El rectángulo que encierra las más de 30 hectáreas de poder político en la residencia de Olivos vive horas de transformaciones. En ese ámbito, bajo una arboleda añeja, los efectivos de la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, vieron crecer ampliamente sus atribuciones sobre lo que ocurre entre los muros de la residencia. Y, a la vez, se echó a parte del personal por la convicción del Gobierno de que hubo “filtraciones” sobre la información interna.

Según comunicó el Gobierno, la Casa Militar tendrá a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”.

El objetivo expresado es “fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”. Sus atribuciones avanzan sobre áreas que antes tenía a cargo la Policía Federal.

En la quinta se distribuyen una serie de casas, pabellones y edificios anexos alrededor del chalet principal.

Históricamente trabajó en el predio una dotación de unas 90 personas con ingresos y egresos a diario, a raíz de su forma de trabajo temporal.

Los empleados se reparten con distintos turnos entre mozos, jardineros y personal de limpieza y administrativo, entre otros, según coincidieron en reconstruir dos fuentes consultadas por .

Además está el personal de la Casa Militar, que incluso ocupa una construcción de amplias dimensiones sobre el lateral de la avenida Maipú, donde descansan quienes cumplen sus turnos en el lugar.

El edificio, conocido como “la cuadra”, tiene un espacio para descansar y un amplio comedor.

Hasta ahora, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas. Hasta dónde llegarán las nuevas funciones es todavía un enigma, ya que las precisiones no fueron informadas.

Más allá de los miembros de la Casa Militar, en la quinta trabajan cuatro cocineros, cuatro o cinco mucamas, unos ocho mozos que van rotando por días y turnos, dos personas dedicadas a las tareas administrativas y una docena de empleados de mantenimiento, según estimó una fuente consultada. Jardinería y limpieza llevan tiempo tercerizadas.

En su comunicado, Balcarce 50 habló de 12 despidos, incluido el “intendente” del lugar, Osvaldo Javier Sosa.

Ante la consulta de , Rodolfo Aguiar, líder del gremio ATE, aseguró que “hasta ahora hay 14 cesantías” y que de ellas, diez son trabajadores contratados y cuatro pertenecen a planta permanente, las cuales están “con esperanza de reubicación, pero por ahora nos las dejan ingresar”.

Según describió, entre los cesanteados hay jardineros, administrativos, mozos, personal de limpieza y cocina, la los cuales ubicó, en sus respectivos trabajos, “sin contacto con el presidente”.

“Rechazamos cualquier tema de seguridad o acusaciones de espionaje, porque ni siquiera veían al presidente”, argumentó Aguiar.

Más allá de las filtraciones, en la Casa Rosada argumentaban que el “posicionamiento geopolítico” de la Argentina exigía reforzar las condiciones de seguridad y, en ese sentido, aludían a la información de que Hezbollah habría tenido como objetivo a Diego Kravetz, segundo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A las necesidades de seguridad sumaban la inminencia de la visita del Papa León XIV.

Las medidas

El Gobierno también disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo del intendente Sosa.

El cargo, conocido históricamente como “intendencia” de Olivos, siempre fue ocupado por personas de extrema confianza del Gobierno de turno.

Sosa llegó por ser cuñado de la subsecretaria de Planificación General Belén Agudez, del círculo más cercano de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con quien trabaja a diario en el primer piso de la Casa Rosada.

Esa cercanía y confianza hicieron que su separación fuera sorpresiva para gran parte de la administración libertaria.

“Históricamente fue la autoridad máxima del personal civil en el lugar”, la definió una fuente.

La importancia del papel del intendente dentro de Olivos tuvo una muestra unos dos años atrás. Fue cuando otro intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, fue citado a declarar en el marco de la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, al expresidente, Alberto Fernández.

Rodríguez, un polémico personaje que debió sortear excepciones para ser designado en el cargo, fue señalado por personal de la quinta como testigo de los hechos de violencia de Fernández contra Yañez. Ante la justicia, lo negó. Dijo que no le constaban hechos de violencia física del expresidente contra Yañez, pero sí aclaró que fue testigo de “agresiones verbales”.

La Casa Militar

La Casa Militar, creada en 1909, y en cabeza de Sebastián Ibáñez, desde 2024, por decisión de Karina Milei, depende de la Secretaría General de Presidencia.

Institucionalmente es definida como “el organismo de naturaleza militar encargado de garantizar la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente, de los exmandatarios y de sus familiares directos”.

“Casa Militar siempre se ocupó de la seguridad de los lugares y la Policía Federal de los traslados”, distinguió una voz conocedora de los distintos roles alrededor sobre el área.

El perímetro de la residencia de Olivos, delimitado por las calles Carlos Villate, Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver, es responsabilidad de la Policía Federal Argentina (PFA).

La PFA también tiene a su cargo la responsabilidad de los traslados de los mandatarios y todo lo que sucede entre las rejas de Casa Rosada y las puertas de madera del edificio, donde empieza la responsabilidad de la Casa Militar.

De las rejas para afuera, la seguridad está en manos de la Policía de la Ciudad. Así coexiste un entramado de responsabilidades que muchos definen como “insólito”.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.

El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.

La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.

Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.

Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.

El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.

En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.

Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.

El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.

Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.

Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.

Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.

Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.