POLITICA
Para Carlos Presti, los dichos de Trump sobre un posible conflicto en Malvinas son “en busca de una solución pacífica”
En medio de los avances en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se refirió a la visita que realizó en los últimos días a Ushuaia y habló sobre los dichos de Donald Trump sobre un potencial conflicto por Malvinas.
El mandatario norteamericano advirtió en las últimas horas que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago sería “un desastre potencial”. En esa línea, el titular de la cartera de Defensa sostuvo: “Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”.
“Acá en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Milei, con el canciller, que son los responsables de toda la política exterior de la República, estarán ya pensándolo y analizándolo todas las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos hechos concretos que demuestran la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, agregó en diálogo con Radio Mitre.
Para Presti, el reclamo sobre las islas tiene un encuadre constitucional y una única vía posible. “Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, afirmó.
En ese marco, el ministro de Defensa encuadró la relación con Estados Unidos como un factor de posicionamiento regional, no como una modificación del reclamo soberano. Describió que Washington tiene “una preeminencia estratégica internacional” y que la Argentina busca consolidarse como el referente norteamericano en el Atlántico Sur. La alianza en materia de defensa, según el funcionario, permite al país equiparse y ganar capacidad operativa a escala hemisférica.
Sobre ese punto, Presti respondió también a las críticas del expresidente Alberto Fernández, quien aseguró que las Fuerzas Armadas están desarmadas. El ministro fue directo: “Ha sido totalmente desacertada esa apreciación, más viniendo de un expresidente que debe conocer a sus Fuerzas Armadas”. Sostuvo que los F-35 “no son obsoletos” y que 30 países en el mundo operan esa plataforma. “Por fin tenemos aviones supersónicos. Desde 2015 no contábamos con ellos, y ese deterioro del material viene de hace veinte, treinta, cuarenta años”, remarcó.
En cuanto a la Base Naval Integrada de Ushuaia, Presti confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027. “Esta es una obra estratégica que estaba pensada hace muchísimos años. Nunca se había invertido ni siquiera dado el contexto estratégico como para llevarla a cabo. El momento llegó después de cuarenta, cincuenta años”, afirmó. El proyecto contempla una inversión de USD 450 millones distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años, financiada íntegramente con fondos del Estado argentino, sin participación de organismos multilaterales ni de otros países.
Los recursos iniciales fueron asignados mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la misma noche de la cadena nacional presidencial. Esa partida habilita las licitaciones que se lanzarán antes de fin de año y cubre el arranque de obras tanto en Ushuaia como en la Antártida. El financiamiento restante quedará sujeto al Presupuesto 2027, cuya aprobación depende del Congreso y en el que el Ejecutivo proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para el proyecto.
La infraestructura contempla seis frentes de construcción: un muelle de 585 metros —el componente central—, obradores para el período invernal, un edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio, instalaciones de logística antártica y la relocalización de la base naval actual con viviendas para el personal. Los primeros 240 metros del muelle, suficientes para recibir embarcaciones de la División Patrulla Austral, se proyectan en un plazo de 18 meses desde el inicio efectivo. La finalización del conjunto se estima para 2029.
El objetivo declarado es que Ushuaia funcione como polo logístico del Atlántico Sur y puerta de entrada al continente antártico, articulado con la Base Antártica Conjunta Petrel. “El presidente me ha indicado expresamente poner máximo empeño en levantar nuestra base naval en Ushuaia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y fortaleza en el Atlántico Sur, integrar todos los medios y crear un polo logístico comercial para la proyección antártica e internacional”, explicó Presti.
Durante la visita a la capital fueguina, el ministro estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantuvo una reunión de una hora con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Presti describió el encuentro como de “buena recepción” y destacó que la necesidad de consolidar a Ushuaia como referente en el Atlántico Sur es “de interés de Tierra del Fuego, más allá de cuestiones partidarias”. Las autoridades provinciales respaldaron el proyecto y confirmaron su participación en el proceso de construcción. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada Argentina, que tiene previsto lanzar cinco licitaciones en simultáneo para los distintos componentes.
Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Armada Argentina
POLITICA
Malvinas: el Gobierno planea una reunión con bloques aliados para discutir el proyecto antes de su tratamiento en el Congreso
El Gobierno planea convocar a una reunión con bloques aliados y dialoguistas después de enviar al Congreso el paquete de medidas por Malvinas. La Casa Rosada quiere explicar los detalles de la iniciativa, escuchar propuestas y ordenar el recorrido parlamentario antes de avanzar con su tratamiento en Diputados.
En Nación anticipan que el encuentro se realizaría durante la próxima semana, una vez que el proyecto haya ingresado formalmente a la Cámara baja. La convocatoria buscará incluir a los principales espacios que habitualmente negocian con el oficialismo, entre ellos referentes del PRO, la UCR y bloques federales.
La decisión responde a una instrucción específica de Javier Milei. El Presidente pidió cuidar el vínculo con los aliados, evitar movimientos sorpresivos y transmitirles previamente los detalles del proyecto y de las medidas que pretende aplicar el Ejecutivo en torno al reclamo por las islas.
“Quiere que se trabaje bien y que no se los sorprenda”, sintetizan en el Gobierno. La orden es que el proceso avance de manera ordenada y sin generar fricciones innecesarias alrededor de un tema que la Casa Rosada pretende presentar como una política de Estado capaz de reunir apoyos transversales.
Ese criterio ya incidió en la última sesión de Diputados. En las conversaciones previas se evaluó la posibilidad de acelerar el paquete por Malvinas e intentar incorporarlo sobre tablas, pero la alternativa fue descartada para no incomodar a los sectores dialoguistas con una iniciativa cuyo texto definitivo todavía no conocían.
La estrategia contrasta con los choques que el oficialismo acumuló durante los últimos meses con antiguos socios parlamentarios. La oposición consiguió esta semana imponer emplazamientos en las discusiones por endeudamiento familiar y Discapacidad, con acompañamientos de sectores que en otras votaciones respaldaron al Gobierno.
En la Casa Rosada creen que Malvinas ofrece una oportunidad para recomponer esa dinámica. “No debería haber inconvenientes”, aseguran en el Ejecutivo sobre la aprobación del proyecto. El cálculo oficial es que los votos estarán y que existe margen para incorporar modificaciones que no alteren los objetivos centrales de la iniciativa.
POLITICA
El frente que Milei no logra cerrar: la emergencia en discapacidad tensiona a los aliados y condiciona las negociaciones del Gobierno
La política de discapacidad se convirtió en un frente de batalla recurrente para el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado, el oficialismo atravesó siete votaciones adversas en el Congreso −incluida la insistencia contra un veto presidencial−, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
El tema también genera cortocircuitos con aliados. Desde Pro y la UCR hasta gobernadores que suelen acompañar al oficialismo. Incluso la Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario de León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense.
Para la oposición es todo ganancia. No solo los aglutina cuando escasean temas en común, sino que quiebra la cohesión del gobierno con sus socios.
Quedó en evidencia esta semana en Diputados. Javier Milei venía de celebrar la centralidad que había adquirido su anuncio sobre la cuestión Malvinas, pero la oposición le marcó la cancha con una sesión para impulsar la discusión de una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.
Para desactivar la sesión, el oficialismo primero abrió el debate en comisiones y después intentó persuadir a aliados y gobernadores para que no dieran quorum. Pero frente a la inminencia de una derrota, los libertarios cambiaron de estrategia y terminaron por acompañar los emplazamientos impulsados por la oposición.
En LLA calificaron la jugada de “brillante”, al argumentar que consiguieron imponer el cronograma que habían promovido originalmente, además de excluir del debate los proyectos con costo fiscal.
“Votaron lo que Milei vetó”, replicó una diputada peronista.
No fue la primera vez que el Gobierno quedó en minoría por este tema. La emergencia fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, ninguno en contra y los libertarios ausentes.
Después del veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado completó el rechazo al veto con 63 votos contra siete.
En ese recorrido, sectores de Pro y la UCR que inicialmente habían acompañado al Gobierno se fueron desmarcando.
En diciembre hubo otro revés: Diputados rechazó un capítulo entero del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
La pelea judicial
El conflicto derivó después en la Justicia. A través del decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley de emergencia, pero suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con fuentes claras de financiamiento.
Familias y prestadores presentaron amparos y llegaron a solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la aplicación de sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
La disputa, sin embargo, continúa. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que todavía está pendiente el cumplimiento del artículo 13, que establece una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó contemplada en las actualizaciones por inflación.
También reclaman incorporar a la base del nomenclador −que fija y actualiza los honorarios de los prestadores de los servicios como transportistas, terapias y centros de día− alrededor de un 30% que, según sostienen, quedó pendiente durante los primeros meses sin indexación.
El Gobierno desconoce estos reclamos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada libertaria Silvana Giudici durante la última sesión y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Esa resolución establece que la ejecución de la ley “se encuentra en curso”. El oficialismo interpreta que la emergencia se está cumpliendo y que no corresponde prorrogarla; las familias, los prestadores y la oposición sostienen que los pagos todavía no fueron completados.
Aliados y gobernadores
Incluso Pro y la UCR reclamaron al Gobierno precisiones sobre los pagos pendientes. Los radicales le reprocharon al oficialismo el cambio de estrategia y no ocultaron su malestar por haber quedado descolocados frente a su acuerdo con la oposición.
Pro manifestó su malestar a través de un comunicado. Pidió públicamente un “cronograma claro de pago a los prestadores”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió el reclamo en el recinto.
También se desmarcaron gobernadores cuyos diputados suelen acompañar al Gobierno. Entre ellos, Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.
En los bloques provinciales explican que hay también un problema presupuestario: cuando las prestaciones no son cubiertas a nivel nacional, parte de esa demanda termina en hospitales e institutos provinciales. Para los gobernadores, por lo tanto, la discusión tiene un impacto directo sobre sus distritos.
Muchos gobernadores buscarán revalidar su mandato y no les hace gracia pagar el costo político del ajuste con el que Milei se vanagloria.
La causa Andis
Esta puja legislativa que derivó en los tribunales fue catalizada por otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga al poder por posible corrupción.
Ese expediente indaga sobre presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex-Andis, actualmente reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Es decir, mientras el Gobierno se negaba a cumplir con los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad fijados por la emergencia, la Justicia investigaba −e investiga− posibles maniobras de funcionarios para sobrefacturar y quedarse con un porcentaje de la diferencia.
Esta investigación salpica a la hermana del Presidente, así como a su círculo más cercano.
La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, víctima del atentado por el que está detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor de Milei. Beller sostiene que Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan y asegura que cuenta con grabaciones que lo prueban.
La declaración de Beller fue fijada para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. Es otro frente abierto del Gobierno en materia de discapacidad que podría complejizarse.
La causa comenzó a mediados del año pasado tras la filtración de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y hacía referencia a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
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POLITICA
Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo
Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.
El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.
Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.
El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.
Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial
El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.
El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.
La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.
Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.
La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.
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