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POLITICA

Milei y la batalla por el relato: señales cruzadas y la pelea por sostener la convicción del cambio

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Javier Milei cerró una semana en la que casi ningún dato importante vino solo. La inflación de agosto bajó al 1,7% y volvió a darle al Gobierno una señal potente para sostener que el programa económico avanza en la dirección prevista. Casi al mismo tiempo, la industria y la construcción retrocedieron y encendieron luces amarillas sobre la actividad y el empleo. La política ofreció una secuencia parecida: el oficialismo atravesó una sesión compleja en Diputados sin resignar algunos de sus límites fiscales, pero la oposición celebró haberlo obligado a convivir con una agenda que incluye morosidad y discapacidad. Buenas y malas noticias. Señales cruzadas.

Ese contraste puede convertirse en una clave del próximo tramo de Milei. La discusión ya no pasa por demostrar que el cambio era necesario. El desafío es más político: conseguir que las señales favorables alcancen para preservar la convicción de que el cambio avanza mientras espera que el resto de los indicadores empiece a alinearse.

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En el seno del oficialismo predomina una mirada optimista sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro. La baja de la inflación es el argumento principal. Milei todavía no ganó esa batalla, pero mostró que puede ganarla. Para su electorado, ese resultado se convirtió en un activo difícil de subestimar: ofrece una prueba de que algunas de las promesas más audaces del programa pueden transformarse en resultados.

La convicción dominante en la Casa Rosada es que, si el rumbo no se altera, la estabilización terminará trasladándose a salarios, inversión, actividad y empleo. No hay una discusión interna relevante sobre preservar el equilibrio fiscal ni sobre la orientación general del programa. Sin embargo, esa lectura no es absolutamente unánime. En algunos sectores empiezan a aparecer, en voz baja, advertencias sobre la velocidad con la que esos resultados deben llegar.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Las diferencias no son sobre el rumbo. Son sobre el reloj.

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Los indicadores económicos y el costo político

Los datos de actividad conocidos esta semana alimentaron esas prevenciones. La producción industrial manufacturera cayó en julio un 4,9% interanual y un 5% frente al mes anterior, mientras que la construcción retrocedió un 4,5% contra un año atrás y un 4,6% en la comparación mensual desestacionalizada. Son dos sectores sensibles porque detrás de sus estadísticas hay empleo, proveedores y pequeñas y medianas empresas.

Pero la inflación de agosto fue de 1,7%. Y ese número cuenta otra historia.

La coexistencia de ambos fenómenos explica por qué sería apresurado sacar una conclusión definitiva. Los datos todavía no cuentan una única historia. Por eso, la batalla política se desplaza hacia la capacidad de convertir algunos resultados favorables en tendencia antes de que los negativos formen un relato de desgaste.

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Fernando Marull, un economista con fuerte llegada al círculo rojo, aportó otro elemento que conecta economía y política. Según su cálculo, los salarios privados perdieron alrededor de 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, pero recuperaron aproximadamente tres puntos entre abril y agosto, acompañando la desaceleración inflacionaria. Todavía están unos dos puntos por debajo de octubre de 2025.

La evolución de la inflación durante el último año

Marull observó además que el apoyo al Gobierno siguió un recorrido parecido: cayó mientras retrocedían los salarios y frenó su deterioro cuando empezó la recuperación. La conclusión no es que el oficialismo tenga asegurada una recomposición política. Sí muestra que la baja de la inflación puede convertirse en algo más que un éxito macroeconómico si termina trasladándose al poder adquisitivo.

Durante buena parte del gobierno de Milei, la inflación concentró una porción enorme de la conversación económica. Su reducción modifica también las demandas sociales. Si los precios dejan de ser la preocupación dominante, la atención se desplaza hacia el empleo, el salario, los servicios, el consumo y la posibilidad de ahorrar.

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La última encuesta de la Universidad de San Andrés muestra ese movimiento con nitidez. La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. La inflación queda bastante más atrás, con 17%.

La misma medición muestra la estrechez con la que se mueve buena parte de las familias. Al 40% de los consultados los ingresos les alcanzan justo para cubrir los gastos mensuales, sin capacidad de ahorro. Otro 37% dice que no le alcanza: 18% utiliza ahorros o recorta gastos y 19% tuvo que endeudarse.

Son datos que el Gobierno observa sin abandonar su tesis principal: la solución no consiste en alterar el programa, sino en darle tiempo. Pero explican por qué algunos funcionarios empiezan a prestar más atención a sectores medios, jóvenes y adultos jóvenes que pueden reconocer el descenso de la inflación y, simultáneamente, sentir que todavía viven con poco margen.

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Un hombre examina facturas, notas y planillas financieras en su hogar para planificar el pago de deudas y organizar sus gastos (Imagen Ilustrativa Infobae)

AtlasIntel registró otra señal: la percepción sobre el mercado laboral es ampliamente negativa y el desempleo ya aparece entre las preocupaciones principales. La Universidad de San Andrés, por su parte, muestra una aprobación oficialista de 35% y una insatisfacción general elevada. Pero cuando la pregunta se traslada directamente a 2027 aparece una paradoja políticamente más importante: La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo, 23%, con una cantidad muy importante de electores todavía sin definición.

El malestar existe. Lo que todavía no existe es una traducción automática de ese malestar en una alternativa electoral.

Ese es uno de los activos de Milei. La oposición puede complicar al Gobierno, pero todavía no consiguió construir una opción nacional que concentre el descontento. Entre quienes desaprueban la gestión, según la Universidad de San Andrés, 36% elegiría hoy al peronismo; entre quienes aprueban al Gobierno, 65% votaría a La Libertad Avanza.

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La política parlamentaria también entregó una escena de interpretaciones contrapuestas.

En Diputados, oficialismo y oposición terminaron votando juntos, por 249 votos contra uno, el envío a comisión de iniciativas vinculadas con morosidad y discapacidad. Para los bloques opositores fue una victoria: sostienen que consiguieron doblegar la resistencia oficial y obligar al Gobierno a discutir dos asuntos con fuerte sensibilidad social.

La lectura en la Casa Rosada es diferente. Allí afirman que el cronograma ya estaba encaminado, que la votación terminó de formalizar un esquema conocido y que, además, consiguieron evitar que el proyecto sobre morosidad fuera enviado a la Comisión de Presupuesto. Ese detalle es importante: impide que la discusión nazca necesariamente asociada a una solución con costo fiscal.

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La oposición logró el apoyo para continuar con las iniciativas para tratar los altos niveles de morosidad (RSFotos)

La oposición consiguió instalar una agenda. El Gobierno consiguió procesarla sin abandonar uno de sus límites centrales. El episodio anticipa un problema que probablemente se repetirá: cómo responder a nuevas demandas sin desarmar el equilibrio fiscal que Milei considera una condición indispensable para sostener la estabilización.

El gran escenario de esa discusión será el Presupuesto 2027.

Los gobernadores llegarán a esa negociación pensando en un año electoral. Reclamarán obras, recursos y compromisos que puedan mostrar en sus provincias. La Casa Rosada tendrá que conciliar esas demandas con su disciplina fiscal y contará, además, con una herramienta para administrar políticamente la relación con mandatarios aliados, dialoguistas y opositores.

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Los gobernadores saben que el Presupuesto será una de las últimas grandes oportunidades para asegurar recursos antes de entrar plenamente en la carrera de 2027. El Gobierno necesita votos para aprobar la ley de leyes y allí puede ordenar parte de su futura arquitectura política.

La reforma electoral completa ese tablero. La eliminación o una nueva suspensión de las PASO sigue entre los objetivos de la Casa Rosada y existe un límite temporal exigente. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las reformas relevantes deben resolverse con suficiente anticipación. En los hechos, la discusión tiene que definirse este año si se pretende que las nuevas reglas rijan en 2027.

El calendario político empieza así a correr más rápido que el calendario económico.

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Mientras el Gobierno espera que la estabilización termine de consolidar salarios, inversión y actividad, tiene unos meses para resolver el Presupuesto, las reglas electorales y los acuerdos con gobernadores. El año próximo ya será, inevitablemente, un año presidencial.

Malvinas y la disputa por el rumbo

Hay otro terreno en el que Milei buscó ampliar su agenda: Malvinas.

El Presidente habló extensamente del tema en la última reunión de Gabinete. El Gobierno avanzó con decisiones políticas y judiciales frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para avanzar en las obras de la Base Naval Integrada.

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Javier Milei durante la cadena nacional por la causa Malvinas y la explotación de sus recursos por parte de empresas extranjeras

La nueva definición de Donald Trump, que dejó abierta la posibilidad de participar de una eventual negociación, agregó un elemento inesperado. Falta saber hasta dónde puede llegar, pero la Casa Rosada considera que existe una oportunidad para mover un escenario diplomático históricamente rígido.

Malvinas permite, además, a Milei ampliar el registro de su Presidencia: Defensa, soberanía, recursos estratégicos y política exterior ofrecen una agenda distinta de la discusión económica cotidiana.

En medio de esas señales cruzadas aparece una convicción que Santiago Caputo sintetizó algunos días atrás. “Reminiscencias de mediados de ‘22. Falta un año para las elecciones. Diagnósticos apresurados y conclusiones atemporales. La paciencia es una virtud. Para variar, no la ven. Todo marcha acorde al plan”, escribió el estratega presidencial.

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La frase resume la visión mayoritaria del núcleo de poder. El oficialismo cree que muchos diagnósticos vuelven a cometer el mismo error: convertir cada dificultad coyuntural en una tendencia definitiva. Confía en que el tiempo terminará confirmando la dirección del programa.

Pero esa batalla no se libra solamente con estadísticas.

Según pudo saber Infobae, en las últimas reuniones Milei volvió a expresarse con particular dureza contra el periodismo. En una de esas conversaciones llegó a definir a los periodistas como “el enemigo”. La intensidad no es novedosa, pero adquiere otro significado en esta etapa. Cuanto más contradictorias sean las señales económicas y políticas, más importante será para el Presidente la disputa sobre cómo deben ser interpretadas.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, posan junto a autoridades militares en la zona donde se construirá la Base Naval Integrada de Ushuaia

Milei nunca concibió esa discusión como neutral. Cree que una parte del sistema político, económico y mediático intenta erosionar la confianza sobre el rumbo y que esa pérdida de confianza puede convertirse en una profecía autocumplida: menos inversión, menos actividad y más dudas.

La búsqueda de adversarios cumple, además, una función conocida en el mileísmo: ordena a los propios. Cuando el escenario ofrece datos contradictorios, la confrontación ayuda a organizar una explicación y preservar la cohesión de quienes todavía creen en el proyecto.

Eso no significa que el Gobierno pueda resolver con discurso aquello que la economía no resuelva. En el propio oficialismo saben que la variable decisiva seguirá siendo material. El salario tendrá que recuperarse, el empleo deberá mostrar mayor fortaleza y la inversión tendrá que pasar de los anuncios a la economía real.

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Milei no necesita que todos los datos sean buenos. Ningún gobierno puede lograrlo. Necesita algo más difícil: que suficientes datos empiecen a contar la misma historia.

Que la baja de la inflación termine acompañada por una recuperación sostenida del salario. Que esa mejora se traduzca en consumo. Que industria y construcción recuperen actividad. Que la estabilidad atraiga inversión y genere empleo. Y que, en política, el Presupuesto, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores permitan transformar la estabilización en una coalición capaz de llegar competitiva a 2027.

La semana que terminó no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció señales cruzadas.

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La pelea de Milei será conseguir que esas señales no erosionen la convicción de que el cambio sigue avanzando antes de que los resultados empiecen a converger. En ese tránsito se jugará buena parte de la próxima etapa de su Gobierno.

Porque el Presidente todavía conserva algo decisivo entre quienes lo acompañan: la certeza de que la Argentina está intentando un camino diferente. El desafío ahora es que esa certeza pueda apoyarse cada vez menos en la promesa y cada vez más en una secuencia de resultados.

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Islas Malvinas: el gobierno británico anunció que las nuevas licencias petroleras requerirán su consentimiento

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El gobierno de las Islas Malvinas anunció, días atrás, que prorrogó las licencias petroleras en Sea Lion por cinco años con opción a dos más. “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, señaló en un comunicado. Sin embargo, en medio de una escalada diplomática y de acciones sancionatorias anunciadas por el gobierno argentino, en septiembre cayeron las acciones de las dos empresas involucradas. En la Bolsa de Londres, Rockhooper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas, en la Bolsa de Tel Aviv, perdió un 11,5% y la petrolera estadounidense Halliburton Company decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.

Ante esta situación, el gobierno británico confirmó ayer, ante la Cámara de los Comunes, que a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Secretary, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Asume así una responsabilidad con ese permiso, entendiendo que fortalecerá la confianza empresarial que solo contaba, hasta ahora, con contratos firmados por el gobierno isleño, con apoyo del Reino Unido.

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Sin embargo, evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028, que opera con licencias ya existentes, prorrogadas recientemente, pero no con una nueva, de acuerdo a lo que explicó el funcionario en el Parlamento.

Según medios británicos, también consignados por el sitio Mercopress, fue el Partido Conservador quien llevó la pregunta sobre Sea Lion. El representante Lord Moynihan, miembro conservador de la Cámara de los Lores, fue directo al grano ante Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, sobre los “permisos de Sea Lion”. El consultado no confirmó ni negó esa intervención. Pero ratificó que de aquí en más “todas las licencias petroleras en las islas deberán ser autorizadas por el Foreign Office”.

El Palacio de Westminster, sede del Parlamento británicoShutterstock

La respuesta fue entregada al Parlamento británico en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago. El 15 de septiembre pasado, ante la requisitoria del opositor Partido Conservador, el Foreign Office envió una nota a la Cámara de los Comunes advirtiendo que el secretario de Estado debe consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas en las islas, bajo legislación local, pero ayer lo ratificó con una respuesta mucho más enfática, anunciando que directamente no se podrán otorgar licencias de explotación de petróleo en Malvinas sin el consentimiento del secretario de Estado.

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En Westminster, en paralelo con el endurecimiento argentino por el reclamo de soberanía sobre las islas, comenzó a darse un debate propuesto por el Partido Conservador, que hizo públicas sus intenciones de exigir que las regalías que pueda otorgar la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido, para que con esos recursos se puedan financiar los gastos de defensa de las islas, cargados en el presupuesto británico, unas 75 millones de libras esterlinas al año, para liberar recursos y aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, como pide la OTAN, que disminuyó progresivamente desde 2016, cuando se confirmó la salida de los británicos de la Unión Europea, lo que se conoció en el mundo como el Brexit. Según los conservadores, “esa medida también aliviará la carga de los contribuyentes británicos”.




Daniel Santa Cruz,Islas Malvinas,Conforme a

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Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

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Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.

La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

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Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la dupla que condujo Metrodelegados desde su origen

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.

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Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

Néstor Segovia, en una protesta con liberación de molinetes en la Línea C

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.

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El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.

Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Virginia Bouvet y Néstor Segovia, de aliados a posibles rivales en Metrodelegados

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.

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Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.

La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Claudio Dellecarbonara, el principal referente de la izquierda en Metrodelegados

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.

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El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.

Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.

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Ley de tierras: con los DNU no hay caso

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El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.

El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.

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1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.

2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.

3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.

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4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.

Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.

La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.

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5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.

Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)



Sebastián Guidi,LA NACION,Política

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