POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
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POLITICA
Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.
La resolución tiene 60 páginas y se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El fallo todavía está sujeto a eventuales recursos y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado.
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.
En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.
POLITICA
Bariloche: denunciaron a un candidato constituyente por mensajes que reivindican a Videla y al terrorismo de Estado

Adrián Marcelo Grau, candidato a convencional constituyente de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, fue denunciado por publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook que reivindican a Jorge Rafael Videla y el terrorismo de Estado.
El postulante ocupa el sexto lugar de la nómina que competirá el 1 de noviembre por los 15 cargos titulares encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal.

La denuncia fue presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito, con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. La presentación deberá determinar la autoría de los mensajes y si su contenido configura un delito.
Las capturas fueron difundidas durante el programa radial Nada Personal, de Voz Radio, y correspondían a un perfil identificado con el nombre de Grau. Entre los mensajes figuraban elogios a Videla, frases que relativizaban los crímenes de la dictadura y expresiones contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las publicaciones afirmaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. En otra, el perfil lamentaba que el régimen militar “no terminó su trabajo” y reproducía la consigna: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.
Los mensajes estaban fechados el 22 de marzo, en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tras su difusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

La denuncia y el reclamo de apartar al candidato
La APDH sostuvo que las publicaciones atribuidas a Grau reivindican delitos de lesa humanidad y “ensucian la memoria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. La entidad recordó que esos organismos impulsaron la búsqueda de personas desaparecidas y la restitución de identidad de niños apropiados durante la dictadura.

El organismo recordó que se restituyeron identidades a 140 nietos y estimó que el número de personas apropiadas durante ese período se aproxima a 500. También pidió a los partidos políticos que revisen las expresiones públicas de sus candidatos y definan su posición frente a la defensa de los derechos humanos.
Alhue Gavuzzo y Jorge “Jure” Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores, integrada por el PTS y el MST, reclamaron el retiro de la candidatura. “No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche”, expresaron.

También repudiaron los mensajes Tomás Guevara, de Fuerza Bariloche; Osvaldo Nemirovsci, del Movimiento Vecinal por Bariloche; y Rodolfo Sánchez, del Frente de Izquierda por el Socialismo. El bloque Vamos con Todos anticipó, además, que promoverá un pronunciamiento de rechazo en la Legislatura de Río Negro.
La explicación de Cortés y la alianza oficialista
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, afirmó que Grau le dijo que su cuenta había sido vulnerada. No se difundieron pruebas técnicas que permitan confirmar esa versión ni establecer de manera definitiva quién realizó las publicaciones.
El jefe comunal cuestionó que la oposición llevara el tema a la campaña y evitó referirse al contenido de los mensajes. “Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, respondió al ser consultado sobre el caso.

Grau integra la lista encabezada por Yanina Sánchez de la alianza que reúne al Partido Unión y Libertad, vinculado a Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, fuerza liderada por el gobernador Alberto Weretilneck.
Antes de incorporarse a Estamos Haciendo Bariloche, Grau ocupó el sexto puesto en la lista de candidatos a legisladores provinciales de Primero Río Negro durante las elecciones de abril de 2023. Esa fuerza era liderada por Ariel Rivero y estaba alineada entonces con Javier Milei.
La elección constituyente contará con 13 listas. Los representantes electos discutirán normas sobre la organización del gobierno local, la representación política, los mecanismos de participación vecinal y los controles sobre la administración pública.
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Renunció Julián Curi, un funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

En las últimas horas se confirmó una nueva salida en el gobierno de Javier Milei. Se trata de Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y dirigente cercano a Patricia Bullrich, quien presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo y solicitó que sea aceptada de manera inmediata.
En el escrito dirigido al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó la intervención de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en asuntos vinculados con decisiones de la Justicia federal. Según indicaron fuentes del ministerio a TN, todavía no hay un reemplazo para su salida.
Curi fue abogado de Bullrich y la acompañó durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. En su presentación, vinculó su salida con el conflicto judicial que derivó en un apercibimiento en su contra por una presunta desobediencia y un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El funcionario sostuvo que su decisión responde a la defensa del carácter federal del Servicio Penitenciario Federal y cuestionó lo que consideró una intromisión de la jurisdicción porteña sobre resoluciones adoptadas por jueces federales.
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