A menos de un mes y medio de que el papa León XIV pise suelo argentino por primera vez, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá el miércoles 30 de septiembre en el escenario de un reclamo que anticipa esa visita. Legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán allí, a las 10, un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares que busca garantizar por diez años el financiamiento de las obras de integración socio-urbana en los más de 6.400 barrios populares del país.

El Vaticano confirmó semanas atrás que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Su paso por la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En ese contexto, la Iglesia argentina eligió las semanas previas a la llegada del Pontífice para presentar un proyecto que, según sus impulsores, busca sacar a la integración socio urbana de la lógica de cada gestión de turno.

La convocatoria reúne a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias, y contará con la presencia de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien encabezará la lista de oradores. Lo acompañarán, entre otros, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmantes del proyecto, además de Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la fundación TECHO.

Un fondo casi inexistente

El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio urbana, un vacío que se produce justo cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según los datos del organismo, en el país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños.

Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones, de acuerdo con el informe 145 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como resultado, hoy hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El derrumbe del financiamiento tiene un origen preciso. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto 819/2019, recibía el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, una caída del 96,7% de los recursos, y a fines de ese año el impuesto dejó de existir, lo que dejó al fondo sin recursos afectados.

Justicia: el Congreso debe resolver el vaciamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recordó a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, que habían cuestionado el Decreto 312/2025 por disponer la disolución del FISU sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de ese decreto al considerar que la ausencia de recursos comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano, todos ellos amparados por la Ley 27.453 en su carácter de interés público.

La medida se reglamentó mediante el Decreto 819/2019, y el Congreso volvió a fortalecerla en 2022, lo que consolidó una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo político.

La Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo (fue votada por unanimidad), estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina. Sus principales disposiciones son:

• Declaración de interés público: el artículo 1° declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas que habitan en esos barrios y estableciendo un marco legal para su integración urbana y social.
• Reconocimiento de derechos: la norma consagra el derecho a la integración socio urbana como un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria. Apunta a garantizar el acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales y al hábitat en condiciones adecuadas.
• Seguridad en la tenencia de la tierra: según el Renabap, el 100% de los barrios populares relevados está amparado por esta ley, que otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a sus habitantes, un punto central de la norma original.
• Emergencia socio urbana: a través de modificaciones posteriores, se incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Este es el artículo que el nuevo proyecto de ley busca ratificar y extender por diez años adicionales.

• Trayectoria transversal: la ley nació durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, se profundizó con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la presidencia de Alberto Fernández, media

En su fallo, el juez Heim sostuvo que la falta de financiamiento implicaba una regresividad inadmisible en términos constitucionales, en la medida en que el Estado argentino había asumido, a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que le prohíbe retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada sobre los niveles de protección ya alcanzados.

El magistrado exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible que garantizara la continuidad de la política de integración socio urbana.

El proyecto que se presentará en Cáritas constituye la respuesta directa a ese exhorto judicial, tal como lo reconocen sus propios impulsores en los fundamentos del texto legislativo.

El texto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), que arranca en el 0,0375% para el período 2027-2029, y crece de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Ese porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021, año en que comenzó su despliegue territorial.

El proyecto no crea ningún impuesto nuevo: establece una prioridad dentro de los recursos de rentas generales del Estado y dispone que los fondos nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior, incluso si el Presupuesto queda prorrogado. También ratifica y extiende por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental declarada en los barrios populares.

Fue el propio monseñor Carrara quien, antes de la presentación oficial del proyecto de Ley, habló sobre la importancia de su aprobación: “Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario un diálogo”.

Antes de pronunciar esa frase, el titular de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, definió el concepto central de la propuesta que, según él, debe guiar la lectura de la problemática habitacional. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no sólo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”.

Con financiamiento sostenido, el FISU llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias del país, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar vigente, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados.

Esas políticas fueron auditadas sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La magnitud del reclamo se dimensiona al comparar el costo fiscal propuesto con otras erogaciones vigentes del Estado. El piso inicial de 0,0375% del PBI equivale a unos 387.000 millones de pesos (USD 260 millones) anuales, una cifra que representa apenas 1,3 veces menos que el costo de la exención a la renta financiera y 91 veces menos que el total de gastos tributarios del Estado en 2026.

Un consenso que atravesó gobiernos

La Ley 27.453, que declaró de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana, se votó por unanimidad en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La política se profundizó con la creación del FISU durante la presidencia de Alberto Fernández, y el Congreso la volvió a fortalecer en 2022, lo que consolidó una trayectoria de continuidad más allá del signo político de cada gestión.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El proyecto que se presentará en Cáritas Argentina y que lleva la firma de diferentes espacios políticos es impulsado, entre otros, por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que nuclea a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo declarado de que la integración socio urbana deje de depender de la voluntad política de los gobierno de turno.

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Eduardo García, obispo de San Justo, habló sobre el aumento de la asistencia alimentaria y el deterioro social en La Matanza tras conocerse ayer el dato de pobreza. El indicador difundido ayer ubicó la pobreza en el 32,3% durante el primer semestre del año y señaló que 15,5 millones de personas estaban alcanzadas por esa situación.

Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el obispo relató que la cantidad de personas asistidas por los comedores creció de 2.000 antes de la pandemia a 22 mil durante la emergencia sanitaria. “Terminó la pandemia, se bajó a 18 mil. Y ahora estamos en 21 mil”.

El obispo ubicó la situación actual cerca de los niveles que se registraron durante las restricciones sanitarias. “Estamos igual que en la pandemia, asistiendo desde distintos lugares a familias, a chicos, a ancianos, en una situación de vulnerabilidad muy grande”, afirmó.

También se refirió a la presencia de personas en situación de calle en el centro de San Justo, donde reside desde hace 12 años: “Ha ido creciendo absolutamente la cantidad de gente que duerme en la calle, la gente que viene a la mañana a buscar el desayuno, la gente que viene a bañarse, a usar los baños”.

Para García, la dificultad de acceso a una vivienda explica parte de ese crecimiento. “Es la falta de trabajo, la falta de plata para poder alquilar una piecita o una casa, o estar así en la plaza como lo vemos en la puerta de los bancos y en lugares donde hay posibilidad de pasar la noche”, dijo.

Al ser consultado por el impacto sobre los sectores medios, planteó que el deterioro se manifestó también en las escuelas. “Colegios con cuota ínfima, colegios con algunos cuota cero. Cómo la necesidad hace que los chicos, en algunos casos cuota cero, ya no vayan ni siquiera al colegio cuota cero porque no tienen los papás dónde dejarlo, dónde darles de comer”.

“El índice de morosidad también es muy grande”, agregó sobre las instituciones educativas con aranceles bajos. Y definió el cambio en los hogares que hasta hace una década podían sostener sus gastos: “Ahora son pobres los que eran clase media hace diez años, ahora son pobres”.

El obispo enumeró las situaciones que observa entre las familias que se acercan a los comedores. “Pobres porque no llegan a fin de mes, pobres porque no pueden pagar el alquiler, pobres porque no les alcanza o se endeudan, el famoso tema de la deuda para poder comer y van trasladando la deuda mes a mes”.

García contó una escena que presenció el día anterior en una farmacia, cuando una jubilada consultó si podía abonar sus remedios en cuotas. “Yo esto nunca lo tuve que hacer, de pagar en partes, pagar en cuotas, pero ya no llego”, recordó que le dijo la mujer al farmacéutico.

“Familias que antes no se acercaban a los comedores ahora se están acercando”, indicó. Sobre ese proceso, precisó: “Primero con mucha vergüenza y después ya con mucha resignación”.

Ante la consulta sobre la capacidad de los comedores, García señaló que las organizaciones intentan responder a la demanda, aunque consideró que existen necesidades que quedan fuera de esa red. “Se trata de dar abasto. Creemos que no se da abasto porque hay todo un submundo que se maneja con otras coordenadas”.

En ese punto, expuso una de las definiciones centrales de la entrevista: “En nuestros barrios, el narcotráfico es el pan nuestro de cada día”. Para el obispo, esas estructuras ofrecen respuestas inmediatas frente a urgencias que no encuentran contención institucional.

“Es directamente proporcional a la ausencia del Estado el crecimiento del narcotráfico”, afirmó. García incluyó entre esas falencias el acceso a la educación, la salud, las oficinas públicas y la Justicia.

El titular del Obispado de San Justo remarcó que su descripción no se limitaba a otros países ni a una representación ficticia. “No es una novela colombiana o venezolana. Estoy hablando de La Matanza, estuvimos el año pasado en Rosario con esta situación”.

García sostuvo que las redes narco ofrecen dinero, medicamentos o ingresos cotidianos a cambio de tareas vinculadas con la venta de sustancias. “Desde la plata para un remedio, a cambio de un servicio, desde tener una cuota cotidiana por la venta de distintas sustancias o el paso del sobrecito en tantos autos”.

Cuando le preguntaron por las edades de los chicos expuestos a esas redes, evitó definirlos de inmediato como trabajadores del narcomenudeo. “No sé si están empezando a trabajar, están criándose en esa cultura”, respondió.

El obispo describió las privaciones que, según dijo, atraviesan algunos barrios. “Hay barrios en los cuales los chicos tienen acceso a una pipeta de droga antes que a un libro. No han conocido un libro, no han conocido un cuaderno, no conocen una lapicera”.

“Un soldadito. Algunos llegan, otros no llegan”, sostuvo sobre los adolescentes que más tarde son reclutados. Según relató, hay hogares atravesados por el encarcelamiento, consumos problemáticos, prostitución y tareas de baja escala dentro de las redes de venta de drogas.

García cuestionó una mirada que, a su criterio, simplifica las condiciones de vida en los barrios populares. “Hay una visión demasiado romántica del pobre en el mal sentido”, afirmó, antes de mencionar a padres sin empleo, jóvenes reclutados y mujeres que recurren a la prostitución para obtener ingresos.

Frente a esa realidad, García describió el trabajo de las organizaciones comunitarias y de la Iglesia en los barrios. “Hay muchas familias que le ponen el pecho a esta realidad, que se comprometen asumiendo este rol de Estado desde una comunidad organizada que busca salidas”.

El obispo resumió esa tarea en “las famosas tres C”: “El colegio, el club y la capilla”. Explicó que esos espacios buscan que los chicos permanezcan vinculados con la educación, las actividades deportivas, los oficios y una red de contención cotidiana.

Sobre la escuela, dijo: “El chico pueda crecer, socializarse y no solamente aprender conceptos, sino entrar como una familia distinta en la cual ocupa la mayor parte de su día”.

Respecto de los clubes, planteó que permiten aprender reglas, convivir con otros chicos y desarrollar capacidades por fuera de la calle. “No solamente un deporte, sino a veces un oficio. Va creciendo desde el arte, desde lo más noble que tiene en su vida, se reconoce valorado”.

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Entre los tantos secretos, ya casi todos revelados, que rodearon al ocultamiento del cadáver de Eva Perón, a su salida del país en 1957 bajo la falsa identidad de María Maggi de Magistris, en un ataúd que acompañaba un “hermano” de la muerta, también bajo identidad falsa, que era en realidad un suboficial del Ejército adscripto al Servicio de Inteligencia de esa fuerza (SIE); a su posterior inhumación en el Cementerio Maggiore de Milán donde permaneció durante casi quince años, hasta 1971, cuando otro gobierno militar decidió devolver el cuerpo a su viudo, Juan Perón, exiliado en España, queda todavía algún secreto a divulgar, o al menos algún episodio poco conocido.

El cuerpo de Eva Perón fue enviado a Italia en una increíble operación de inteligencia ordenada por el entonces presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, líder de la Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón luego de un sangriento golpe militar en septiembre de 1955. ¿Qué llevó a Aramburu a tomar esa decisión? ¿Por qué el cadáver de Eva Perón inició un largo y tortuoso peregrinaje que duraría varios años hasta su descanso definitivo en el cementerio de la Recoleta? En la decisión de Aramburu influyó una joven mujer de treinta y cuatro años, María Luisa Bemberg, quien con los años sería una famosa y laureada directora de cine. También jugó un rol muy especial el entonces jefe de la Casa Militar de Aramburu, capitán de Navío Francisco Manrique, que dejaría la Armada para dedicarse a la política, a ser un funcionario de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina (1966-1973) y luego en líder de un partido propio federal y conservador.

La historia es larga y compleja, tal vez apasionante. Desde su muerte en 1952 y gracias al trabajo del médico español Pedro Ara, el cuerpo embalsamado de Eva Perón había permanecido expuesto en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el viejo edificio de la calle Azopardo. Cuando la Libertadora tomó el poder en la Argentina, su primer presidente, el general Eduardo Lonardi, logró que la madre de Eva Perón, Juana Ibarguren, que en los días que siguieron al golpe militar estaba asilada en la embajada de Ecuador, firmara un consentimiento para que las nuevas autoridades dieran cristiana sepultura a su hija.

Pero Lonardi, luego de un golpe palaciego, fue desplazado de la presidencia por Aramburu quien, el 23 de noviembre de 1955, ordenó que el cadáver fuese retirado de la CGT. Ese operativo militar fue encabezado por el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del SIE, y el cuerpo, lejos de ser inhumado, pasó a manos de aquel oficial que resultó ser una especie de desquiciado mental, que se apropió del cadáver como si se tratara de un trofeo personal, de una reliquia; llegó a ocultarlo en un cajón de madera destinado a portar aparatos y elementos de comunicación militar, lo ultrajó, lo vejó, lo mancilló y lo exhibió a sus amistades y camaradas como el botín de una guerra librada sólo en su mente enferma.

Dos palabras sobre los protagonistas de esta historia. María Luisa Bemberg había nacido en 1922 y era cuarta generación argentina de la poderosa familia Bemberg, propietaria de la Cervecería Quilmes que había sido expropiada por el peronismo. Fascinada en los años ’60 por el fenómeno cinematográfico francés de la “nouvelle vague”, por el neorrealismo italiano y por el cine de Ingmar Bergman, se convirtió luego en escritora, guionista y directora de cine, al frente de películas como Señora de Nadie, Camila, Miss Mary y Yo, la peor de todas, entre otras.

Francisco Manrique había nacido en Mendoza en 1919, desarrolló una intensa carrera militar en la Armada. Fue un ferviente opositor a Perón y Aramburu lo hizo jefe de su Casa Militar hasta el final de su gobierno en 1958. En 1956, cuando el levantamiento militar y civil del 10 de junio contra la Libertadora, liderado por el general Juan José Valle, intento que fue aplastado por las autoridades, Manrique logró que Valle se entregara para poner fin al alzamiento, al parecer con la promesa del propio Manrique de que su vida sería respetada. Valle fue fusilado el 12 de junio en la Penitenciaría Nacional que se alzaba en lo que es hoy el Parque Las Heras.

En 1970, en plena Revolución Argentina, el fugaz presidente Roberto Marcelo Levingston nombró a Manrique ministro de Salud y Acción Social, cargo que mantuvo durante el gobierno del sucesor de Levingston, Alejandro Lanusse. Manrique fue inventor del Prode, un juego de pronósticos deportivos sobre fútbol que ayudó a financiar en parte el PAMI. Luego dejó los cargos públicos y se dedicó de lleno a la política. Fue candidato a presidente por la Alianza Popular Federalista en 1973, en las elecciones que llevaron al peronismo al poder y, en 1983, después de la dictadura conocida como el “Proceso de Reorganización Nacional” fue candidato por la Fuerza Federalista popular en las elecciones que llevaron al poder a Raúl Alfonsín.

Para seguir con esta historia debo colocarme, con las disculpas del caso, en el odioso rol de narrador en primera persona. En 1983, cuando era redactor de la revista La Semana, entrevisté a Manrique, candidato por su propio partido. Se trataba de una entrevista formal que se hacía a todos los candidatos sin más pretensiones de que los reporteados hablaran de sus planes de gobierno. Cuando terminó el reportaje, luego del consabido e ineludible ¿algo más?, dije a Manrique que quería hacerle una pregunta fuera de la nota, que ni esa pregunta, ni su respuesta, iban a ser publicadas, que se trataba de un off the record que sólo servía a mi interés por un hecho histórico que lo había tenido como protagonista. Le pregunté entonces si él le había garantizado la vida al general Valle, a cambio de que se entregara y de que llegara a su fin el alzamiento contra la Libertadora.

Manrique enfureció. Creí entonces, y creo aún hoy, cuarenta y tres años después, que creyó que sí se iba a publicar mi pregunta y su respuesta y debe haber visto sus posibilidades electorales arruinadas. Le reiteré, en las pausas que dejaban sus gritos destemplados, mi compromiso de no publicar nada de lo que habláramos, que sólo quería conocer su versión sobre aquel hecho. No hubo caso. Me dijo que él había salvado la vida del capitán Adolfo Philippeaux, que se había sublevado en la Pampa en apoyo de Valle; que todo aquello era una historia larga y compleja y que no era el momento de hablar de esas cosas. En esto último tenía razón.

Manrique ni siquiera me confió aquel día que él había dejado en claro su papel en la detención del general Valle en una carta escrita a las autoridades de la Armada el 22 de junio de 1956, diez días después del fusilamiento del general sublevado. La carta, si es que fue presentada en esa fecha, fue revelada por fin por Juan Bautista Yofre en su libro Dios y la Patria se lo demanden. Mi entrevistado no era el único en estar furioso aquella tarde. Yo también me encabrité un poco, primero por mi imprudencia, tal vez no fue atinado indagar en ese pasado, pero fue oportuno, y luego, por la tozudez de Manrique empeñado en no creer en mi palabra. Lamenté haber hecho aquella pregunta pero no me arrepentí. Fueron unos cuantos minutos de áspera tensión, para decirlo suave.

De pronto, aquel candidato furioso intentó serenar un poco las aguas. “Mire –dijo– le voy a contar algo para que vea mi buena voluntad, pero no lo va a poder publicar mientras yo viva”. Narró entonces que un día de 1956, el teniente coronel Moori Koenig había invitado a su despacho a María Luisa Bemberg, a quien Manrique conocía, porque sospechaba, o sabía, la escasa simpatía que su invitada podía tener hacia el peronismo que se había adueñado de la antigua empresa familiar. Ambos tomaron el té. Luego, de modo sorpresivo, el militar condujo a la señora Bemberg hacia una dependencia vecina a su despacho. Allí estaba, metido en un cajón con la sigla de una radio cordobesa, el cadáver embalsamado de Eva Perón.

Si Bemberg notó, o intuyó, los vejámenes a los que había sido sometido aquel cuerpo que parecía detenido en el tiempo, jamás lo dijo. Pero salió de aquel edificio espantada. “Vino a verme de inmediato –dijo Manrique aquella tarde de 1983– y me contó su horrible experiencia. Yo fui a ver enseguida a Aramburu y le conté el episodio. Aramburu dijo: “Basta, hay que terminar con eso”. En febrero de 1957, Moori Koenig cesó en la jefatura de la SIE y fue nombrado en su reemplazo el coronel Héctor Cabanillas, que sería el encargado de diseñar y llevar adelante la operación para sacar del país el cadáver de Eva Perón, de enterrarlo bajo nombre falso en Milán, a la guarda de la Compañía de San Pablo y con la autorización y el visto bueno de la Santa Sede y de guardar el secreto durante quince años, hasta que él mismo se encargó de hacer el camino inverso en 1971 y devolver aquel cuerpo a su viudo, Juan Perón.

Esta es la historia, que sin embargo tiene un capítulo más.

Dos años después, Camila, la película de María Luisa Bemberg protagonizada por Susú Pecoraro e Imanol Arias, compitió por el Oscar a la mejor película extranjera. El azar quiso ponerme como enviado especial a cubrir ese acontecimiento para la misma revista que había publicado dos años antes el reportaje a Manrique. También aquellos fueron días ajetreados e intensos. Por alguna razón se nos hizo difícil entrevistar a Bemberg, creo que los periodistas le caíamos un poco pesados. Finalmente, en la tarde de la ceremonia del Oscar, el 25 de marzo de 1985 y en el Dorothy Chandler Pavillon, que ya no se usa para esas ceremonias, atendió a los tres o cuatro enviados que queríamos entrevistarla en un escenario un poco insólito: la peluquería donde iban a peinarla para la que sería acaso su noche de gloria. Nos dio unos minutos cargados de nerviosismo, de apuro, de incomodidad y de declaraciones previsibles.