Mariano De Vedia,Iglesia,Discapacidad,Conforme a

Senadores demócratas le hicieron fuertes acusaciones al gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump al hablar de “interferencias” en las elecciones en Brasil, que ganó el liberal, Flávio Bolsonaro, ante el mandatario Lula da Silva, que definirán el proceso en balotaje, el 25 de octubre. En el comunicado también hablaron del caso argentino por las legislativas de 2025.

Los senadores estadounidenses Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Peter Welch le enviaron una carta a Rubio, con fecha 29 de septiembre, en la que le reclamaron “reconocer el resultado de las elecciones en Brasil y solicitando al Departamento de Estado que colabore con socios regionales del hemisferio occidental en el seguimiento de los procesos electorales y judiciales”.

En la carta los senadores expresan su preocupación por “las recientes acciones de la Administración Trump hacia Brasil, incluyendo el uso de aranceles y sanciones selectivas para intentar influir en el veredicto de la Corte Suprema brasileña en el caso del expresidente Jair Bolsonaro, que fue juzgado por intentar incitar un golpe militar para mantenerse en el poder”.

Además le reclamaron a la Administración Trump “no dañar aún más la relación bilateral con Brasil, socio comercial clave de Estados Unidos” y alertaron sobre un “patrón de injerencia electoral en América Latina, incluyendo sus acciones antes de las elecciones de medio término en la Argentina, Honduras y Colombia”.

Senadores demócratas acusaron a Donald Trump de interferir en las elecciones de Brasil

Los senadores demócratas expresaron su preocupación “respecto a las acciones de la Administración” Trump, que advirtieron que amenazan la “alianza estratégica con Brasil y socavan la segunda democracia más grande del hemisferio occidental”, previo, en ese momento, a las elecciones del domingo pasado.

Mencionaron “el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal en asuntos de Brasil en el Departamento de Estado, un conocido extremista de ultraderecha y supremacista blanco”, que tiene entre sus antecedentes “declaraciones públicas que señalaban un compromiso ideológico manifiesto para socavar las instituciones democráticas de Brasil y promover los intereses de la ultraderecha brasileña”. Además de la imposición de “aranceles elevados a las importaciones brasileñas”.

Hablaron de un “aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar las elecciones generales de Brasil en octubre” y citaron la reunión de Flávio Bolsonaro con Trump en mayo, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que incluyó una foto entre ambos, “llevada a cabo mientras intentaba mitigar un escándalo político interno”, que alertaron que “subraya la disposición de la Administración a inmiscuirse en las elecciones”.

La mención de senadores demócratas al caso de las legislativas argentinas en 2025, en sus acusaciones de Donald Trump de “injerencia” en las presidenciales de Brasil

Los senadores demócratas mencionaron el caso de las legislativas argentinas en 2025, en sus acusaciones de Trump de “injerencia” en las presidenciales de Brasil: “EE.UU. usa presión diplomática, económica y política que pone en riesgo las instituciones democráticas del país, socava la confianza en el proceso electoral brasileño y daña aún más nuestra relación con un aliado estratégico y socio comercial”.

Consideraron que “estas acciones reflejan un patrón más amplio y profundamente preocupante de injerencia por parte de la Administración Trump en los recientes procesos electorales en América Latina, como se observó durante las elecciones intermedias en la Argentina y las elecciones presidenciales en Honduras y Colombia”.

Advirtieron que “este patrón no solo amenaza la integridad de los procesos electorales en países individuales, sino que también erosiona progresivamente la confianza del electorado en los procesos e instituciones democráticas en toda la región”.

El año pasado, un mes antes de las elecciones legislativas nacionales en las que se impuso el oficialismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un fuerte respaldo financiero para la Argentina, como un swap por U$20.000 millones para reforzar las reservas.

Donald Trump, Brasil

Cada vez hay más provincias que prohíben a los “trapitos”. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó ayer la Ley 14.486, que aplica sanciones de hasta 80 días de arresto al ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando es voluntario.

El decreto 2121, firmado también por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, puso en vigencia la iniciativa impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas. En esa ciudad, hay 1.218 de los 1.395 cuidacoches identificados.

La promulgación llega después de años de discusión e incluso persecución policial a la actividad. Solo en 2025, según reportes de Rosario, hubo 200 detenciones vinculadas con esa actividad.

La ley incorpora al Código de Convivencia de Santa Fe como contravención la tarea de los trapitos. El régimen solo podrá aplicarse en los municipios que adhieran mediante una ordenanza propia.

La Legislatura había aprobado la norma dos semanas antes, cuando el Senado insistió con su versión original y rechazó los cambios incorporados por la Cámara de Diputados. Hubo resistencias, por ejemplo, del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto “regulación y ordenamiento de la actividad”.

La contravención alcanza a quienes actúen sin autorización en lugares donde una disposición municipal prohíba la actividad. La prohibición rige incluso cuando el pago sea presentado como una colaboración voluntaria.

La pena inicial será de dos a diez días de trabajo comunitario y la imposibilidad de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la sanción pasará a ser de 10 a 20 días de arresto.

Las penas y sus agravantes

Los mínimos y máximos se duplicarán si hubo violencia o amenazas, si la actividad se desarrolló en áreas de estacionamiento tarifado o si se aprovechó una situación de vulnerabilidad de la víctima. La misma escala se aplicará a los hechos cometidos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.

La sanción agravada también abarcará las inmediaciones de espectáculos y eventos públicos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. Ese alcance se extenderá desde dos horas antes del inicio de la actividad hasta una hora después de su finalización.

Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, recibirán entre 10 y 20 días de arresto. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro, es decir, puede alcanzar hasta 80 días de arresto.

El gobierno de Santa Fe deberá desarrollar políticas de prevención e inclusión junto con los gobiernos locales. Esas medidas contemplarán capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones sobre salud mental y consumos problemáticos.

Los municipios serán responsables de aplicar las contravenciones y podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores. Cada administración local deberá aprobar su adhesión para que el esquema entre en funcionamiento.

Rosario prepara su adhesión

El Concejo Municipal de Rosario realizó su cuarta mesa de trabajo sobre la situación de los cuidacoches el mismo viernes de la promulgación. En ese marco, Seisas participó del encuentro para exponer los alcances de la ley y las dificultades de su implementación en la ciudad.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la legislación provincial establece un marco al que cada municipio debe adherir y se planteó avanzar con la ordenanza que habilite su aplicación local. En el ámbito legislativo, se debatió la necesidad de distinguir los casos de extorsión de aquellos en los que existe un pedido de colaboración voluntaria.

Otros distritos y provincias ya avanzaron en medidas similares, luego de una primera etapa de regulación y registro, que no logró la simpatía de la población. Este año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sancionó una normativa semejante, donde incorporó multas que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.

A mediados de abril, el Gobierno de Córdoba promulgó también una prohibición de cuidacoches (conocidos localmente como “naranjitas”), limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La normativa establece penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para quienes ejerzan estas actividades sin permiso municipal.

Y en 2018, Mendoza aprobó tempranamente las restricciones y la ilegalidad de la actividad de “trapitos” y “limpiavidrios” en la vía pública.