INTERNACIONAL
Si la ONU logra consensuar una Convención de Derechos de las Personas Mayores será en gran parte mérito de la Argentina
Argentina fue pionera en reclamar en 1948 a la ONU la redacción de una Convención para la protección de los derechos de las personas mayores. Tras un largo derrotero de recomendaciones, directrices y principios clave, recién en 2025 se constituyó una comisión redactora para concretar ese objetivo.
Si finalmente esto se logra, el mérito, sostiene María Isolina Dabove, especialista en Derecho de la Vejez, será en buena medida mérito de nuestro país por su rol en presentar este reclamo ante las Naciones Unidas y sostenerlo en el tiempo.
La Argentina lo hizo a poco de constituirse la ONU en la Segunda Posguerra.
“En relación con las personas mayores, la iniciativa para llevar a cabo una convención, un tratado de protección de sus derechos, empezó con un reclamo de la Argentina en la ONU en septiembre del 48”, dice Dabove, en charla con Infobae. Y esta es la razón por la cual nuestro país es convocado cada vez que se trata el tema y con frecuencia dirige los ámbitos que se crean para trabajarlo. Actualmente, Argentina preside la comisión redactora que se ha reunido ya en dos ocasiones este año, febrero y julio, y se volverá a reunir en octubre.
María Isolina Dabove es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora principal del CONICET Derecho UBA y profesora en varias universidades de Filosofía del Derecho y Derecho de la Vejez. Además, dirige la única Maestría en Derecho de la Vejez del país, en la Universidad Nacional de Córdoba.
“Después de la Segunda Guerra Mundial, desde lo jurídico, el mundo quedó organizado a partir de dos sistemas que buscaban garantizar la paz y los derechos humanos: uno, universal, que es la ONU y su declaración de derechos, y el otro lo constituyen las convenciones regionales que se derivaron de ella; en nuestro caso, en el marco de la OEA”.
En diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU debía reunirse en París, dice Dabove. Nuestro país envió una propuesta a la comisión organizadora de la Asamblea pidiendo que se considerara la aprobación de un “decálogo de derechos de los ancianos”.
El comité lo analizó y respondió que, antes de aprobar una declaración de derechos específicos había que aprobar la convención universal. Y efectivamente, poco después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Pero el hecho de que la Argentina haya sido el primer país en pedir esto, ha tenido por efecto que cada vez que se trata un tema vinculado a vejez, nuestro país es consultado en primer lugar o incluso preside los ámbitos en los que se debate el asunto, —sigue diciendo Dabove— porque Argentina mantuvo siempre ese reclamo; fuese cual fuese el gobierno, lo renovaba cada dos o tres años”.
La especialista enumera entonces los principales hitos en el derrotero de este proyecto en la ONU.
En 1982, la Asamblea General en Viena aprueba el primer documento que pone en la agenda mundial el tema de las personas mayores, con el título Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, con la idea de orientar las políticas públicas en la materia. “Fue la primera respuesta clara de los países de la ONU sobre la necesidad de pensar en las personas mayores —dice Dabove—. Era un momento en el que ya se empezaba a sentir el impacto de los cambios demográficos. La CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe – ONU] y otros organismos venían advirtiendo sobre la longevidad creciente.”
“Se trató de un documento político con recomendaciones a los Estados parte en materia de nutrición, salud, protección de los consumidores de edad avanzada, vivienda, ingresos, etcétera”, agrega.
El siguiente mojón se puso en el año 1991, con un nuevo texto, “un documento muy lindo que expone 5 principios en favor de las personas de edad, y nótese el cambio de lenguaje”, señala Dabove.
El documento alienta a los Gobiernos a incorporar, siempre que sea posible, una determinada cantidad de puntos organizados en torno a cinco palabras clave.
Independencia: implica que las personas mayores tengan un respaldo que garantice su acceso a alimentación, vivienda, y atención sanitaria, que puedan trabajar si lo desean, decidir sobre su retiro, seguir educándose, vivir en entorno seguros y adaptados a sus capacidades, y “poder residir en su hogar durante el mayor tiempo posible”.
Participación: que permanezcan integradas en la sociedad, participen en la elaboración de los programas que los conciernen e interactúen con otras generaciones; presten servicio a la comunidad (voluntariado), y puedan asociarse y formar movimientos con sus pares.
Cuidados: acceso a protección familiar y comunitaria, asistencia para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional; acceso a servicios sociales y jurídicos para mejorar su autonomía, a rehabilitación y estimulación social y mental de ser necesario, y que se respeten sus libertades y dignidad en los centros de alojamiento.
Autorrealización: las personas de edad deben tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
Dignidad: una vida segura y libre y un trato justo independientemente de su condición socioeconómica, origen étnico, discapacidad, género, etcétera.
En 2002, sigue enumerando María Isolina Dabove, la Asamblea General de la ONU se reúne en Madrid y logra aprobar otro documento muy importante. Es el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento. “Es el segundo plan pero acá cambió el enfoque —explica—. Este introduce el lenguaje de los derechos y la necesidad de que los Estados garanticen esos derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Establece directrices, ya no recomendaciones, indica cuáles son los derechos fundamentales; es una lectura menos literaria que la de anteriores documentos”.
La Declaración Política sobre el Envejecimiento, aprobada en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, abril de 2002), establece compromisos internacionales para responder al fenómeno del envejecimiento de la población y mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Propone abandonar las visiones que las consideran únicamente como receptoras de asistencia y reconocer sus aportes al desarrollo, las familias y las comunidades. Los Estados miembros se comprometen a garantizar la participación plena de las personas mayores en la vida económica, social, cultural y política. El documento subraya la necesidad de proteger sus derechos humanos, su dignidad, su independencia y su igualdad ante la ley, además de combatir la discriminación por edad, el abandono, el maltrato y la violencia. Se sugiere promover la solidaridad entre generaciones y la creación de entornos accesibles y seguros. Los gobiernos deben impulsar viviendas adecuadas, transporte, protección social, oportunidades de empleo, educación permanente y condiciones para que las personas mayores continúen vinculadas a sus comunidades.
El Plan de Acción organiza las medidas en tres áreas prioritarias: el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar durante la vejez; y la creación de entornos favorables y de apoyo.
“A partir de Madrid 2002, hubo movimientos regionales —dice Dabove—. En 2006 varios países se reunieron en Brasilia y activaron dos procesos: avanzar en la ONU hacia la creación de un grupo de Estados y ONG para acordar si era o no necesaria una declaración de los derechos de los adultos mayores. Esa comisión se creó en 2010 y funcionó hasta el 2025. Otro efecto contundente de Brasilia fue poner en marcha el proceso regional que llevó a la elaboración de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Esta Convención se aprobó finalmente, tras amplia discusión, el 15 de junio de 2015, agrega. En Argentina fue ratificada en el 2017 por la ley 27360 y se le dio rango constitucional en el 2022, a través de la ley 27700. La Convención Interamericana es el primer tratado internacional vinculante para garantizar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
“Mientras tanto, a nivel ONU, todas las declaraciones previas que ya mencioné y en especial Brasilia impulsaron la creación de un grupo de trabajo de composición abierta en el que intervienen ONG y los Estados, que se reúne en sesiones anuales de la Asamblea General en otoño para responder a la pregunta de si era necesaria una Convención. Yo participé varias veces en forma presencial y virtual”, sigue relatando Dabove.
De 2010 a 2025, agrega, se fue logrando “un consenso político internacional lo suficientemente robusto como para que el año pasado el Consejo de Derechos Humanos aprobara una resolución, a propuesta de Argentina, para crear finalmente el grupo de redacción de la convención”.
Este año comenzó la ronda de discusiones sobre los contenidos del futuro tratado. El grupo de redacción está presidido por la Argentina, pero la presidencia será anual y rotativa.
María Isolina Dabove participará en su condición de integrante de INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse), ong que está acreditada en la ONU y tiene sede en EEUU y Canadá, y cuya referente es Susan Sommers.
“Ya hubo dos sesiones de trabajo en Ginebra, en febrero y en julio, y habrá otra en octubre. Yo participo online. No puedo hablar de tiempos pero sí decir que los resultados de julio fueron muy satisfactorios. Hay una esperanza fundada en que esto salga. También porque la cuestión demográfica les estalló a todos los países en el planeta. Según la ONU, en 2080 los mayores de 65 superarán en número a los menores de 18 años”.
En la sesión de julio, que duró una semana, bajo presidencia argentina, hubo llamados para poner fin al edadismo y mejorar la protección contra los abusos de que son víctimas las personas mayores, en paralelo con la negociación de los contenidos de la futura convención sobre los derechos de las personas mayores.
La discriminación por edad es quizás la más naturalizada y tolerada, y no está contemplada aún en los tratados de derechos humanos ya existentes, que sí contemplan medidas contra la discriminación por motivos de raza y género.
Acordar tratados como esta Convención puede llevar años, pero cabe esperar que, como señala Dabove, las nuevas perspectivas demográficas pesen en la aceleración del proceso.
Y nuestros dirigentes podrían sacar una lección de la importancia de sostener una política a lo largo del tiempo, por encima de los vaivenes coyunturales.
Generacion silver – Naciones Unidas – Convención Derechos Personas mayores
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reconoció que el régimen desconoce el resultado de las transformaciones en marcha, definidas por las autoridades como el mayor proceso de reformas económicas desde la década de 1960. “No sabemos cuál será el resultado, pero tenemos que hacer algo para cambiar la realidad actual”, afirmó en una entrevista con el programa estadounidense Breaking Points, según informó CiberCuba, sitio de noticias cubano con sede en Miami.
El funcionario sostuvo que la isla atraviesa una modificación profunda de su estructura social y económica, con un papel más amplio para el mercado y las actividades privadas. Las medidas avanzan mientras persisten la inflación, los problemas de abastecimiento, el deterioro de los servicios públicos, la crisis energética y la emigración.
Fernández de Cossío explicó que las autoridades discutieron durante al menos 15 años la aplicación de cambios de este tipo. Según su versión, el régimen esperó condiciones más favorables para avanzar, aunque luego concluyó que ese escenario no llegaría. “Tenemos que hacerlo ahora”, señaló.
El paquete incluye 176 transformaciones para ampliar el espacio privado
En junio de 2026, el régimen aprobó 176 transformaciones económicas que contemplan una mayor flexibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. El programa también prevé la posible creación de instituciones financieras y casas de cambio privadas, además de inversiones extranjeras relacionadas con actores no estatales.
La iniciativa retoma debates iniciados durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 2011. En aquel encuentro se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, que propusieron una actualización del modelo mediante un espacio acotado para formas de gestión no estatales y mecanismos de mercado.
Varias de esas disposiciones tuvieron una aplicación parcial o quedaron pendientes y 15 años después, las autoridades cubanas buscan acelerar la apertura de actividades privadas sin alterar el control político del PCC sobre el proceso.
El dictador Miguel Díaz-Canel rechazó que las medidas representen una transición hacia el capitalismo. Según el político, el objetivo consiste en preservar el sistema socialista mediante instrumentos económicos distintos a los utilizados durante décadas. En julio, afirmó que el país debía avanzar hacia una forma propia de socialismo.
Díaz-Canel admitió inquietudes por los cambios
La expansión del mercado generó cuestionamientos en sectores vinculados a la dictadura. Militantes comunistas, dirigentes juveniles e intelectuales han expresado reparos por el crecimiento de la propiedad privada, la acumulación de capital y la posibilidad de que aumenten las desigualdades sociales.
Díaz-Canel admitió que existen preocupaciones por la concentración de riqueza, el crecimiento del capital privado y los riesgos de corrupción. También mencionó temores sobre una eventual privatización de empresas estatales y sobre el peso que podría adquirir el mercado en la vida económica de la isla.
Fernández de Cossío afirmó que personas con formación y posiciones relevantes en Cuba observan el proceso con preocupación. No obstante, señaló que, a su juicio, esos sectores comprenden que buscan responder a una realidad económica cada vez más compleja.
El viceministro presentó la supuesta apertura como una vía para modificar la situación interna y anticipó normas adicionales para dar mayor previsibilidad a los negocios. Además, sostuvo que las dificultades para ejecutar las reformas estuvieron condicionadas en parte por la política de Estados Unidos hacia la isla.
La dictadura cubana insiste en que las transformaciones económicas no responden a exigencias de Washington, sino a la necesidad de afrontar la crisis interna. Mientras prepara nueva legislación, el régimen mantiene abierta la principal incógnita sobre las reformas: cuál será el resultado de una apertura económica que promete ampliar el sector privado pero bajo la supervisión del Partico Comunista.
South America / Central America
INTERNACIONAL
“Cuba no necesita belleza, necesita una voz”: Miss Universe Cuba cuestiona el apagón tecnológico del régimen
Mía Dio, la representante de Cuba en Miss Universe 2026, denunció el aislamiento que atravesó la Isla de la Juventud tras la interrupción de sus servicios de telefonía e internet. En un video publicado en sus redes sociales, la joven afirmó que la incomunicación dejó a familias sin posibilidad de contactar a sus seres queridos y responsabilizó al régimen cubano por el deterioro de una infraestructura bajo control estatal.
Dio, quien compitió durante dos años en el certamen nacional como representante de ese municipio especial, sostuvo que su aspiración de llegar a Miss Universe no se basó en un mensaje vinculado con los estándares de belleza. “Cuba no necesita otra mujer que le demuestre al universo que las cubanas somos bellas. Lo que Cuba necesita es una voz”, afirmó.
La Miss Universe Cuba 2026 enfocó su mensaje en las dificultades de los habitantes de la Isla de la Juventud, un territorio separado geográficamente de la isla principal. La interrupción afectó el acceso a servicios móviles, datos e internet y limitó las llamadas de telefonía fija a comunicaciones locales.
“Hablar con tu mamá para preguntarle si está bien no es un lujo”
En su declaración, Dio puso el foco en el impacto humano de la interrupción. “Imagínate en esa situación, que quieres hablar con tu mamá y no puedes. Eso no es normal”, expresó.
La representante vinculó la falta de comunicaciones con un contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba. A su criterio, la posibilidad de llamar, enviar información o acceder a internet adquiere una dimensión mayor en un país donde los canales informativos están dominados por estructuras estatales.
“En Cuba, poder comunicarse significa algo mucho más. Significa darle la oportunidad, si no el derecho, al pueblo cubano, de contarle al mundo en su propia voz lo que están viviendo”, dijo.
Su denuncia se produjo después de que residentes de la Isla de la Juventud permanecieran durante varios días prácticamente aislados. La situación afectó a una población que ya enfrenta dificultades por la escasez de productos básicos, los cortes eléctricos y el deterioro de servicios públicos.
La denuncia contra las prioridades del régimen cubano
Dio cuestionó la explicación oficial que atribuye de forma recurrente las carencias internas al embargo de Estados Unidos. Reconoció que las sanciones estadounidenses tienen consecuencias sobre la economía cubana, pero afirmó que el régimen utiliza ese argumento para eludir responsabilidades por la gestión de recursos y servicios estratégicos.
La joven señaló que las normas estadounidenses prevén excepciones y autorizaciones para facilitar el flujo de información hacia Cuba, incluidos determinados equipos, servicios y tecnologías de telecomunicaciones. Por eso, afirmó que atribuir de forma exclusiva la crisis de conectividad al embargo “no cuenta la historia entera”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene autorizaciones para la exportación de determinados bienes y servicios de telecomunicaciones destinados a ampliar el acceso del pueblo cubano a las comunicaciones y al intercambio de información.
“Cuando miles de personas pueden quedar prácticamente incomunicadas con el resto del mundo, tenemos el derecho de preguntar cuáles fueron las prioridades”, sostuvo Dio.
La Isla de la Juventud y su distancia de los centros económicos
La Isla de la Juventud, conocida históricamente como Isla de Pinos, tuvo actividad agrícola, pesquera y minera, además de una economía asociada al turismo por sus playas y áreas naturales. Dio recordó esa historia para contrastarla con las dificultades actuales.
“La Isla de la Juventud tiene una población mucho menor y está físicamente separada de los centros económicos principales del país. Así que si Cuba está sufriendo, imagínate cómo se vive la escasez en una isla apartada de otra isla”, afirmó.
La representante cerró el video con un mensaje dirigido a los cubanos dentro y fuera del país. “Durante dos años llevé Isla de la Juventud sobre mi pecho. Hoy llevo Cuba. Por favor, no se olviden de Cuba, no se olviden de la Isla de la Juventud”, expresó.
Dio, de 25 años, se presenta como activista digital y ha señalado que buscará utilizar su participación internacional para visibilizar la situación de derechos humanos en Cuba.
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INTERNACIONAL
A look inside program giving future Nat Sec experts 5-year head start amid evolving threats: ‘Ready day one’
As the United States confronts increasingly complex threats from China, foreign influence, artificial intelligence and geopolitical flashpoints around the world, one Seton Hall University program is giving graduate students hands-on experience tackling real national security challenges before they enter the workforce at a rate its founder says proves the program’s importance.
The National Security Graduate Fellowship at Seton Hall’s School of Diplomacy and International Relations pairs students with government agencies seeking research and analysis on pressing foreign policy and national security issues and has an 80% placement rate, with graduates going on to work at the NSA, CIA, Secret Service, military and defense contracting companies, according to founder Mohamad Mirghahari.
«My goal for my students is they’re ready day one if they get hired,» Mirghahari told Digital.
Mirghahari, a Seton Hall graduate and national security expert who spent 14 years in key Department of Defense leadership roles supporting counterterrorism initiatives around the globe, later served as a presidential appointee and senior advisor to the Transportation Security Administration’s chief of staff and remains a special advisor to the Defense Department.
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«Our program is unlike any other in the nation because our graduate students are actually tackling real-world national security challenges and issues from government agencies,» Mirghahari explained. «As we know, most government agencies have a lot of things going on and they don’t have enough resources, but what our graduate students are able to do is support those government agencies, answering and doing research for real-world requirements in the national security field.»
Mirghahari says the program is also unique due to the practitioners from «across the United States government» that serve as guest lecturers and professors giving students a necessary insight into experiences in the field, particularly given the changing landscape and variety of threats facing the nation compared to 10 or 20 years ago.
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«Part of what makes our program so unique is that we address the real-world issues of today,» Mirghahari said. «History is very important, and you learn from history, but we also want to be the classes that can support the government in real time. We have done projects on China, India and Pakistan, as well as the South China Sea.»
The fellowship’s work has included projects for the State Department on how the U.S. could re-engage with the Taliban if the group returned to power in Afghanistan. Mirghahari said the research remained relevant for years, with the papers later recirculated within the government.
«That’s part of what we do, provide that real-time research,» he said.
The program also focuses on emerging national security challenges involving artificial intelligence, data and foreign influence. Mirghahari said younger students often bring valuable technological expertise and perspectives that government agencies may not have previously considered.
«Artificial intelligence, data and all these different things impacting our national security play a major role in our work,» he said.
On the artificial intelligence front, which has changed how the United States deals with cyber threats along with how it conducts cyber operations, Mirghahari says it has become a «force multiplier» for his students.
«We examine foreign influence, including how data is mined and distributed, and we use tools such as artificial intelligence, graph theory and other analytical methods to examine large datasets,» he said. «We’re giving students an awareness of these technologies and how they can be used across the government.
Mirghahari added, «Our students can sift through large amounts of information and extract what is relevant to support their research. That process is extremely time-consuming, so we’re helping government clients bring the information together in one place and examine it more thoroughly.»
Mirghahari told Digital he believes students would need to work for five years in a national security position to be able to learn the on the job skills they learn at the Seton Hall program and explained that now, perhaps more than ever, hitting the ground running is critically important.
«Some of the feedback we’ve received from agencies is, ‘Your students are well-equipped. They’re better than some of the people who have been here for five to 10 years,’» Mirghahari said.
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