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INTERNACIONAL

ONU alerta en Honduras por un posible estado de excepción y la eventual declaración de estructuras criminales como terroristas

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La advertencia surge luego de que distintas autoridades hondureñas plantearan la posibilidad de establecer un estado de excepción focalizado en determinados territorios y analizaran la eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas, medidas que podrían implicar restricciones extraordinarias y cambios en la respuesta penal frente a estos grupos.

En un pronunciamiento, la OACNUDH manifestó su preocupación por los anuncios y reconoció, al mismo tiempo, la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta la población hondureña. La Oficina señaló que fenómenos como la violencia criminal, las extorsiones, los homicidios y los desplazamientos forzados internos continúan afectando de manera significativa los derechos de las personas.

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Ante este escenario, el organismo de Naciones Unidas recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, investigar los delitos, identificar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

La Oficina subrayó que la gravedad de los desafíos de seguridad no elimina las obligaciones que Honduras mantiene en materia de protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, sostuvo que las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad deben diseñarse e implementarse bajo los estándares establecidos por el derecho internacional.

La Oficina de Naciones Unidas recordó que cualquier medida extraordinaria de seguridad debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. (Foto: Cortesía / Archivo)

“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos”, afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH.

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El representante de la Oficina hizo énfasis de esta manera en que la protección de los derechos humanos y las políticas de seguridad no deben entenderse como objetivos contradictorios, sino como elementos que deben avanzar de manera conjunta frente a los problemas de criminalidad y violencia.

Respecto de un eventual estado de excepción, la OACNUDH recordó que cualquier medida extraordinaria debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad.

Además, señaló que este tipo de decisiones deben contar con supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de evitar abusos y garantizar que las restricciones adoptadas respondan realmente a las circunstancias que las justifican.

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La eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas también generó observaciones por parte de la OACNUDH.  (FOTO: INP Honduras)

La Oficina indicó que la suspensión o restricción de derechos únicamente puede considerarse cuando resulte indispensable para hacer frente a circunstancias excepcionales y siempre debe estar acompañada de controles efectivos.

La preocupación del organismo se relaciona particularmente con la posibilidad de que las medidas extraordinarias de seguridad sean aplicadas de manera amplia o durante períodos que excedan las circunstancias que originalmente motivaron su adopción.

Por ello, la OACNUDH insistió en que cualquier decisión de esta naturaleza debe estar sustentada en un marco jurídico claro y sometida a mecanismos que permitan verificar su necesidad, alcance y duración.

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Otro de los puntos abordados por la Oficina fue la eventual decisión de declarar determinadas organizaciones criminales como asociaciones terroristas.

Sobre este tema, Naciones Unidas recordó que las definiciones de terrorismo deben ser precisas y no excesivamente amplias. Según la Oficina, conceptos imprecisos pueden abrir la puerta a interpretaciones que deriven en nuevas vulneraciones de derechos.

La violencia, las extorsiones, los homicidios y los desplazamientos forzados internos continúan representando desafíos para la seguridad y los derechos de la población hondureña. (Foto: Archivo)

La OACNUDH señaló que toda actuación estatal en materia penal debe respetar principios fundamentales como la legalidad penal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la responsabilidad individual.

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Esto implica que las personas investigadas o procesadas por su presunta vinculación con estructuras criminales deben responder de manera individual por los hechos que se les atribuyan, bajo procedimientos que garanticen sus derechos.

La Oficina también sostuvo que las estrategias destinadas a combatir a las estructuras criminales deben implementarse de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, incluso cuando se trate de organizaciones responsables de delitos graves que afectan a comunidades enteras.

Además de expresar sus preocupaciones, la Oficina exhortó al Estado de Honduras a continuar fortaleciendo una política integral de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.

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Naciones Unidas exhortó al Estado hondureño a fortalecer una política integral de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención, investigación criminal y protección de las víctimas. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

Entre las prioridades señaladas se encuentran la prevención de la violencia, una investigación criminal efectiva, la reducción de los niveles de impunidad, la protección de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas.

La OACNUDH sostuvo que una estrategia de seguridad sostenible requiere no solamente acciones contra quienes cometen delitos, sino también medidas destinadas a atender las condiciones que permiten la reproducción de la violencia y la criminalidad.

En ese sentido, el organismo de Naciones Unidas afirmó que los resultados duraderos en materia de seguridadsolamente pueden alcanzarse mediante reformas estructurales orientadas a reducir las desigualdades y fortalecer el Estado de derecho.

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La Oficina reiteró finalmente su disposición para continuar brindando asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño en el diseño e implementación de respuestas frente a la violencia y la criminalidad.

El pronunciamiento se produce mientras las autoridades hondureñas evalúan nuevas herramientas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en distintos territorios del país, en un contexto marcado por delitos como extorsiones, homicidios, desplazamientos internos y otras manifestaciones de violencia.

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El Gobierno de Guatemala reporta 21 capturas en Zacapa e Izabal durante los primeros tres días del Estado de Sitio

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala reportó 21 personas capturadas durante los primeros tres días del estado de sitio vigente en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el marco de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

El balance corresponde al período comprendido entre las 00:00 horas del 15 de noviembre y las 18:00 horas del 17 de noviembre, de acuerdo con el informe oficial difundido por la cartera de Gobernación.

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Del total de aprehensiones, 16 se efectuaron mediante órdenes judiciales y cinco en flagrancia. La distribución territorial muestra una mayor incidencia en Zacapa, con 14 capturas, 12 por orden de aprehensión y dos en flagrancia, mientras que en Izabal se registraron siete, cuatro con orden judicial y tres en flagrancia.

El reporte oficial no detalla los nombres de los detenidos ni los delitos que se les atribuyen, y tampoco establece si alguno de ellos guarda relación con los hechos de violencia que motivaron la declaratoria.

Resultados de los primeros tres días del Estado de Sitio en Zacapa e Izabal, Guatemala (PNCdeGuatemala)

Más de dos mil personas identificadas en los controles

Las fuerzas de seguridad identificaron a 2.500 personas durante los operativos desplegados en ambos departamentos y realizaron 1.721 consultas de solvencia.

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El reporte oficial detalla además la verificación de 1.211 vehículos y 648 motocicletas, así como la identificación de 14 armas de fuego en los puestos de control instalados en rutas consideradas estratégicas.

Las incautaciones materiales del período resultaron más acotadas que los registros de identificación. La PNC decomisó un arma de fuego y consignó un vehículo y siete motocicletas, según el desglose entregado por el Ministerio de Gobernación.

Los patrullajes y retenes forman parte del dispositivo de control territorial que las autoridades mantienen activo las 24 horas en los dos departamentos bajo régimen de excepción.

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Un decreto que habilita capturas y allanamientos sin orden judicial

Los operativos se ejecutan en cumplimiento del Decreto Gubernativo 8-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros el 14 de noviembre, con el que el Ejecutivo declaró el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal.

La norma suspende de forma temporal garantías constitucionales vinculadas con la libertad de circulación, el derecho de reunión y la exigencia de orden judicial previa para realizar capturas y allanamientos. También habilita controles sobre la circulación y estacionamiento de vehículos, y restricciones a la tenencia y portación de armas.

El Congreso de Guatemala ratificó la medida este martes mediante el Decreto 29-2026, aprobado con 147 votos a favor, y amplió sus alcances al facultar al Ministerio de la Defensa Nacional, al Ministerio de Gobernación y a la PNC para asumir el control de los centros penitenciarios del país.

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El sistema carcelario guatemalteco cuenta con 22 cárceles y más de 24,000 personas detenidas o condenadas. El pleno legislativo descartó, en cambio, una propuesta para incluir al departamento de Huehuetenango dentro de las zonas bajo estado de sitio, enmienda que obtuvo 41 votos y no alcanzó el respaldo necesario.

Durante el debate, varios diputados cuestionaron que el Ejecutivo hubiera emitido la medida 48 días después de los asesinatos en Huité. El legislador Christian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sostuvo que la violencia afecta también a otras zonas, como la zona 18 de la capital, Villa Nueva y Escuintla.

El jefe de bancada Valor, Elmer Palencia, afirmó que el problema de seguridad trasciende Zacapa e Izabal y mencionó la fuga de 20 líderes de la pandilla Mara 18.

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El origen de la medida de excepción

El Gobierno justificó la declaratoria del estado de sitio tras una sucesión de ataques armados en el oriente del país que dejó al menos una veintena de muertos.

Entre los hechos que motivaron la decisión figura la masacre registrada el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas fueron asesinadas en circunstancias que las autoridades aún investigan, y el ataque armado del 6 de noviembre en Río Hondo, en el que murió el diputado Julio César Portillo.

Las autoridades atribuyen la escalada de violencia a organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que disputan el control territorial y las rutas de traslado de droga en la región. La medida coincide además con la designación de estructuras criminales guatemaltecas por parte de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, señaladas de brindar soporte logístico al narcotráfico mexicano.

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El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), anticipó el voto favorable de su bancada al decreto, aunque advirtió que la militarización temporal no resolverá el problema de fondo sin una política de seguridad definida.

“Se necesitan resultados reales”, sostuvo Chic, quien señaló que, si no se debilitan las estructuras criminales, estas podrían retomar sus actividades una vez que concluya el período de excepción.

Ejército de Guatemala,paracaidistas,despliegue militar,camiones militares

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Far-left groups cheer Mamdani for disbanding elite NYPD protest team

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Far-left radical groups, including some within tech tycoon Neville Roy Singham’s pro-CCP network, are cheering New York City Mayor Zohran Mamdani’s decision to dissolve an elite NYPD unit responsible for handling protests.

After Mamdani announced Monday morning that he would disband the elite police department’s Strategic Response Group, applause came in rapid succession from nonprofit organizations that regularly mobilize protests of ICE, Israel, capitalism and America in general.

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«The mass movement has won the disbanding of NYPD’s Strategic Response Group — but the fight continues,» the Party for Socialism and Liberation posted to X following the announcement.

MAMDANI PREPARES TO FULFILL PROMISE TO AXE NYPD UNIT RESPONSIBLE FOR CONTROLLING PROTEST VIOLENCE

«For everyone who has been kettled, beaten, pepper-sprayed or dragged onto a bus by the SRG, this is a real victory. But it was not handed down from City Hall. It was won by a mass movement that refused to let a campaign promise die quietly. The work of turning this victory into lasting change for working people is just beginning,» the post added.

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The Party for Socialism and Liberation is part of a protest network of activist groups tied to Singham, a Shanghai-based tech tycoon married to far-left CodePink co-founder Jodie Evans. A Digital analysis found that Singham funneled $278 million into six nonprofits, including $22.4 million to the People’s Forum, the Manhattan organizing hub that works closely with the Party for Socialism and Liberation on protests.

SHANGHAI-BASED TYCOON NEVILLE ROY SINGHAM’S ‘SQUAD,’ BERNIE SANDERS DONATIONS RESURFACE

Digital has witnessed protest foot soldiers and field marshals from the Party for Socialism and Liberation enter and leave the People’s Forum headquarters on W. 37th Street, their signs, wagons and loudspeakers in tow.

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The Party for Socialism and Liberation also shares leadership with Singham-funded groups. Claudia De la Cruz, a 2024 presidential candidate for the Party for Socialism and Liberation leader, was on the People’s Forum’s founding board alongside Evans.

Longtime organizer Brian Becker, a self-described communist, helped build the People’s Forum into a base for the Party for Socialism and Liberation and the ANSWER Coalition, and his son, Ben Becker, is editor-in-chief of the Singham-funded BreakThrough News, which also shares a home at the People’s Forum headquarters on W. 37th Street.

SINGHAM-BACKED, PRO-CHINA GROUP DROPS HUGE SUM ON MANHATTAN HQ AS FEDS PROBE SHADOWY NETWORK

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By early morning, self-declared Marxist influencer and Twitch streamer Hasan Piker weighed in, saying he was «glad» the unit had been disbanded.

At 11:16 a.m., Piker posted a response to Mamdani’s message, skipping capitalizations as he wrote: «one of the hardest problems for NYC mayor is police reform. The SRG is a ‘counter terrorism’ unit that has primarily been deployed on protestors. glad the mayor is moving on this promise to disband.»

HASAN PIKER NAMES PRO-CCP TYCOON SINGHAM AS FINANCIER OF ‘POLITICAL MOVEMENTS’ DESPITE NONPROFIT VENEER

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By the afternoon, at 2:55 p.m., Nerdeen Kiswani, an anti-Israel activist who founded the organization Within Our Lifetime, responded to the announcement by calling for consequences for NYPD officers who subdued protests, while saying the disbanding is «overdue and welcome news» in a post on X.

«The settlement gave us a way to challenge the NYPD when it violated protesters’ rights, and officers violated it anyway,» Kiswani wrote. «The limits Mamdani announced today give us more specific rules to point to when we challenge police conduct. We’ll see whether the NYPD actually follows them when we’re back in the streets, especially when we’re protesting something the people in power would rather we stay quiet about.»

Mamdani previously joined Kiswani in an anti-Israel protest, where calls to «globalize the intifada» rang out from the protesters in the crowd. Within Our Lifetime is not a registered nonprofit, so its tax filings and funding aren’t available to the public. Digital hasn’t identified any direct ties to the Singham network aside from joining member groups in demonstrations.

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Mamdani’s announcement fulfilled a campaign promise he made to disband the group. While the Party for Socialism and Liberation says «the mass movement has won,» it’s unclear whether the organization had any impact on the mayor’s decision.

MAMDANI GUTS ELITE NYPD TACTICAL UNIT, BACKS ‘CIVILIAN-LED APPROACH’ TO RESPONDING TO PROTESTS

«New Yorkers exercising their constitutional right to protest should not be met with the same police response as a terrorism threat,» Mamdani told reporters in a news conference announcing the changes. «We are establishing a new, civilian-led approach that prioritizes dialogue, engagement and de-escalation.»

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Former NYPD officers weighed in on Mamdani’s decision, saying the move would empower criminals and promote anarchy.

POLICE GROUPS CONDEMN MAMDANI OVER AXING ELITE NYPD UNIT

«I think it’s one more step towards emboldening the criminals, emboldening the anarchists and emboldening the terrorists,» said James Gagliano, a retired FBI supervisory special agent and contributor who spent years working alongside the NYPD.

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«New Yorkers exercising their constitutional right to protest should not be met with the same police response as a terrorism threat,» Mamdani told reporters in a news conference announcing the changes. «We are establishing a new, civilian-led approach that prioritizes dialogue, engagement and de-escalation.»

Mamdani said the disbanding of the NYPD unit would be replaced with split responsibility between a civilian-led division and new police units.

politics, zohran mamdani, new york city, us protests, rise of socialism, hasan piker, controversies state and local

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INTERNACIONAL

Industriales uruguayos reclamaron por costos de energía y advirtieron: “Nos acostumbramos a ver cerrar fábricas”

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La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) celebró su aniversario con reclamos al gobierno por los altos costos de la energía en el país, los cierres de fábricas y la necesidad de mejorar las políticas públicas. El Poder Ejecutivo respondió señalando que sus decisiones buscan promover la competitividad del sector y la apertura de nuevos mercados.

“Nos hemos acostumbrado a ver cerrar fábricas, a desperdiciar capacidades técnicas e industriales y a consolarnos con la idea de que así es el mundo moderno”, declaró el presidente de la CIU, Leonardo García, según la crónica que publicó El País sobre el evento.

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Uno de los reclamos estuvo enfocado en el conflicto sindical en la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo, que tuvo más de 40 días de paralizaciones durante las negociaciones del convenio colectivo. “No se puede permitir que lo que pasó en el puerto vuelva a ocurrir”, señaló García en su discurso.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona (Martin Cerchiari - Presidencia)

“Después, cuando una empresa cierra y decide instalarse en otro país de la región, nos sorprendemos o decimos que era de esperar”, expresó el representante de los empresarios. García criticó que “pareciera que lo único importante es que haya un preaviso”, en referencia a una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que las empresas tengan que avisar previamente cuando vayan a realizar despidos masivos.

El sector industrial está “estancado”, según la CIU. Los problemas de competitividad del país son el principal obstáculo identificado por los actores del sector. “La incidencia de la industria manufacturera realmente está estancada”, dijo.

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Respecto a los costos de la energía, los industriales plantearon: “Si a toda la industria se le ofrecieran los costos de energía que se están negociando para determinados proyectos [extranjeros], algunos sectores podrían mejorar sustancialmente su competitividad”.

La multinacional japonesa Yazaki fue una de las industrias que cerró en Uruguay (Captura Canal 5)

Por otro lado, la CIU celebró el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida enviado por el gobierno al Parlamento. De todas maneras, en otra instancia esta gremial se había mostrado crítica con la propuesta porque flexibiliza la apertura del mercado a un segundo importador.

Este martes, García sostuvo que el desafío para los industriales es avanzar en la reducción de los costos estructurales del país, como las tarifas públicas, la energía, los combustibles y los costos logísticos internos. Señaló que están expectantes ante una propuesta del gobierno que abordaría estos asuntos.

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Otro reclamo de los industriales es por las compras públicas. Algunos organismos, planteó, “buscan la forma de favorecer a importadores, incluso cuando la industria nacional fabrica los productos demandados y puede competir”.

Aniversario 128 de la Cámara de Industrias (Martin Cerchiari - Presidencia)

“Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones y que las compras del Estado consideren el impacto total de sus decisiones”, expresó el presidente de la cámara.

“Sin una rentabilidad acorde con los riesgos que asume una industria, no vamos a conseguir más inversiones. No alcanza con que las empresas sobrevivan”, sostuvo.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, envió un mensaje por el aniversario de la CIU en el que reconoció a industriales, empresarios, trabajadores y técnicos del gobierno. El mandatario señaló que la fortaleza de este sector significa “más empleo, más oportunidades y más futuro” para la gente. “Cuenten con nuestro compromiso de seguir construyendo, juntos, un país que produzca, innove y crezca”, señaló Orsi.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, en el aniversario de la Cámara de Industrias (Martin Cerchiari - Presidencia)

El gobierno destacó, en este aniversario, las políticas públicas “robustas que potencian la productividad y la competitividad de la industria nacional”, según consignó Presidencia de la República en su página web.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, defendió el sistema de ajuste de los combustibles dispuesto por el gobierno, que permite tener una “gestión independiente” en un contexto de “vulnerabilidad geopolítica internacional”. Valoró que en los últimos cinco meses no hubo incrementos y que las decisiones sobre los precios no estuvieron directamente ligadas al aumento que se daba a nivel internacional.

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corresponsal: Desde Montevideo

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