POLITICA
Comenzó el operativo Presupuesto 2027: Diego Santilli se reunió con gobernadores del norte para pedirles el apoyo
Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.
A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.
La actividad comenzó por la tarde en la Casa Rosada, cuando el funcionario nacional recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Fue un único encuentro que comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.
Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.
Aunque tienen origen peronista, Jaldo y Jalil son dos de los líderes provinciales que suelen acompañar las medidas que toma el presidente Javier Milei, con quien tienen una relación oscilante.
En tanto, Valdés es uno de los referentes del radicalismo y le ganó en el 2025 las elecciones a La Libertad Avanza, luego de que no se llegara a un acuerdo para competir juntos.
Por último, Sáenz pertenece a un espacio independiente que tiempo atrás estaba cerca del Frente Renovador de Sergio Massa, pero actualmente da señales contradictorias: este miércoles visitó la Casa Rosada, un día después de haberse sacado una foto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.
“Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”, comentó Jaldo a la salida.
El tucumano también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.
“Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.
“Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.
Por otra parte, reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal“.
“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos
Además, señaló que “concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.
“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias, pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.
El jueves por la mañana, Santilli continuará con la ronda de reuniones cuando reciba a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Quedó para la semana que viene la charla con el de Chaco, Leandro Zdero, que por cuestiones de agenda tuvo que postergar su viaje a Buenos Aires.
En esa oportunidad, serán tres encuentros por separado y se espera que en algunos de ellos también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
La Nación busca reactivar las conversaciones con las provincias en la previa de una etapa legislativa que será determinante para el oficialismo. El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora deberá negociar con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar su aprobación.
A pesar de que circuló que el texto se iba a enviar por la tarde, recién pasadas las 23:00 fue que la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, lo que generó la molestia de algunos aliados.
“Después quieren que los acompañemos. ¿Cómo puede ser que no nos lo pasen a los integrantes de la comisión en la que se va a tratar? Somos nosotros los que tenemos que poner la firma para el dictamen después“, protestó un legislador.
El Gobierno sostiene que la ley de gastos y recursos mantendrá como prioridad el superávit fiscal. Sin embargo, los gobernadores plantearon sus demandas sobre obras, transferencias, fondos para las provincias y programas que dependen de recursos nacionales.
En paralelo, Santilli intentará conseguir adhesiones para la reforma electoral. La eliminación de las PASO es uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza antes de que el calendario rumbo a los comicios de 2027 pase a ocupar la agenda política.
El oficialismo considera que las primarias implican un costo elevado para el Estado y extienden el período de campaña, mientras que parte de los mandatarios provinciales analiza cómo una eventual modificación del sistema puede afectar la definición de candidaturas y los acuerdos locales.
Aunque el Presupuesto y la reforma electoral concentrarán la atención de los encuentros, el Gobierno continúa trabajando también en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las islas Malvinas, que se enviará está semana.
El texto, que continúa en revisión, prevé endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en la Plataforma Continental y en el archipiélago.
La iniciativa todavía deberá ser discutida en el Congreso, donde el oficialismo buscará que los gobernadores y sus legisladores acompañen el debate. En ese contexto, la gira de Santilli por la agenda provincial apunta a ordenar apoyos para tres frentes que el Gobierno considera prioritarios: las cuentas públicas, la reforma política y el proyecto sobre Malvinas.
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POLITICA
La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM
La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.
El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.
La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.
“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el que el líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por actos de sabotaje e . Según confirmó su abogado defensor, Gustavo Franquet, el cómputo de la pena se realiza desde junio de 2025, momento en que el lonko fue detenido en El Bolsón.
En juicio abreviado, el acuerdo de condena se alcanzó tras una propuesta realizada por la fiscalía de Bariloche y semanas de negociaciones entre las partes, en las que intervino activamente el propio Jones Huala.
Como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir al condenado al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel. A esa cárcel chubutense fue trasladado Jones Huala a principios de julio de este año.
El punto central de la discusión radicó en la calificación legal de los hechos.
Hasta último momento, la fiscalía buscó que Jones Huala asumiera su responsabilidad bajo el artículo 210 bis del Código Penal (asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional o de estructura militar), con lo cual ofrecía una pena de 5 años y medio o la alternativa de ir a un juicio oral con una escala penal de entre 5 y 20 años de prisión.
Bajo esa acusación, la fiscalía también intentaba probar supuestas “ramificaciones internacionales” entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina.
Tanto Jones Huala como sus defensores rechazaron categóricamente esa figura. Finalmente, la acusación se readecuó al artículo 213 bis del Código Penal –que sanciona la mera pertenencia a una organización transitoria o permanente destinada a imponer sus ideas por la fuerza– conjuntamente con la apología del delito (artículo 213), acusación que dio origen a la causa a partir de la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria en una biblioteca de Bariloche.
De este modo, el dirigente mapuche asumió exclusivamente aquello que sostuvo públicamente de forma constante: que la RAM existió y que él fue integrante de la organización, sin que el acuerdo incluyera arrepentimientos, solicitudes de disculpas ni calificaciones adicionales.
Desde la Gremial de Abogados emitieron duros cuestionamientos al sistema judicial argentino y argumentaron las razones que llevaron a la aceptación de la condena.
A la hora de fundamentar la decisión de evitar el juicio oral por la imputación más grave, advirtieron sobre el riesgo de enfrentar penas considerablemente más altas: “No estábamos en condiciones de decirle, y no le dijimos: ‘Jugate 10 o 12 o 15 años de tu vida a que podés ganar el juicio’”.
A lo largo del proceso, la defensa venía denunciando la falta de imparcialidad en el fuero federal, remarcando que “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”.
Finalmente, respecto a la postura adoptada por el líder mapuche en la causa, concluyeron: “Facundo siempre aceptó y asumió ser de la RAM, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste”.
En febrero de 2025, Jones Huala presentó su libro en una biblioteca de Bariloche y reivindicó los sabotajes mapuches. Además de subrayar que la RAM existe y “es el sector más autonomista del movimiento mapuche”, Jones Huala afirmó que reivindica la liberación nacional “e incluso la lucha armada”.
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POLITICA
Un abogado ambientalista anticipó embargos contra Sea Lion en Malvinas: “Sin financiamiento no hay proyecto”
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.
El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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