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POLITICA

Ley de tierras: con los DNU no hay caso

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El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.

El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.

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1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.

2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.

3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.

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4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.

Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.

La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.

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5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.

Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)



Sebastián Guidi,LA NACION,Política

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Duro panorama de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres"

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la próxima visita del papa León XIV encontrará a “una Argentina herida” por la pobreza, la intolerancia y las divisiones políticas, aunque sostuvo que también verá a un país que “no baja los brazos”. Lo dijo tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del Pontífice y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

El prelado vinculó la convocatoria de este fin de semana con la visita apostólica que León XIV realizará en noviembre y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación. Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios y la participación de gobiernos nacionales, provinciales y locales.

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García Cuerva definió a la Argentina como un país “herido” por la división

Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.

Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

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No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

La peregrinación reunirá a fieles durante 60 kilómetros entre Liniers y Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján abarca unos 60 kilómetros y culminará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7 frente al templo.

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La edición de este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva presidirá la celebración central del domingo y también encabezará una misa durante la noche del sábado, a las 23.30. Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata

Durante la conferencia de prensa, el arzobispo sostuvo que habrá más de 20.000 voluntarios involucrados en la organización y remarcó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, señaló.

La experiencia servirá para preparar la misa de León XIV en noviembre

La llegada de los peregrinos será además una prueba para el esquema logístico que se prepara ante la visita papal. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el programa oficial difundido por el Gobierno nacional. Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 de noviembre a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo

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El pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía. Las autoridades locales calculan que la convocatoria podría oscilar entre uno y dos millones de fieles, por lo que se proyecta un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de asistentes. Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: “Estamos más que colapsados”

García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.

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Islas Malvinas: el gobierno británico anunció que las nuevas licencias petroleras requerirán su consentimiento

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El gobierno de las Islas Malvinas anunció, días atrás, que prorrogó las licencias petroleras en Sea Lion por cinco años con opción a dos más. “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, señaló en un comunicado. Sin embargo, en medio de una escalada diplomática y de acciones sancionatorias anunciadas por el gobierno argentino, en septiembre cayeron las acciones de las dos empresas involucradas. En la Bolsa de Londres, Rockhooper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas, en la Bolsa de Tel Aviv, perdió un 11,5% y la petrolera estadounidense Halliburton Company decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.

Ante esta situación, el gobierno británico confirmó ayer, ante la Cámara de los Comunes, que a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Secretary, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Asume así una responsabilidad con ese permiso, entendiendo que fortalecerá la confianza empresarial que solo contaba, hasta ahora, con contratos firmados por el gobierno isleño, con apoyo del Reino Unido.

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Sin embargo, evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028, que opera con licencias ya existentes, prorrogadas recientemente, pero no con una nueva, de acuerdo a lo que explicó el funcionario en el Parlamento.

Según medios británicos, también consignados por el sitio Mercopress, fue el Partido Conservador quien llevó la pregunta sobre Sea Lion. El representante Lord Moynihan, miembro conservador de la Cámara de los Lores, fue directo al grano ante Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, sobre los “permisos de Sea Lion”. El consultado no confirmó ni negó esa intervención. Pero ratificó que de aquí en más “todas las licencias petroleras en las islas deberán ser autorizadas por el Foreign Office”.

El Palacio de Westminster, sede del Parlamento británicoShutterstock

La respuesta fue entregada al Parlamento británico en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago. El 15 de septiembre pasado, ante la requisitoria del opositor Partido Conservador, el Foreign Office envió una nota a la Cámara de los Comunes advirtiendo que el secretario de Estado debe consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas en las islas, bajo legislación local, pero ayer lo ratificó con una respuesta mucho más enfática, anunciando que directamente no se podrán otorgar licencias de explotación de petróleo en Malvinas sin el consentimiento del secretario de Estado.

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En Westminster, en paralelo con el endurecimiento argentino por el reclamo de soberanía sobre las islas, comenzó a darse un debate propuesto por el Partido Conservador, que hizo públicas sus intenciones de exigir que las regalías que pueda otorgar la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido, para que con esos recursos se puedan financiar los gastos de defensa de las islas, cargados en el presupuesto británico, unas 75 millones de libras esterlinas al año, para liberar recursos y aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, como pide la OTAN, que disminuyó progresivamente desde 2016, cuando se confirmó la salida de los británicos de la Unión Europea, lo que se conoció en el mundo como el Brexit. Según los conservadores, “esa medida también aliviará la carga de los contribuyentes británicos”.




Daniel Santa Cruz,Islas Malvinas,Conforme a

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Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

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Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.

La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

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Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la dupla que condujo Metrodelegados desde su origen

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.

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Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

Néstor Segovia, en una protesta con liberación de molinetes en la Línea C

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.

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El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.

Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Virginia Bouvet y Néstor Segovia, de aliados a posibles rivales en Metrodelegados

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.

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Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.

La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Claudio Dellecarbonara, el principal referente de la izquierda en Metrodelegados

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.

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El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.

Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.

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