la deuda y destacó que en los sectores populares las familias se encuentran ahogadas por “tasas de interés usurarias, retención de documentación personal, hostigamiento y persecución”. “Frente a este escenario, presentamos ante el Santo Padre la reserva moral, productiva y comunitaria de la economía popular, destacando el trabajo de las promotoras territoriales, la propuesta de un estatuto laboral y el proyecto ‘Cuidarnos’, demostrando que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana e interpelada por la encíclica Magnifica Humanitas”, subrayó Gramajo.
l Pontífice recibió a los cerca de 60 asistentes al “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”,,discurso,Elisabetta Piqué,Conforme a
POLITICA
Malvinas: Milei manda esta semana la ley de Defensa de la Soberanía al Congreso

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