POLITICA
El principio del fin: el día que una multitud desafió la cuarentena con un banderazo y sacudió al gobierno de Alberto Fernández

Quién sabe si no fue el principio del fin o, diría Winston Churchill, el fin del principio, pero igual sacudió profundo y violento, un desplazamiento de placas tectónicas, a aquel gobierno de Alberto Fernández que caminaba con alegría y con soberbia hacia el abismo.
Hace seis años, el 13 de septiembre de 2020, una gigantesca marcha popular con epicentro en el Obelisco, y círculos concéntricos que llegaron hasta quince puntos diferentes de la ciudad y a varias provincias del interior, reunió a miles de manifestantes que expresaron su decidida oposición al gobierno. Marchaban opositores, es verdad, pero también marchaban miles de decepcionados con la política oficial, con el manejo de la pandemia del Covid-19, contra la corrupción, la inseguridad y con un reclamo a la justicia, a la que le pedían lo de siempre: celeridad, efectividad y que eludiera de alguna forma el intento de reforma judicial que impulsaba el kirchnerismo.
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La gigantesca manifestación pasó a la historia como el “Banderazo”, y fue impulsada desde principios de ese mes por cuentas de Twitter, vinculadas al macrismo, según señaló luego la consultora Scidata. La fuerza de la marcha sorprendió incluso a los organizadores o promotores, si los hubo. Fue de algún modo la culminación de marchas anteriores que ya en abril habían protestado, desde los balcones de los edificios céntricos, con cacerolas y aplausos, en contra del encierro obligado al que forzaba el gobierno, contra la liberación de presos comunes decretada por el kirchnerismo, entre ellos varios violadores, y hasta contra la expropiación de la cerealera Vicentín, de Santa Fe, que se había decretado en junio.
Aquel gobierno se deslizaba en un tobogán que el mismo kirchnerismo enceraba. Tres meses antes del banderazo de septiembre, la decisión de la gente que en vez de quedarse encerrada en su casa como proponía el gobierno, salía a correr por Palermo y por otros muchos otros sitios, se transformó en una cuestión de Estado. Fue un drama para los “runners”, que se empeñaron en desafiarlo todo. El 8 de ese mes, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió flexibilizar la cuarentena y habilitó la salida de los corredores a las calles.
En ese momento, parece que hubieran pasado varios años, Larreta era un candidato opositor a tener muy en cuenta por el kirchnerismo, que le apuntó con todos sus cañones. El Jefe de Gobierno dispuso que los “runners” desplegaran su actividad física dentro de un horario especial y según el número final de su documento de identidad: 0, 2, 4, 6 y 8 en determinados días de la semana, y 1, 3, 5, 7 y 9 el resto de los días. Estalló entonces una polémica sobre si el número 0 debía o no ser considerado un número par. De verdad, eso pasó en el país, no hace mucho y no tan lejos.
El 19 de junio, en abierto desafío al sentimiento popular, algo extraño si no ajeno a un peronista, el presidente Fernández, en un discurso que rozó demasiado cerca a la soberbia, adjudicó el aumento de contagios de Covid a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, un ataque a Larreta. Con un tono inusual y admonitorio, dijo entonces: “¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia”.
No era verdad. El descalabro en la prevención y atención de la pandemia provenía del mal manejo de los recursos sanitarios que había hecho el propio gobierno, emperrado en usar la vacuna rusa Sputnik, de la que sólo llegó la primera dosis porque a Vladimir Putin se le antojó no enviar la segunda, y a la ciega decisión de no aplicar los trece millones y medio de dosis que proveía Pfizer, en reconocimiento al país por haberse prestado a los primeros ensayos científicos.
En ese caldero se cocinó el banderazo. Y también en el cambio de condición de detenido, pasó a arresto domiciliario, del empresario K, Lázaro Báez, acusado de beneficiarse gracias a la entonces presidenta Cristina Kirchner con contratos del Estado y pagos irregulares por cuarenta y seis mil millones de pesos. La protesta también cayó sobre la decisión de Fernández de birlarle a la Ciudad parte de la coparticipación, nueve mil millones en lo que quedaba del año y cuarenta y un mil millones en 2021, para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, sublevada y furiosa. Aunque resulte curioso, esa protesta por el zarpazo a la Ciudad fue también bandera en el interior del país.
El 13 de septiembre era un domingo soleado, un anticipo de la primavera generosa. La ciudad, que llevaba encima seis meses de rígida cuarentena, había decidido protestar de dos formas: o marchaba hacia el Obelisco, o desbordaba los parques porteños y campeaba al aire libre. Basta ya de encierro. A las cuatro de la tarde, las cifras registraban entonces 9056 nuevos casos de Covid y habían muerto ya 89 personas, los primeros manifestantes se reunieron en el cruce de Corrientes y la 9 de Julio, ocuparon la mano hacia el sur y rodearon el Obelisco. Del lado Norte, la avenida ya había sido cortada por agentes de tránsito a la altura de Córdoba, y era allí de donde partía una larga hilera de autos que hacían sonar sus bocinas: gran parte de los manifestantes desfilaron en sus autos para respetar el protocolo de distanciamiento social que regía las vidas de los porteños. Otros, en cambio, ocuparon calles y veredas con banderas argentinas, cacerolas y barbijos. Una de las banderas, hubo de todo: diseñadas por profesionales y escritas a mano alzada, sintetizaba teoría y práctica de la protesta: “Nos tapamos la boca, pero no nos callamos”.
Lo de “banderazo” llegó porque las estrellas de la manifestación fueron las banderas y sus leyendas. Un breve repaso muestra: “¡Alberto! ¡No nos mientas más! ¡No a la reforma! (judicial)”; ¡Respeten la C.N. Basta de gobernar x DNU! ¡Sesiones presenciales ya!” Traducción acaso necesaria: Respeten la Constitución Nacional. Basta de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo de “sesiones presenciales” refería al Congreso, que funcionaba en forma virtual. Otras banderas y pancartas rezaban: “Basta de prohibir el trabajo. Queremos trabajar. Bájense los sueldos. Basta de ser ‘solidarios’ con la nuestra”; “El mentiroso no cambia, solo se transforma”; “Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y laburamos”; “Exigimos Justicia, Basta de Impunidad. Por una República”; “Para Cristina, cárcel ya”; “La corrupción mata y empobrece”. “La calle es nuestra”; “¡Que gobierno de mierd…!”.
Las protestas se extendieron a Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. Llegaron incluso a la Quinta Presidencial de Olivos: sobre la Avenida Maipú, cientos de personas hicieron sonar bocinas y cacerolas y reiteraron, de otra forma, otra inusual protesta de la semana anterior: en el mismo sitio, oficiales de la Policía bonaerense habían lanzado un “sirenazo” de sus patrulleros, en reclamo de mejores salarios.
La respuesta del Gobierno a la marcha, todo se apagó alrededor de las siete de la tarde porque la multitud cumplía con los recaudos frente al Covid, fue el enojo. Algunos dirigentes del kirchnerismo desestimaron la manifestación popular y dijeron que se trataba de “cuatro viejas de Recoleta”. Tampoco era verdad: no eran de Recoleta, no eran viejas y no eran cuatro. Fernández, en cambio, impulsó otro “banderazo”: el de los “argentinos de bien”, con lo que puso a los manifestantes del lado del mal. La grieta. El kirchnerismo la ahondaba y la celebraba; a aquel disparate político le caía al pelo el viejo proverbio de Antonio Porchia: “Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas”.
El principio del fin, o el fin del principio, extendió su sombra ominosa a lo largo de todo un año. Con azarosa precisión, otro domingo, el 12 de septiembre de 2021, hace cinco años, el gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota electoral en las PASO: el kirchnerismo perdió en casi todo el país, incluida la provincia de Santa Cruz, un baluarte electoral de la entonces vicepresidente Cristina Fernández. Si esas elecciones primarias plebiscitaron la gestión de Alberto Fernández, el resultado fue el de un voto castigo al gobierno que llevaba menos de dos años
La alianza opositora de Juntos por el Cambio fue entonces la gran ganadora, con triunfos contundentes en todo el país. Y, en especial, en el distrito menos pensado: la provincia de Buenos Aires, un bastión del peronismo. Allí, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, triunfó por cinco puntos sobre la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Además, la oposición triunfó en otros grandes distritos del país: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y se extendió a provincias gobernadas por el peronismo como Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Chubut. El Frente de Todos sólo pudo festejar en Tucumán, Formosa, La Rioja y San Juan.
El resultado electoral estaba atado al derrumbe económico, el gobierno de Fernández responsabilizaba de la debacle a su antecesor, Mauricio Macri, y de la incertidumbre con la que el gobierno enfrentaba la pandemia de Covid. El día de la elección, el país padecía ya 5.224.534 contagios y 113.402 muertes. Un mes antes de las PASP, una denuncia había talado cualquier posibilidad de éxito electoral del kirchnerismo: en julio del año anterior, mientras más fuerte era la presión del gobierno por mantener a los argentinos encerrados en sus casas, en Olivos, la entonces primera dama, Fabiola Yañez, había festejado su cumpleaños junto a un grupo de invitados. Fernández quiso eludir su responsabilidad en el desaguisado, intentó hacer pequeño un desastre que era mayúsculo y se refirió al hecho como la fiesta de “mi querida Fabiola”. Este hecho se sumó a uno de los primeros escándalos del gobierno de Alberto: el llamado “vacunatorio VIP”, la decisión del entonces ministro de Salud, Ginés González García, de vacunar a una serie de funcionarios y amigos. La idea de que a la hora de las indispensables vacunas, existían hijos y entenados, mostraba una cara de la corrupción hasta ese momento desconocida: ahora estaba en juego la vida de las personas.
El desastre electoral de las PASO, que de alguna forma rediseñó el mapa político del país con miras a las elecciones presidenciales de 2023, paralizó al gobierno y a sus principales dirigentes: el proyecto político del kirchnerismo había sido herido en su línea de flotación. Recién a las once y media de la noche de ese domingo 12, la plana mayor del Frente de Todos, el Presidente, Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, subieron demudados al escenario de un bunker levantado en Chacarita, una alegoría, ensombrecido y callado. Sólo habló Alberto Fernández, rodeado por caras largas y abatidas. Dijo poco. Llamó a “dar vuelta la elección” en noviembre, una expresión de deseos, admitió que habían “escuchado con atención el mensaje de las urnas”, como si existiera otra posibilidad, y expresó su intención de resistir: “No voy a bajar los brazos”.
Poco dijo también de la cuarentena más larga del mundo, de los más de ciento diez mil muertos por el Covid, del cincuenta y uno por ciento de inflación, del cuarenta y dos por ciento de pobreza y de las escuelas cerradas y del proyecto de educación virtual en la pandemia, en un país donde el veinte por ciento de los chicos no tenía conexión a Internet, más de trescientos cincuenta mil alumnos había dejado la escuela y casi la mitad de los hogares no tenían Tablet, ni computadora, según cifras de Unicef. A su lado, la vicepresidente observaba.
Cristina Fernández no se limitó a ser testigo de aquella dura derrota: el resultado electoral, de confirmarse en noviembre y todo parecía indicar que así sería, le haría perder al Frente de Todos la cómoda mayoría con la que contaba en el Senado que presidía la propia Cristina. El terremoto político que sacudía al gobierno tendría fuertes réplicas.
El 15 de septiembre, tres días después de las elecciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández y lo mismo hicieron otros once miembros del gabinete, todos cercanos a Cristina Fernández. Al día siguiente, jueves 16, con el gobierno fracturado, la vicepresidenta profundizó la crisis con una violenta carta, en Twitter, que apuntó directo al Presidente: le recordó que había sido ella quien lo había postulado para el cargo y le exigió cambios en el gabinete, en especial, que se deshiciera del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La carta, titulada “Como siempre… sinceramente”, decía: “Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión. Pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”. Reveló también una serie de reuniones con el Presidente, muchas, todas reservadas o cuasi secretas y en la quinta de Olivos, con lo que habló sin mencionarlo de un cogobierno, tal vez una reedición aplacada del famoso “doble comando” que había llevado adelante con su esposo, Néstor Kirchner.
La carta reveló también que Cristina Fernández había hecho fuertes críticas a la política económica del gobierno del que era vicepresidenta: “También señalé –decía el documento– que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez: me cansé de decirlo. Y no sólo al Presidente de la Nación”.
Si existía una posibilidad, lejana, de que hubiese una tregua entre el kirchnerismo duro y la Casa Rosada, la carta de Cristina Fernández la demolió. Alrededor del presidente hablaron de “Mantener la cabeza fría y pensar los movimientos a seguir”, sin dar más detalles. Era admitir la desorientación. Los ataques se hicieron más intensos a través de los fieles seguidores de Cristina: la diputada Fernanda Vallejos, según un audio filtrado a la prensa, habló de Alberto Fernández como de un “okupa” y un “mequetrefe”.
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La crisis no cesó. En las elecciones de medio término del 14 de noviembre quedó ratificado el resultado de las PASO; el kirchnerismo perdió el dominio del Senado, algo que no sucedía en el peronismo desde 1983; la gran ganadora fue la coalición de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. Los resultados también mostraron un crecimiento de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei.
Eran los ecos de aquel banderazo de septiembre de 2020.
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POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
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POLITICA
Los factores a los que ponen el foco en Wall Street ante la escalada del riesgo país de la Argentina

WASHINGTON.- Mientras la plana mayor del Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, multiplica los anuncios de inversiones millonarias en los sectores energético y minero desde París, a 5800 kilómetros, en Nueva York, las señales de la incertidumbre sobre la economía argentina que genera el anticipo de la discusión electoral de cara a 2027 y un contexto externo más desafiante se han traducido en una suba del riesgo país a su valor más alto del año y vaivenes en los bonos soberanos en dólares.
Así lo señalaron analistas de mercado, economistas y traders en Wall Street consultados por , en una jornada marcada por la nueva suba del indicador elaborado por JP Morgan, que trepó este viernes un 3% hasta alcanzar los 655 puntos básicos. Solo en los dos primeros días de octubre sumó 48 unidades (+7,9%).
“La suba del riesgo país ha sido significativa y ya revirtió prácticamente toda la compresión que siguió a la mejora en las calificaciones de la deuda. Hay un componente importante de carácter coyuntural, gatillado por la suba de las tasas globales, que redujo de manera marcada el apetito por activos de riesgo, incluido el crédito argentino. Pero también hay un componente electoral que no estaba hace unos meses”, señaló el economista Javier Timerman, fundador de AdCap Grupo Financiero, conocedor de lo que miran en Wall Street.
Timerman, que la semana pasada siguió en Nueva York las presentaciones de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y que ajota está en París por la Argentina Week, señaló que la debilidad de los datos económicos de los últimos días se combina con una agenda política que volvió a dominar los titulares, y que eso obligó a Wall Street —que venía concentrado en las elecciones presidenciales de Brasil y de medio término en Estados Unidos— a “recalibrar su percepción sobre el riesgo electoral argentino”.
“Tanto en Nueva York como en París, el Gobierno dejó claro que no se desviará de la lucha contra la inflación. El escenario todavía es muy favorable para el oficialismo, pero el grado de optimismo se moderó significativamente respecto de los meses anteriores, con la caída de la actividad en ciertos sectores, y eso es lo que reflejan los bonos”, dijo a .
En las últimas semanas se publicaron datos negativos de la economía argentina que son seguidos de cerca desde Nueva York, como la caída de 2,9% de la actividad económica en julio respecto de junio, el aumento de la pobreza –pasó de 28,2% a fines de 2025 a 32,3% en el primer semestre de este año–, una leve suba del desempleo y el pronóstico del JP Morgan de una contracción en el tercer trimestre, entre otros.
Respecto al factor externo que impacta en las posiciones argentinas, Fernando Losada, managing director en Oppenheimer & Co. y que cubre mercados emergentes globales para la empresa de servicios financieros, señaló que el aumento generalizado de rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano -a 10 años quedó en su mayor nivel en dos décadas- representa un shock negativo para todos los países periféricos.
“Más allá de alguna volatilidad temporal, la tendencia es hacia tasas de interés en Estados Unidos que van a mantenerse en niveles más altos. En el caso particular de la Argentina, el choque externo se combina con la incertidumbre electoral, que muy probablemente continúe en las próximas semanas o meses, sobre todo si las encuestas mostraran un escenario peleado para los comicios de 2027″, explicó a .
En una entrevista pregrabada, Caputo sostuvo este viernes en el cierre del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, que “una mitad” del alza del riesgo país es atribuible al contexto internacional que afecta a todos los países, “un shock externo bastante brutal en el que, en cualquier otro momento, la Argentina hubiera durado cinco minutos”.
Con una fuerte frase, Caputo también indicó que la otra mitad que explica el alza es propia del país: “Un temor a que vuelva el pasado, que generó un cierto temor a volver al infierno”.
“Habría que preguntarle al ministro por qué la Argentina ya caía antes de que arrancara el shock externo”, ironizó, tras escuchar a Caputo, un manager director de una firma global de banca de inversión y mercados de capitales con sede en Nueva York.
El impacto externo se explica en gran parte por la volatilidad del precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, que según los expertos mantiene abierta la incertidumbre sobre cuánto durará el elevado nivel de las tasas en Estados Unidos.
Por su parte, Martín Castellano, economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), una asociación global del sector financiero, remarcó que la incertidumbre sobre la Argentina se produce “por cierta anticipación en la discusión electoral” y “un contexto externo más desafiante” en las últimas semanas.
“En la Argentina el potencial para cambios bruscos es bastante más alto que en otros países de la región y los desafíos desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica siguen siendo mayores”, dijo Castellano, que esta semana estuvo en Buenos Aires junto a un grupo de más de diez inversores globales de Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Inglaterra y Canadá. También tuvieron un paso por Chile, y notaron que la polarización que existe en la Argentina “es mucho más marcada” que en el país vecino.
“Vimos al Gobierno muy compenetrado en reforzar los colchones de liquidez para generar confianza y, de este modo, apuntalar la actividad económica. Los inversores miran con mucho detalle los distintos instrumentos disponibles y particularmente las señales políticas de amplitud en la relación con sectores afines”, explicó el economista a .
En ese sentido, Castellano señaló que una “mayor persistencia y consistencia en la búsqueda de acuerdos con sectores comprometidos con mantener el rumbo actual de la política económica es clave para fortalecer la confianza y sostener el crecimiento”.
Justamente ese fue el principal foco al que apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el jueves pasado, cuando reconoció sus inquietudes por el crecimiento en la Argentina al advertir que debería “ampliarse” y que “se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”.
El economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y asesor de fondos de inversión, señaló en tanto que si bien no nota un “dramatismo” en Wall Street por la situación de la Argentina, dijo que “el mercado no estuvo particularmente impresionado” con los últimos indicadores económicos que surgieron desde Buenos Aires.
“Se escucha mucho de traders que por los títulos del Tesoro norteamericano u otros factores se superaron los límites que gatillan coberturas automáticas o que ponen incómodos a los administradores de riesgo. Los movimientos de precio de corto plazo son los que generan situaciones incómodas”, dijo a .
“Dicho eso, no todo está bien en la Argentina. La caída [del Gobierno] en las encuestas, si bien predecible y no particularmente fuerte, contribuye a aumentar el riesgo electoral. Mas allá de lo que aseguren los funcionarios de turno, la historia argentina no ayuda y lo que se ha visto en estos meses tampoco elimina las dudas. No es todo riesgo político o riesgo macro argentino, pero tampoco hay que minimizar la sensación de riesgo creciente que viene desde la Argentina”, añadió.
Un trader en Nueva York que sigue de cerca los vaivenes de la economía argentina también marcó el impacto del shock, aunque reconoció que “adicionalmente está el factor de las elecciones que le pega particularmente a la Argentina muy duro, mucho más que a otros países de la región por su historia”.
Uno de los consultados hizo notar que aún en la previa de los comicios presidenciales de este domingo en Brasil, que enfrenta a dos modelos opuestos como los de Luiz Inacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, el riesgo país se mantuvo estable en torno a los 170 puntos básicos, con una dinámica contenida a pesar de la fuerte polarización electoral.
“Cuando hay un cambio de signo político en la Casa Rosada es como borrón y cuenta nueva. Entonces, la incertidumbre sobre el rumbo económico es mucho más alta”, graficó el trader.
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POLITICA
El DNU 70 de Milei, en la mira: optimismo en el Gobierno porque creen que la oposición no conseguirá derogarlo

Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.
Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.
La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.

Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.
El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.
En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.
¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.
Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.
La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.

El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.
En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.
Luis Caputo,Gobernadores
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