El juez federal Julián Ercolini y su colega Ariel Lijo enviaron exhortos diplomáticos, mediante la Cancillería, a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel en las causas en las que la Casa Rosada denunció a empresas de esos países por la explotación petrolera que realizan en cercanías de las Islas Malvinas, dijeron fuentes judiciales a .

La medida judicial de Ercolini fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una denuncia inicial del Gobierno contra la empresa Navitas, de Israel.

La medida judicial de Lijo fue a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que busca información sobre las firmas Rockhopper Exploration PLC y dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Ambas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei dijo en la Asamblea General de la ONU que Malvinas es una causa nacional y reiteró las denuncias por la explotación “clandestina” de estas empresas en torno a las Islas.

Estas empresas son las que llevan adelante el proyecto de exploración en la plataforma continental argentina denominado Sea Lion, sin autorización del gobierno argentino, por lo que fueron denunciadas.

En la causa de Ercolini, las primeras medidas fueron impulsadas por el fiscal Ramiro González, pues Taiano estaba de licencia en la semana en que se denunció el caso.

Ercolini hizo lugar a esas primeras medias, que incluyen requerimientos de información a la Secretaría de Energía para constatar formalmente que Navitas Petroleum no posee concesión, permiso de exploración, ni autorización.

A la Cancillería le pidió los antecedentes de protestas diplomáticas formales o las comunicaciones oficiales que el gobierno argentino haya emitido específicamente contra las filiales de Navitas por sus actividades en el área de las islas.

Y a Israel y Gran Bretaña les pidió identificar formalmente a los integrantes del directorio y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales en el proyecto de las islas.

Esto busca fijar las responsabilidades penales individuales ante eventuales solicitudes de declaración indagatoria o imputaciones formales.

El juez quiere establecer el lugar de la explotación, por lo que pidió informes del Servicio de Hidrografía Naval para tener certeza del posicionamiento geográfico para certificar formalmente que las coordenadas de exploración y los yacimientos bajo explotación ilícita se encuentran dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la República Argentina.

En el caso del juez Lijo, hizo lugar a la totalidad de las medidas que pidió el fiscal Stornelli al impulsar esta investigación cuando amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a estas firmas.

Lijo quiere saber del Reino Unido la composición del grupo Rockhopper; y de Israel, la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

La causa había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.

Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.

Ahora, el juez, con la ampliación que hizo el fiscal y los datos que le envió Cancillería, estableció que Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.

Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.

El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en la propia área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.

Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.

Se trata de la misma empresa que hace 15 días fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.

La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.

Lijo, a pedido de Stornelli, también solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.

Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.

En un escenario inusual por la retirada masiva del recinto de los senadores que rechazaban la iniciativa, lo que acortó el debate de manera sensible, el Senado aprobó y sancionó el polémico proyecto que reforma la ley de zonas frías, iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei pretende recortar subsidios al gas en amplios sectores del país con la mira puesta en sostener su política de equilibrio fiscal.

Según estimaciones oficiales brindadas ante las comisiones del Senado por le secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares, siendo la provincia de Buenos aires el distrito más afectado.

Con el kirchnerismo fuera del recinto y luego de sortear una jugada para que la sesión fracasara por falta de quórum, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidió evitar futuro contratiempos y pidió que se votara el proyecto en general y en particular.

Apenas si había transcurrido poco más de una hora de debate en la que hablaron seis senadores cuando el tablero marcó una votación de 38 votos a favor y 8 en contra que convirtió en ley al proyecto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo último.

Como ocurrió en su paso por la Cámara de Diputados,la iniciativa dividió al recinto de manera transversal más allá de sus banderías políticas, reuniendo en el rechazo a peronistas disidentes, radicales y provinciales.

De hecho, a la mayoría que sancionó la ley aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy)y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

La moneda de cambio para obtener estos respaldos fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica como consecuencia de las altas temperaturas de los meses de verano.

El rechazo quedó circunscripto a los senadores provinciales de Santa cruz Natalia Gadano y José María Carambia y a seis senadores radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de Mendoza, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, Daniel Kroneberger (La Pampa) y el bonaerense Maximiliano Abad.

La salida en masa del bloque justicialista no sólo acortó de manera sustancial el debate. reduciendo de manera sustancia los 29 senadores anotados inicialmente, sino que permitió el amplio resultado favorable de la votación, ya que el sector que conduce José Mayans (Formosa), no volvió al recinto.

Con la aceleración de los tiempos del debate apenas si se escucharon dos voces a favor del proyecto. La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que ofició de miembro informante, y la radical Edith Terenzi (Chubut). Ante la posibliidad de acortar la discusión, todos los senadores del oficialismo se bajaron de la lista de oradores.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, dijo Royón, presidenta de la comisión de Minería.

En ese sentido, la senadora explicó que “hoy el subsidio es sobre los 3 componentes de la factura, sobre el costo del gas, sobre el transporte y sobre la distribución; lo que hace el proyecto es concentrar el subsidio solamente en la primera parte, en el costo del gas”.

“La situación económica va a determinar qué hogares requieren asistencia, y lo va a hacer por un volumen, por un consumo base que determina las necesidades indispensables de gas”, completó Royón.

Desde la otra vereda se quejó Gadano, quien afirmó que la ley implicará un aumento en las facturas de los usuarios de la región más austral país.

“Si le quitamos el subsidio al transporte y la distribución cómo no van a impactar ese porcentaje a la facturas si el gas hay que transportarlo hasta la Patagonia”, se quejó Gadano.

La radical Juri dijo que se encontraba ante un “día muy triste” porque “estamos agregando más injusticia” en l Argentina. “Estamos legislando sin ningún criterio técnico que permita justificar el concepto de zona fría”, agregó Juri, quien dijo que la iniciativa “afecta al 61% de los usuarios mendocinos”.

Por su parte, el bonaerense Abad dijo que acompañaba la ayuda a las provincias del norte por el mayor consumo eléctrico, pero también usar “el mismo principio para no excluir, para no dejar tirados, para no abandonar a muchos ciudadanos de distintos puntos del país donde hay temperaturas muy bajas”.

Al respecto, Abad dijo que en la provincia de Buenos Sires serán “94 municipios” los afectados co un total de 1,3 millón de hogares que “se van a quedar fuera de este beneficio y desprotegidos de un día para el otro”.

La ley sancionada esta tarde propone una redefinición del régimen de descuentos en las facturas de gas: en lugar de sostener una ayuda amplia basada principalmente en la ubicación geográfica, plantea concentrarla en las regiones de clima más riguroso y en los hogares de menores ingresos.

El esquema nació en 2002, con la Ley 25.565, para otorgar tarifas diferenciales a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a localidades de otras provincias -entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja-, y llevó el universo alcanzado desde cerca de un millón hasta alrededor de cuatro millones de hogares.

La reforma busca volver al mapa original: conservarían la cobertura general los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que quedarían fuera las zonas incorporadas en 2021.

Otro punto central es la base sobre la que se calcula la bonificación, hoy situada entre el 30% y el 50%. El proyecto establece que el descuento se aplique únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y no al total de la factura.

Así, los cargos de transporte, distribución y los impuestos quedarían fuera de la cobertura, un cambio que también elevaría el monto final para usuarios de las regiones históricas que continúen dentro del régimen.

En las localidades excluidas del beneficio geográfico, la asistencia quedaría reservada a hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica.

El financiamiento seguiría apoyado en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, nutrido por un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios del sistema.