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POLITICA

Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”

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La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.

En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.

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Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.

Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.

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El nomenclador, el principal eje del reclamo

El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.

Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.

El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.

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La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.

Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.

El Presupuesto 2027 plantea reemplazar las pensiones no contributivas por discapacidad por un esquema de pensión por invalidez laboral

El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.

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Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.

La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.

El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.

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Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones

Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.

Valentina Bassi advirtió que el Presupuesto 2027 modifica el sistema de discapacidad y afecta el acceso a prestaciones y apoyos (Infobae en Vivo)

La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.

Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.

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La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.

El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.

Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.

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El Presupuesto 2027 plantea reemplazar las pensiones no contributivas por discapacidad por un esquema de pensión por invalidez laboral

La emergencia y el debate en el Congreso

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.

Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.

También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.

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Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.

El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.

Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.

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Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.

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Diputadas de la UCR denuncian “adoctrinamiento” en una escuela de un pueblo de Formosa

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Dos diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.

En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.

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“¿Todos tienen guardapolvos? ¿Quién les mandó esos guardapolvos?”, les pregunta a los alumnos Gladys Esther González, la delegada zonal, que protagoniza el video difundido en redes sociales. Ante el silencio de los estudiantes, ella misma responde: “El Gobierno provincial”. Luego, les consulta a los niños el nombre del gobernador de Formosa. Solo algunos contestan y González vuelve a responder por ellos: “Gildo Insfrán”.

Denuncian adoctrinamiento en una escuela de Formosa: una delegada buscó que los alumnos reconocieran a Insfrán

“¿Qué más les mandó además de los guardapolvos? Zapatillas, los útiles… Eso no lo compré yo, no lo compró Benjamín [un docente parado a su derecha], no los compró la directora. Eso es una decisión política del señor gobernador, de mandarles para que ustedes a principio de año tuvieran útiles escolares, zapatillas y guardapolvo«, reforzó la delegada zonal.

Más adelante, González también vinculó el servicio de comedor escolar con el gobierno provincial. “¿Toman la leche aquí? ¿Y la comida?“, preguntó. Ambas interrogantes recibieron un ”sí“. ”¿Es riquísima, no? Me consta porque yo varias veces vine a comer acá. Y vine a tomar la leche también. Ese beneficio, ¿quién lo envía? Gildo Insfrán, el gobernador. Por supuesto. Quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente y emocionalmente», completó.

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Noticia en desarrollo.




Gildo Insfrán,Formosa,Conforme a

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Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia esta semana en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

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Este martes 22 de septiembre vence el plazo -que ya fue prorrogado anteriormente- para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial.

El exfuncionario debe responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que lo investiga, junto a su esposa Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni podría pedir una nueva prórroga.

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La fecha no es menor. El requerimiento original se computó en días hábiles, no corridos. El primer tramo venció el 1 de septiembre. El juez Ariel Lijo le concedió entonces otros 15 días hábiles, luego de que la defensa pidiera acceder a material vinculado al contratista Matías Tabar, testigo clave de las refacciones.

El expediente busca reconstruir el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la administración de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, día de su renuncia. Según el análisis técnico que respalda al fiscal, el grupo familiar tuvo ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia, de $43.068.549, es uno de los puntos que la fiscalía considera sin respaldo suficiente.

Matías Tabar, el arquitecto que comprometió a Manuel Adorni con su declaración, en competencias de atletismo y ciclismo. (Foto: captura Facebook @matiastabar)

A ese desajuste en pesos se suman gastos en dólares por US$402.578. El monto incluye la compra y la refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. El punto más sensible es el pago en efectivo de US$245.000 a Tabar por la remodelación de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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El cuestionario no se limita a esa casa de fin de semana. Pollicita también exige el origen de los dólares en efectivo declarados al rectificar las declaraciones juradas, la existencia real de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra del departamento de Miró 550, en Caballito y la operatoria con criptoactivos.

También el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas a ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no cierran con bancos ni tarjetas, deudas con el Banco Galicia y consumos de personas del entorno como adicionales de tarjetas del exfuncionario.

En las DDJJ rectificativas, Adorni consolidó un patrimonio declarado de $944,5 millones al cierre de 2025 e invocó ahorros y criptoactivos que no habían figurado en presentaciones anteriores. El fiscal no discute que esos bienes existan: pide trazabilidad.

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Viajes y deudas

Otro eje de la investigación son los viajes de Adorni. El grupo familiar viajó a distintos destinos y registró desembolsos tanto con tarjetas como en efectivo. Entre esos movimientos aparece un viaje a Aruba, con gastos por US$14.696.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti en una imagen de diciembre de 2023 (Foto: Instagram/@madorni/Archivo)
Manuel Adorni y Bettina Angeletti en una imagen de diciembre de 2023 (Foto: Instagram/@madorni/Archivo)

La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el tramo investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.

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Discapacidad: los cambios que reclaman Pro y la UCR, el punto que no quiere ceder Milei y el proyecto de la oposición

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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.

Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.

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Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto 2027 para convencer al equipo económico de que el plan original es difícil de sostener. Pretenden conseguir margen para negociar con Pro y la UCR.

Diego Santilli al llegar a la última reunión de Gabinete en Casa RosadaNicolás Suárez

La discusión corre ahora por dos carriles, aunque conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los aliados en Diputados, Menem y Santilli llevan la negociación hacia adentro del Gobierno. Economía ya fijó los límites presupuestarios; Salud y Legal y Técnica también intervienen en la letra chica.

El cronograma que se votó durante la última sesión en Diputados marca el ritmo del debate. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

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Los libertarios Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Alberto Benegas Lynch durante un plenario de comisiones en Diputados
Soledad Aznarez

Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza (LLA).

Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

“Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó a un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.

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Germán Martínez discute con Giudici durante la última reunión por discapacidad, cuando se conoció el Presupuesto 2027Soledad Aznarez

El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.

Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden establecer criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad.

Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.

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Javier Milei y Mario Lugones, el ministro de SaludIgnacio Amiconi –

La definición dependerá también de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. Su argumento será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto.

El objetivo, en otras palabras, es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.

La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente. O si toda la negociación terminará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.

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