POLITICA
Ley de tierras: con los DNU no hay caso

El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.
El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.
1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.
2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.
3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.
4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.
Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.
La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.
5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
Punto por punto, qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

El Senado aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Discapacidad. En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Las claves son cuatro. La pensión no contributiva por discapacidad sigue en el 70% de la jubilación mínima y se mantiene el CUD como requisito para cobrarla. La pensión es compatible con un empleo formal o con el monotributo mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. La Secretaría Nacional de Discapacidad va a hacer auditorías periódicas con cruces de datos de ANSES, ARCA y ReNaPer, entre otros organismos. Y el Gobierno tiene 90 días para pagar las deudas pendientes con los prestadores. A diferencia de la emergencia, que vence el 31 de diciembre, el texto no tiene fecha de vencimiento.
El primer artículo dice que el objetivo de la ley es “superar la situación de emergencia” y fortalecer de forma permanente las políticas para las personas con discapacidad. El texto es de orden público y rige en todo el país. La emergencia, que el Congreso aprobó en 2025 después de rechazar el veto del presidente Javier Milei, vence el 31 de diciembre. El proyecto deroga tres artículos de esa ley y ratifica otras partes. Entre ellas, el artículo que la emergencia agregó a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y la ley de empleo protegido para personas con discapacidad.
La pensión no contributiva por discapacidad sigue fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza con las reglas previsionales vigentes. La Ley no prevé un aumento específico. Para cobrarla hay que tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el DNI. Los extranjeros tienen que demostrar cinco años de residencia legal continuada en el país antes de pedir el beneficio. Los ingresos netos no pueden ser iguales o superiores a dos salarios mínimos, y se tiene en cuenta el ingreso de la persona, no el del grupo familiar.
Tampoco se puede cobrar otra jubilación, retiro o pensión, ni la asignación universal o la asignación familiar por hijo con discapacidad. Además, hay que aprobar una evaluación socioeconómica, con criterios que va a fijar la reglamentación junto con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). Si la persona es dueña de una casa, tiene que demostrar que es su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral siguen con sus propios requisitos.
Uno de los puntos centrales es que la pensión sigue siendo compatible con el trabajo. Las personas con CUD pueden tener un empleo formal o estar anotadas en el monotributo o en el régimen general sin perder la pensión, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende de forma automática mientras dure esa situación. Si el trabajo termina, por cualquier motivo, o si los ingresos bajan del límite, la persona puede pedir la rehabilitación inmediata y vuelve a cobrar desde la fecha del pedido.
Los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tienen derecho a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901. El proyecto también obliga a quienes atienden a personas con discapacidad dentro de ese sistema a capacitar a su personal en derechos, para garantizar una atención “no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible”. Para los empleadores, se mantiene el beneficio que ya existe para quienes contratan por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.
Auditorías
Con la Ley también se crea un sistema de auditorías periódicas. Van a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud. Para verificar los requisitos, la Secretaría va a cruzar datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer. Para eso, el texto la exceptúa del secreto fiscal. Si detecta un incumplimiento, tiene que notificar al titular y darle el plazo que fija el derecho administrativo para presentar un descargo. Cuando vence ese plazo, puede suspender la pensión de forma preventiva. Si la persona considera que no incumplió, puede pedir que se la rehabiliten de inmediato y de forma provisoria hasta que se resuelva el caso.
Los gastos se pagan con partidas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones, atención médica y prevención. Si no alcanzan, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro. La Ley dice que las leyes de presupuesto deben garantizar un crédito suficiente y que el ingreso por beneficiario no puede ser menor, en términos reales, al del año anterior. La Jefatura de Gabinete puede reasignar fondos para que las prestaciones no se corten.
El Senado debate la ley de Discapacidad tras los cruces entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de ludopatía
El texto también incluye una cláusula para pagar las compensaciones que la emergencia les prometió a los prestadores y que todavía están pendientes. La Secretaría de Discapacidad debe notificar y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde que la ley entre en vigencia. La cancelación total tiene que hacerse dentro de los 90 días para quienes hayan terminado el trámite. El texto aclara que el fin de la emergencia no afecta ese derecho.
Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene que publicar en forma periódica cuánto gasta en estos programas, cuánto valen los aranceles de las prestaciones básicas y cuántas pensiones paga y por qué monto. El Poder Ejecutivo debe definir la autoridad de aplicación y tiene 30 días hábiles para reglamentar la ley. La norma entra en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Discapacidad, Senado
POLITICA
UNICEF Argentina advirtió que el 41% de los hogares con chicos no logra cubrir sus gastos corrientes

El 41% de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no consigue cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales, una situación que afecta a aproximadamente 2,7 millones de familias y que representa un incremento de diez puntos porcentuales respecto de 2025. Además, la mitad de esos hogares tiene al menos una deuda y el 43% debió dejar de comprar alimentos por falta de dinero. Los datos surgen de un nuevo informe de UNICEF Argentina, difundido este viernes, que advierte sobre un deterioro de las condiciones económicas de las familias con hijos.
La décima edición de la Encuesta Rápida, realizada durante septiembre de 2026, muestra que las dificultades económicas obligaron a numerosas familias a modificar sus hábitos de consumo, aumentar las horas de trabajo, buscar empleos adicionales y recurrir al endeudamiento para afrontar necesidades básicas. El relevamiento también identificó un incremento de las restricciones en el acceso a medicamentos, consultas médicas, actividades educativas y recreativas.
Los resultados representan un cambio de tendencia respecto del año pasado. Mientras que en agosto de 2025 el 31% de los hogares con chicos manifestaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, en septiembre de 2026 esa proporción llegó al 41%. Aunque el indicador permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, la nueva medición interrumpe la recuperación que se había observado durante el año anterior.

El estudio, al que accedió Infobae, se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, en los que viven 7.797 personas. Sus resultados son representativos de aproximadamente 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes y de los 27,3 millones de personas que residen en ellos.
El documento incorpora, además, los últimos indicadores disponibles sobre pobreza infantil. Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 45,2% de las niñas y los niños vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de reducción. Más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos.
La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese universo, el 57% declara ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales. Entre los hogares con jefatura femenina, el indicador alcanza el 47%, mientras que entre aquellos cuyo jefe tiene un empleo registrado llega al 30%, el nivel más elevado de la serie para ese grupo.
“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, explicó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.
“En este sentido, mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, agregó el funcionario.
El informe sostiene que las condiciones laborales de los adultos inciden directamente sobre la situación de la infancia. En ese sentido, señala que los resultados “también reflejan un deterioro del mercado de trabajo, que se vincula directamente con el bienestar de la niñez”, debido a que buena parte de los recursos familiares depende de los ingresos laborales.

Más deudas para comprar alimentos y pagar servicios
Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento del endeudamiento de las familias con chicos. En 2026, el 50% de los hogares relevados tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025. Los motivos principales no están asociados a la adquisición de bienes durables, sino a la necesidad de financiar consumos cotidianos.
El 42% de los hogares endeudados contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar gastos de salud y educación.
También cambió la composición del financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32% de los hogares. Las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%.
En sentido contrario, los préstamos de familiares y amigos perdieron participación: representaban el 26% de los hogares en 2025 y descendieron al 17% en la última medición. El crédito bancario, en tanto, se mantuvo relativamente estable, con una incidencia del 12%.
Las dificultades para afrontar los compromisos financieros también se reflejan en el incumplimiento de pagos. El 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en 2025. Entre las obligaciones relevadas, las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento en la proporción de familias que dejaron de pagarlas, del 16% al 23%.

Frente a este escenario, las estrategias para sostener los gastos cotidianos se multiplicaron. El 60% de los hogares comenzó a comprar alimentos más baratos; el 45% aumentó sus horas de trabajo; el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos y el 39% redujo los gastos destinados a la recreación infantil. Además, el 30% pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.
“Las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”, señaló Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina.
El documento también identifica que las restricciones alcanzan consumos vinculados con la educación, la movilidad y el esparcimiento. Según UNICEF, cuando los ingresos resultan insuficientes, estos gastos suelen ser los primeros en postergarse, lo que puede limitar las oportunidades de desarrollo de los chicos, incluso en familias que todavía consiguen afrontar sus necesidades esenciales.
El impacto sobre la alimentación y la salud

Las restricciones económicas también alcanzan la alimentación. De acuerdo con la encuesta, el 43% de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en agosto de 2025.
El indicador aumentó 14 puntos porcentuales en un año, aunque todavía se encuentra por debajo del máximo del 52% observado en abril de 2024.
El informe permite identificar de qué manera se distribuyen esas restricciones dentro de las familias. En el 43% de los hogares, las personas adultas modificaron sus dietas por motivos económicos y en el 37% redujeron las porciones de comida. Entre los chicos, el 21% tuvo que modificar su alimentación y en el 12% de los hogares se redujeron las porciones destinadas a niñas, niños y adolescentes.
UNICEF interpreta estos resultados como una señal de que los adultos tienden a priorizar la alimentación de sus hijos y concentran sobre sí mismos una parte importante de las restricciones. Sin embargo, el organismo advierte que esa protección encuentra límites cuando los ingresos familiares resultan insuficientes.
“Estos datos indican que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas”, destaca el documento.
Una situación todavía más grave aparece al analizar los hogares en los que alguno de sus integrantes debió saltearse una comida diaria por falta de dinero. El 29% de las familias informó que al menos una persona adulta dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por razones económicas.
Entre los niños y adolescentes, esa proporción alcanzó el 9%, el valor más alto de toda la serie histórica del relevamiento para ese indicador.
Las dificultades también afectan el acceso al sistema sanitario. El 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de recursos, frente al 24% de 2025. En tanto, el 21% dejó de comprar medicamentos por problemas económicos, seis puntos más que el año anterior.
Según el documento, casi seis de cada diez hogares que tuvieron dificultades para acceder a medicamentos reciben la AUH, mientras que más del 20% corresponde a familias numerosas, integradas por más de cinco personas.
En materia educativa y recreativa también aumentaron las dificultades para cubrir gastos específicos de los chicos. El 34% de los hogares no pudo afrontar la compra de libros, el 32% tuvo problemas para financiar excursiones y salidas, el 26% no consiguió cubrir gastos de transporte y el 25% encontró dificultades para comprar útiles escolares.
El transporte fue el rubro que registró el mayor deterioro interanual, con un incremento de diez puntos porcentuales en la proporción de hogares que no pudieron afrontar ese gasto.
Cuota alimentaria: seis de cada diez mujeres no reciben el dinero
Otro capítulo del relevamiento está dedicado al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria para sus hijos declaró que no percibe ese dinero, seis puntos porcentuales más que en 2025. Si también se consideran los casos en los que el pago se realiza de manera irregular, el porcentaje de hogares afectados asciende al 68%.
La encuesta identifica que, entre los casos de incumplimiento, el 60% está vinculado con una mala relación o la falta de vínculo del padre con la madre o con los hijos. Además, en el 40% de esas familias el padre cubre directamente algún gasto, mientras que en el 60% restante no realiza ningún aporte.
Según UNICEF, esta situación contribuye a profundizar las dificultades económicas de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la incidencia de la pobreza infantil es aproximadamente diez puntos porcentuales superior al promedio.
Adolescentes: más ansiedad, bullying y preocupación por las drogas
La encuesta también incorporó un módulo específico sobre la situación de los adolescentes de entre 13 y 17 años, con preguntas vinculadas al bienestar emocional, las experiencias de violencia, las apuestas en línea y las preocupaciones sobre su futuro.
Los resultados muestran un aumento de los indicadores de malestar emocional. El 36% de los adolescentes manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Los tres porcentajes son los más elevados de la serie de UNICEF, que para estos indicadores comienza en 2022.
El informe aclara que las respuestas no constituyen diagnósticos clínicos, sino que reflejan las percepciones expresadas por los propios adolescentes sobre su estado emocional.
La violencia escolar también aparece como un problema creciente. El 17% de los adolescentes declaró haber sufrido personalmente alguna situación de bullying, lo que representa aproximadamente 400.000 chicas y chicos en todo el país.
Además, el 47% afirmó que al menos un compañero o compañera de su escuela había atravesado una situación de acoso. Esa proporción aumentó diez puntos porcentuales respecto de 2025, cuando se ubicaba en el 37%.
En cuanto a las apuestas en línea, el 38% de los adolescentes manifestó conocer a otro chico o chica que apostó durante el último mes. El 6% reconoció haber participado personalmente en apuestas por internet.
El estudio también registró un incremento de la participación adolescente en actividades económicas orientadas a obtener ingresos. El 40% declaró haber realizado alguna de estas actividades al menos una vez por semana durante los últimos seis meses, frente al 28% de 2025.
La proporción es mayor entre los varones, con el 44%, que entre las mujeres, con el 36%. UNICEF aclara que ese indicador no constituye una medición de trabajo adolescente, dado que el relevamiento no permite determinar la modalidad de las actividades ni la cantidad de horas dedicadas.
Al preguntarles por sus principales preocupaciones, el 49% de los adolescentes mencionó el consumo de drogas, el 45% la pobreza y el 43% la salud mental. También aparecen la violencia, con el 40%; la discriminación, con el 39%; la falta de oportunidades laborales, con el 36%; y el endeudamiento familiar, con el 35%.
Otros temas señalados fueron la calidad educativa (32%), la inflación (24%), el cambio climático (22%) y la ludopatía (16%). En comparación con 2025, las preocupaciones que más crecieron fueron las vinculadas con la salud mental, el consumo de drogas y la discriminación.
En sus conclusiones, UNICEF sostiene que el deterioro de los ingresos familiares requiere fortalecer los mecanismos de protección social y garantizar recursos destinados a la infancia, tanto para las transferencias económicas como para las políticas de educación, salud, vivienda, alimentación y cuidados.
“Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”, afirmó Waisgrais.
El organismo también recomendó reforzar las políticas de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.
La décima Encuesta Rápida de UNICEF constituye una nueva medición de la serie iniciada en 2020 para monitorear las condiciones de vida de los niños y adolescentes argentinos. Sus resultados, obtenidos durante septiembre de 2026, muestran que el deterioro de los ingresos se traduce no solamente en mayores dificultades económicas para las familias, sino también en restricciones concretas sobre la alimentación, la salud, la educación y otras dimensiones centrales del desarrollo infantil.
POLITICA
Una sobrina del gobernador Gildo Insfrán fue designada en el Superior Tribunal de Formosa

La Legislatura de Formosa aprobó el nombramiento de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Infrán, como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La oposición cuestionó este nombramiento, que se realizó en una votación sobre tablas, de forma sorpresiva y sin previo aviso.
Es la primera vez que el máximo tribunal está integrado por un pariente directo de Gildo Insfrán, que gobierna la provincia en forma ininterrumpida desde 1995.
Con la designación de Grisel Insfrán se completan los cinco miembros que integran ese cuerpo, el máximo del Poder Judicial provincial.
Grisel Insfrán es abogada y se desempeñaba como secretaria Legal y Técnica en la gobernación, cargo que asumió en 2019, cuando su tío inició su quinto mandato como gobernador.
También fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución que impulsó el caudillo peronista en 2025.
El nombramiento se aprobó con 22 votos afirmativos y 7 negativos. De inmediato, todos los referentes de la oposición salieron a cuestionar la designación y algunos reiteraron su pedido para que el gobierno nacional intervenga la provincia.
“La verdad que en Formosa la realidad supera a la ficción, nunca creí que podían llevar al Poder Judicial de la provincia todavía más abajo, designando a una persona que tiene lazos de consanguinidad con el gobernador”, dijo Agostina Villagi, diputada por la UCR, en plena sesión, apenas votada la designación. “No la juzgo como profesional, seguramente estará bien formada, pero no puedo dejar de decir que todo en Formosa queda en familia”, afirmó.
Villagi cuestionó el modo en que se hizo el nombramiento. “Fue sobre tablas, y a las apuradas, queriendo justificar lo injustificable. El STJ debe estar integrado por gente que muestre cabalmente ser independiente de las presiones de la política”, agregó Villagi.
Pedido de intervención
Gabriela Neme, una de las referentes de la oposición en Formosa, dijo a que “la designación de modo express de su sobrina es una señal de debilidad de Gildo Insfrán, que evidentemente le tiene miedo al fallo de la Corte que va a impedir su reelección”,
Neme viene solicitando desde hace tiempo que la Nación intervenga Formosa, al igual que otros opositores que coinciden en que Gildo no está acatando el fallo de la Corte al pretender quedarse un eventual último mandato, entre 2027 y 2031.
“Gildo está en el Poder Ejecutivo desde hace 31 años; Carlos Insfrán, su hermano, y su hija Yanina, en la Legislatura como diputados, y ahora su sobrina como ministra del Superior Tribunal de Justicia”, agregó Neme, quien dijo que Insfrán le tiene “pánico” a una Justicia independiente.
El senador Francisco Paoltroni (ex La Libertad Avanza) afirmó, en un video subido a sus redes: “Esto es otro atropello. La Legislatura de Formosa acaba de votar sobre tablas el nombramiento de la jueza Grisel Insfrán en el Superior Tribunal de Justicia”.
El resto de los ministros del máximo tribunal provincial, según la oposición, responden incondicionalmente a Insfrán.
Si bien él gobierna la provincia de forma interrumpida desde 1995, ahora afronta un desafío a su poder: la Corte Suprema de Justicia de la Nación le cortó la reelección indefinida con un fallo de alto impacto en diciembre de 2024.
Insfrán maniobró defensivamente, convocando a una Convención Constituyente y reformando la Constitución provincial. En ese marco, hizo una jugada sorpresiva: incluyó, el último día de deliberaciones, una cláusula transitoria que le habilitaba un último eventual mandato, de 2027 hasta 2031.
Sin embargo, la oposición impugnó esa cláusula y la Corte Suprema debe resolver si el año próximo Insfrán puede volver a competir o no.
Martín Boerr,Conforme a
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