POLITICA
Iglesia, movimientos sociales y diputados presentarán un proyecto para el financiamiento de los barrios populares
A menos de un mes y medio de que el papa León XIV pise suelo argentino por primera vez, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá el miércoles 30 de septiembre en el escenario de un reclamo que anticipa esa visita. Legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán allí, a las 10, un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares que busca garantizar por diez años el financiamiento de las obras de integración socio-urbana en los más de 6.400 barrios populares del país.
El Vaticano confirmó semanas atrás que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Su paso por la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En ese contexto, la Iglesia argentina eligió las semanas previas a la llegada del Pontífice para presentar un proyecto que, según sus impulsores, busca sacar a la integración socio urbana de la lógica de cada gestión de turno.
La convocatoria reúne a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias, y contará con la presencia de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien encabezará la lista de oradores. Lo acompañarán, entre otros, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmantes del proyecto, además de Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la fundación TECHO.
Un fondo casi inexistente
El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio urbana, un vacío que se produce justo cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según los datos del organismo, en el país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños.
Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones, de acuerdo con el informe 145 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como resultado, hoy hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El derrumbe del financiamiento tiene un origen preciso. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto 819/2019, recibía el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, una caída del 96,7% de los recursos, y a fines de ese año el impuesto dejó de existir, lo que dejó al fondo sin recursos afectados.
Justicia: el Congreso debe resolver el vaciamiento
“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recordó a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, que habían cuestionado el Decreto 312/2025 por disponer la disolución del FISU sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de ese decreto al considerar que la ausencia de recursos comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano, todos ellos amparados por la Ley 27.453 en su carácter de interés público.
La medida se reglamentó mediante el Decreto 819/2019, y el Congreso volvió a fortalecerla en 2022, lo que consolidó una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo político.
La Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo (fue votada por unanimidad), estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina. Sus principales disposiciones son:
- Declaración de interés público: el artículo 1° declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas que habitan en esos barrios y estableciendo un marco legal para su integración urbana y social.
- Reconocimiento de derechos: la norma consagra el derecho a la integración socio urbana como un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria. Apunta a garantizar el acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales y al hábitat en condiciones adecuadas.
- Seguridad en la tenencia de la tierra: según el Renabap, el 100% de los barrios populares relevados está amparado por esta ley, que otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a sus habitantes, un punto central de la norma original.
- Emergencia socio urbana: a través de modificaciones posteriores, se incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Este es el artículo que el nuevo proyecto de ley busca ratificar y extender por diez años adicionales.
- Trayectoria transversal: la ley nació durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, se profundizó con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la presidencia de Alberto Fernández, media
En su fallo, el juez Heim sostuvo que la falta de financiamiento implicaba una regresividad inadmisible en términos constitucionales, en la medida en que el Estado argentino había asumido, a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que le prohíbe retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada sobre los niveles de protección ya alcanzados.
El magistrado exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible que garantizara la continuidad de la política de integración socio urbana.
El proyecto que se presentará en Cáritas constituye la respuesta directa a ese exhorto judicial, tal como lo reconocen sus propios impulsores en los fundamentos del texto legislativo.
El texto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), que arranca en el 0,0375% para el período 2027-2029, y crece de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Ese porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021, año en que comenzó su despliegue territorial.
El proyecto no crea ningún impuesto nuevo: establece una prioridad dentro de los recursos de rentas generales del Estado y dispone que los fondos nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior, incluso si el Presupuesto queda prorrogado. También ratifica y extiende por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental declarada en los barrios populares.
Fue el propio monseñor Carrara quien, antes de la presentación oficial del proyecto de Ley, habló sobre la importancia de su aprobación: “Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario un diálogo”.
Antes de pronunciar esa frase, el titular de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, definió el concepto central de la propuesta que, según él, debe guiar la lectura de la problemática habitacional. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no sólo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”.
Con financiamiento sostenido, el FISU llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias del país, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar vigente, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados.
Esas políticas fueron auditadas sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
La magnitud del reclamo se dimensiona al comparar el costo fiscal propuesto con otras erogaciones vigentes del Estado. El piso inicial de 0,0375% del PBI equivale a unos 387.000 millones de pesos (USD 260 millones) anuales, una cifra que representa apenas 1,3 veces menos que el costo de la exención a la renta financiera y 91 veces menos que el total de gastos tributarios del Estado en 2026.
Un consenso que atravesó gobiernos
La Ley 27.453, que declaró de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana, se votó por unanimidad en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La política se profundizó con la creación del FISU durante la presidencia de Alberto Fernández, y el Congreso la volvió a fortalecer en 2022, lo que consolidó una trayectoria de continuidad más allá del signo político de cada gestión.
Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.
El proyecto que se presentará en Cáritas Argentina y que lleva la firma de diferentes espacios políticos es impulsado, entre otros, por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que nuclea a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo declarado de que la integración socio urbana deje de depender de la voluntad política de los gobierno de turno.
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POLITICA
Piden un jury de enjuiciamiento contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros que bloqueó una pyme
El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que se investigue si hubo mal desempeño del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, a raíz del polémico fallo que absolvió al líder local de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y otros 6 imputados en el bloqueo a la pyme Rey Distribución.
Passaglia, legislador provincial por el partido Hechos y ex intendente de San Nicolás, no pide revocar el fallo de López sino investigar si la fundamentación jurídica de esas absoluciones tuvo “fallas graves”.
Se trata de la primera presentación efectuada contra el magistrado a 24 horas de la sentencia que eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, con argumentos controvertidos: López admitió que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como “legítimo ejercicio de un derecho”.
El juez López dictó el veredicto absolutorio este miércoles en una causa caratulada como turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión, iniciada luego del bloqueo sindical en la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, donde los imputados principales eran Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y 6 empleados de la pyme que participaron de la protesta.
El propio fallo tuvo por acreditado que hubo una obstrucción en las puertas del establecimiento que impidió la salida de vehículos. Sin embargo, López concluyó que esa conducta era atípica —es decir, que no constituía delito— porque los acusados ejercían un derecho reconocido por la ley: el derecho de huelga, amparado en el artículo 34, inciso 4, del Código Penal. El magistrado también señaló que no hubo violencia, daños ni amenazas identificadas durante la medida.
La denuncia promovida por Passaglia contra López no objeta esa conclusión final en sí misma, sino que cuestiona el camino argumental que llevó hasta ella.
Passaglia sostiene que el fallo explicó con detalle las razones que motivaron el conflicto laboral —diferencias salariales, deficiencias de seguridad e higiene, la situación de un delegado gremial— pero no analizó con la misma profundidad si la modalidad concreta de la protesta, su duración y su alcance, estaban comprendidos dentro de los límites del derecho invocado.
El señalamiento apunta específicamente a un pasaje de la página 103 del veredicto —de 110 páginas en total—, donde el magistrado respondió al planteo de las acusaciones sobre la tensión entre el derecho de huelga y los derechos de propiedad. Según la denuncia, López consideró innecesaria la ponderación en los términos planteados y dijo que, en determinadas circunstancias, la huelga se impone sobre otros derechos. Para Passaglia, esa formulación no resuelve el análisis concreto de los límites del bloqueo que el propio juez tuvo por acreditado.
La hipótesis no es que todo perjuicio empresarial derivado de una huelga constituya un delito. Tampoco que la obstrucción física sea suficiente por sí sola para condenar. La pregunta que plantea la denuncia promovida por el diputado de Hechos es más limitada: si la motivación efectivamente plasmada en el fallo satisface el deber legal de explicar por qué ese bloqueo concreto quedaba dentro de los márgenes del Derecho.
El segundo cargo de la denuncia apunta al modo en que el magistrado utilizó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1958: el caso Kot, Fallos 241:291, dictado el 5 de septiembre de 1958.
Según la presentación, López invocó ese precedente —que en su momento ordenó la restitución de una fábrica ocupada a través de la vía del amparo— y extrajo de él una conclusión sobre la improcedencia de la intervención penal en conflictos colectivos laborales.
El argumento del magistrado habría sido que ese fallo no hizo referencias a delitos ni a tipos penales, lo que reforzaría la idea de que el derecho penal no era el camino adecuado para resolver el caso.
Passaglia cuestiona esa inferencia. En la denuncia sostiene que “una respuesta de restitución urgente no puede convertirse, sin demostrar el nexo correspondiente, en una regla general de exclusión penal de los conflictos colectivos”. Dicho de otro modo: que un tribunal haya optado por la vía del amparo en 1958 no demuestra automáticamente que las conductas analizadas en otro proceso, décadas después, sean penalmente atípicas o estén justificadas.
La denuncia aclara que no atribuye al juez una falsificación deliberada del precedente, ni sostiene que Kot obligue a condenar a los absueltos. Lo que solicita es que el Jurado contraste el texto íntegro del fallo de 1958, sus antecedentes y su objeto procesal con la caracterización que efectuó López para determinar si hubo una utilización objetivamente descontextualizada y si ese defecto tuvo gravedad funcional.
Qué puede y qué no puede hacer el Jurado
La presentación subraya con énfasis un límite que la propia legislación establece. El Jurado de Enjuiciamiento no es una tercera instancia judicial: no puede revocar el veredicto absolutorio ni ordenar la condena de Cabaleyro. Su función es exclusivamente disciplinaria: evaluar si el juez incurrió en una falta grave en el ejercicio de su cargo.
Los artículos invocados como encuadre provisional son los incisos d y e del artículo 21 de la Ley 13.661, que regulan las faltas de los magistrados bonaerenses. La denuncia también reconoce expresamente que el magistrado apoyó parte de su decisión en un precedente del Tribunal de Casación Penal de la provincia —el caso Ruiz, Carlos Amador, Sala I, sentencia del 13 de marzo de 2013— que respaldaba la atipicidad de la obstaculización de accesos durante conflictos laborales. Ese apoyo jurisprudencial, según afirma Passaglia, debe ser contemplado en el análisis.
La presentación es explícita al reconocer sus propios límites: “La existencia de un criterio discutible no basta para la remoción”. Si la investigación solicitada concluye que solamente hay una discrepancia interpretativa entre el juez y el denunciante, no quedará demostrada ninguna falta funcional.
Passaglia fue intendente de San Nicolás cuando Cabaleyro y Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros, fueron arrestados en abril de 2022 como responsables de los bloqueos a Rey Distribución para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.
En ese momento, el Sindicato de Camioneros protestó contra las detenciones bloqueando los accesos a San Nicolás, medida que impidió la entrega de alimentos y la recolección de residuos, pero la tuvo que levantar a las 48 horas ante la firme posición de Passaglia.
La primera presidencia de Javier Milei podrá ser recordada por muchas cosas: por retomar una senda de crecimiento luego de 12 años de estancamiento, por bajar la pobreza, la inflación, o por romper con el déficit fiscal. Podrá ser recordada por salvarnos de ser Venezuela, o por un período irrepetible de República (nunca los poderes han sido tan independientes). Pero quiero argumentar en estas líneas que probablemente no termine siendo recordada por lo que ocurrió durante su gestión -una tarea más bien de bombero al que lo obligó la herencia que recibió-, sino por haber plantado las bases del retorno del país a la prosperidad.
El triángulo de equilibrio fiscal, libertad económica y respeto de los derechos de propiedad son los basamentos conceptuales de la nueva Argentina. Pero los conceptos son una cosa y la realidad es otra. El equilibrio fiscal es fácil prometerlo, pero la ejecución es una tarea durísima: lo pone al ministro de Economía en la incómoda tarea cotidiana de decir que no, y a los desreguladores a ir a las cloacas de la normativa para librar una guerra de zapa contra los intereses creados.
Pero lo que este gobierno tiene, de sobra, es capacidad para transformar ideas en realidades. Y más allá del equilibrio fiscal y del programa de desregulación que se discuten mucho en la prensa, el Presidente ha impulsado una serie de reformas estructurales que son la llave para convertir a Argentina en un país desarrollado. Por momentos, quedan tapadas por el ruido y pasan desapercibidas, pero son lo realmente importante. “No confíes en tus ojos, te engañan”, le dice Obi wan Kenobi a Luke Skywaker. Miremos, entonces, esas cosas que tenemos enfrente, pero que todavía no hemos visto.
Arranquemos con la Ley Bases porque contenía una reforma clave que explica todo el boom energético que vino después: la liberación de las exportaciones que derivó en la eliminación del llamado “barril criollo”. El kirchnerismo había transformado los precios de exportación de energía en una decisión política. El resultado fue que, durante años, aun sabiendo de los recursos que teníamos, nadie invertía un peso. Una cosa es el riesgo de los mercados, pero mucho peor es el riesgo de un político. Removida esa restricción, reafirmados los derechos de propiedad y mejorado el marco fiscal, la producción de petróleo llegará este año a casi un millón de barriles diarios, récord histórico, y 90% por encima del valor del 2020. Para 2035 las exportaciones de energía se estiman en 47.000 millones de dólares, Argentina camina a convertirse en un jugador de clase mundial en energía. ¡Y pensar que con el kirchnerismo ¡importábamos energía!
La ley de Glaciares, que intentamos en la Ley Bases pero que tuvo que esperar dos años, hizo lo suyo con el potencial minero de Argentina. Es difícil entender como alguien pensó que le haría bien a Argentina prohibirle una explotación que le permitiría duplicar sus exportaciones, trayendo empleo y riqueza a todo el país. Chile exporta US$60.000 millones de recursos mineros, una referencia obvia para el potencial minero del país. Pero cuando el presidente Milei llegó Argentina exportaba solo 4000 (para 2026 estimamos ya 10.000). ¿Cómo sería nuestro país si no nos hubiéramos prohibido 60.000 millones de exportaciones anuales los últimos 30 años? Por suerte ya fue. Con exportaciones esperadas de 42.000 millones de dólares para el año 2035, Argentina emerge también como un gigante en esta arena.
En lo que hace al agro reconfiguramos el marco de propiedad intelectual para las semillas, para que puedan llegar a nuestro país las innovaciones en genética que se usan en el mundo. Hoy, un algodón en Brasil rinde tres veces más que en Chaco. En frutillas, una semilla californiana permite multiplicar la producción 5 veces. La productividad de nuestra soja viaja hace décadas a 60% de la velocidad del resto del mundo. Solo en soja y trigo ese atraso tecnológico nos venía costando 4000 millones de dólares anuales. Con un nuevo régimen de fiscalización que ya implementamos y el consenso que construimos en torno a una nueva ley de semillas abrimos la puerta para equiparar esas productividades. También se ampliaron significativamente los mercados para la carne argentina en el mundo. Dos ejemplos valen como muestra. Se quintuplicó la cuota de acceso al mercado norteamericano de carne vacuna, y se abrió y amplió el mercado japonés para nuestra carne aviar y bovina.
Siempre se habla del costo de la logística en nuestro país. Más allá de las múltiples desregulaciones en el sector de transporte (los bitrenes por sí solos bajaron el costo del camión entre un 20% y 30%), se acaba de completar la licitación de nuestra red troncal de rutas (9000 km.), a las que próximamente se sumarán concesiones y ampliaciones en otros 6000 km. en tramos todavía no concesionados (toca las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237). Y, finalmente, se están evaluando las dobles manos en segmentos de alto tránsito que se venían reclamando hace décadas (por ejemplo, en las rutas 3, 5 y 7, además de la Autopista 0017 en el conurbano).
La licitación del Belgrano Cargas también ya se lanzó, y puede configurar un cambio trascendental en la logística del país. Siendo muy conservadores permitiría una baja del 40% en los fletes de 1000 km., y del 60% en fletes de 500 km. Implementada con un sistema de open-access, evitará el fracaso de las concesiones de los años 90, que focalizaron la operación en un mono-productor que nunca amplió la actividad a toda la economía de su región. Ahora cualquier empresa de logística podrá usar las vías en lo que seguramente será un ecosistema sumamente dinámico.
Pero nada de todo esto podría realmente potenciarse en serio sin mercados donde colocar nuestros productos. Argentina avanzó en apertura comercial en esta gestión más que en las últimas décadas. Tuvo que llegar Milei para que el tratado con la Unión Europea, que se aprobó con los votos decisivos de Italia, entrara en vigencia luego de 25 años de franela. Si en un día nuestros productores de miel, huevos y arroz arrasaron con los cupos libres de aranceles del Mercosur, vaya uno a saber hasta dónde puede llevarnos el acuerdo. A este se sumaron el tratado con EFTA y Singapur. El acuerdo con los Estados Unidos, también producto de un inteligente replanteo geopolítico del Presidente, avanza en su ejecución en todos sus frentes y ha permitido un acceso preferencial al mercado norteamericano, en lo que el Economist clasificó como el tratado más favorable que EE.UU. firmó con ningún país.
Pasando al funcionamiento de las empresas, no podemos dejar de mencionar la sanción de la Ley de Modernización Laboral, un intento por reconfigurar el mercado del trabajo, que permite los convenios por empresa (de los cuales pronto veremos los primeros casos) y mayor representatividad en los convenios colectivos, y que busca bajar la litigiosidad laboral en un mercado que desde el Covid se había flexibilizado de hecho vía monotributización.
También se implementó la mayor reforma del mercado de capitales desde la sanción de la Ley de Mercado de Capitales en 2012, porque se eliminó la necesidad de autorizaciones para la emisión de acciones, bonos o fondos comunes de inversión, dando libertad plena para un mercado que previamente se había hundido por el peso de su propia regulación. Escuchamos todos los días de pymes a las que esta nueva ventana les está dando un acceso al financiamiento impensado antes de la reforma. Un proyecto a punto de enviarse al Congreso profundizará la libertad de financiamiento estableciendo un registro nacional de garantías que agilizará la gestión privada de las garantías revolucionando el crédito prendario. La aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que recupera la independencia para la institución, refuerza a su vez el marco de estabilidad macroeconómica logrado.
Resta mencionar tres iniciativas centrales que ya están en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que ya tiene la aprobación de Diputados, y que permitiría el salto más grande en décadas para impulsar nuestra industria de punta y nuestro complejo de ciencia y tecnología. La ley de sociedades que da un marco de gran libertad para la gestión empresarial y que propone el primer marco realista en el mundo, con la necesaria supervisión humana, para las empresas que usan aplicaciones de IA. Ambos elementos serían clave para convertir a nuestro país en un hub de innovación e inversiones. Si queremos que Buenos Aires se parezca en algo a Dubái o a San Francisco estas dos iniciativas son vitales. Por último, el proyecto que define los derechos de propiedad sobre los bonos de carbono, con dictamen en el Senado, también reportará ingresos potenciales de miles de millones de dólares para los productores argentinos.
También deberíamos mencionar que lento, pero a paso seguro, avanza el programa de privatizaciones del Gobierno. Para fines del primer mandato del Presidente, el Estado se habrá retirado de la gestión de prácticamente todos sus activos en energía (excepto YPF), habrá concesionado la Hidrovía, las rutas, los trenes y la empresa de aguas del área metropolitana. Con un poco de viento a favor hasta nos sacamos de encima a Intercargo. Y no habrá progreso más grande en reducción de la corrupción que poder desprenderse de estas empresas.
A esto se suman cambios estratégicos en gestación que ni dimensionamos. Los gobernadores del norte están impulsando legislación que permita destrabar la navegación en los ríos, que reduciría los costos en casi 10% para todas las actividades productivas de esa región. También podemos mencionar las ampliaciones en la red de gasoductos en el centro del país, recientemente anunciado por la empresa TGN, que redefinirán la competitividad de la industria en Córdoba y Santa Fe, con potencial de bajar el precio de la energía a un tercio durante una parte importante del año. Ni hablar de que Bahía Blanca avanza para convertirse en un hub de petroquímica y fertilizantes de clase mundial. Todo esto confirma algo que siempre dijo el Presidente: la infraestructura tiene que desarrollarla el sector privado, no el viejo y corrupto régimen de obra pública, donde hasta una cosa tan sencilla como comprar caños terminaba saliendo el doble de lo que verdaderamente costaba.
Si liberar los ríos baja los costos totales el 10%, si los bitrenes bajan el costo del transporte terrestre 20%, si la integración de gasoductos baja el precio del gas a un tercio, si la importación de maquinaria usada permite comprarla a un sexto, si los trenes reducen el costo de transporte entre un 40 y 60%, empieza a quedar claro la magnitud de las oportunidades que vienen. No por nada Argentina vive un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones que no se veía desde fines del siglo XIX. Es consistente con un gobierno que ya acumula 17.600 desregulaciones. Por eso tampoco asombra que 2024 y 2025 haya sido el bienio con mayor aumento de productividad desde los 80, según estimaciones privadas.
La mayor libertad y estabilidad hace que se sumen iniciativas sorprendentes todos los días: un puente sobre Bernardo de Irigoyen para sacar la producción sojera de Santa Catarina, Brasil, por Misiones, la explosión de destinos de exportación de la yerba mate, la hidrovía del Río Negro, el riego en la Patagonia, la maricultura… podríamos seguir. La Argentina próspera hacia la que caminamos será muy diferente a la actual. Cuatro millones de argentinos dejarán el conurbano y migrarán hacia las oportunidades laborales y una mejor calidad de vida que les ofrecerá el interior. Las ciudades capitales de provincias se poblarán de progreso, rascacielos y conectividad.
Dentro de 30 años seguramente se discuta qué funcionó mejor, qué funcionó peor y qué podría haberse hecho distinto. Habrá habido aciertos y errores. Pero si este proceso se consolida, la presidencia de Javier Milei será recordada, no tanto por cómo transformó su presente, sino por cómo le dio al país la oportunidad de un futuro.
Ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei.
Federico Sturzenegger,LA NACION,Política
POLITICA
Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”
El tablero del recinto quedó detenido antes de que comenzara el debate: la oposición reunió 121 diputados y no alcanzó los 129 necesarios para abrir la sesión en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba tratar el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero las ocho bancas que faltaron para el quórum dejaron esos asuntos fuera de discusión. Desde la oposición, la jornada fue leída como otra señal de los acuerdos que el Gobierno teje con sectores provinciales.
La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada puso nombres y contexto a esa interpretación. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, vinculó las ausencias con negociaciones entre gobernadores y el oficialismo, y cuestionó a los legisladores que no llegaron al recinto. “Es una vergüenza que, con argumentos que desconocemos, no aparezcan a trabajar”, afirmó.
Ocho ausencias dejaron sin debate al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad
La diferencia numérica marcó toda la sesión. Con 121 legisladores presentes, la oposición quedó a ocho votos de habilitar el debate, una distancia que Strada consideró difícil de explicar frente a la agenda prevista. “No hay margen para nadie”, sostuvo al referirse a las ausencias, incluidas las de diputados de su propio espacio político.
La diputada planteó que el temario reunía problemas con impacto directo en los distritos y que la falta de quórum impidió que esas demandas llegaran al recinto. “Hay provincias que están muy mal”, dijo, al mencionar a Santa Fe como uno de los casos durante su intervención televisiva.
Para Strada, el problema no se limitó a la sesión caída. También cuestionó que algunos de los legisladores ausentes no hubieran participado de las actividades parlamentarias que se realizaron durante la semana, entre ellas reuniones con funcionarios en la Cámara baja. “No vienen para discutir”, afirmó.
En ese marco, cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras que el Gobierno incorporó a un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La legisladora pidió que el alcance de esa iniciativa se discuta de manera abierta y advirtió sobre su contenido. “Discutamos a ver qué quiere hacer el Gobierno”, planteó, antes de definirla como una “trampa”.
Strada apuntó a los acuerdos entre gobernadores y el oficialismo
La dirigente de UxP dirigió una de sus críticas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la conducta de los diputados vinculados a su espacio. Según Strada, esas definiciones no fueron circunstanciales y respondieron a una relación política que ya venía consolidándose. “Jaldo cruzó el charco hace tiempo”, dijo.
A partir de ese señalamiento, la diputada sostuvo que hubo negociaciones para evitar la presencia de esos legisladores en votaciones que consideró relevantes. “Preferir arreglar con el Gobierno que defender a la gente”, insistió al describir el sentido que, a su entender, tuvieron las ausencias en la Cámara de Diputados.
La discusión también remitió a votaciones previas, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los sectores que acompañaron esa iniciativa y los interpeló desde la identidad peronista. “Es una vergüenza que cualquiera que se dice peronista haya votado la reforma laboral de Milei”, sostuvo.
Al desarrollar esa crítica, la legisladora advirtió sobre los cambios en las condiciones de contratación y señaló el avance de esquemas de facturación para trabajadores que antes estaban bajo relación de dependencia. “Que todo el mundo sea monotributista es parte de esta reforma laboral”, afirmó.
La movilización por universidades y discapacidad atravesó el reclamo parlamentario
La sesión frustrada ocurrió en medio de reclamos sociales por el financiamiento de las universidades públicas y por la emergencia en discapacidad. Strada vinculó esas movilizaciones con las dificultades de quienes participaron de las protestas y con el esfuerzo sostenido de estudiantes y familias. “El esfuerzo de la sociedad es enorme”, declaró.
Sobre la situación de las universidades, la diputada sostuvo que el Poder Ejecutivo no cambiará su posición sin una presión política e institucional mayor. Al referirse a Milei y a integrantes de su administración, afirmó que existe “ninguna intención de financiar la universidad pública”.
Para la legisladora, el Congreso conserva una herramienta frente a ese escenario, aun con las limitaciones que expuso la falta de quórum. “Nuestra herramienta es que funcione mínimamente la República Argentina”, expresó, al cuestionar el incumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de sanciones.
La crítica institucional incluyó la composición de la Corte Suprema de Justicia. Strada describió una “crisis institucional” y advirtió sobre el funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con tres integrantes. “Tenemos una Corte sin conformar en su mayoría”, afirmó.
También consideró que las protestas por la universidad y la discapacidad expresan una base social que continúa activa. “Ayer volvimos a demostrar que llenamos la plaza”, dijo durante la entrevista, al referirse a la movilización realizada el día anterior.
La diputada pidió construir una alternativa para las elecciones
De cara al futuro político, Strada sostuvo que el oficialismo no modificará por sí solo sus decisiones sobre el financiamiento universitario ni sobre discapacidad. “Hay que cambiar el Gobierno”, afirmó, y propuso que la oposición impulse las leyes que estén a su alcance hasta las elecciones de 2027.
La diputada reconoció, a la vez, que las diferencias dentro del campo opositor pueden favorecer al Gobierno nacional. Sin precisar qué partidos deberían formar parte de una futura alianza, Strada planteó la necesidad de reunir a sectores amplios frente a la gestión de Milei.
“El conjunto de las fuerzas democráticas en la Argentina tiene que poder reunir una serie de elementos para enfrentar este Gobierno”, sostuvo.
El cierre de su planteo volvió sobre la sesión que no llegó a abrirse y sobre los legisladores que no dieron quórum. “La lista es la que vimos de los que no vinieron”, afirmó, antes de dejar una definición sobre el trabajo político que, según dijo, deberá encarar cada espacio: “El peronismo tendrá que hacer su tarea y también el resto de las fuerzas políticas tendrá que hacer su tarea para armar una propuesta el año que viene”.
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