POLITICA
Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal
El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.
La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.
El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.
“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.
Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.
En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.
Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.
La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.
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POLITICA
Se reactiva el juicio por la muerte del obispo Ponce de León y en la Iglesia piden “verdad y justicia”
El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.
Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.
La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.
Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.
“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.
“Pastor con olor a oveja”
“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.
“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.
Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.
En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.
Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
Súper Niño: proponen usar fondos viales rurales para atender obras hídricas ante el riesgo de inundaciones y crecidas
El bloque Unión y Libertad del Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para habilitar durante 180 días el uso de fondos viales rurales en obras hídricas urgentes. La iniciativa permitiría a los municipios reasignar hasta el 100% de esos recursos ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a una posible llegada del fenómeno de El Niño.
La propuesta fue impulsada por los senadores bonaerenses Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. El objetivo es dar a los intendentes una herramienta temporal para intervenir en zonas afectadas por anegamientos, con tareas de drenaje, limpieza de canales y reparación de infraestructura.
El texto plantea una modificación excepcional y acotada en el tiempo del esquema establecido por la Ley 13.010, que asigna los fondos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento, mejorado y perfilado de los caminos de tierra.
De aprobarse, los municipios de la provincia de Buenos Aires quedarían habilitados para utilizar esos recursos en obras consideradas críticas ante excesos de agua. El permiso tendría una vigencia de 180 días corridos y contemplaría la reasignación de hasta el 100% de los fondos viales rurales.
Entre las intervenciones previstas figuran el drenaje pluvial, el dragado y la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas y la compra de equipamiento destinado a responder ante emergencias hídricas.
Kikuchi sostuvo que las reglas actuales no se corresponden con la situación que podrían enfrentar los distritos. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, afirmó el legislador.
Según los fundamentos de la iniciativa, el mantenimiento de la red vial rural pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada. Desde el bloque consideran que la normativa vigente limita la respuesta de los gobiernos locales frente a fenómenos climáticos de gran impacto.
Vargas señaló que la propuesta no incluye partidas adicionales ni cambios tributarios. “No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, indicó.
El senador agregó que los intendentes conocen de cerca las necesidades de cada distrito y deben contar con margen para definir las prioridades frente a una emergencia. El proyecto busca mitigar posibles afectaciones sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y las comunidades del interior bonaerense.
La iniciativa deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo para reunir los respaldos necesarios en el Senado provincial.
Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que la influencia suele sentirse con mayor intensidad en el litoral y el noreste del país, regiones donde pueden darse períodos con más lluvias y tormentas de mayor intensidad.
Por su parte, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, alertó que las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos pueden exceder la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana y rural. También remarcó que las lluvias en el sur de Brasil inciden en los caudales de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, un factor relevante para las zonas cercanas a esas cuencas.
Nature / Wildlife,Disasters / Accidents,South America / Central America
POLITICA
La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.
Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.
La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.
En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.
Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.
La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.
La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.
Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.
El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Contraofensiva de Furlán
La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
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