¿Qué está pasando en América Latina? Yo diría que hay dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Por un lado, los votantes están reaccionando a su propia experiencia: años de bajo crecimiento, corrupción, inseguridad y gobiernos que prometieron mayor igualdad, pero que terminaron ofreciendo estancamiento y pobreza. Pero también puede haber un factor externo en juego: el desfinanciamiento de ONG y organizaciones de incidencia que ayudaron a sostener y amplificar agendas progresistas en toda la región ha despejado, en cierta medida, el ambiente y abierto más espacio para una conversación política y económica diferente.

¿Hay una decisión de Estados Unidos que esté cambiando el clima político de América Latina? Creo que sí. Me refiero a la transformación de la asistencia exterior estadounidense. A partir de 2025, la administración Trump emprendió una profunda reestructuración de USAID. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que aproximadamente el 83 por ciento de los programas de USAID serían eliminados después de una revisión destinada a determinar si contribuían a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Esta decisión, y las investigaciones que la siguieron, confirmaron algo que algunos de nosotros ya creíamos: que la política estadounidense de cooperación al desarrollo no era ideológicamente neutral. USAID y otros programas del gobierno de Estados Unidos financiaron explícitamente organizaciones de la sociedad civil e iniciativas asociadas con la agenda política progresista. Durante décadas, una parte de la sociedad civil latinoamericana se desarrolló alrededor de fondos internacionales, conferencias, consultorías, programas de investigación, organizaciones de incidencia y ONG. Esas instituciones ayudaron a determinar qué problemas recibían atención, qué lenguaje dominaba el debate público y qué políticas parecían respetables dentro de determinados círculos de élite.

Cuando ese financiamiento se reduce o casi desaparece, el equilibrio inevitablemente cambia. Esto no significa que USAID haya creado a la izquierda latinoamericana, ni que la eliminación de USAID haya producido el actual giro hacia la derecha. Esa explicación les restaría demasiada capacidad de decisión a los votantes latinoamericanos. Pero la desaparición de grandes cantidades de financiamiento externo puede haber debilitado una parte de la infraestructura intelectual que defendía los argumentos que marcaron buena parte de las últimas dos décadas: que la desigualdad era el principal problema de la región, que el Estado debía asumir un papel más importante para corregirla y que, de alguna manera, el crecimiento económico vendría después.

Déjenme explicarlo un poco más. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y alguna vez estuvo entre las sociedades más prósperas de América Latina. Después de años de nacionalizaciones, controles de precios, distorsiones cambiarias, destrucción institucional y corrupción, el país entró en uno de los colapsos económicos más severos experimentados por una nación fuera de un contexto de guerra. Cuba ofrece otra versión de la misma lección. El gobierno cubano informó en 2025 que la producción agrícola, ganadera y minera había caído más de un 53 por ciento en cinco años, mientras que la manufactura había disminuido un 23 por ciento. Su población vive con escasez de alimentos, combustible y medicinas, además de apagones que duran muchas horas cada día.

Perú es el ejemplo más reciente y quizá uno de los más claros. Keiko Fujimori asumió el poder el 28 de julio después de hacer campaña sobre seguridad ciudadana, inversión privada, estabilidad económica, derechos de propiedad, desregulación y una respuesta más firme frente al crimen. Pero Perú no es un caso aislado. En toda la región, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia han avanzado hacia gobiernos de derecha en los últimos años. La elección de Abelardo De La Espriella en Colombia, en junio, reforzó una tendencia que ya era visible en otros lugares. El Financial Times calculó recientemente que candidatos de derecha y centroderecha habían ganado 12 de las 15 elecciones presidenciales anteriores en América Latina.

La lección que está llegando a los votantes de todo el hemisferio es clara: no se puede derrotar la pobreza cuando una economía ha dejado de producir. Esa realidad ha creado una enorme apertura política para líderes dispuestos a hablar sin complejos sobre crecimiento.

Javier Milei entendió esto en Argentina. No hizo campaña prometiendo administrar el estancamiento de una manera más justa. Sostuvo que el estancamiento mismo era el enemigo. José Antonio Kast, en Chile, también ha colocado la inversión, la disciplina fiscal y la expansión económica en el centro de su agenda de gobierno. Bolivia, después de casi dos décadas dominadas por una agenda indigenista de izquierda y antiestadounidense, está considerando ahora reformas orientadas al mercado, diseñadas para atraer capital privado y reducir el control estatal sobre sectores estratégicos.

Perú tiene ahora la oportunidad de sumar otro modelo: un gobierno que demuestre que la estabilidad política, la inversión privada, la infraestructura, el empleo formal y la productividad no son conceptos económicos abstractos. El nuevo gobierno de Colombia enfrenta el mismo desafío en un contexto más estable. Y la próxima prueba llegará con las elecciones de Guatemala y, sobre todo, Brasil, cuyo tamaño e influencia hacen que su rumbo político sea especialmente determinante para la región.

Ganar elecciones frente a gobiernos de izquierda que han fracasado no es el único desafío. Gobernar mejor es mucho más difícil. La tarea, por lo tanto, va más allá de derrotar al socialismo: consiste en demostrar que la libertad económica funciona. Si los gobiernos promercado simplemente reemplazan a una élite política por otra, toleran la corrupción, debilitan las instituciones democráticas o no logran traducir la inversión en empleos y mejores niveles de vida, el péndulo terminará moviéndose de nuevo.

América Latina no necesita otro ciclo ideológico. Necesita crecimiento. Los líderes capaces de conseguirlo y de ofrecer resultados medibles pueden definir la política latinoamericana de la próxima generación.

*El autor es empresario, inversor, filántropo, y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Internacional de Florida (FIU)

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reconoció que el régimen desconoce el resultado de las transformaciones en marcha, definidas por las autoridades como el mayor proceso de reformas económicas desde la década de 1960. “No sabemos cuál será el resultado, pero tenemos que hacer algo para cambiar la realidad actual”, afirmó en una entrevista con el programa estadounidense Breaking Points, según informó CiberCuba, sitio de noticias cubano con sede en Miami.

El funcionario sostuvo que la isla atraviesa una modificación profunda de su estructura social y económica, con un papel más amplio para el mercado y las actividades privadas. Las medidas avanzan mientras persisten la inflación, los problemas de abastecimiento, el deterioro de los servicios públicos, la crisis energética y la emigración.

Fernández de Cossío explicó que las autoridades discutieron durante al menos 15 años la aplicación de cambios de este tipo. Según su versión, el régimen esperó condiciones más favorables para avanzar, aunque luego concluyó que ese escenario no llegaría. “Tenemos que hacerlo ahora”, señaló.

El paquete incluye 176 transformaciones para ampliar el espacio privado

En junio de 2026, el régimen aprobó 176 transformaciones económicas que contemplan una mayor flexibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. El programa también prevé la posible creación de instituciones financieras y casas de cambio privadas, además de inversiones extranjeras relacionadas con actores no estatales.

La iniciativa retoma debates iniciados durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 2011. En aquel encuentro se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, que propusieron una actualización del modelo mediante un espacio acotado para formas de gestión no estatales y mecanismos de mercado.

Varias de esas disposiciones tuvieron una aplicación parcial o quedaron pendientes y 15 años después, las autoridades cubanas buscan acelerar la apertura de actividades privadas sin alterar el control político del PCC sobre el proceso.

El dictador Miguel Díaz-Canel rechazó que las medidas representen una transición hacia el capitalismo. Según el político, el objetivo consiste en preservar el sistema socialista mediante instrumentos económicos distintos a los utilizados durante décadas. En julio, afirmó que el país debía avanzar hacia una forma propia de socialismo.

Díaz-Canel admitió inquietudes por los cambios

La expansión del mercado generó cuestionamientos en sectores vinculados a la dictadura. Militantes comunistas, dirigentes juveniles e intelectuales han expresado reparos por el crecimiento de la propiedad privada, la acumulación de capital y la posibilidad de que aumenten las desigualdades sociales.

Díaz-Canel admitió que existen preocupaciones por la concentración de riqueza, el crecimiento del capital privado y los riesgos de corrupción. También mencionó temores sobre una eventual privatización de empresas estatales y sobre el peso que podría adquirir el mercado en la vida económica de la isla.

Fernández de Cossío afirmó que personas con formación y posiciones relevantes en Cuba observan el proceso con preocupación. No obstante, señaló que, a su juicio, esos sectores comprenden que buscan responder a una realidad económica cada vez más compleja.

El viceministro presentó la supuesta apertura como una vía para modificar la situación interna y anticipó normas adicionales para dar mayor previsibilidad a los negocios. Además, sostuvo que las dificultades para ejecutar las reformas estuvieron condicionadas en parte por la política de Estados Unidos hacia la isla.

La dictadura cubana insiste en que las transformaciones económicas no responden a exigencias de Washington, sino a la necesidad de afrontar la crisis interna. Mientras prepara nueva legislación, el régimen mantiene abierta la principal incógnita sobre las reformas: cuál será el resultado de una apertura económica que promete ampliar el sector privado pero bajo la supervisión del Partico Comunista.

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Mía Dio, la representante de Cuba en Miss Universe 2026, denunció el aislamiento que atravesó la Isla de la Juventud tras la interrupción de sus servicios de telefonía e internet. En un video publicado en sus redes sociales, la joven afirmó que la incomunicación dejó a familias sin posibilidad de contactar a sus seres queridos y responsabilizó al régimen cubano por el deterioro de una infraestructura bajo control estatal.

Dio, quien compitió durante dos años en el certamen nacional como representante de ese municipio especial, sostuvo que su aspiración de llegar a Miss Universe no se basó en un mensaje vinculado con los estándares de belleza. “Cuba no necesita otra mujer que le demuestre al universo que las cubanas somos bellas. Lo que Cuba necesita es una voz”, afirmó.

La Miss Universe Cuba 2026 enfocó su mensaje en las dificultades de los habitantes de la Isla de la Juventud, un territorio separado geográficamente de la isla principal. La interrupción afectó el acceso a servicios móviles, datos e internet y limitó las llamadas de telefonía fija a comunicaciones locales.

“Hablar con tu mamá para preguntarle si está bien no es un lujo”

En su declaración, Dio puso el foco en el impacto humano de la interrupción. “Imagínate en esa situación, que quieres hablar con tu mamá y no puedes. Eso no es normal”, expresó.

La representante vinculó la falta de comunicaciones con un contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba. A su criterio, la posibilidad de llamar, enviar información o acceder a internet adquiere una dimensión mayor en un país donde los canales informativos están dominados por estructuras estatales.

“En Cuba, poder comunicarse significa algo mucho más. Significa darle la oportunidad, si no el derecho, al pueblo cubano, de contarle al mundo en su propia voz lo que están viviendo”, dijo.

Su denuncia se produjo después de que residentes de la Isla de la Juventud permanecieran durante varios días prácticamente aislados. La situación afectó a una población que ya enfrenta dificultades por la escasez de productos básicos, los cortes eléctricos y el deterioro de servicios públicos.

La denuncia contra las prioridades del régimen cubano

Dio cuestionó la explicación oficial que atribuye de forma recurrente las carencias internas al embargo de Estados Unidos. Reconoció que las sanciones estadounidenses tienen consecuencias sobre la economía cubana, pero afirmó que el régimen utiliza ese argumento para eludir responsabilidades por la gestión de recursos y servicios estratégicos.

La joven señaló que las normas estadounidenses prevén excepciones y autorizaciones para facilitar el flujo de información hacia Cuba, incluidos determinados equipos, servicios y tecnologías de telecomunicaciones. Por eso, afirmó que atribuir de forma exclusiva la crisis de conectividad al embargo “no cuenta la historia entera”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene autorizaciones para la exportación de determinados bienes y servicios de telecomunicaciones destinados a ampliar el acceso del pueblo cubano a las comunicaciones y al intercambio de información.

“Cuando miles de personas pueden quedar prácticamente incomunicadas con el resto del mundo, tenemos el derecho de preguntar cuáles fueron las prioridades”, sostuvo Dio.

La Isla de la Juventud y su distancia de los centros económicos

La Isla de la Juventud, conocida históricamente como Isla de Pinos, tuvo actividad agrícola, pesquera y minera, además de una economía asociada al turismo por sus playas y áreas naturales. Dio recordó esa historia para contrastarla con las dificultades actuales.

“La Isla de la Juventud tiene una población mucho menor y está físicamente separada de los centros económicos principales del país. Así que si Cuba está sufriendo, imagínate cómo se vive la escasez en una isla apartada de otra isla”, afirmó.

La representante cerró el video con un mensaje dirigido a los cubanos dentro y fuera del país. “Durante dos años llevé Isla de la Juventud sobre mi pecho. Hoy llevo Cuba. Por favor, no se olviden de Cuba, no se olviden de la Isla de la Juventud”, expresó.

Dio, de 25 años, se presenta como activista digital y ha señalado que buscará utilizar su participación internacional para visibilizar la situación de derechos humanos en Cuba.

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