POLITICA
La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.
Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.
La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.
En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.
Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.
La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.
La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.
Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.
El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Contraofensiva de Furlán
La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
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POLITICA
“Tiene que ser una base manejada por Argentina”: el intendente de Ushuaia respaldó el proyecto para operar hacia la Antártida
Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida. El proyecto de la Base Naval Integrada, previsto junto a la bahía de la ciudad, tiene el foco puesto en el financiamiento, su administración y el lugar que tendrá en la logística del Atlántico Sur y la economía fueguina.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, respaldó que el proyecto sea financiado y gestionado por el país. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero pasen por el Congreso.
La obra está prevista sobre la bahía de Ushuaia, cerca del aeropuerto y del centro urbano. Vuoto señaló que comenzó en 2022 y que los trabajos iniciales sobre el terreno llevaron el avance a 10%.
El funcionario remarcó que la iniciativa tuvo partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y empezó a ejecutarse durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo planteó que los recursos nacionales deben sostener la construcción y que cualquier aporte externo requiere control del Congreso de la Nación.
Una plataforma para las operaciones hacia la Antártida
La Base Naval Integrada permitiría ampliar las operaciones argentinas hacia la Antártida, donde la Armada Argentina ya abastece a las bases nacionales. Vuoto consideró que la nueva infraestructura podría recibir embarcaciones de gran porte, incluido el rompehielos Almirante Irízar, aunque no detalló las características técnicas proyectadas.
“La base es bienvenida”, afirmó el intendente. Su propuesta apunta a conformar en Ushuaia un polo logístico antártico que fortalezca la cadena de proveedores, los servicios portuarios y la industria naval fueguina.
La ciudad compite con Punta Arenas, en Chile, por la actividad vinculada con las operaciones antárticas. Vuoto vinculó esa competencia con la capacidad de ofrecer infraestructura y servicios: “Uno va a competir al mundo con capacidad logística”.
El nuevo emplazamiento también exigirá cambios en la organización urbana. Cabe destacar que la Armada Argentina opera hoy desde una base ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que la futura instalación requerirá definiciones sobre circulación, servicios y logística en las que participen la Nación, la provincia y el municipio.
Los tres niveles de gobierno integraron una mesa de discusión en la etapa inicial del proyecto. Sobre esto, Vuoto añadió que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar una mesa técnica para conocer las fases de inversión y sus consecuencias locales.
Malvinas, recursos del Atlántico Sur y control parlamentario
Vuoto vinculó la construcción de la base con el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, la defensa de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares.
En este sentido, afirmó que contar con un cuartel militar en la ciudad es “un deseo eterno para los fueguinos” y sostuvo que “la causa Malvinas nos debe unir a todos”. A su criterio, una mayor presencia logística puede acompañar la política de soberanía en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, cuestionó la posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas, a raíz de declaraciones previas del mandatario sobre Margaret Thatcher y el nacionalismo. “Milei termina siendo un accidente en la causa Malvinas”, sostuvo.
También mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prevé sanciones para las empresas que operen sin autorización argentina en áreas relacionadas con Malvinas. Para Vuoto, la discusión debe incluir la explotación de hidrocarburos, la pesca y las alianzas internacionales.
El jefe comunal afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas exploran el área Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas. Atribuyó a esos recursos un valor de USD 180 mil millones, aunque no presentó documentación para respaldar esa estimación.
Entre otras cosas, aseguró además que embarcaciones con permisos isleños extraen 260 mil toneladas anuales de pesca en aguas que consideró argentinas. Frente a esa situación, propuso revisar la estrategia internacional del país sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Las autoridades nacionales mencionaron una inversión de USD 500 millones para la base, según indicó el intendente, quien pidió precisar la composición del presupuesto y las etapas de ejecución. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero sean sometidos al Congreso.
La caída industrial y la búsqueda de nuevas actividades
La construcción de la base forma parte, para Vuoto, de una estrategia para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. El intendente sostuvo que la provincia perdió 10 mil puestos de trabajo industriales por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron a la producción local de equipos electrónicos.
“Hemos perdido diez mil puestos de trabajo”, afirmó. Y rechazó que la apertura comercial haya reducido los precios de los celulares y sostuvo que el contrabando pasó de representar 13% del mercado a ocupar 70%, sin precisar el período de comparación.
Vuoto defendió el régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, la norma buscó poblar la Patagonia y consolidar la presencia argentina en una región próxima a Malvinas y Chile.
El intendente expresó respaldo a nuevas inversiones y afirmó que Ushuaia recibiría favorablemente un polo de inteligencia artificial por las bajas temperaturas, los recursos de agua y la infraestructura portuaria. “Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”, concluyó.
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POLITICA
Se reactiva el juicio por la muerte del obispo Ponce de León y en la Iglesia piden “verdad y justicia”
El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.
Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.
La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.
Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.
“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.
“Pastor con olor a oveja”
“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.
“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.
Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.
En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.
Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
Súper Niño: proponen usar fondos viales rurales para atender obras hídricas ante el riesgo de inundaciones y crecidas
El bloque Unión y Libertad del Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para habilitar durante 180 días el uso de fondos viales rurales en obras hídricas urgentes. La iniciativa permitiría a los municipios reasignar hasta el 100% de esos recursos ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a una posible llegada del fenómeno de El Niño.
La propuesta fue impulsada por los senadores bonaerenses Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. El objetivo es dar a los intendentes una herramienta temporal para intervenir en zonas afectadas por anegamientos, con tareas de drenaje, limpieza de canales y reparación de infraestructura.
El texto plantea una modificación excepcional y acotada en el tiempo del esquema establecido por la Ley 13.010, que asigna los fondos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento, mejorado y perfilado de los caminos de tierra.
De aprobarse, los municipios de la provincia de Buenos Aires quedarían habilitados para utilizar esos recursos en obras consideradas críticas ante excesos de agua. El permiso tendría una vigencia de 180 días corridos y contemplaría la reasignación de hasta el 100% de los fondos viales rurales.
Entre las intervenciones previstas figuran el drenaje pluvial, el dragado y la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas y la compra de equipamiento destinado a responder ante emergencias hídricas.
Kikuchi sostuvo que las reglas actuales no se corresponden con la situación que podrían enfrentar los distritos. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, afirmó el legislador.
Según los fundamentos de la iniciativa, el mantenimiento de la red vial rural pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada. Desde el bloque consideran que la normativa vigente limita la respuesta de los gobiernos locales frente a fenómenos climáticos de gran impacto.
Vargas señaló que la propuesta no incluye partidas adicionales ni cambios tributarios. “No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, indicó.
El senador agregó que los intendentes conocen de cerca las necesidades de cada distrito y deben contar con margen para definir las prioridades frente a una emergencia. El proyecto busca mitigar posibles afectaciones sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y las comunidades del interior bonaerense.
La iniciativa deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo para reunir los respaldos necesarios en el Senado provincial.
Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que la influencia suele sentirse con mayor intensidad en el litoral y el noreste del país, regiones donde pueden darse períodos con más lluvias y tormentas de mayor intensidad.
Por su parte, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, alertó que las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos pueden exceder la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana y rural. También remarcó que las lluvias en el sur de Brasil inciden en los caudales de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, un factor relevante para las zonas cercanas a esas cuencas.
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