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El principio del fin: el día que una multitud desafió la cuarentena con un banderazo y sacudió al gobierno de Alberto Fernández

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Quién sabe si no fue el principio del fin o, diría Winston Churchill, el fin del principio, pero igual sacudió profundo y violento, un desplazamiento de placas tectónicas, a aquel gobierno de Alberto Fernández que caminaba con alegría y con soberbia hacia el abismo.

Hace seis años, el 13 de septiembre de 2020, una gigantesca marcha popular con epicentro en el Obelisco, y círculos concéntricos que llegaron hasta quince puntos diferentes de la ciudad y a varias provincias del interior, reunió a miles de manifestantes que expresaron su decidida oposición al gobierno. Marchaban opositores, es verdad, pero también marchaban miles de decepcionados con la política oficial, con el manejo de la pandemia del Covid-19, contra la corrupción, la inseguridad y con un reclamo a la justicia, a la que le pedían lo de siempre: celeridad, efectividad y que eludiera de alguna forma el intento de reforma judicial que impulsaba el kirchnerismo.

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La gigantesca manifestación pasó a la historia como el “Banderazo”, y fue impulsada desde principios de ese mes por cuentas de Twitter, vinculadas al macrismo, según señaló luego la consultora Scidata. La fuerza de la marcha sorprendió incluso a los organizadores o promotores, si los hubo. Fue de algún modo la culminación de marchas anteriores que ya en abril habían protestado, desde los balcones de los edificios céntricos, con cacerolas y aplausos, en contra del encierro obligado al que forzaba el gobierno, contra la liberación de presos comunes decretada por el kirchnerismo, entre ellos varios violadores, y hasta contra la expropiación de la cerealera Vicentín, de Santa Fe, que se había decretado en junio.

Aquel gobierno se deslizaba en un tobogán que el mismo kirchnerismo enceraba. Tres meses antes del banderazo de septiembre, la decisión de la gente que en vez de quedarse encerrada en su casa como proponía el gobierno, salía a correr por Palermo y por otros muchos otros sitios, se transformó en una cuestión de Estado. Fue un drama para los “runners”, que se empeñaron en desafiarlo todo. El 8 de ese mes, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió flexibilizar la cuarentena y habilitó la salida de los corredores a las calles.

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En ese momento, parece que hubieran pasado varios años, Larreta era un candidato opositor a tener muy en cuenta por el kirchnerismo, que le apuntó con todos sus cañones. El Jefe de Gobierno dispuso que los “runners” desplegaran su actividad física dentro de un horario especial y según el número final de su documento de identidad: 0, 2, 4, 6 y 8 en determinados días de la semana, y 1, 3, 5, 7 y 9 el resto de los días. Estalló entonces una polémica sobre si el número 0 debía o no ser considerado un número par. De verdad, eso pasó en el país, no hace mucho y no tan lejos.

Una mujer flameando la bandera y sosteniendo un cartel durante una protesta contra las medidas de Alberto Fernández. (Foto: AP)

El 19 de junio, en abierto desafío al sentimiento popular, algo extraño si no ajeno a un peronista, el presidente Fernández, en un discurso que rozó demasiado cerca a la soberbia, adjudicó el aumento de contagios de Covid a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, un ataque a Larreta. Con un tono inusual y admonitorio, dijo entonces: “¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia”.

No era verdad. El descalabro en la prevención y atención de la pandemia provenía del mal manejo de los recursos sanitarios que había hecho el propio gobierno, emperrado en usar la vacuna rusa Sputnik, de la que sólo llegó la primera dosis porque a Vladimir Putin se le antojó no enviar la segunda, y a la ciega decisión de no aplicar los trece millones y medio de dosis que proveía Pfizer, en reconocimiento al país por haberse prestado a los primeros ensayos científicos.

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En ese caldero se cocinó el banderazo. Y también en el cambio de condición de detenido, pasó a arresto domiciliario, del empresario K, Lázaro Báez, acusado de beneficiarse gracias a la entonces presidenta Cristina Kirchner con contratos del Estado y pagos irregulares por cuarenta y seis mil millones de pesos. La protesta también cayó sobre la decisión de Fernández de birlarle a la Ciudad parte de la coparticipación, nueve mil millones en lo que quedaba del año y cuarenta y un mil millones en 2021, para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, sublevada y furiosa. Aunque resulte curioso, esa protesta por el zarpazo a la Ciudad fue también bandera en el interior del país.

El 13 de septiembre era un domingo soleado, un anticipo de la primavera generosa. La ciudad, que llevaba encima seis meses de rígida cuarentena, había decidido protestar de dos formas: o marchaba hacia el Obelisco, o desbordaba los parques porteños y campeaba al aire libre. Basta ya de encierro. A las cuatro de la tarde, las cifras registraban entonces 9056 nuevos casos de Covid y habían muerto ya 89 personas, los primeros manifestantes se reunieron en el cruce de Corrientes y la 9 de Julio, ocuparon la mano hacia el sur y rodearon el Obelisco. Del lado Norte, la avenida ya había sido cortada por agentes de tránsito a la altura de Córdoba, y era allí de donde partía una larga hilera de autos que hacían sonar sus bocinas: gran parte de los manifestantes desfilaron en sus autos para respetar el protocolo de distanciamiento social que regía las vidas de los porteños. Otros, en cambio, ocuparon calles y veredas con banderas argentinas, cacerolas y barbijos. Una de las banderas, hubo de todo: diseñadas por profesionales y escritas a mano alzada, sintetizaba teoría y práctica de la protesta: “Nos tapamos la boca, pero no nos callamos”.

Lo de “banderazo” llegó porque las estrellas de la manifestación fueron las banderas y sus leyendas. Un breve repaso muestra: “¡Alberto! ¡No nos mientas más! ¡No a la reforma! (judicial)”; ¡Respeten la C.N. Basta de gobernar x DNU! ¡Sesiones presenciales ya!” Traducción acaso necesaria: Respeten la Constitución Nacional. Basta de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo de “sesiones presenciales” refería al Congreso, que funcionaba en forma virtual. Otras banderas y pancartas rezaban: “Basta de prohibir el trabajo. Queremos trabajar. Bájense los sueldos. Basta de ser ‘solidarios’ con la nuestra”; “El mentiroso no cambia, solo se transforma”; “Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y laburamos”; “Exigimos Justicia, Basta de Impunidad. Por una República”; “Para Cristina, cárcel ya”; “La corrupción mata y empobrece”. “La calle es nuestra”; “¡Que gobierno de mierd…!”.

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Un manifestante sosteniendo un cartel de la cifra de muertos por COVID-19. (Foto: AP)
Un manifestante sosteniendo un cartel de la cifra de muertos por COVID-19. (Foto: AP)

Las protestas se extendieron a Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. Llegaron incluso a la Quinta Presidencial de Olivos: sobre la Avenida Maipú, cientos de personas hicieron sonar bocinas y cacerolas y reiteraron, de otra forma, otra inusual protesta de la semana anterior: en el mismo sitio, oficiales de la Policía bonaerense habían lanzado un “sirenazo” de sus patrulleros, en reclamo de mejores salarios.

La respuesta del Gobierno a la marcha, todo se apagó alrededor de las siete de la tarde porque la multitud cumplía con los recaudos frente al Covid, fue el enojo. Algunos dirigentes del kirchnerismo desestimaron la manifestación popular y dijeron que se trataba de “cuatro viejas de Recoleta”. Tampoco era verdad: no eran de Recoleta, no eran viejas y no eran cuatro. Fernández, en cambio, impulsó otro “banderazo”: el de los “argentinos de bien”, con lo que puso a los manifestantes del lado del mal. La grieta. El kirchnerismo la ahondaba y la celebraba; a aquel disparate político le caía al pelo el viejo proverbio de Antonio Porchia: “Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas”.

El principio del fin, o el fin del principio, extendió su sombra ominosa a lo largo de todo un año. Con azarosa precisión, otro domingo, el 12 de septiembre de 2021, hace cinco años, el gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota electoral en las PASO: el kirchnerismo perdió en casi todo el país, incluida la provincia de Santa Cruz, un baluarte electoral de la entonces vicepresidente Cristina Fernández. Si esas elecciones primarias plebiscitaron la gestión de Alberto Fernández, el resultado fue el de un voto castigo al gobierno que llevaba menos de dos años

La alianza opositora de Juntos por el Cambio fue entonces la gran ganadora, con triunfos contundentes en todo el país. Y, en especial, en el distrito menos pensado: la provincia de Buenos Aires, un bastión del peronismo. Allí, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, triunfó por cinco puntos sobre la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Además, la oposición triunfó en otros grandes distritos del país: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y se extendió a provincias gobernadas por el peronismo como Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Chubut. El Frente de Todos sólo pudo festejar en Tucumán, Formosa, La Rioja y San Juan.

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El resultado electoral estaba atado al derrumbe económico, el gobierno de Fernández responsabilizaba de la debacle a su antecesor, Mauricio Macri, y de la incertidumbre con la que el gobierno enfrentaba la pandemia de Covid. El día de la elección, el país padecía ya 5.224.534 contagios y 113.402 muertes. Un mes antes de las PASP, una denuncia había talado cualquier posibilidad de éxito electoral del kirchnerismo: en julio del año anterior, mientras más fuerte era la presión del gobierno por mantener a los argentinos encerrados en sus casas, en Olivos, la entonces primera dama, Fabiola Yañez, había festejado su cumpleaños junto a un grupo de invitados. Fernández quiso eludir su responsabilidad en el desaguisado, intentó hacer pequeño un desastre que era mayúsculo y se refirió al hecho como la fiesta de “mi querida Fabiola”. Este hecho se sumó a uno de los primeros escándalos del gobierno de Alberto: el llamado “vacunatorio VIP”, la decisión del entonces ministro de Salud, Ginés González García, de vacunar a una serie de funcionarios y amigos. La idea de que a la hora de las indispensables vacunas, existían hijos y entenados, mostraba una cara de la corrupción hasta ese momento desconocida: ahora estaba en juego la vida de las personas.

El desastre electoral de las PASO, que de alguna forma rediseñó el mapa político del país con miras a las elecciones presidenciales de 2023, paralizó al gobierno y a sus principales dirigentes: el proyecto político del kirchnerismo había sido herido en su línea de flotación. Recién a las once y media de la noche de ese domingo 12, la plana mayor del Frente de Todos, el Presidente, Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, subieron demudados al escenario de un bunker levantado en Chacarita, una alegoría, ensombrecido y callado. Sólo habló Alberto Fernández, rodeado por caras largas y abatidas. Dijo poco. Llamó a “dar vuelta la elección” en noviembre, una expresión de deseos, admitió que habían “escuchado con atención el mensaje de las urnas”, como si existiera otra posibilidad, y expresó su intención de resistir: “No voy a bajar los brazos”.

Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández y Sergio Massa tras la derrota en las PASO. (Foto: captura de TN).
Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández y Sergio Massa tras la derrota en las PASO. (Foto: captura de TN).

Poco dijo también de la cuarentena más larga del mundo, de los más de ciento diez mil muertos por el Covid, del cincuenta y uno por ciento de inflación, del cuarenta y dos por ciento de pobreza y de las escuelas cerradas y del proyecto de educación virtual en la pandemia, en un país donde el veinte por ciento de los chicos no tenía conexión a Internet, más de trescientos cincuenta mil alumnos había dejado la escuela y casi la mitad de los hogares no tenían Tablet, ni computadora, según cifras de Unicef. A su lado, la vicepresidente observaba.

Cristina Fernández no se limitó a ser testigo de aquella dura derrota: el resultado electoral, de confirmarse en noviembre y todo parecía indicar que así sería, le haría perder al Frente de Todos la cómoda mayoría con la que contaba en el Senado que presidía la propia Cristina. El terremoto político que sacudía al gobierno tendría fuertes réplicas.

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El 15 de septiembre, tres días después de las elecciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández y lo mismo hicieron otros once miembros del gabinete, todos cercanos a Cristina Fernández. Al día siguiente, jueves 16, con el gobierno fracturado, la vicepresidenta profundizó la crisis con una violenta carta, en Twitter, que apuntó directo al Presidente: le recordó que había sido ella quien lo había postulado para el cargo y le exigió cambios en el gabinete, en especial, que se deshiciera del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La carta, titulada “Como siempre… sinceramente”, decía: “Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión. Pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”. Reveló también una serie de reuniones con el Presidente, muchas, todas reservadas o cuasi secretas y en la quinta de Olivos, con lo que habló sin mencionarlo de un cogobierno, tal vez una reedición aplacada del famoso “doble comando” que había llevado adelante con su esposo, Néstor Kirchner.

Manifestantes en el Obelisco el 13 de Septiembre de 2020. (Foto: Noticias Argentinas)
Manifestantes en el Obelisco el 13 de Septiembre de 2020. (Foto: Noticias Argentinas)

La carta reveló también que Cristina Fernández había hecho fuertes críticas a la política económica del gobierno del que era vicepresidenta: “También señalé –decía el documento– que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez: me cansé de decirlo. Y no sólo al Presidente de la Nación”.

Si existía una posibilidad, lejana, de que hubiese una tregua entre el kirchnerismo duro y la Casa Rosada, la carta de Cristina Fernández la demolió. Alrededor del presidente hablaron de “Mantener la cabeza fría y pensar los movimientos a seguir”, sin dar más detalles. Era admitir la desorientación. Los ataques se hicieron más intensos a través de los fieles seguidores de Cristina: la diputada Fernanda Vallejos, según un audio filtrado a la prensa, habló de Alberto Fernández como de un “okupa” y un “mequetrefe”.

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Leé también: Kicillof busca “respetabilidad presidencial” y el propio peronismo se la niega

La crisis no cesó. En las elecciones de medio término del 14 de noviembre quedó ratificado el resultado de las PASO; el kirchnerismo perdió el dominio del Senado, algo que no sucedía en el peronismo desde 1983; la gran ganadora fue la coalición de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. Los resultados también mostraron un crecimiento de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei.

Eran los ecos de aquel banderazo de septiembre de 2020.

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Sumario, Alberto Fernández, Banderazo, marcha

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La Corte resolverá el reclamo bonaerense por la eliminación de subsidios al transporte y le dio 60 días a la Nación para responder

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La Corte Suprema de la Nación se declaró competente para analizar la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

El máximo tribunal le otorgó a Nación 60 días para responder y analizará la medida cautelar una vez que llegue esa contestación o venza el plazo.

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El planteo busca que se declare inconstitucional la eliminación de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del AMBA. La causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte.

Este jueves la Corte también se declaró competente en planteos similares interpuestos por La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, el tribunal analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.

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El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del DNU 280/2024 formalizó la medida. Frente a ello, la provincia inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y para que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan la ley.

El transporte representó 42% del gasto en servicios que una familia del AMBA tuvo en agosto. (Foto: NA)

El Fondo de Compensación, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado: la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte y en convenios suscriptos con la Nación.

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La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso

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La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

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Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

El Monitor incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos y rankings de intervenciones en el recinto

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

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También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

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El simulador de la plataforma permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados y exportar imágenes para investigaciones y análisis políticos

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

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Con cambios de último momento, el Senado debate la reforma a la ley de salud mental

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El Senado comenzó a discutir esta noche la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero que sufrió severas modificaciones en su paso por las comisiones y que seguirá sumando cambios cuando se discuta en particular en el mismo recinto.

El debate comenzó pasadas las 22.30, cuando la sesión del Senado ya había superado las ocho horas de duración, razón por la cual la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), anunció la limitación de los tiempos para los oradores en este debate.

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El texto sometido a discusión es el dictamen de comisión impulsado por el oficialismo hace dos semanas que, no obstante, sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate con la intención de conseguir los votos que permitan su aprobación.

Por lo pronto, el proyecto que pasará en revisión a la Cámara de Diputados ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición en la creación de manicomios que había establecido la ley sancionada por el kirchnerismo en 2010. Esa restricción seguirá vigente y se considera a la internación como una medida de carácter excepcional.

El senador peronista José Mayans, durante la sesiónHernán Zenteno – La Nación

La iniciativa genera mucha resistencia, como lo afirmó el peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca), quien destacó la voluntad de consensuar manifestada por el oficialismo, pero aseguró que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”.

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“No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó el senador catamarqueño, quien reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. De hecho, dijo que una de las causas del fracaso de la ley kirchnerista fue, precisamente, la falta de presupuesto.

En la misma sintonía, se manifestó el misionero Carlos Arce, quien también apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias, al tiempo que destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, instancia que se incorporó al texto como parte de la discusión entre los bloques del Senado.

La iniciativa en debate busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental incorporando pautas específicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el territorio argentino.

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Entre sus ejes conceptuales, el dictamen define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, partiendo de la presunción legal de capacidad de todas las personas. Asimismo, reafirma la prohibición estricta de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios -tales como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares-, y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo o restricción de la capacidad.

El chaqueño Jorge CapitanichHernán Zenteno – La Nación

En lo relativo a la conformación de los equipos de atención, el texto dispone que la asistencia estará a cargo de profesionales interdisciplinarios de la salud que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales.

Como innovación relevante, ante la imposibilidad de garantizar la presencia física del psiquiatra en determinadas jurisdicciones, se autoriza su intervención remota a través de teleconsultas sincrónicas para avalar evaluaciones y tratamientos.

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Respecto a las modalidades asistenciales, la iniciativa reafirma que la internación es una medida terapéutica de carácter excepcional que solo procede cuando ofrece mayores beneficios que los abordajes ambulatorios.

Para evitar la institucionalización indefinida, se estipula que desde el primer día de diagnóstico debe elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, fijando el límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, supuesto que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión.

El régimen para internaciones involuntarias exige la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales.

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Invitados que llegaron cuando se está por votar el proyecto de grandes inversionesHernán Zenteno – La Nación

Dichas medidas deberán ser notificadas en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, otorgando al magistrado un lapso de tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación.

En materia de infraestructura, las internaciones deberán efectuarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, prohibiéndose expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales.

El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. En paralelo, se contemplan los derechos de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, al tiempo que se establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta hospitalaria para acompañar el proceso de externación.

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Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas que imponen la atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restringiendo las internaciones en unidades de adultos únicamente a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. Asimismo, la normativa garantiza la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la no criminalización de las situaciones de consumo en niños, niñas y adolescentes.

Por último, el proyecto incorpora un esquema de financiamiento federal mediante el cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios bilaterales. Estos recursos, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación.



Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a

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