INTERNACIONAL
América Latina después de USAID: una nueva batalla de ideas
¿Qué está pasando en América Latina? Yo diría que hay dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Por un lado, los votantes están reaccionando a su propia experiencia: años de bajo crecimiento, corrupción, inseguridad y gobiernos que prometieron mayor igualdad, pero que terminaron ofreciendo estancamiento y pobreza. Pero también puede haber un factor externo en juego: el desfinanciamiento de ONG y organizaciones de incidencia que ayudaron a sostener y amplificar agendas progresistas en toda la región ha despejado, en cierta medida, el ambiente y abierto más espacio para una conversación política y económica diferente.
¿Hay una decisión de Estados Unidos que esté cambiando el clima político de América Latina? Creo que sí. Me refiero a la transformación de la asistencia exterior estadounidense. A partir de 2025, la administración Trump emprendió una profunda reestructuración de USAID. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que aproximadamente el 83 por ciento de los programas de USAID serían eliminados después de una revisión destinada a determinar si contribuían a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Esta decisión, y las investigaciones que la siguieron, confirmaron algo que algunos de nosotros ya creíamos: que la política estadounidense de cooperación al desarrollo no era ideológicamente neutral. USAID y otros programas del gobierno de Estados Unidos financiaron explícitamente organizaciones de la sociedad civil e iniciativas asociadas con la agenda política progresista. Durante décadas, una parte de la sociedad civil latinoamericana se desarrolló alrededor de fondos internacionales, conferencias, consultorías, programas de investigación, organizaciones de incidencia y ONG. Esas instituciones ayudaron a determinar qué problemas recibían atención, qué lenguaje dominaba el debate público y qué políticas parecían respetables dentro de determinados círculos de élite.
Cuando ese financiamiento se reduce o casi desaparece, el equilibrio inevitablemente cambia. Esto no significa que USAID haya creado a la izquierda latinoamericana, ni que la eliminación de USAID haya producido el actual giro hacia la derecha. Esa explicación les restaría demasiada capacidad de decisión a los votantes latinoamericanos. Pero la desaparición de grandes cantidades de financiamiento externo puede haber debilitado una parte de la infraestructura intelectual que defendía los argumentos que marcaron buena parte de las últimas dos décadas: que la desigualdad era el principal problema de la región, que el Estado debía asumir un papel más importante para corregirla y que, de alguna manera, el crecimiento económico vendría después.
Déjenme explicarlo un poco más. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y alguna vez estuvo entre las sociedades más prósperas de América Latina. Después de años de nacionalizaciones, controles de precios, distorsiones cambiarias, destrucción institucional y corrupción, el país entró en uno de los colapsos económicos más severos experimentados por una nación fuera de un contexto de guerra. Cuba ofrece otra versión de la misma lección. El gobierno cubano informó en 2025 que la producción agrícola, ganadera y minera había caído más de un 53 por ciento en cinco años, mientras que la manufactura había disminuido un 23 por ciento. Su población vive con escasez de alimentos, combustible y medicinas, además de apagones que duran muchas horas cada día.
Perú es el ejemplo más reciente y quizá uno de los más claros. Keiko Fujimori asumió el poder el 28 de julio después de hacer campaña sobre seguridad ciudadana, inversión privada, estabilidad económica, derechos de propiedad, desregulación y una respuesta más firme frente al crimen. Pero Perú no es un caso aislado. En toda la región, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia han avanzado hacia gobiernos de derecha en los últimos años. La elección de Abelardo De La Espriella en Colombia, en junio, reforzó una tendencia que ya era visible en otros lugares. El Financial Times calculó recientemente que candidatos de derecha y centroderecha habían ganado 12 de las 15 elecciones presidenciales anteriores en América Latina.
La lección que está llegando a los votantes de todo el hemisferio es clara: no se puede derrotar la pobreza cuando una economía ha dejado de producir. Esa realidad ha creado una enorme apertura política para líderes dispuestos a hablar sin complejos sobre crecimiento.
Javier Milei entendió esto en Argentina. No hizo campaña prometiendo administrar el estancamiento de una manera más justa. Sostuvo que el estancamiento mismo era el enemigo. José Antonio Kast, en Chile, también ha colocado la inversión, la disciplina fiscal y la expansión económica en el centro de su agenda de gobierno. Bolivia, después de casi dos décadas dominadas por una agenda indigenista de izquierda y antiestadounidense, está considerando ahora reformas orientadas al mercado, diseñadas para atraer capital privado y reducir el control estatal sobre sectores estratégicos.
Perú tiene ahora la oportunidad de sumar otro modelo: un gobierno que demuestre que la estabilidad política, la inversión privada, la infraestructura, el empleo formal y la productividad no son conceptos económicos abstractos. El nuevo gobierno de Colombia enfrenta el mismo desafío en un contexto más estable. Y la próxima prueba llegará con las elecciones de Guatemala y, sobre todo, Brasil, cuyo tamaño e influencia hacen que su rumbo político sea especialmente determinante para la región.
Ganar elecciones frente a gobiernos de izquierda que han fracasado no es el único desafío. Gobernar mejor es mucho más difícil. La tarea, por lo tanto, va más allá de derrotar al socialismo: consiste en demostrar que la libertad económica funciona. Si los gobiernos promercado simplemente reemplazan a una élite política por otra, toleran la corrupción, debilitan las instituciones democráticas o no logran traducir la inversión en empleos y mejores niveles de vida, el péndulo terminará moviéndose de nuevo.
América Latina no necesita otro ciclo ideológico. Necesita crecimiento. Los líderes capaces de conseguirlo y de ofrecer resultados medibles pueden definir la política latinoamericana de la próxima generación.
*El autor es empresario, inversor, filántropo, y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Internacional de Florida (FIU)
INTERNACIONAL
Aduanas encuentra miles de pastillas de Viagra sin registro sanitario en pleno Casco Antiguo de Panamá
Las llamadas pastillas azules, utilizadas para tratar la disfunción eréctil, aparecieron entre las mercancías incautadas durante un allanamiento en el corregimiento de San Felipe, en la capital panameña.
Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas encontraron miles de comprimidos de sildenafil de 50 miligramos, sin registro sanitario, junto con cigarrillos valorados en aproximadamente USD 18.000, en un depósito destinado al almacenamiento y distribución de productos.
El sildenafil es el principio activo del medicamento comercializado originalmente bajo la marca Viagra, conocido popularmente como la pastilla azul por su presentación más reconocida.
Se utiliza para tratar problemas de erección, pero su consumo requiere precauciones médicas debido a posibles efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos, especialmente entre pacientes con enfermedades cardiovasculares.
El peligro aumenta cuando estos productos carecen de registro sanitario, porque no se ha acreditado ante la autoridad reguladora nacional que cumplan los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.
Además, en los medicamentos de procedencia desconocida no puede darse por garantizada la concentración del principio activo, las condiciones de fabricación ni la ausencia de sustancias contaminantes.
Uno de los riesgos más graves del sildenafil es su interacción con medicamentos que contienen nitratos, utilizados para tratar determinadas afecciones cardíacas, como la angina de pecho.
Esta combinación puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial. También pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, alteraciones visuales y erecciones prolongadas que requieren atención médica urgente.
El Ministerio de Salud de Panamá ya había advertido sobre estos peligros en 2019, cuando decomisó 18.000 tabletas de sildenafil y 8.000 unidades en gel sin autorización sanitaria, procedentes de la India.
En aquella ocasión, las autoridades recomendaron evitar medicamentos de origen dudoso y recordaron que su utilización sin supervisión puede comprometer la salud.
En el caso más reciente, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) realizó el allanamiento en un inmueble de San Felipe, corregimiento donde se encuentra el Casco Antiguo de la ciudad.
Los inspectores actuaron con apoyo de la Policía Nacional, pero no hubo personas aprehendidas, debido a que el depósito estaba desocupado durante la diligencia.
La mercancía fue trasladada a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para continuar los procedimientos legales y las investigaciones. La institución no precisó cuántas pastillas fueron encontradas, su procedencia ni su valor comercial, mientras la incautación de cigarrillos fue estimada en USD 18.000.
El contrabando de tabaco representa uno de los principales problemas del comercio ilícito panameño. Según cifras divulgadas por Aduanas, durante 2025 se incautaron cigarrillos por un valor aduanal de USD 8,5 millones.
Al sumar operaciones coordinadas con otras instituciones, el valor de las retenciones superó los USD 14,3 millones, equivalentes a aproximadamente 19,7 millones de unidades.
La magnitud del fenómeno también aparece en un estudio publicado en 2026 por investigadores de la Universidad de Panamá, que cita estimaciones de Nielsen correspondientes a 2024. Según esos datos, el 96,2% del consumo nacional de cigarrillos procedía del mercado ilícito, una proporción que evidencia las dificultades para controlar su distribución.
La Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá estima que las pérdidas fiscales asociadas al contrabando de cigarrillos superan los USD 100 millones anuales. Esta cifra corresponde a una estimación del sector y no a una recaudación oficialmente auditada, pero permite dimensionar el impacto económico atribuido a la comercialización irregular de productos de tabaco.
El decomiso en San Felipe ocurrió durante el operativo “Navidad sin Contrabando”, iniciado el 1 de noviembre para intensificar las inspecciones en comercios, depósitos y puestos de control. La iniciativa busca combatir el contrabando, la falsificación y la defraudación fiscal aduanera durante una temporada caracterizada por mayor movimiento comercial.
En la campaña navideña de 2025, Aduanas reportó 146 casos y mercancías de contrabando valoradas en USD 1,75 millones. También informó sobre productos falsificados por USD 489.470 y USD 355.530 en dinero no declarado por viajeros que ingresaron al país entre octubre y diciembre.
Bajo el lema “Esta Navidad, que tu regalo sea legal”, la entidad recomienda conservar las facturas que acrediten la procedencia de las compras para facilitar las verificaciones. Las denuncias pueden presentarse mediante el correo denuncias@ana.gob.pa o la línea 311, mientras continúan los controles en diferentes regiones del país.
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INTERNACIONAL
Durante la vigilia en el Estadio Centenario, León XIV advirtió que la fe “dejó de transmitirse” y animó a los fieles uruguayos a seguir el Evangelio
El Estadio Centenario —monumento al fútbol mundial— abrazó al papa León XIV en su segundo día en el país más laico del continente.
“¡Papa, León, te queremos un montón!”, fue el grito de bienvenida de los uruguayos. Lo coreaban mientras el pontífice recorría en su papamóvil las tribunas de la cancha.
El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, aprovechó el lugar de la vigilia para hacer una metáfora futbolera. “Tener al papa entre nosotros es un golazo”, dijo.
La celebración comenzó con la actuación de Lucas Sugo, un popular artista uruguayo. Fue un momento emotivo de la ceremonia: hace poco falleció una hija suya. Todo el escenario lo ovacionó.
“Queridos hermanos y hermanas, querido Uruguay, buenas noches”, dijo León XIV al comenzar su homilía. Su saludo despertó a la multitud, que otra vez coreó su nombre.
En su prédica, el papa alzó la voz para animar al público. “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen”, arengó.
La secularización de Uruguay, en el mensaje central
Durante sus homilías, el papa ha demostrado el conocimiento que tiene de Uruguay.
En su discurso inicial, ante el presidente Yamandú Orsi, habló del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Usó su figura como hilo conductor para hablar de la familia, el trabajo y los cuidados ante la enfermedad. En Paysandú, habló del puente internacional que une esa ciudad uruguaya con Colón, de los palmares y del mate.
En el Estadio Centenario se refirió a otro fenómeno que identifica al país: la secularización. Señaló que existe una “indiferencia religiosa cada vez más extendida” y que el avance de este proceso es experimentado por “muchas comunidades cristianas”.
“En muchos lugares, la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica religiosa. Los creyentes que peregrinan en Uruguay han tenido que aprender a vivir y anunciar su fe en ese escenario”, dijo.
En Uruguay, la Iglesia está separada del Estado desde 1919 y una minoría se considera católica practicante.
La gira del papa León XIV por América Latina estuvo pensada para ir de menos a más. Uruguay es el país más laico del continente y las recorridas del pontífice no tuvieron la efervescencia que se espera para Argentina y Perú.
Una muestra de esto es que, a cuatro horas de la llegada del papa, el tránsito hacia el Estadio Centenario era muy calmo y la cancha recién comenzaba a cubrirse de plásticos. Con el paso de los minutos, las tribunas empezaron a colmarse.
El registro previo para las entradas había generado furor: había unas 60.000 en el Centenario y unos 6.000 acreditados.
Los testimonios y el ejemplo de Belén
La espera del papa transcurrió entre espectáculos teatrales y shows musicales. Los espectadores ensayaron algunos cantos para recibir a León XIV.
También se escucharon algunos testimonios.
Valentina, una joven de 20 años oriunda de Paysandú, la ciudad visitada por el papa durante la mañana del sábado, contó su historia.
Su vida cambió hace tres años, cuando a su padre le diagnosticaron cáncer. Luego, Valentina tuvo un accidente en el río de su ciudad, en el que su cuerpo sufrió quemaduras en un 50%.
Mientras ella se recuperaba, su padre falleció. Eso hizo que Valentina se decepcionara de Dios. Ella, que se había aferrado a la fe, había recibido esa mala noticia. ¿Por qué a ella? Luego llegó un diagnóstico peor: los médicos le dijeron que no había nada por hacer.
Sus allegados no dejaron de rezarle a San José. Tras 448 días internada, se recuperó. “Si estoy acá, totalmente sana, es literalmente gracias a Dios”, expresó.
Cuando el papa ya estaba en el escenario, comenzó a escuchar el primer testimonio. Federica contó su historia de fe y, en particular, habló de los vacíos que sienten los jóvenes.
El siguiente fue Giovanni, un joven de 22 años, quien le contó que se siente solo al vivir su fe. Entre lágrimas, le preguntó cómo podía enfrentar esa realidad.
Por último, León XIV escuchó el testimonio de la familia Gutiérrez Hernández, que le preguntó —nuevamente en clave futbolera—: “¿En el partido de la vida cómo parar la pelota, levantar la mirada y jugarnos la camiseta?”.
En su respuesta, León XIV los animó a perseverar. Dijo que el ejemplo de la ciudad de Belén podía ofrecer una respuesta.
“Quizás pueda enseñarnos algo sobre esta realidad: cuando somos pocos, cuando disminuyen las fuerzas o cuando comprobamos que nuestra presencia social ya no es la misma, existe el riesgo de empezar a juzgar nuestra situación con criterios muy humanos. El Evangelio nos invita a mirar de otro modo”, expresó.
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INTERNACIONAL
Corte Interamericana archiva el caso por el fusilamiento televisado en Guatemala en 1996, tras verificar el cumplimiento de todas las reparaciones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos archivó el expediente contra Guatemala por el fusilamiento de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, ejecutados el 13 de septiembre de 1996 ante cámaras de televisión nacional. La decisión del 9 de octubre de 2026 determinó que el Estado cumplió todas las medidas de reparación fijadas siete años antes, entre ellas las indemnizaciones para los derechohabientes, la publicación de la sentencia y el reintegro de gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
El cierre corresponde a la etapa de supervisión del fallo emitido el 15 de octubre de 2019 en el caso Girón y otro vs. Guatemala. La resolución no revisa ni modifica la responsabilidad internacional declarada entonces por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales de los dos condenados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos verificó el cumplimiento de las obligaciones mediante tres resoluciones: la del 2 de septiembre de 2022, la del 30 de abril de 2024 y la que dispuso el archivo definitivo en octubre de 2026. El tribunal regional tiene su sede en San José, Costa Rica.
El fusilamiento televisado en Escuintla
Girón y Castillo Mendoza fueron condenados a muerte por violación calificada contra Sonia Álvarez, una niña de cuatro años. La legislación guatemalteca vigente entonces imponía obligatoriamente la pena capital cuando la víctima fallecía, sin permitir que los jueces evaluaran circunstancias atenuantes.
La ejecución se realizó en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, situada en el departamento de Escuintla. Un pelotón de 20 guardias disparó contra ambos hombres durante un acto transmitido por la televisión nacional.
Castillo Mendoza sobrevivió a la primera descarga. Uno de los integrantes del pelotón le efectuó luego un disparo final para consumar la ejecución.
El proceso penal se había iniciado en 1993 y la Corte concluyó que los condenados no recibieron una defensa técnica adecuada durante las diligencias judiciales. En una etapa posterior, el Estado les asignó estudiantes de Derecho como defensores.
La sentencia de 2019 consideró que esa representación vulneró las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal también examinó las condiciones de detención de ambos hombres en el corredor de la muerte y la difusión televisiva del fusilamiento.
La responsabilidad atribuida al Estado abarcó tanto las ejecuciones como el trato recibido antes de ellas. La transmisión pública de la muerte de Girón y Castillo Mendoza fue considerada parte de las violaciones a su integridad personal.
Indemnizaciones, publicaciones y reintegro de gastos
Las reparaciones ordenadas incluyeron la publicación íntegra de la sentencia y de su resumen oficial. También se dispuso el pago de indemnizaciones por daño inmaterial a los derechohabientes de las víctimas.
El Estado debía además devolver al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas los recursos utilizados durante la tramitación del caso ante el sistema interamericano. La resolución de supervisión concluyó que esas obligaciones habían sido satisfechas.
Respecto de Girón, la Corte declaró finalizada la supervisión del pago correspondiente a sus derechohabientes. En el caso de Castillo Mendoza, el tribunal constató el cumplimiento total de la indemnización dirigida a sus familiares con derecho a reparación.
La publicación de la sentencia y de su resumen oficial fue otra de las medidas que Guatemala completó. Con esas verificaciones, no quedaron obligaciones pendientes dentro del expediente abierto tras el fallo de 2019.
El archivo no elimina la decisión que declaró responsable al Estado guatemalteco por las violaciones cometidas contra los dos hombres. La medida pone fin únicamente al mecanismo con el que el tribunal comprobaba la ejecución de las reparaciones dispuestas.
Los integrantes del tribunal que dispusieron el archivo
La resolución de octubre de 2026 fue adoptada por una integración presidida por el juez Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil. La vicepresidencia estuvo a cargo de la jueza Patricia Pérez Goldberg, de Chile.
También participaron el juez Ricardo C. Pérez Manrique, de Uruguay; la jueza Nancy Hernández López, de Costa Rica; la jueza Verónica Gómez, de Argentina; el juez Alberto Borea Odría, de Perú, y el juez Diego Moreno Rodríguez, de Paraguay.
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