POLITICA
La Argentina se sumó a un acuerdo liderado por EE.UU. para impulsar el uso de la inteligencia artificial en la ciencia

La Argentina se sumó este domingo a una iniciativa internacional encabezada por Estados Unidos que propone acelerar la investigación científica mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial y revisar, al mismo tiempo, los mecanismos con los que se financian los proyectos.
La adhesión se formalizó durante la 23ª reunión anual del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad, en Japón, donde 17 gobiernos respaldaron la denominada Visión de Kioto para una Edad de Oro de la Ciencia. Junto con Argentina y Estados Unidos participaron Bulgaria, Chile, Chipre, Alemania, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Kazajistán, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
Aunque la declaración no obliga a realizar aportes económicos ni fija inversiones, los países asumieron como objetivo facilitar a los científicos el uso de sistemas de inteligencia artificial, grandes volúmenes de información y mayor capacidad informática. Esa apertura pretende ir acompañada por mecanismos de financiamiento más flexibles, que combinen los programas tradicionales con fondos de ejecución rápida y premios para proyectos específicos.
El cambio en la forma de financiar la ciencia se enlaza con una mayor automatización de la investigación, ya que la iniciativa promueve el uso de inteligencia artificial para procesar información, desarrollar modelos de sistemas físicos y biológicos y avanzar hacia experimentos con una intervención cada vez mayor de esas herramientas.
“La forma en que realizamos descubrimientos científicos ha cambiado, y la Visión de Kioto reconoce ese cambio y es un llamado a la acción”, afirmó Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. El funcionario agregó que “la superinteligencia aplicada a la ciencia será la mayor fuerza de la historia para democratizar la investigación”.
La apuesta del Gobierno por las inversiones tecnológicas
Ese acercamiento a la agenda tecnológica de Estados Unidos se produce mientras el gobierno de Javier Milei intenta atraer proyectos de inteligencia artificial y centros de datos a la Argentina a partir de menor regulación, incentivos impositivos y disponibilidad energética.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió esa orientación recientemente en París al advertir que una regulación preventiva demasiado amplia puede desalentar inversiones. La misma mirada atravesó la Argentina Week, donde el Gobierno buscó captar capitales para energía, minería, tecnología y economía del conocimiento.
La expansión de los centros de datos unió a su vez esa política tecnológica con la estrategia energética, porque esas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad. Por eso, la administración nacional viene presentando el potencial de Vaca Muerta y de otras regiones del país como una ventaja para captar proyectos vinculados con inteligencia artificial.
La incorporación a la iniciativa impulsada por Estados Unidos suma ahora una dimensión científica a esa estrategia, aunque por el momento la declaración no determina inversiones, desembolsos ni plazos obligatorios para la Argentina.
IA, Inteligencia artificial, Estados Unidos, Javier Milei
POLITICA
El Senado debate la nueva ley de Discapacidad y la restitución de la Ley de Tierras – Nexofin

El Senado tendrá este jueves una sesión clave para el cierre del período ordinario, con dos iniciativas centrales en discusión: el nuevo régimen de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción, y el proyecto que busca restablecer la Ley de Tierras, derogada mediante el DNU 70/2023.
La convocatoria fue acordada en Labor Parlamentaria, bajo la conducción de Victoria Villarruel, y comenzará a las 11. La Libertad Avanza deberá conseguir al menos 37 senadores para habilitar el debate.
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Al momento, cuenta con 21 bancas y necesita el respaldo de bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR y representantes provinciales.
Frente al rechazo de los aliados, el oficialismo eliminó las listas colectoras de la reforma electoral
Uno de los proyectos propone reemplazar la emergencia en discapacidad por un sistema permanente de prestaciones y financiamiento, además de establecer controles sobre los fondos y mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores.
La otra iniciativa, denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incorpora la derogación del artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y dispone recuperar sus restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. La norma establece un límite del 15% de propiedad extranjera en cada jurisdicción. Si el Senado aprueba el texto sin cambios, la legislación volverá a estar vigente.
El temario incluye además la designación de representantes parlamentarios en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, encargado de supervisar los lugares de detención.
También se debatirá una propuesta para declarar 2027 como el “Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, impulsada por el radical Eduardo Vischi.
Por último, los senadores tratarán el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, iniciativas sobre cabotaje y Marina Mercante, admisión temporaria, derechos de niños y adolescentes y distintos acuerdos internacionales.
Diputados: el Gobierno no consiguió quórum y se cayó la sesión por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
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POLITICA
Mahiques se reunió en Washington con el jefe de los fiscales penales de EEUU y acordó fortalecer la cooperación judicial

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quien acordó avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación penal y mejorar los mecanismos de colaboración en investigaciones judiciales.
Durante el encuentro, del que también participaron autoridades del Departamento de Justicia y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, se analizaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los tribunales, la cobertura de vacantes judiciales y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.
Según información a la que accedió Infobae, uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de fortalecer los canales de cooperación penal internacional, en particular para facilitar el intercambio de información entre autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación de los procedimientos de extradición.
La reunión permitió establecer una agenda de trabajo entre las autoridades de ambos países, con atención en las capacidades operativas que requieren los organismos judiciales para responder a investigaciones complejas y a los desafíos de la persecución de delitos con conexiones internacionales.
Duva conduce desde diciembre de 2025 la División Criminal del Departamento de Justicia, una de las estructuras centrales del sistema federal estadounidense para la investigación y persecución de delitos. Bajo su supervisión trabajan más de 1.100 fiscales federales y empleados especializados en áreas como el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la corrupción pública, los delitos financieros y los ciberdelitos.
La delegación que participó de la reunión estuvo integrada, además de Mahiques, Duva y Oxenford, por Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino de esa división; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.
La cooperación incluyó capacitación y el avance del sistema acusatorio
La presencia de funcionarios vinculados con la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió abordar las necesidades de formación de los operadores del sistema penal y los mecanismos institucionales disponibles para mejorar la colaboración entre los organismos de ambos países.
En ese marco, Mahiques destacó que la transformación del sistema de justicia penal argentino requiere modificaciones normativas, instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales con capacidad para desarrollar investigaciones de manera eficiente.
Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener programas de intercambio y capacitación para jueces y fiscales, con el objetivo de incorporar experiencias y herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fortalecer las capacidades de investigación.
Uno de los principales temas de la agenda fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, el nuevo esquema dispone que los fiscales dirijan la investigación penal, reúnan pruebas y formulen las acusaciones. Los magistrados intervienen como jueces imparciales, controlan la legalidad de los procedimientos, garantizan los derechos de las partes y resuelven las controversias que se planteen durante el proceso.
La reforma también establece un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, con el propósito de reducir los trámites escritos y acelerar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente predominantemente escrito, el sistema promueve que las decisiones relevantes se adopten en audiencias ante los jueces, con participación de fiscales y defensores. Su implementación exige reorganizar los recursos humanos, incorporar tecnología, adecuar salas de audiencias y ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que adquiere un papel central en la investigación de los delitos federales.
La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal avanza de manera progresiva en las jurisdicciones del país. Tras su aplicación en distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su entrada en vigencia en Paraná. El cronograma oficial prevé para 2027 su implementación en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo. La transición representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio de Justicia, por la necesidad de coordinar recursos, infraestructura y capacitación entre los distintos organismos del sistema judicial.
La experiencia de Estados Unidos en investigación penal y organización de fiscalías fue uno de los puntos considerados durante las conversaciones, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. Allí, los fiscales federales tienen un papel protagónico en la persecución de los delitos y trabajan en coordinación con organismos especializados de investigación, dentro de un esquema institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.
En ese contexto, la participación de Erik Peterson, responsable de OPDAT, adquiere relevancia por las funciones de esa oficina, que desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal de otros países.
También intervino John Beasley, de la OIA, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, en particular en cuestiones relacionadas con extradiciones y asistencia judicial internacional.
La cobertura de vacantes en la Justicia argentina fue otro de los asuntos incluidos en la agenda. Durante la conversación se examinó la importancia de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios capacitados para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de los tribunales.
La reunión se inscribe en una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que apunta a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de los procedimientos judiciales cuando las investigaciones involucran a más de un país.
El objetivo compartido es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambos países y avanzar en mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación de jueces y fiscales.
POLITICA
Tras el fracaso de la sesión en Diputados, el Gobierno enfrenta tensiones internas y evalúa retomar la ley Malvinas la próxima semana

El Gobierno evalúa volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, después de que el fracaso de la sesión en Diputados provocara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo consiguiera la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.
El resultado sorprendió a la mesa política, que había dado por asegurados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y considera que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.
La escena más elocuente ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara de Diputados, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo aseguran que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria después de que transcurriera la media hora reglamentaria.
En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.
La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.
El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La diferencia adquirió especial relevancia por la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.
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