La discusión sobre las reformas de Javier Milei atraviesa la economía cotidiana, desde la presión impositiva y el empleo hasta la educación, mientras el Gobierno busca consolidar un rumbo que sus impulsores consideran pendiente desde hace décadas. En ese escenario, la continuidad política aparece como una condición para sostener los cambios económicos e institucionales, bajo la premisa de que los resultados no se agotan en la coyuntura.

Martín Krause, director académico de la Fundación Faro, planteó en Infobae Al Amanecer que el debate debe correr el foco de las urgencias inmediatas y concentrarse en la duración de las transformaciones. Para el economista, la Argentina atraviesa “un proceso de cambio estructural” y la evaluación de ese proceso dependerá de que las medidas sobrevivan a la actual administración.

El académico sostuvo que el objetivo no debería quedar atado a una figura política ni a un período de gobierno. Al referirse al rumbo que propone el oficialismo, señaló que hace falta un cambio institucional, político y económico “que se sostenga en el tiempo más allá del liderazgo de quien lo lleva adelante”.

Krause ubicó allí una de las principales dudas para las empresas que analizan desembolsos de largo aliento. Las decisiones de inversión, explicó, no se basan únicamente en el escenario electoral más próximo: “Las inversiones son a largo plazo”.

Esa mirada también lleva a revisar el punto de partida de la economía argentina. Frente a quienes todavía no perciben mejoras en su actividad o en sus ingresos, el director académico de la Fundación Faro pidió considerar el deterioro previo: “Que tenga memoria de dónde estábamos, cuál era la situación, a dónde iba el país hace tres años nada más”.

En materia de precios, Krause afirmó que la desinflación no se resuelve de forma automática ni en pocos meses. Al comparar el proceso con antecedentes de América Latina, indicó que en otros países la estabilización demandó “entre dos y cuatro años”, y en algunos casos incluso más.

La baja de impuestos convive con la meta de déficit cero

En cuanto a la la transición entre sectores que avanzan —como energía, minería y agro— y otros que enfrentan menor actividad, Krause rechazó que la respuesta sea volver a las asistencias estatales para actividades que perdieron competitividad y propuso “ir cuidadosamente aliviando la carga sobre todos esos sectores”.

Esa reducción de impuestos y regulaciones, sostuvo, debe convivir con la disciplina de las cuentas públicas. Para el economista, el Ejecutivo no debería abandonar “esa ancla” vinculada a la ausencia de déficit fiscal y a una menor emisión monetaria.

El planteo se extiende a las administraciones subnacionales, que manejan tributos propios como Ingresos Brutos. Sobre la política tributaria nacional, Krause afirmó que el Gobierno “ya ha eliminado muchos impuestos, ha bajado otros”, pero consideró que provincias y municipios deben revisar también sus presupuestos y sus cargas fiscales.

Los gobernadores suelen mencionar educación y salud entre las razones que limitan esa rebaja impositiva. Krause recordó que ambas áreas están bajo control provincial desde hace tres décadas y sostuvo que las jurisdicciones “podrían haber adecuado sus presupuestos a eso”.

La reforma laboral aparece como el siguiente frente

El empleo fue otro de los ejes. Para el titular de la Fundación, los cambios laborales aprobados hasta ahora son insuficientes para modificar el funcionamiento del mercado de trabajo y advirtió que “lo que se ha hecho hasta ahora es un primer paso, pero hay muchísimo más para hacer”.

Su propuesta apunta a reducir el costo laboral sin recortar los salarios, ampliar las posibilidades de contratación y revisar las cargas sociales obligatorias. En ese marco, cuestionó un esquema en el que los aportes no siempre se traducen en beneficios elegidos por los trabajadores: “Hay que dar más libertad”.

La inversión depende de reglas que duren varios gobiernos

Para Krause, la incertidumbre sobre un eventual giro político condiciona especialmente los proyectos de mayor escala. Al describir esa inquietud utilizó la expresión “riesgo Cuca”, con la que aludió al temor de que se reviertan las políticas actuales después de una elección.

El horizonte de los inversores, dijo, es más extenso que el de un mandato presidencial. “Vos tenés que tomar un panorama más largo: cuatro, ocho, doce, veinte años. ¿Qué va a pasar?”, planteó al explicar por qué una ley, por sí sola, no alcanza como resguardo si una administración posterior puede derogarla.

El economista situó la discusión en el terreno de los acuerdos básicos sobre propiedad, contratos y previsibilidad. Más que una garantía normativa, sostuvo que el país necesita que esas pautas se afiancen en la sociedad: “La única garantía final es un cambio cultural”, afirmó.

Krause prefirió, de todos modos, evitar la idea de una confrontación permanente. En lugar de hablar de una “batalla cultural”, propuso un “mercado de ideas” en el que los consensos se construyan desde la opinión pública y no exclusivamente entre dirigentes.

Desde esa perspectiva, señaló que los valores compartidos por la ciudadanía son los que pueden sostener las reglas aun cuando cambien los gobiernos. “Que los valores de la gente sean esos y entonces después va a seguir eso”, expresó.

La educación queda en manos de las provincias y abre el debate por los vouchers

En el plano educativo, el director académico de la Fundación Faro se refirió al proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Gobierno. Dijo desconocer el estado parlamentario de la iniciativa y reconoció que hay otras prioridades legislativas, aunque insistió en que las provincias deben ocupar un lugar central porque administran la educación primaria y secundaria.

Krause sugirió que una jurisdicción tome la iniciativa y pruebe una transformación propia, con la posibilidad de contrastar resultados antes de replicarla. “Que haya alguna provincia que se anime y lleve adelante una reforma educativa”, propuso.

La idea incluye más margen para que escuelas y familias elijan contenidos y metodologías, junto con un sistema de financiamiento orientado a los alumnos. “Buscaría un sistema de ayuda o subsidio por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta”, afirmó al defender el modelo de vouchers.

También se manifestó a favor de habilitar la educación en el hogar para quienes opten por esa alternativa, aunque precisó que sus cinco hijos asistieron a la escuela. “Creo que los que quieran hacerlo tienen el derecho de hacerlo”, dijo.

El cuestionamiento de fondo, según Krause, apunta a la uniformidad del sistema. A su juicio, la coexistencia de experiencias permitiría determinar qué enfoques alcanzan mejores resultados, frente a un modelo en el que “todos vamos a un molde común”.

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martín krause, director de fundación faro

Durante una nueva audiencia del juicio por la megacausa de corrupción durante el kirchnerismo, Cuadernos de las Coimas, se produjo un momento de fuerte tensión durante la declaración como testigo de Diego Carbone, custodio de la expresidenta Cristina Kirchner.

Fue en un áspero intercambio con la fiscal del proceso, Fabiana León, en relación a si protegía al expresidente Néstor Kirchner cuando tomaba un café en un bar, y la fiscal llegó a advertirle: “No se altere tanto”.

La fiscal le preguntó al custodio de la exmandataria, durante el proceso: “¿Usted custodiaba a Néstor Kirchner cuando tomaba café en el barrio?”. Carbone le preguntó: ¿Qué día me está preguntando si custodié a una persona que tomaba café?“.

León le pidió: “No se altere tanto, le hago una pregunta, usted me la contesta y se acabó”. Carbone dijo: “No estoy alterado, estoy hablando tranquilamente, pausadamente”.

Causa Cuadernos: el intercambio entre el custodio de CFK y la fiscal Fabiana León

– León: “El juez le preguntó por el domicilio de Juncal y Uruguay, el domicilio de la familia (Kirchner), durante mucho tiempo. ¿Usted tuvo entre sus tareas la función de identificar quienes vivían en el edificio?.

– Carbone: “No”.

– León: ¿Hacía la seguridad de la familia presidencial, ver quiénes vivían en el edificio?“.

– Carbone: “Hay un inconveniente en el país en relación a esto. Primero, pedir los nombres de los ciudadanos que viven en el edificio. La Policía no está autorizada a hacer inteligencia, a pedir documentación. Simplemente cuando hubiera un caso que lo ameritara, como después del atentado (a Cristina Kirchner). No era mi función, fue jefe de la custodia presidencial, en 2014, 2015. Si alguno lo tendría que haber hecho era Casa Militar, no nosotros, la Policía Federal Argentina”.

Jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda reactivaron esta semana su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a menos de 24 horas de la partida del papa León XIV de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú. La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protesta fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES de avenida Córdoba 1144. Desde allí marcharán frente al Congreso de a Nación. La concentración está prevista para las 15.

Los organizadores, agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, definieron la fecha como un “miércoles federal” con acciones simultáneas en distintas provincias, tras más de 140 semanas consecutivas de protesta frente al Congreso desde diciembre de 2023.

El reclamo central es un aumento urgente de los haberes

El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.

Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.

Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.

En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.

La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina y se desarrolló sin el habitual despliegue de fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes hubo banderas y carteles que aludían al Pontífice, además de una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”.

El domingo anterior, en su primer discurso oficial en el país, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), León XIV había señalado, junto al presidente Javier Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que “el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades, como los ancianos que han contribuido durante años en construir la sociedad”.

Ese mensaje fue interpretado por referentes sindicales y de movimientos sociales como un respaldo implícito a sus reclamos. Tras el encuentro sobre el mundo del trabajo que el Pontífice encabezó el lunes en Puerto Madero, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones piqueteras coincidieron en que la exposición papal incluyó críticas directas a la gestión libertaria y al sector empresario.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que acompañan todos los miércoles a los jubilados, calificó la frase final del Papa en Luján, “Argentina, levántate y camina”, como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional.