POLITICA
Imputaron a una concejal de Neuquén por haberse adjudicado un lote fiscal en San Patricio del Chañar

Un juez de garantías de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, a quien la Fiscalía le atribuyó negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.
La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, según resolvió el juez Luciano Hermosilla tras escuchar la exposición del fiscal Juan Narvaez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.
La acusación sostuvo que Barrera habría actuado en un expediente municipal que derivó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Por esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino indicó que la concejal integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó por su aprobación.
Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera pidió al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De esta manera, habría solicitado que le vendieran el terreno fiscal.

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso se produjo con participación de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera intervino para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. Finalmente, la ordenanza se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.
A raíz de esto, la Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis fiscal señalaba que no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo.

Sin embargo, Hermosilla rechazó en esta etapa esa imputación al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta. Respecto de Barrera, el delito imputado es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal.
En este contexto, la Fiscalía sostuvo que la ordenanza fue aprobada sin respetar exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, y la realización de una licitación pública o remate para vender inmuebles municipales.
También señaló que el dictamen jurídico escrito se incorporó al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.
El caso de Gloria Ruiz: el expediente en el fuero civil
A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.

El fallo también ordenó a Ruiz retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini. La ex funcionaria tuvo diez días para cumplir esa disposición, para evitar sufrir otras sanciones económicas.
La demanda fue promovida por Severini, quien sostuvo que la presentación penal y su difusión pública afectaron su honor. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo y, además, impuso las costas del proceso a la demandada.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz atravesaba una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Tras su suspensión preventiva, la entonces vicegobernadora presentó una denuncia en los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y referentes de distintas instituciones.
Entre los denunciados figuraba Severini. La presentación incluyó acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, planteó que existía una maniobra para apartarla de la conducción de la Legislatura.

La causa pasó primero por el Juzgado Federal porteño de Sebastián Casanello, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió el expediente a Neuquén. Luego, la fiscal federal Mariana Querejeta entendió que no había materia federal y derivó las actuaciones a la Justicia provincial.
La Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, archivó finalmente el legajo por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara avanzar con la investigación.
Al resolver la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no detallaba hechos concretos que permitieran establecer una intervención material de Severini en los delitos que se le atribuían. También señaló la ausencia de elementos mínimos para respaldar esas acusaciones.
La sentencia sostuvo que el derecho a denunciar no habilita imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni sustento probatorio. Bajo ese criterio, entendió que la presentación excedió el ejercicio regular de ese derecho.
Neuquén,San Patricio del Chañar
POLITICA
Bullrich volvió a pedir un “refuerzo” para las familias: “El factor más importante para ganar una elección es la economía”

En un nuevo mensaje al Gobierno, Patricia Bullrich volvió a insistir este martes con la necesidad de que los cambios macroeconómicos impulsados por la Casa Rosada se traduzcan en mejoras concretas para los hogares para poder lograr la reelección del “proyecto”.
“Yo soy una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, enfatizó la senadora en el Finance Summit, un evento con empresarios realizado en el Palacio Libertad.
En su exposición, la exministra de Seguridad puso el foco en el bolsillo como variable electoral. “El factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”, explicó.
Bullrich vinculó ese reclamo con la continuidad del Gobierno. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, subrayó. Además, agregó que para ganar una elección hay que sostener la esperanza de la gente en que estos años significaron “un cambio muy fuerte”. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, afirmó.
Según pudo saber este medio, en el evento la senadora destacó las oportunidades económicas que se abrieron a partir de los cambios estructurales que impulsó el oficialismo, entre los que destacó al superávit fiscal, la política antiinflacionaria y la posibilidad de que las familias vuelvan a planificar sus ingresos.
También reconoció que todo proceso de estabilización atraviesa momentos difíciles y que el reordenamiento impacta de manera desigual según el sector. Por eso planteó que la recuperación llegue a la industria, las empresas y el comercio y, en especial, a los trabajadores y a quienes dependen del mercado interno y de actividades como la construcción. “Este año tenemos que construir el sentido, para que la sociedad crea que su elección tuvo sentido”, sostuvo.
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, dijo el Presidente

La escena transcurrió en un salón conjunto al recinto del teatro donde se presentó una confluencia de sectores del PJ que, hasta ahora, venían recorriendo caminos paralelos. Formando una fila, casi como un trencito, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey arrancaron hacia el escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, gritó el exministro de Economía, mientras rectificaba el rumbo.
Massa organizó el acto en el teatro Otamendi de San Fernando con la lógica de acumular músculo político en la interna del peronismo y para enviar un mensaje al gobierno de Javier Milei. La señal, interpretada por un dirigente que habló con tras bambalinas, es que pese a que los distintos sectores parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial lo dijo al cabo del encuentro, en una escueta declaración ante las cámaras.
POLITICA
El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.
“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.
Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.
“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.
La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.
Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.
En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.
La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.
También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.
La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.
Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.
La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.
La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.
El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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