POLITICA
El DNU 70 de Milei, en la mira: optimismo en el Gobierno porque creen que la oposición no conseguirá derogarlo

Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.
Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.
La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.

Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.
El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.
En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.
¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.
Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.
La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.

El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.
En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.
Luis Caputo,Gobernadores
POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
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POLITICA
Los factores a los que ponen el foco en Wall Street ante la escalada del riesgo país de la Argentina

WASHINGTON.- Mientras la plana mayor del Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, multiplica los anuncios de inversiones millonarias en los sectores energético y minero desde París, a 5800 kilómetros, en Nueva York, las señales de la incertidumbre sobre la economía argentina que genera el anticipo de la discusión electoral de cara a 2027 y un contexto externo más desafiante se han traducido en una suba del riesgo país a su valor más alto del año y vaivenes en los bonos soberanos en dólares.
Así lo señalaron analistas de mercado, economistas y traders en Wall Street consultados por , en una jornada marcada por la nueva suba del indicador elaborado por JP Morgan, que trepó este viernes un 3% hasta alcanzar los 655 puntos básicos. Solo en los dos primeros días de octubre sumó 48 unidades (+7,9%).
“La suba del riesgo país ha sido significativa y ya revirtió prácticamente toda la compresión que siguió a la mejora en las calificaciones de la deuda. Hay un componente importante de carácter coyuntural, gatillado por la suba de las tasas globales, que redujo de manera marcada el apetito por activos de riesgo, incluido el crédito argentino. Pero también hay un componente electoral que no estaba hace unos meses”, señaló el economista Javier Timerman, fundador de AdCap Grupo Financiero, conocedor de lo que miran en Wall Street.
Timerman, que la semana pasada siguió en Nueva York las presentaciones de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y que ajota está en París por la Argentina Week, señaló que la debilidad de los datos económicos de los últimos días se combina con una agenda política que volvió a dominar los titulares, y que eso obligó a Wall Street —que venía concentrado en las elecciones presidenciales de Brasil y de medio término en Estados Unidos— a “recalibrar su percepción sobre el riesgo electoral argentino”.
“Tanto en Nueva York como en París, el Gobierno dejó claro que no se desviará de la lucha contra la inflación. El escenario todavía es muy favorable para el oficialismo, pero el grado de optimismo se moderó significativamente respecto de los meses anteriores, con la caída de la actividad en ciertos sectores, y eso es lo que reflejan los bonos”, dijo a .
En las últimas semanas se publicaron datos negativos de la economía argentina que son seguidos de cerca desde Nueva York, como la caída de 2,9% de la actividad económica en julio respecto de junio, el aumento de la pobreza –pasó de 28,2% a fines de 2025 a 32,3% en el primer semestre de este año–, una leve suba del desempleo y el pronóstico del JP Morgan de una contracción en el tercer trimestre, entre otros.
Respecto al factor externo que impacta en las posiciones argentinas, Fernando Losada, managing director en Oppenheimer & Co. y que cubre mercados emergentes globales para la empresa de servicios financieros, señaló que el aumento generalizado de rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano -a 10 años quedó en su mayor nivel en dos décadas- representa un shock negativo para todos los países periféricos.
“Más allá de alguna volatilidad temporal, la tendencia es hacia tasas de interés en Estados Unidos que van a mantenerse en niveles más altos. En el caso particular de la Argentina, el choque externo se combina con la incertidumbre electoral, que muy probablemente continúe en las próximas semanas o meses, sobre todo si las encuestas mostraran un escenario peleado para los comicios de 2027″, explicó a .
En una entrevista pregrabada, Caputo sostuvo este viernes en el cierre del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, que “una mitad” del alza del riesgo país es atribuible al contexto internacional que afecta a todos los países, “un shock externo bastante brutal en el que, en cualquier otro momento, la Argentina hubiera durado cinco minutos”.
Con una fuerte frase, Caputo también indicó que la otra mitad que explica el alza es propia del país: “Un temor a que vuelva el pasado, que generó un cierto temor a volver al infierno”.
“Habría que preguntarle al ministro por qué la Argentina ya caía antes de que arrancara el shock externo”, ironizó, tras escuchar a Caputo, un manager director de una firma global de banca de inversión y mercados de capitales con sede en Nueva York.
El impacto externo se explica en gran parte por la volatilidad del precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, que según los expertos mantiene abierta la incertidumbre sobre cuánto durará el elevado nivel de las tasas en Estados Unidos.
Por su parte, Martín Castellano, economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), una asociación global del sector financiero, remarcó que la incertidumbre sobre la Argentina se produce “por cierta anticipación en la discusión electoral” y “un contexto externo más desafiante” en las últimas semanas.
“En la Argentina el potencial para cambios bruscos es bastante más alto que en otros países de la región y los desafíos desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica siguen siendo mayores”, dijo Castellano, que esta semana estuvo en Buenos Aires junto a un grupo de más de diez inversores globales de Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Inglaterra y Canadá. También tuvieron un paso por Chile, y notaron que la polarización que existe en la Argentina “es mucho más marcada” que en el país vecino.
“Vimos al Gobierno muy compenetrado en reforzar los colchones de liquidez para generar confianza y, de este modo, apuntalar la actividad económica. Los inversores miran con mucho detalle los distintos instrumentos disponibles y particularmente las señales políticas de amplitud en la relación con sectores afines”, explicó el economista a .
En ese sentido, Castellano señaló que una “mayor persistencia y consistencia en la búsqueda de acuerdos con sectores comprometidos con mantener el rumbo actual de la política económica es clave para fortalecer la confianza y sostener el crecimiento”.
Justamente ese fue el principal foco al que apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el jueves pasado, cuando reconoció sus inquietudes por el crecimiento en la Argentina al advertir que debería “ampliarse” y que “se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”.
El economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y asesor de fondos de inversión, señaló en tanto que si bien no nota un “dramatismo” en Wall Street por la situación de la Argentina, dijo que “el mercado no estuvo particularmente impresionado” con los últimos indicadores económicos que surgieron desde Buenos Aires.
“Se escucha mucho de traders que por los títulos del Tesoro norteamericano u otros factores se superaron los límites que gatillan coberturas automáticas o que ponen incómodos a los administradores de riesgo. Los movimientos de precio de corto plazo son los que generan situaciones incómodas”, dijo a .
“Dicho eso, no todo está bien en la Argentina. La caída [del Gobierno] en las encuestas, si bien predecible y no particularmente fuerte, contribuye a aumentar el riesgo electoral. Mas allá de lo que aseguren los funcionarios de turno, la historia argentina no ayuda y lo que se ha visto en estos meses tampoco elimina las dudas. No es todo riesgo político o riesgo macro argentino, pero tampoco hay que minimizar la sensación de riesgo creciente que viene desde la Argentina”, añadió.
Un trader en Nueva York que sigue de cerca los vaivenes de la economía argentina también marcó el impacto del shock, aunque reconoció que “adicionalmente está el factor de las elecciones que le pega particularmente a la Argentina muy duro, mucho más que a otros países de la región por su historia”.
Uno de los consultados hizo notar que aún en la previa de los comicios presidenciales de este domingo en Brasil, que enfrenta a dos modelos opuestos como los de Luiz Inacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, el riesgo país se mantuvo estable en torno a los 170 puntos básicos, con una dinámica contenida a pesar de la fuerte polarización electoral.
“Cuando hay un cambio de signo político en la Casa Rosada es como borrón y cuenta nueva. Entonces, la incertidumbre sobre el rumbo económico es mucho más alta”, graficó el trader.
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POLITICA
Con la declaración de una médica, comenzaron las indagatorias por el Vacunatorio VIP

La causa por el Vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia de Covid 19, inició hoy la ronda de declaraciones indagatorias de 34 acusados por haber sido inoculados fuera de los criterios de prioridad vigentes. La médica Lucía Antolini fue la primera imputada en presentarse en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
La imputada llegó a media mañana a Comodoro Py 2002 para declarar y, según fuentes del caso, rechazó las acusaciones.
La ronda de citaciones fue dispuesta por la magistrada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entre los convocados figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; y el ex canciller Jorge Taiana.
Los beneficiarios de las dosis
Taiano solicitó las indagatorias al considerar que los beneficiarios de las dosis no tuvieron un rol pasivo. Según su dictamen, quienes accedieron a las vacunas contribuyeron de manera sustancial a la presunta maniobra, por lo que fueron imputados como partícipes necesarios del delito de peculado de bienes.
La figura penal apunta al desvío de recursos públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su custodia. Para la fiscalía, los acusados aceptaron la vacuna Sputnik V pese a que conocían que no pertenecían a los grupos prioritarios definidos en un período de disponibilidad limitada.

La investigación analiza la asignación de vacunas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, cuando el país atravesaba la primera etapa de la campaña de inmunización contra el coronavirus.
El caso se conoció en febrero de 2021, cuando trascendió que varias personas habían accedido a dosis mediante un circuito ajeno a los criterios establecidos para la campaña pública. La pesquisa identificó aplicaciones en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.
La repercusión política derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien también estuvo imputado en el expediente, pero murió en 2024 y su acción penal quedó extinguida.
La investigación inicial se concentró en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación irregular de las dosis. En ese tramo fueron procesados Marcelo Guille, ex secretario privado de González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, ex director ejecutivo del Hospital Posadas.
Duhalde, Verbitsky, Taiana y Valdés integran la lista de citados
Capuchetti citó al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa, Hilda González de Duhalde, y a Juliana y María Eva Duhalde. El matrimonio deberá concurrir el 4 de diciembre y sus hijas el 9 de ese mes. Cerrarán la ronda de indagatorias.
Entre los dirigentes convocados están Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La lista incluye, además, a la esposa de Carlos Zannini, Patricia Alsua, y al ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, Filomena Burgos.
También fueron llamados los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo y el productor cinematográfico Jorge Devoto.
Entre los empresarios citados figuran Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille.
El expediente comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2021 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar si González García favoreció a un grupo de personas con vacunas contra el Covid-19 que debían destinarse a los sectores priorizados.
Marijuan planteó que la maniobra podía constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público y remarcó que la asignación irregular pudo haber impedido el acceso a personas con mayor riesgo sanitario.
La convocatoria de Antolini abre ahora el cronograma de indagatorias, que alcanzará también a otros beneficiarios vinculados con vacunas asignadas al Hospital Posadas por presuntas afinidades personales, comerciales o compromisos con autoridades de la cartera sanitaria.
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