El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick suspendió por tres meses dos artículos de la ley de reforma laboral en dos asuntos sensibles para los abogados.

Dejó sin efecto por tres meses el artículo que hace a los abogados responsables de las costas cuando un juicio laboral reclama más de lo que después reconoce la sentencia. El otro artículo suspendido permitía a las empresas pagar en cuotas las condenas de esos juicios.

El magistrado firmó dos resoluciones en menos de 24 horas. La primera respondió a 28 colegios de abogados de Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Salta, Catamarca, La Pampa, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.

La segunda hizo lugar al amparo colectivo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf). Las dos cautelares regirán por tres meses o hasta que haya sentencia definitiva, lo que ocurra primero.

El artículo 10 de la ley de reforma laboral modificó el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa norma ya preveía que si había “pluspetición inexcusable”, es decir, si el empleado reclamaba de más, el trabajador y su abogado pagarían solidariamente las costas, pese a la gratuidad del juicio laboral.

La reforma agregó que esa pluspetición se configura “de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados”.

Para el juez Cormick, ese agregado “carece de claridad en su redacción” y genera “incertidumbre” para los trabajadores y sus abogados “respecto al modo de encauzar su pretensión procesal”.

Sostuvo que la “pluspetición” es una excepción a la gratuidad y que sólo puede determinarla el juez de cada causa, con un “examen minucioso” de la conducta del actor y de su letrado que establezca su “responsabilidad subjetiva”.

El juez agregó que la norma “no guarda coherencia” con el resto de la ley laboral, que ya fija pautas claras para calcular las indemnizaciones.

También dijo que en el cambio “aparece una intromisión por parte del Poder Legislativo en las facultades del Poder jurisdiccional”.

Citó, además, la regla de la propia reforma según la cual, en caso de duda, debe aplicarse la norma más favorable al trabajador.

Pagos en cuotas

El otro artículo, el 56, permite a las grandes empresas pagar las condenas laborales en hasta seis cuotas mensuales, y a las pymes en hasta doce, ajustadas por inflación más un 3% anual.

Los colegios de abogados plantearon que la ley no distingue si eso alcanza también a los honorarios, que forman parte de las costas.

Cormick recordó que, según la Corte Suprema, los honorarios no son accesorios del capital de condena porque su causa es el trabajo del profesional. Pero también admitió que integran las costas y, por lo tanto, la sentencia.

Esa “falta de distinción” de la ley, escribió, obliga a interpretar si los honorarios pueden pagarse en cuotas y genera una “evidente incertidumbre”.

Concluyó que autorizar a las empresas a pagar en cuotas “sin dar intervención y/o participación al titular del crédito” aparece, “en este estado larval del proceso”, como “una clara violación al derecho de propiedad”. Lo respaldó con la máxima de que “reglamentar no es destruir”.

El Colegio Público de la Abogacía porteño celebró el fallo en un comunicado. Recordó que durante el debate legislativo había advertido que la reforma “no podía menoscabar la tarea de los abogados y las abogadas mediante la imposición de riesgos patrimoniales o la afectación de nuestros honorarios”.

“Como no fuimos escuchados, promovimos un amparo colectivo”, señaló.

Sobre el artículo 10, la entidad sostuvo que la diferencia entre lo reclamado y lo reconocido “puede obedecer a las dificultades para acceder a la información necesaria para calcular el crédito, al resultado de la prueba o a distintas interpretaciones jurídicas”.

Agregó que esa diferencia, por sí sola, “no justifica que los abogados y las abogadas debamos responder con nuestro patrimonio”.

“El riesgo de tener que hacerlo condiciona nuestra libertad para defender los derechos de nuestros clientes y puede desalentar reclamos que corresponden”, afirmó.

Sobre el pago en cuotas, el Colegio dijo que el régimen “posterga el cobro de créditos laborales y honorarios de naturaleza alimentaria”. Según la entidad, coloca “injustificadamente” a los abogados laboralistas y a sus clientes “en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales”.

“La cautelar no resuelve aún el planteo de inconstitucionalidad”, admitió el Cpacf, y anticipó que seguirá impulsando la acción. “Tenemos el deber de defender el ejercicio libre de la profesión y el derecho a percibir una retribución justa por nuestro trabajo”, concluyó.

El controvertido Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo tratamiento lleva casi 30 años demorado en el Congreso y su aprobación es reclamada por los Estados Unidos, quedó esta tarde a un paso de ser ratificado por el Congreso al recibir dictamen luego de ser discutido en una reunión plenaria de dos comisiones del Senado.

Tras el encuentro, en el que expusieron representantes de cámaras empresarias y de fundaciones que se oponen a su aprobación, el oficialismo logró reunir el apoyo de los bloques dialoguistas necesarios para darle dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio.

De esta manera, el texto quedó en condiciones de convertirse en uno de los platos fuertes de la próxima sesión del Senado, que el oficialismo pretendería convocar para el jueves venidero.

El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permite presentar una única solicitud internacional de patente con efectos iniciales en los países adheridos.

El mecanismo no crea una “patente mundial” ni reemplaza la decisión de las autoridades nacionales, pero unifica la etapa inicial y facilita la búsqueda, la publicación y la evaluación preliminar de las invenciones.

Entre sus principales herramientas, el tratado contempla una búsqueda internacional de antecedentes técnicos y, a pedido del solicitante, un examen preliminar no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la creación. Esa información permite evaluar con mayor anticipación las posibilidades de obtener protección antes de ingresar en las etapas nacionales.

Una vez cumplida la fase internacional, el interesado debe continuar el trámite en cada jurisdicción elegida, presentar las traducciones requeridas, abonar las tasas correspondientes y cumplir con la legislación local. Cada oficina conserva la potestad de conceder o rechazar la patente.

El expediente llegó al Senado después de haber sido aprobado por Diputados el 27 de agosto pasado, cámara en la que permaneció congelado por 28 años luego de que el Senado lo aprobara en 1998. El tratado que había sido rubricado por la Argentina en 1970.

Sin embargo, como Diputados introdujo una modificación al texto, la iniciativa regresó a la Cámara alta en segunda revisión. Ese cambio fue aceptado esta tarde por los senadores.

El cambio consiste en una reserva sobre el Capítulo II del PCT, que regula el procedimiento de examen preliminar internacional, una instancia técnica optativa para evaluar anticipadamente las posibilidades de patentar una invención.

Con esa reserva, la Argentina no aplicaría ese examen preliminar internacional, mientras que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantendrá íntegramente el análisis de fondo en el país.

La discusión en el plenario de comisiones del Senado expuso posiciones enfrentadas entre quienes defienden la adhesión al tratado como una puerta para la exportación de desarrollos argentinos. Además, sostienen que reducirá las gestiones iniciales para científicos, pymes, universidades y centros de investigación.

Los sectores críticos, en cambio, plantearon reparos por su posible efecto sobre los precios de los medicamentos cuyas patentes quedarían en condiciones de monopolio y reclamaron preservar la capacidad nacional de examinar las solicitudes. Una preocupación similar manifiestan en la producción de semillas.

En términos prácticos, el PCT funciona como una puerta de entrada común para comenzar el trámite en los Estados adheridos, pero no altera los requisitos para patentar previstos por la legislación argentina.

Tampoco extiende automáticamente al país derechos concedidos en el exterior: la autoridad local seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la última palabra sobre su otorgamiento.

La adhesión apunta a reducir duplicaciones administrativas, ordenar los procedimientos y ampliar el plazo disponible para que inventores, empresas y centros de investigación definan en qué mercados procurarán proteger sus desarrollos.

Con el dictamen de comisión, el proyecto supera una instancia central del debate legislativo y aguarda su tratamiento en el recinto.