La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y sobreseído a un adolescente acusado de tentativa de robo. Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca cuestionaron los fundamentos utilizados por la magistrada para dejar sin efecto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ordenaron continuar la investigación y dispusieron su apartamiento del expediente.

El pronunciamiento, al que accedió Infobae, constituye una de las primeras decisiones de una Cámara sobre la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre. El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.

“El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”, sostuvo Mahiques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza desarrolló sus propios argumentos y coincidió con la decisión de revocar la sentencia y apartar a De Marinis.

El fallo responde a la apelación presentada por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra contra la resolución del 21 de septiembre, que había declarado inconstitucional el artículo 1° de la nueva legislación respecto de un adolescente identificado con las iniciales M.I.A., de 14 años, acusado de participar en un intento de robo ocurrido en Palermo.

Los argumentos para revocar la inconstitucionalidad

La Cámara dedicó buena parte de sus fundamentos a examinar las razones utilizadas por De Marinis para considerar que la reducción de la edad de punibilidad vulneraba los derechos de los adolescentes.

Mahiques sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta excepcional y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la considera la última alternativa del orden jurídico cuando una disposición legal resulta incompatible con una garantía constitucional.

En ese sentido, el camarista advirtió que la jueza había desarrollado extensamente los principios de protección integral de la infancia, pero no explicó de qué manera el límite de 14 años establecido por el Congreso resultaba contrario a una obligación constitucional o convencional concreta.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que habían sido utilizadas por De Marinis para justificar su decisión.

La Cámara recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina expresamente cuál debe ser. También señaló que la Observación General N° 24 del Comité reconoce los 14 años como estándar mínimo general aceptable, aunque recomienda mantener edades superiores cuando los Estados ya las tienen establecidas.

Para el tribunal, esas recomendaciones constituyen pautas interpretativas relevantes, pero no equivalen por sí mismas a una prohibición jurídica de modificar la legislación nacional.

El fallo también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias particulares del adolescente y las características del intento de robo para declarar inconstitucional una disposición que establece una regla general sobre la edad de responsabilidad penal.

La magistrada había valorado la situación de vulnerabilidad social del joven, la ausencia de lesiones físicas a la víctima y que el robo había quedado en grado de tentativa.

Mahiques señaló que esos aspectos pueden resultar relevantes para determinar la responsabilidad individual, evaluar eventuales salidas alternativas o establecer una sanción proporcional, pero no permiten concluir que la edad mínima establecida por el Congreso sea inconstitucional.

En otro tramo, la Cámara advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla respuestas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, mediación y suspensión del proceso a prueba. Por lo tanto, cuestionó que la sentencia original hubiera considerado la posibilidad de una pena de prisión como consecuencia necesaria de la aplicación de la ley.

El apartamiento de De Marinis

La decisión también incluyó el apartamiento del caso de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas consideraron que De Marinis había adelantado valoraciones sobre la relevancia penal del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, cuestiones que deberán volver a examinarse durante la investigación.

Mahiques sostuvo que esas circunstancias justificaban su apartamiento para preservar la imparcialidad del procedimiento. Franza coincidió y fue particularmente crítico respecto de la actuación de la magistrada.

En su voto, consideró que la jueza había incurrido en un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y cuestionó la insuficiente consideración de los derechos de la víctima en la resolución original.

El tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea remitido a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.

El intento de robo que originó la controversia

La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido después de un intento de robo contra un hombre de 47 años en Godoy Cruz al 2500, en Palermo.

Uno de los acusados, identificado como M.I.A., tenía 14 años y quedó comprendido en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que había entrado en vigencia cinco días antes.

Su defensa planteó la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad y obtuvo una resolución favorable de De Marinis, quien consideró que correspondía aplicar el límite de 16 años previsto por la legislación anterior y dispuso su sobreseimiento.

La Fiscalía apeló inmediatamente la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se investigara su actuación.

Con la resolución conocida este viernes, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación deberá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Cámara no anticipó una decisión sobre la responsabilidad del adolescente ni sobre las medidas que eventualmente podrían corresponderle, cuestiones que quedarán a cargo del nuevo juez que resulte sorteado.

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El Gobierno atribuye principalmente al contexto internacional la suba del riesgo país, que este viernes volvió a superar los 600 puntos básicos después de diez ruedas consecutivas en alza. En el Ejecutivo sostienen que el movimiento responde a una tendencia global de mayor inestabilidad y esperan que la presión comience a ceder durante los próximos meses.

“La turbulencia del mundo”, sintetizan en el oficialismo. En Nación ponen el foco sobre las tasas de interés de Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre geopolítica, y recuerdan que durante julio también hubo un deterioro de los activos que luego se revirtió parcialmente en agosto.

El riesgo país llegó este viernes a tocar los 628 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de marzo, y luego recortó parte de la suba. El indicador había alcanzado un mínimo de alrededor de 403 puntos a comienzos de julio, por lo que desde entonces acumuló un deterioro cercano a 200 puntos. La caída de los bonos argentinos fue además mayor que la registrada por varios países de la región.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75% a 4%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años superó esta semana el 5%. Ese movimiento encarece el financiamiento global y suele ejercer presión sobre los activos de mercados emergentes.

La lectura oficial es que esa presión explica buena parte del deterioro reciente. “La tendencia es a la inestabilidad”, aseguran en el Ejecutivo. Milei ya había utilizado un argumento similar al referirse al aumento de las tasas internacionales y sostuvo que la Argentina enfrenta el shock con una posición externa distinta por el crecimiento de sus exportaciones y del saldo comercial.

Dentro del Gobierno proyectan además que la situación internacional puede comenzar a normalizarse alrededor de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Funcionarios consultados creen que a Donald Trump no le resultará conveniente llegar a esa instancia con una escalada de los conflictos internacionales y esperan una reducción posterior de las tensiones y, más adelante, de las tasas estadounidenses.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde 2024, siga siendo investigado en dos causas que tramitan por separado en la justicia federal argentina y en la justicia provincial de Entre Ríos. Uno de los expedientes es por presunto enriquecimiento ilícito y el otro, por presuntos sobornos.

En lo formal, el fallo del máximo tribunal rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y dispuso que, por ahora, sigan tramitándose en forma separada dichas investigaciones contra el exlegislador.

La resolución, fechada el 23 de septiembre de 2026, fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se remitió al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia.

Kueider fue arrestado en 2024, junto a su secretaria, en el puente internacional que une Argentina con Paraguay, con más de 200 mil dólares sin declarar. En Paraguay fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y se lo investiga por lavado. En la Argentina, en tanto, enfrenta dos causas que ahora la Corte determinó que sigan su curso.

Las causas argentinas contra Kueider

La primera causa contra Kueider tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado investiga sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. Entre ellos figura ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, que Kueider integraba como representante de la provincia con derecho a voto. La jueza también analiza posibles delitos conexos, como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.

La segunda se lleva adelante en el juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, que investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos en el gobierno municipal y provincial. Según el dictamen, esa causa se abrió formalmente por enriquecimiento ilícito, por la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles.

El conflicto entre expedientes es que ambas causas tendrían una conexión. La denuncia en Entre Ríos tuvo su origen por parte de un periodista contra Kueider, entonces senador nacional: lo acusó de estar comprometido en hechos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio, y mencionó que sería dueño de la mitad de las acciones de una sociedad anónima con la que habría adquirido departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Ese edificio fue construido por dos hermanos que, a su vez, habían sido imputados en San Isidro por sobornar a integrantes de ENERSA para obtener un contrato a favor de Securitas. Por esa relación, el juzgado federal ordenó acumular la denuncia a la causa principal, aunque mantuvo su trámite por separado.

Más tarde, el fiscal federal planteó la inhibitoria del juzgado de Entre Ríos, y Arroyo Salgado la aceptó y libró un oficio para que el tribunal provincial no avanzara sobre el período 2015-2019. Alegó conexidad con la causa Securitas y riesgo de doble persecución penal, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura subsidiaria, y sostuvo que en el fuero federal se investigan “acontecimientos históricos que explicarían en mejor medida” el aumento patrimonial. También invocó razones de economía procesal.

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Pero el juez provincial, Edwin Ives Bastian, titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, rechazó inhibirse. Sostuvo que el enriquecimiento ilícito de un funcionario en cargos provinciales es materia local, que el auto de mérito de la causa Securitas no describe con precisión la participación de Kueider, y que no se trata del mismo hecho histórico. La Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó esa decisión y precisó que, en la causa federal, la intervención de Kueider sería posterior a abril de 2019, mientras que en el fuero local se analizan incrementos patrimoniales desde 1999. La jueza federal insistió y elevó el conflicto a la Corte.

En su dictamen del 28 de mayo de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal recomendó rechazar el planteo. Consideró que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”. Casal señaló además que la pretensión federal no tiene en cuenta que, mientras integraba ENERSA, Kueider seguía siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos. Y que ni los hechos de la causa Securitas ni el presunto blanqueo de su producto excluyen que en ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local.

El Procurador reconoció la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento, pero entendió que la inhibitoria no era la decisión adecuada. La Corte Suprema, entonces, ahora resolvió “de conformidad con lo dictaminado” por el Procurador interino. Así, rechazó el planteo de inhibición del Juzgado Federal n° 1 de San Isidro y ordenó comunicar la decisión al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, por lo que ambas causas contra Kueider seguirán su curso en paralelo.

Edgardo Kueider, Corrupción, enriquecimiento ilicito, Corte Suprema