La audiencia de este martes del juicio por los Cuadernos de las Coimas cerró con un pedido de las partes que, a diferencia de veces anteriores, generó cierto consenso. Solicitaron no exhibir datos personales como números telefónicos durante el debate del próximo jueves, algo que la fiscalía entendió como “correcta”.

En la próxima jornada del juicio está previsto que declaren nueve testigos y que, entre otros temas posibles, el foco esté en los cruces telefónicos. Por ese motivo, las defensas se anticiparon y solicitaron que se adoptaran medidas para no mostrar datos personales, como por ejemplo, los números de celular y sus respectivos titulares de las personas investigadas y de posibles terceros que no sean foco de la pesquisa.

“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, completó.

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, dijo que “no se verifica ninguna circunstancia” que inhabilite la transmisión de la audiencia. También sostuvo que se puede adoptar alguna medida “que impida que los teléfonos trasciendan”.

Más allá de que todavía se desconoce qué medida puntual será adoptada en la audiencia del próximo jueves, el consenso alcanzado entre las partes del juicio deja de manifiesto la sensibilidad que existe en el material publicitado durante las audiencias, en las que se exhibieron fotos y videos de allanamientos en domicilios particulares.

La semana pasada fue el turno de los allanamientos en Santa Cruz en domicilios de la familia Kirchner, con los videos de la puerta “dura” en El Calafate, algo que fue mencionado como bóveda.

Y antes de eso, el 17 de septiembre, se habían transmitido los videos del allanamiento en el domicilio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material, los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.

El video, cuya exhibición había sido solicitada por la fiscal León, se reveló solo parcialmente, luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.

“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo entonces Barrales.

De esta manera, el próximo jueves será el turno de nueve testigos y se espera que la audiencia verse sobre información proveniente de los teléfonos de los imputados. Durante este martes no se especificó puntualmente sobre qué celulares ni sus propietarios.

La primera audiencia de esta semana, además, contó con la declaración de un vigilador privado que trabajaba en un edificio de la avenida Alvear. Se trata de Damián Ignacio Jerez, quien relató que allí vivía la familia Romero.

Precisamente, Gabriel Romero es uno de los arrepentidos en la causa. Según indicó el testigo Jerez, él observó cómo un tal Poblete ingresaba al edificio con un “Audi negro”. En ese sentido, el expediente también posee a Rodolfo Poblete como imputado colaborador.

Romero y Poblete representaron a Emepa. La empresa formó parte de un consorcio con Jan De Nul, que estuvo al frente de la concesión de la hidrovía.

Por su parte, Romero había confesado que pagó coimas por el decreto de Cristina Kirchner para renovar la concesión de la hidrovía y que le abonó 500.000 dólares a Ricardo Jaime. En tanto, Poblete dijo que fue el encargado de entregarle dinero a Roberto Baratta, por la renegociación del plazo de la concesión, tras seguir instrucciones de Romero.

Un grupo de 85 figuras del mundo académico, jurídico y cultural, firmaron y difundieron una declaración en la que, si bien reconocen el diferendo diplomático con el Reino Unido por las islas Malvinas, rechazan que su definición como “causa nacional” por parte del Gobierno “hable en nombre de todos los argentinos”. Al mismo tiempo advierten sobre el proyecto de ley de soberanía nacional remitido al Congreso, “que podría penalizar el disenso”.

El texto distingue entre el diferendo por la soberanía de las islas, que los firmantes reconocen como legítimo, y la “causa nacional” de Malvinas, a la que atribuyen “la pretensión de imponer una unanimidad imaginaria que no admite disensos”.

Entre las reconocidas personalidades que suscriben el documento se encuentran Graciela Fernández Meijide, Santiago Kovadloff, Pablo Gerchunoff, Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Katz, Jorge Ossona, Oscar Oszlak, Vicente Palermo, Pablo Avelluto, Isidoro Cheresky, Daniel Sabsay, Liliana de Riz, Roberto Gargarella, Carlos Malamud, Roy Hora, Marcos Novaro, Jesús Rodríguez, Luis Alberto Romero y Federico Merke, entre muchos otros.

Los firmantes parten de reconocer que existe un diferendo jurídico, político y diplomático con el Reino Unido, respaldado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes a negociar, y por la disposición transitoria de la Constitución Nacional que ratifica la soberanía argentina y compromete a recuperar las islas por medios pacíficos.

Dentro de ese marco, los intelectuales admiten tener diferencias entre ellos sobre el lugar de los isleños en una eventual negociación, sobre la conveniencia de cooperar con el Reino Unido y sobre la interpretación de la cláusula constitucional.

Pero después vuelven a estar unificados en que ”rechazan la transformación del diferendo en una causa que, según el texto, ‘no admite disensos relevantes en ninguna dimensión’ y que considera mal argentino a quien se sienta ajeno a ella».

La declaración recuerda que la guerra de 1982, decidida por la dictadura, fue posible porque esa causa ya estaba instalada en la sociedad, como lo mostró el respaldo popular a la ocupación, y sostiene que hoy se extiende al deporte, al discurso político y a “inquietantes brotes de militarismo”, al tiempo que el gobierno nacional actúa en la cuestión con “un oportunismo flagrante”.

Los firmantes advierten, además, que el proyecto de ley de Defensa de la soberanía nacional, cuyo eje es Malvinas, prevé en su artículo 111 una tipificación penal difusa que podría derivar en la penalización del disenso. “Hacemos una diferenciación muy tajante entre el diferendo, que nos permite discrepar en libertad, y la causa Malvinas, que pretende englobarnos en un colectivo uniforme y en una unanimidad puramente imaginaria”, sostiene el texto, que concluye con un pedido: “Que el unanimismo deje de hablar en nuestro nombre”.