El triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta electoral de Brasil le dio al Gobierno argentino un nuevo argumento para su teoría de que el avance de la derecha favorece a la reelección de Javier Milei en 2027, aunque el resultado también admite una lectura menos cómoda para la Casa Rosada. Desde 2015, en 21 de las 25 elecciones presidenciales de la región suramericana se impusieron candidatos opositores y en siete de los nueve países el oficialismo no ganó ningún comicio.

Esa regularidad obliga a mirar la elección argentina del año próximo más allá de la afinidad ideológica entre Milei y otros liderazgos de derecha. “Hoy, el antioficialista es mayor que el oficialista. La desaprobación es casi 2 a 1”, planteó el politólogo Mario Riorda, en diálogo con TN. Sin embargo, marcó como condición decisiva a “la consolidación de figuras opositoras que la encarnen para que se constituya en algo competitivo electoralmente”.

Facundo Cruz, politólogo y coordinador de Pulsar UBA, llegó a una conclusión similar a partir de la experiencia suramericana. “Si esta tendencia regional se repite, entonces el gobierno de Javier Milei estará en un problema de cara a 2027, porque están presentes cada uno de los componentes del contexto global de la pospandemia. Solo falta uno: que la oposición esté unificada detrás de una candidatura competitiva”, señaló.

La fragmentación opositora aparece así como uno de los factores que todavía juegan a favor del oficialismo. Riorda estimó que, dentro del universo crítico del Gobierno, “un tercio estará cubierto por un liderazgo peronista y el otro tercio está en disputa y no es de nadie”, con la particularidad de que allí se ubican más votantes desencantados con Milei que opositores consolidados, dijo. “Está en disputa qué anti es más anti”, resumió.

Ese escenario también vuelve más difícil trasladar a la Argentina de manera automática lo ocurrido en Brasil. Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados, aclaró que los sistemas electorales de ambos países son distintos y que uno de los pocos puntos comparables es la fragmentación partidaria. Aun así, encontró otro elemento común en la creciente centralidad de la identidad política, con “la radicalización y la polarización ideológica, mucho más potente que los buenos resultados económicos”.

Economía, demandas y expectativas

De acuerdo con el análisis de los especialistas consultados por TN, la economía puede pesar en 2027 sin necesariamente explicar por sí sola el resultado. Para Riorda, aunque el desempeño económico previo a las elecciones es clave, el componente ideológico conserva una capacidad de ordenamiento muy fuerte. “La ideología es un buen predictor electoral. Vemos esta tendencia en América Latina corrida hacia las derechas, pero mucho más a las ultraderechas”, explicó. En ese terreno, definió a Milei como “ordenador”, “nítido” y “un verdadero mojón ideológico”.

Córdoba también relativizó la posibilidad de que un deterioro económico determine automáticamente un voto castigo. “Para muchos votantes la economía no es el tema central, no es el tema dominante, sino que lo es el tema ideológico”, coincidió, y recordó que en la elección de octubre del año pasado hubo electores que, aun atravesando dificultades económicas, terminaron acompañando al Gobierno de Milei.

Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial Big Data, puso el foco en otra condición para que Milei pueda escapar a la dinámica regional de castigo a los oficialismos, la de “dar respuesta a las principales urgencias que tienen los argentinos”. Según su análisis, la baja de la inflación es reconocida y valorada, pero convive con una evaluación sobre “el costo que pudo generar el remedio utilizado”, entre ellos la caída de ingresos, las dificultades para llegar a fin de mes y los problemas para conseguir empleo.

Para Klobovs, esas variables pueden convertirse en un castigo electoral “si no se ve una mejora concreta”. A la recuperación económica le sumó la dimensión política de que Milei necesitará “no solo revertir percepciones del metro cuadrado de los argentinos, sino también recrear expectativas a futuro, que hoy están muy bajas”.

Claudio Montiel, director de Zentrix, también vinculó las posibilidades electorales para la reelección con la respuesta a problemas cotidianos. Entre las demandas que sondea mensualmente, mencionó el empleo y el endeudamiento de las familias y consideró que Milei todavía está “a tiempo” de modificar el rumbo. “Si el Gobierno no entiende o sigue enfrascado en una discusión de ‘está todo bien y todos los demás se equivocan’ —que ya le pasó al kirchnerismo y al macrismo y que el Gobierno está entrando en la misma discusión—, es probable que termine prácticamente en el mismo camino”, advirtió.

¿Gana la derecha o pierden los oficialismos?

El debate sobre si el resultado brasileño debe leerse como otro avance de la derecha o como una nueva derrota oficialista divide menos a los especialistas cuando se amplía la perspectiva. Cruz sostuvo que los ciclos actuales de América están “más guiados por la alternancia recurrente” que por un péndulo entre izquierda y derecha. “Los oficialismos que perdieron en los últimos 6 años fueron de distinto signo y los giros muestran que los electorados mayoritarios van de un lado al otro, sin importar mucho el signo político saliente. La regularidad es la alternancia”, afirmó.

Klobovs coincidió en que, hacia 2027, puede resultar más determinante la condición de oficialista que la identidad ideológica. “Lo que creo que más va a terminar pesando es una dicotomía de oficialismo y opositor y no de izquierda o derecha, porque eso es lo que está primando debido al descontento social. Esa es la variable clave”, planteó.

Montiel introdujo un matiz. A su entender, el desgaste de los gobiernos explica mejor el fenómeno regional, pero las fuerzas de derecha encontraron una ventaja al interpretar con mayor eficacia algunas demandas actuales.

Javier Milei respaldó al sector de Santiago Caputo en un nuevo round de la histórica discusión que mantienen los jóvenes de la militancia virtual y el sector de los primos Menem sobre el islam. En este caso, a partir de una denuncia penal que presentó el Centro Islámico de la República Argentina contra Daniel Parisini, alias “Gordo Dan” en X, por sus expresiones en contra de esa religión.

En la denuncia, el apoderado de la organización invocó el artículo 3 de la Ley 23.592, es decir, propaganda basada en la superioridad de un grupo religioso y aliento o incitación a la persecución o al odio religioso, aunque aclaró que no propone una calificación definitiva y dejó esa tarea a la Fiscalía y al juez. Parte de una imagen publicada por Parisini durante el Mundial, a partir de una nota de Clarín sobre los mensajes islamofóbicos contra el futbolista francés Kylian Mbappé y otros jugadores que profesan la fe musulmana.

La representación de la polémica muestra, en el centro, una media luna y una estrella verdes, símbolo asociado al islam. Y, alrededor, formando un círculo, trece pictogramas negros, cada uno con una pequeña estrella verde y una leyenda: Violaciones, Decapitaciones, Paganismo, Quema de gente viva, Mutilación genital femenina, Violencia con los perros, Toma de rehenes, Esclavitud, Asesinato por honor, Opresión a las mujeres, Jihad, Pedofilia y Poligamia. El diseño imita el formato de un afiche publicitario, de forma irónica, para representar al islam como sinónimo de esa lista de crímenes y abusos.

Ayer, Daniel Parisini, muy cercano al asesor de Milei, se mostró indignado en las redes sociales por la presentación en su contra. “Quieren a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del Islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa. Porque así hicieron allá: llamaron “islamofóbico” a todo aquel que los criticara y les tiraron los sistemas judiciales de nuestras democracias encima», dijo.

El Presidente lo respaldó. No sólo replicó el mensaje de Parisini, sino que agregó una apreciación, con sus propias palabras. “Tomar nota”, escribió el Presidente, a pesar de que en una parte de la publicación incluía un cuestionamiento (indirecto) a los Menem. “Dejen de querer apretarme con sectores del Gobierno que comulgan con ustedes”, dijo Parisini en el post. Y agregó, con fuertes insultos, que no le importan lo que digan ni unos ni los otros, en referencia admitida por los libertarios por lo bajo, a los Menem.

La tropa de Caputo, incluidos el legislador bonaerense Agustín Romo y funcionarios como Juan Carreira, así como decenas de usuarios salieron a respaldar a “Dan”, que se ocupó de retuitear los mensajes de apoyo a su posición.

El mensaje del Presidente ocurre en la previa de la llegada del papa León XIV, que tiene previsto entre sus actividades en el país un encuentro ecuménico el lunes 9 de noviembre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los riojanos no habían contestado a esas y otras críticas de los tuiteros que se identifican con el liderazgo de Caputo. Pero en ese sector deslizaron: “Nosotros no vamos a generalizar, terrorismo y religión no son lo mismo”. Durante el verano, Zulemita Menem había tenido un cruce con Dan por el mismo tema, a quien salieron a cuestionar los tuiteros libertarios.

Hasta los últimos días, la interna estaba aplacada, pero latente. Pero pareció reavivarse esta semana, a partir de un mensaje del caputista Agustín Romo por el rol central que le dio Flávio Bolsonaro a la militancia digital en sus listas para las elecciones en Brasil. La apreciación, que no tenía destinatario, fue contestada por la diputada santafecina cercana a Karina Milei, Romina Diez, que como contó Infobae, recogió el guante y despertó un debate en redes sobre el lugar de los jóvenes mileistas en las nóminas electorales.

En LLA algunos aseguran que el origen de las disputas intestinas, más que en decisiones políticas, electorales, de gestión o de cargos, se encuentra en las fuertes discrepancias sobre el islam entre la familia Menem y el grupo del asesor presidencial. Esas diferencias se cristalizaron en 2024 en conversaciones privadas, y terminaron de estallar y hacerse evidentes para el ojo público el año pasado. El detonante fue un posteo en la red social. “No odiamos lo suficiente al islam”, publicó entonces uno de los colaboradores más cercanos a Caputo en la Casa Rosada, Lucas “Sagaz” Luna. La apreciación disparó la ira de los Menem, que le contestaron a través de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y colaborador suyo en la Cámara de Diputados.

Parisini, que no se ahorra insultos en las redes, viene de ganar en un expediente análogo. El miércoles fue archivada la denuncia que había presentado en su contra y de otros influencers libertarios el diputado nacional socialista Esteban Paulón, también militante de los derechos LGTBQ+, por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales. Como reveló Infobae, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.

El gobierno de Javier Milei apelará el fallo por el financiamiento universitario y buscará evitar la ejecución inmediata de los recursos establecidos por la ley. La decisión ya fue tomada y la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia que llevará adelante el Ejecutivo en la próxima instancia judicial.

La presentación buscará revertir la sentencia dictada este martes por el juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

En la Casa Rosada consideran que todavía existen herramientas jurídicas para discutir la resolución y, en paralelo, analizan otras alternativas vinculadas al impacto presupuestario que tendría la ejecución de la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señalaron desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, a Infobae.

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El argumento que llevará el Gobierno a la Justicia

Uno de los principales puntos de la estrategia oficial volverá a ser el origen de los recursos necesarios para financiar la ley.

El Ejecutivo sostiene que su aplicación demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos y argumenta que corresponde al Congreso establecer las partidas con las que se afrontará ese gasto. Para la administración nacional, avanzar sin esa definición podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos económicos de la gestión.

El Gobierno también vincula la disputa con el proyecto de Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Congreso y deberá ser debatido por los legisladores.

“El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, sostuvo una fuente del entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El planteo oficial se contrapone con el criterio expresado por Cormick. El magistrado consideró que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos para afrontar las erogaciones, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias y utilizar mayores ingresos provenientes de la recaudación.

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El Gobierno descarta negociar con las universidades

Mientras prepara la apelación, el Ejecutivo también descartó abrir una instancia de negociación con las casas de estudio para acordar la implementación de la ley.

“No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, afirmaron desde el entorno de Pettovello. De esta manera, la Casa Rosada apuesta a continuar la discusión por la vía judicial.

Desde el sector universitario ya esperaban una reacción de este tipo. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticiparon que continuarán reclamando el cumplimiento de la norma mientras avance el proceso judicial.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, sostuvo una autoridad del organismo.

La disputa se trasladará ahora a una nueva instancia judicial mientras el oficialismo enfrenta, en paralelo, la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. La definición será clave para determinar si el Ejecutivo debe afrontar los desembolsos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario en los términos reclamados por las universidades.

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