Después de varios días de negociaciones, el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo para mantener la convocatoria del 7 de noviembre, pese a la cercanía con la visita del papa León XIV, prevista para el día siguiente.

La administración porteña confirmó el entendimiento a través de un comunicado en el que destacó que será posible garantizar tanto la movilización como el operativo de seguridad previsto para la llegada del Pontífice. Desde la organización de la marcha también celebraron el acuerdo y señalaron que fue resultado del diálogo entre ambas partes.

“Trabajamos junto a la Comisión Organizadora para que la Marcha del Orgullo se realice el 7 de noviembre, como estaba previsto, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y coordinando el operativo previsto por la visita del Papa”, sostuvo el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, la Comisión Organizadora afirmó que durante las conversaciones se analizaron distintas alternativas hasta encontrar una solución que permitiera desarrollar ambos acontecimientos el mismo fin de semana.

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y sobreseído a un adolescente acusado de tentativa de robo. Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca cuestionaron los fundamentos utilizados por la magistrada para dejar sin efecto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ordenaron continuar la investigación y dispusieron su apartamiento del expediente.

El pronunciamiento, al que accedió Infobae, constituye una de las primeras decisiones de una Cámara sobre la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre. El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.

“El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”, sostuvo Mahiques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza desarrolló sus propios argumentos y coincidió con la decisión de revocar la sentencia y apartar a De Marinis.

El fallo responde a la apelación presentada por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra contra la resolución del 21 de septiembre, que había declarado inconstitucional el artículo 1° de la nueva legislación respecto de un adolescente identificado con las iniciales M.I.A., de 14 años, acusado de participar en un intento de robo ocurrido en Palermo.

Los argumentos para revocar la inconstitucionalidad

La Cámara dedicó buena parte de sus fundamentos a examinar las razones utilizadas por De Marinis para considerar que la reducción de la edad de punibilidad vulneraba los derechos de los adolescentes.

Mahiques sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta excepcional y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la considera la última alternativa del orden jurídico cuando una disposición legal resulta incompatible con una garantía constitucional.

En ese sentido, el camarista advirtió que la jueza había desarrollado extensamente los principios de protección integral de la infancia, pero no explicó de qué manera el límite de 14 años establecido por el Congreso resultaba contrario a una obligación constitucional o convencional concreta.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que habían sido utilizadas por De Marinis para justificar su decisión.

La Cámara recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina expresamente cuál debe ser. También señaló que la Observación General N° 24 del Comité reconoce los 14 años como estándar mínimo general aceptable, aunque recomienda mantener edades superiores cuando los Estados ya las tienen establecidas.

Para el tribunal, esas recomendaciones constituyen pautas interpretativas relevantes, pero no equivalen por sí mismas a una prohibición jurídica de modificar la legislación nacional.

El fallo también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias particulares del adolescente y las características del intento de robo para declarar inconstitucional una disposición que establece una regla general sobre la edad de responsabilidad penal.

La magistrada había valorado la situación de vulnerabilidad social del joven, la ausencia de lesiones físicas a la víctima y que el robo había quedado en grado de tentativa.

Mahiques señaló que esos aspectos pueden resultar relevantes para determinar la responsabilidad individual, evaluar eventuales salidas alternativas o establecer una sanción proporcional, pero no permiten concluir que la edad mínima establecida por el Congreso sea inconstitucional.

En otro tramo, la Cámara advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla respuestas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, mediación y suspensión del proceso a prueba. Por lo tanto, cuestionó que la sentencia original hubiera considerado la posibilidad de una pena de prisión como consecuencia necesaria de la aplicación de la ley.

El apartamiento de De Marinis

La decisión también incluyó el apartamiento del caso de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas consideraron que De Marinis había adelantado valoraciones sobre la relevancia penal del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, cuestiones que deberán volver a examinarse durante la investigación.

Mahiques sostuvo que esas circunstancias justificaban su apartamiento para preservar la imparcialidad del procedimiento. Franza coincidió y fue particularmente crítico respecto de la actuación de la magistrada.

En su voto, consideró que la jueza había incurrido en un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y cuestionó la insuficiente consideración de los derechos de la víctima en la resolución original.

El tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea remitido a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.

El intento de robo que originó la controversia

La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido después de un intento de robo contra un hombre de 47 años en Godoy Cruz al 2500, en Palermo.

Uno de los acusados, identificado como M.I.A., tenía 14 años y quedó comprendido en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que había entrado en vigencia cinco días antes.

Su defensa planteó la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad y obtuvo una resolución favorable de De Marinis, quien consideró que correspondía aplicar el límite de 16 años previsto por la legislación anterior y dispuso su sobreseimiento.

La Fiscalía apeló inmediatamente la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se investigara su actuación.

Con la resolución conocida este viernes, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación deberá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Cámara no anticipó una decisión sobre la responsabilidad del adolescente ni sobre las medidas que eventualmente podrían corresponderle, cuestiones que quedarán a cargo del nuevo juez que resulte sorteado.

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Mauricio Macri encabezó este viernes en San Salvador de Jujuy la sexta edición de “Próximo Paso”, el ciclo de encuentros federales del PRO, en un contexto de tensión entre el partido y La Libertad Avanza, sobre todo por los recortes en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y la falta de alianzas en diferentes distritos del país.

Antes del acto central, realizado en el Hotel Altos de la Viña, Macri mantuvo una reunión institucional con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno provincial. Luego visitó el Centro Cultural Lola Mora y finalmente, en el Hotel Altos de la Viña, encabezó el encuentro de presidentes del PRO del NOA, con referentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, más invitados de otras provincias.

La jornada incluyó dos actividades previas al acto central: una de PRO Mujeres, conducida por la titular Carolina Barone, y otra de la Juventud del PRO, a cargo de Pilar Brown y de la diputada nacional Antonela Giampieri. El acto arrancó con la bienvenida de la presidenta del PRO provincial, Claudia Machaca, acompañada por los titulares partidarios del NOA, y siguió con las palabras de Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy.

El cierre del encuentro en Jujuy estuvo a cargo de De Andreis y del propio Macri.

“Nosotros apoyamos a este Gobierno, quizás como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganaran, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y poner al Estado al servicio de la gente, y no de políticos corruptos que se enriquecen cada vez que llegan al gobierno. Pero todavía queda mucho por hacer: hemos logrado empezar a tener un equilibrio económico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit, y todavía tenemos que trabajar en reducir la inflación para que llegue a un dígito anual y que accedamos al crédito”, expuso Macri.

Por otro lado, destacó que Argentina “necesita un superávit fiscal de calidad”. Consideró que si bien, al superávit, “el Presidente lo ha logrado con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia de la Argentina y diría de la humanidad”, el mismo “es de baja calidad”.

“Si el Presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el Presupuesto. Pero son años de populismo que han sostenido subsidios, y desmontar toda esa situación de subsidios dañinos, perversos y tramposos lleva su tiempo. Pero falta hacerlo, y ese es el próximo paso”, evaluó.

Lejos de una posible candidatura, Macri aclaró que hoy en día su rol en el PRO “es tratar de ser mentor”.

“Estamos acá porque seguimos apostando a la gestión, a prepararnos para gobernar en cada lugar. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país”, manifestó.

“Próximo Paso NOA” fue la sexta parada de la gira que el PRO viene desarrollando durante 2026. Antes de Jujuy, el ciclo pasó por Resistencia (Chaco), Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata, con el lanzamiento oficial en Parque Norte en marzo pasado.

Días de tensión entre el PRO y el oficialismo

En paralelo a la reaparición de Macri, el economista Hernán Lacunza continúa con su campaña en modo precandidato presidencial. Esta semana publicó una foto en sus redes, acompañado -entre otros- por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el exsenador Alfredo De Angeli, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara; y el expresidente del PRO, Humberto Schiavoni. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que rechazan una alianza con La Libertad Avanza.

El pasado miércoles, el PRO difundió un comunicado con cuestionamientos políticos al oficialismo. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”, se afirmó en el texto.

En la publicación se remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”, y concluyó con una advertencia: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El secretario general del partido y diputado nacional Fernando de Andreis fue un paso más allá. “En esta se equivocaron”, indicó en X, y argumentó que la discapacidad alcanza a casi el 13% de la población, con miles de familias expuestas a situaciones que pueden ser “desesperantes”.

El dirigente, mano derecha de Macri, también delimitó el rol del PRO ante el conflicto: ser “el guardarraíl del Gobierno cuando algunas de sus acciones lo llevan a desviarse del rumbo” y, al mismo tiempo, una barrera contra quienes buscan usar el tema “con fines electorales”.

Reunión en Casa Rosada

En este contexto el jefe de Gabinete Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron el jueves en Casa Rosada al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al propio De Andreis. El cónclave —el cuarto encuentro formal desde que institucionalizaron el canal de diálogo quincenal— estuvo a punto de suspenderse: desde el macrismo admitían en la previa que “no hay muchos temas para hablar”.

Sin embargo, la reunión terminó durando más de dos horas. Buena parte de ese tiempo estuvo dedicada a seguir en tiempo real el debate en el Congreso sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El dato del Indec que se conoció esa tarde también ocupó parte de la agenda: la pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del período anterior. A la salida, Ritondo reconoció que “hablar de un acuerdo electoral también está lejos”, aunque ratificó que el PRO va “a garantizar el blindaje del cambio”.

Presionado por propios y ajenos, el oficialismo terminó dando marcha atrás a los cambios en discapacidad. La Casa Rosada presentó una iniciativa alternativa que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.

La nueva redacción le permitió a La Libertad Avanza (LLA) reconstruir parte de la negociación parlamentaria: el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas. “Cambia completamente la discusión”, describieron desde el macrismo al conocer los cambios.

Hernán Lacunza,Propuesta Republicana