Un consorcio de capitales locales y brasileños se quedó con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras ofrecer USD 340,2 millones en la licitación que convocó el Gobierno nacional. La empresa, que provee agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), empezará a ser operada nuevamente por manos privadas entre enero y febrero de 2027, cuando el nuevo operador deberá asumir el control completo de la operación.

El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, empresa de ingeniería con más de tres décadas de trayectoria en obras de infraestructura en Argentina; Transclor SA, proveedora de productos químicos para la potabilización del agua; la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, designada como operador técnico; y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.

La oferta superó en casi un 20% a la del otro consorcio finalista, liderado por el Grupo Roggio, que había presentado USD 285 millones.

“El consorcio conformado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, y las firmas argentinas Rowing SA y Transclor SA, junto al vehículo de inversión PHX AQUA AR B.V., expresa su satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA, tras un proceso de licitación nacional e internacional convocado por el Estado Nacional para la venta y transferencia del 90% del paquete accionario de la compañía”, indicó el grupo liderado por el empresario Walter Román en un comunicado al que accedió Infobae.

Arcos opera servicios de agua y alcantarillado desde 2010 y atiende a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, a través de 25.000 colaboradores. Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, es el único proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009.

Qué pasará con las tarifas

En esta nueva etapa, según consta en los pliegos que circularon durante el proceso de privatización, las facturas no quedarán congeladas, pero tampoco habrá un aumento de fondo en el primer período de la concesión. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste durante el ciclo 2027-2031: un coeficiente llamado “K”, ligado a variables de costos, y un “Factor C” de corrección anual atado al cumplimiento de metas de calidad, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño del operador.

La revisión tarifaria integral recién se llevará a cabo en el cuarto año del ciclo, cuando la empresa deberá negociar con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) un nuevo plan de inversión y una nueva estructura de costos para el período 2032-2036. La tasa de retorno fijada para el primer período es del 8,90% anual, aprobada por el ERAS y estable durante los cinco años del ciclo.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $ 42.975 en agosto de 2026, equivalente al 2,2% del salario promedio registrado. El presidente de AySA, Alejo Maxit, había señalado que la proporción del gasto en agua dentro de la canasta familiar es la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer lustro de la concesión privada. La tarifa social, que beneficia a 160.000 usuarios, no registrará cambios.

La inversión comprometida supera los USD 15.000 millones en 30 años

El contrato exige una inversión mínima de USD 2.000 millones durante el primer lustro de la concesión, y el compromiso total a lo largo de los 30 años del contrato asciende a USD 15.040 millones. Toda la infraestructura incorporada —redes, plantas, bombas, cañerías— permanecerá como activo estatal al término del vínculo.

Las metas de cobertura fijadas en el pliego marcan una progresión gradual. En agua potable, el objetivo es alcanzar el 75,3% al cierre de 2031, llegar al 78,9% en 2036 y superar el 90% al término de los 30 años. En saneamiento, la progresión prevista es del 63,9% en 2031, el 65,3% en 2036 y un mínimo del 75% al final del plazo. La cobertura universal de ambos servicios quedó proyectada para una eventual extensión de diez años adicionales.

El foco inicial estará en resolver la infraestructura existente: mejorar la capacidad de potabilización, optimizar el funcionamiento de las plantas de saneamiento y atacar la contaminación por nitratos. Las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen actualmente en el 42%, uno de los indicadores más críticos que heredará el nuevo operador.

El contrato no garantiza el empleo actual

En materia laboral, el pliego no establece ningún compromiso de mantener la dotación vigente. AySA pasó de 7.700 a 5.890 empleados durante la gestión que condujo el proceso de privatización, una reducción que, según Maxit, se realizó sin conflictos gremiales. Al tratarse de una empresa en marcha y no de una nueva sociedad, los convenios laborales previos continúan vigentes, pero el futuro operador tendrá plena libertad para reorganizar su estructura.

La próxima etapa de eficiencia prevista por el nuevo operador pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones internas, con foco en capacitar al personal para las demandas que implica la expansión territorial del servicio.

El precio quedó por debajo de las expectativas del Gobierno

El Ministerio de Economía había proyectado recaudar alrededor de USD 500 millones por el paquete accionario. La brecha con el monto finalmente ofrecido responde, en gran medida, al volumen de inversión que deberá afrontar el nuevo concesionario desde el primer día de operación. “AySA era un modelo de disfunción administrativa”, publicó la cartera conducida por Luis Caputo tras la apertura de los sobres, y señaló que entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de USD 13.400 millones, pese a lo cual un tercio del área concesionada todavía carece de acceso a agua potable y cloacas.

El contrato de concesión tiene una vigencia de 30 años y puede extenderse por una década más. El cronograma prevé la firma antes de fin de año, aunque el presidente de AySA evitó comprometerse con una fecha exacta durante el proceso licitatorio.

Las acciones suben y los bonos exhiben leves variantes este jueves, mientras que Wall Street opera con números rojos, ante una nueva suba del precio del petróleo, que amenaza con una aceleración de la inflación en los EEUU.

A las 11:30 horas los índices de las bolsas de Nueva York caen hasta 0,4%, con mayores bajas para los papeles tecnológicos. Con peso regional, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 0,8%, hasta los 205.943 puntos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,9% en pesos, a 2.850.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, encabezadas por Vista Energy (+3%), Central Puerto (+2,9%) y Edenor (+2,8%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con precios mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae cuatro unidades para la Argentina, en los 585 puntos básicos.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre avanza un 4,2%, a USD 104,50 por la tensión en Oriente Medio. Además, la nueva destacada alza del precio del crudo se produce después de que un huracán en el Golfo de México obligó a paralizar más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de la región.

Por otro lado, un informe apunta a que la Casa Blanca habría solicitado al Pentágono planes para un eventual ataque a Irán antes de las elecciones de medio mandato en los EEUU que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, en un contexto ya tensionado por ataques a cargueros en aguas del Golfo Pérsico -frente a Qatar- y ofensivas de los hutíes contra aeropuertos saudíes.

Además, según informó el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Qatar.

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Las acciones estadounidenses operan en baja después de que los precios del petróleo revirtieran su tendencia y los rendimientos de los bonos del gobierno continuaran subiendo.

Los agentes que operan en Wall Street “estaban nerviosos ante la continua caída de los bonos a nivel mundial”, aportó Yahoo Finance. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU se mantenían cerca de máximos de varias décadas -con el rendimiento a 10 años en 5,28% y el rendimiento a 30 años en 5,67%- lo que refleja un endurecimiento de las condiciones financieras.

“En la reunión de septiembre de la Reserva Federal de los EEUU, los funcionarios decidieron por unanimidad subir las tasas de interés, debido a la persistente alta inflación. Si bien los datos económicos recientes han modificado ligeramente el panorama , la inflación sigue siendo el principal factor de presión para el banco central. El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, se encuentra hoy en Turquía exponiendo su visión sobre la política monetaria”, añadió Yahoo Finance.

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Mientras tanto, los inversores se preparan para la temporada de resultados del tercer trimestre, con los resultados trimestrales de PepsiCo (+2,1%) como anticipo. La plataforma de análisis FactSet estima que las ganancias del S&P 500 crecieron un 29,5% en el tercer trimestre. De confirmarse esta cifra, representaría el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento de las ganancias superior al 25 por ciento.

En cuanto a los datos económicos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en los EEUU disminuyeron ligeramente durante la semana que finalizó el 3 de octubre, situándose en 197.000 peticiones, lo que indica que el nivel de los despidos en la economía norteamericana sigue siendo bajo.

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Para facilitar el acceso al crédito, en especial entre los sectores con ingresos más bajos o que trabajan en el mercado informal, el Banco Central comenzará en 2027 a implementar herramientas de Open Finance, o Sistema de Finanzas Abiertas (SFA). El objetivo es que todos los bancos tengan más información sobre los clientes, lo que ayudará a calificarlos mejor y, con eso, permitirles acceder a tasas más bajas y mejores condiciones a la hora de pedir un préstamo.

El BCRA viene llevando adelante conversaciones con el sistema financiero desde el año pasado para implementar este proyecto tal como informó Infobae. Y antes de que termine 2026 se lanzará una prueba piloto: las entidades financieras podrán acceder a los datos que tiene ARCA sobre un cliente determinado. Eso sumará la chance de conocer si, por ejemplo, un empleado informal tiene además ingresos como monotributista o recibe un beneficio social, lo que mejora su posición para pedir un crédito.

Para que todo el sistema financiero conozca toda esa información sobre un cliente determinado existirá un requisito esencial: ese cliente deberá prestar su consentimiento expreso. Si no lo hace, los bancos no podrán conocer esos datos.

El anuncio de esta prueba piloto fue realizado por Pedro Inchauspe, director del Banco Central, en el ámbito de Pulso 2026, el encuentro anual de la Cámara de Medios de Pago, en un auditorio de empresarios del sector y representantes de entidades extranjeras.

“Estamos muy avanzados”, dijo Inchauspe. “Nuestro modelo incluye una especie de Open Finance y Open Data porque, de hecho, el primer caso de uso será con datos de ARCA. Con lo cual, diría que vamos a arrancar con Open Data más que con Open Finance, obviamente utilizando esa información con el objetivo de facilitar el crédito”, agregó.

El funcionario explicó que el Central armó una mesa de trabajo para avanzar “en dos líneas que llevan mucho tiempo pero son la base sobre la cual luego iremos incorporando productos o líneas: la autenticación y el consentimiento. A partir de esa definición y estandarización, lo iremos replicando con distintos organismos”.

Este esquema de apertura de la información de ARCA sobre un cliente bancario no se limita a lo tributario. ARCA concentra datos de distintas bases de entes públicos. De esa forma, el banco podrá contar con datos que permitan calificarlo mejor para pedir el crédito. El BCRA quiere que el marco regulatorio garantice la competencia, reduzca las asimetrías de información y habilite nuevas fuentes de fondeo para la economía real.

Este primer paso abre la puerta al Open Finance en la Argentina con la expectativa de que todos los bancos que lo deseen puedan compartir información para mejorar la calificación crediticia de los clientes. Tanto en bancos como en fintech, muchas personas deben pagar tasas demasiado elevadas porque la información con la que cuenta la entidad a la hora de calificarlas se limita al informe Veraz o similares.

Consentimiento del cliente y participación obligatoria

Inchauspe dijo que el SFA arranca con la información de ARCA pero tiene como objetivo final los datos de todo el sistema financiero, siempre que exista consentimiento del cliente. Si bien el desarrollo del plan recién está comenzando con esta prueba piloto, explicó cómo funcionará: “La lógica del sistema es que hay una determinada cantidad de jugadores cuya participación es mandatoria y obligatoria, y el resto del ecosistema podrá hacerlo de manera voluntaria. Obviamente, implica una carga operativa y económica para las entidades que estén obligadas a participar. El resto lo hará si considera que hay un caso de negocio detrás, si es un servicio que quiere ofrecer a sus clientes”.

En el encuentro de la Cámara de Medios de Pago se expusieron ejemplos de innovación del sector, con foco en la interoperabilidad entre las distintas entidades financieras y la inclusión financiera. Manuel Cascante, presidente de la Cámara y Country Manager de American Express, señaló: “Nuestra industria forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de cada pago hay una compra, un comercio, una necesidad. Y detrás de esa operación hay empresas, infraestructura y equipos que trabajan para que esta pueda realizarse de manera simple y segura, haciendo cada vez más fácil la vida de las personas y los comercios”.

Además de Inchauspe, el BCRA también estuvo representado por Juan Curutchet, director y Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, quien anticipó que existen dos medidas pedidas por el sistema financiero que recién podrán llegar “para un segundo mandato de Javier Milei”. Se trata de la posibilidad de que los bancos puedan operar con criptomonedas, algo que hoy tienen prohibido, y que las fintech puedan tener cuentas CVU en dólares. En ambos casos, dijo el funcionario, habrá que esperar hasta 2028 para que los temas estén en agenda.

Curutchet también destacó que si bien el sistema financiero argentino es extremadamente pequeño en materia de crédito en comparación con otros países de la región, el funcionamiento de los medios de pago es muy avanzado. “El ecosistema de pagos argentino es innovador y pujante, justamente por ello, es importante que el marco regulatorio asegure que todos los participantes de la cadena mantengan el estándar de calidad y seguridad que la Argentina necesita para que siga siendo dinámico y confiable.”

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