POLITICA
Descarriló un tren con 600 toneladas de carbón en Santa Cruz y el gobernador denunció un posible sabotaje
Un tren de YCRT que trasladaba 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola sufrió un accidente cuando la locomotora y tres vagones descarrilaron derramando la producción transportada. El accidente ocurrió en un sector del ramal que, según el gobernador Claudio Vidal, había sido revisado pocos días antes y ahora deberá ser analizado mediante un peritaje independiente.
La formación circulaba desde Río Turbio con una locomotora y 37 vagones cuando se produjo la apertura de la vía, el vuelco de la máquina y el descarrilamiento de tres coches. Los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos, informó el gobierno provincial.
La principal incógnita está centrada en las causas del incidente. Vidal sostuvo que deben examinarse una eventual falla de infraestructura, las condiciones climáticas y la posibilidad de una intervención deliberada, sin descartar hipótesis antes de contar con una evaluación técnica.
“Una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló después de que, según el propio conductor, la vía se abriera en un tramo que había sido revisado pocos días atrás”, expresó el gobernador en declaraciones difundidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz.
El episodio se registró a la altura del kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, que conecta la localidad minera con Punta Loyola. La empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio avanzaba en la recuperación de su capacidad de transporte ferroviario para cumplir compromisos comerciales vinculados con la producción de carbón.
La compañía buscará que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte realice un peritaje en el lugar. Pablo Gordillo, interventor de YCRT, explicó que ya hubo contactos con el organismo a través de Trenes Argentinos para que se investigue el estado del tendido ferroviario.
Gordillo afirmó que el incidente llamó la atención porque el sector había sido inspeccionado recientemente. “Habíamos hecho un repaso de la vía hacía cuatro o cinco días y estaba todo normal, estaba todo bien. Por eso nos llama la atención lo que ocurrió”, dijo a LU14 Radio Provincia, según La Opinión Austral.
La pieza encontrada en la zona del descarrilamiento
Personal de la empresa halló en el área una pieza de material ferroviario antiguo que, de acuerdo con la hipótesis inicial de las autoridades, pudo haber provocado que las ruedas se salieran de los rieles. La presencia de ese elemento alimentó las sospechas sobre una posible maniobra intencional.
“Es algo que no puede estar nunca arriba de la locomotora ni tampoco sobre la vía”, sostuvo Gordillo sobre el objeto encontrado, citado por LM Neuquén. El interventor añadió: “Alguien ingresó ese elemento”.
También se detectaron marcas visibles en el tendido ferroviario en el punto donde la locomotora habría impactado antes del vuelco. La empresa considera que esos rastros deberán ser examinados para establecer si guardan relación con la causa del descarrilamiento.
YCRT prevé presentar una denuncia penal ante la Justicia Federal mediante su área de Asuntos Jurídicos. La investigación deberá determinar si la pieza hallada fue colocada sobre la traza, cómo llegó al lugar y si tuvo incidencia directa en la apertura de la vía.
Vidal evitó presentar la hipótesis de sabotaje como una certeza y pidió que el caso sea esclarecido con criterios técnicos. “Ninguna hipótesis puede descartarse hasta que exista un peritaje serio e independiente”, afirmó.
El gobernador remarcó que el accidente puso en riesgo a los trabajadores y ocurrió en un momento en que la empresa intentaba reactivar el traslado del mineral. “Con la seguridad de los trabajadores no se juega, y con el futuro productivo de Santa Cruz tampoco”, sostuvo.
La locomotora transportaba carbón destinado a Punta Loyola, desde donde la producción puede continuar su circuito comercial. La formación llevaba una carga distribuida en alrededor de 37 vagones, de acuerdo con los datos difundidos tras el accidente.
La reactivación ferroviaria y los contratos demorados
El descarrilamiento afectó uno de los objetivos operativos de YCRT: aumentar la frecuencia de los envíos de carbón para cumplir acuerdos de venta. La empresa proyectaba realizar una corrida ferroviaria aproximadamente cada dos días, informó La Opinión Austral.
Gordillo reconoció que el incidente provocará demoras en esos compromisos. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, señaló el interventor.
Entre los acuerdos comerciales mencionados por la conducción de la compañía figura un contrato para comercializar 200.000 toneladas de carbón. Antes de restablecer las operaciones, YCRT deberá conocer el alcance de los daños en la locomotora y verificar que el ramal pueda funcionar sin riesgos.
El gobernador vinculó la necesidad de una investigación con la etapa de recuperación productiva de la empresa estatal. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó Vidal.
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POLITICA
Fernando Espinoza consiguió la reelección al frente de una entidad que nuclea a 500 intendencias
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (Partido Justicialista), fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a 500 intendencias que abonan cuotas semestrales para pertenecer a esta entidad facultada para representar a los municipios de todo el país. Espinoza es uno de los aliados principales de Axel Kicillof en el intento del gobernador bonaerense por ser candidato a presidente en 2027, y lidera la FAM desde 2022.
Espinoza consiguió su permanencia al frente de la FAM en una asamblea que se desarrolló en la sede de la institución, en Cerrito 832, Capital Federal. “Los Municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, afirmó el jefe comunal de La Matanza tras su reelección.
Tras la reelección del intendente de La Matanza como presidente, la FAM emitió un comunicado con duras críticas contra el gobierno del presidente Javier Milei. “Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico”, se subrayó en el documento.
La FAM le reclamó diez puntos a Milei, a quien le pidió una reunión. Entre esos puntos, le solicitó la “restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios”, la “reactivación de la obra pública nacional” y la “protección de pequeños y medianos productores”. También, “la defensa de la calidad de vida de los jubilados”, que se restituya la “asistencia alimentaria para todos los comedores”, y que se respete la división de poderes.
El documento de la federación de municipios también aborda la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple en prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, en el denominado Caso Vialidad. “Seguimos sosteniendo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución política, mediática y judicial. Reivindicamos los gobiernos que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de la gente. Cristina es inocente, está presa por haber encabezado un proyecto político que enfrentó intereses económicos concentrados y gobernó en beneficio de las mayorías populares. Una democracia sana necesita poderes independientes y reglas iguales para todos”, se subrayó en el comunicado.
Los mandatos en la FAM se extienden por dos años. En 2024, Espinoza había sido reelecto al día siguiente de ser procesado por presunto abuso sexual, una denuncia que hizo su exsecretaria Melody Rakauskas y que derivará en un juicio. Espinoza fue sobreseído en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento en el mes de julio.
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Un soldado apareció muerto este miércoles en la Base Aérea de Morón y las autoridades investigan qué fue lo que pasó. La Fuerza Aérea informó que se trataba de un suboficial subalterno que estaba en su puesto y fue hallado sin vida.
De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, en horas de la tarde, personal de las FF.AA dio aviso a la comisaría 4ta de Morón, donde daban cuenta de que un efecto había sido hallado sin signos vitales y que tenía un impacto de arma de fuego a la altura de la sien, en el lado derecho.
En esa línea, el hecho habría tenido lugar cerca de una de las entradas al predio ubicado en el cruce de las calles Fray Santa María de Oro y Máximo Paz. La base se encuentra a pocas cuadras del estadio del club Deportivo Morón, que actualmente milita en la Primera Nacional.
La investigación avanzó con la Policía Federal Argentina y la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Entre las primeras medidas que se tomaron, se secuestró el celular del soldado y la toma de declaración testimonial a las otras personas que estaban en el predio.
Según informó Primer Plano, la identidad del soldado permanece reservada, pero se conoció que era un joven de 20 años oriundo de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
En un comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó sobre el fallecimiento del soldado y remarcaron: “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.
“Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, completó el escrito.
Otros casos registrados
El episodio en Morón no es el primero que sacude a las Fuerzas Armadas en los últimos meses. El caso de mayor repercusión ocurrió en diciembre pasado, cuando el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. La investigación posterior reveló que no se trató de un hecho aislado: Gómez era víctima de una red de extorsiones que operaba desde cárceles bonaerenses a través de una aplicación de citas.
La maniobra comenzó con la creación de un perfil falso en la plataforma Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Una vez establecido el contacto, la organización enviaba un audio en el que una supuesta madre acusaba a la víctima de haber tenido conversaciones con una menor de 17 años. A continuación, un presunto policía —que usurpaba la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, de la Policía de la Ciudad— llamaba al afectado para informarle que existía una causa judicial en curso y que podía evitar consecuencias legales mediante pagos inmediatos.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: a las víctimas se les exigían nuevas sumas bajo amenazas reiteradas.
Gómez dejó una carta en la que describió el mecanismo al que fue sometido. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?”, escribió el joven, y agregó: “Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa”.
Semanas más tarde, el 16 de enero, el Ejército Argentino confirmó la muerte de otro de sus integrantes, perteneciente al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas”. El efectivo fue hallado sin vida en su domicilio particular en Quilmes, a medianoche. La investigación quedó en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señaló la institución en un comunicado oficial.
Ese episodio se sumó a otros dos que habían tenido lugar en diciembre. El suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, aunque la carátula inicial fue “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá. En Mendoza, en tanto, murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio al momento del hecho, y no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares.
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Casi ocho meses después del cierre de la empresa de neumáticos FATE, se definió que 24 empleados y sindicalistas serán sometidos a juicio por mantener ocupadas las instalaciones de la planta. Desde que la fábrica cesó en su actividad, un grupo de trabajadores e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se mantiene en el lugar, con una rotación permanente. La fábrica estuvo al borde del desalojo por una orden judicial que, luego, fue suspendida.
El juez de garantías de San Isidro Esteban Rossignoli elevó a juicio a 24 personas que forman parte de la ocupación de la planta de FATE en la localidad de Virreyes (San Fernando) y que integran la conducción del Sutna. Alejandro Crespo, secretario general del gremio, está entre los elevados a juicio.
“Pretenden, por medio de la persecución y el hostigamiento judicial poner fin a una lucha justa contra un ilegal lockout patronal. No comprenden que los trabajadores no vamos a bajar la cabeza ante semejante injusticia. Madanes [Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE] tendrá mucho dinero y poder, pero los trabajadores tenemos la razón y toda la opinión pública lo sabe. Este conflicto ha alcanzado la atención y el apoyo de todo el pueblo trabajador argentino”, subrayó Crespo al criticar la decisión del juez Rossignoli.
La planta de FATE se cerró el 18 de febrero, cuando los 920 empleados se encontraron en el ingreso con un letrero en el que se explicaba que el cese de actividades de debió a que “los cambios en las condiciones de mercado” son tales que “obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.
Luego del cierre, el Sutna montó una permanencia en la fábrica de FATE, con una porción de los empleados despedidos que alternan para mantener ocupado el lugar. El magistrado había determinado el desalojo el mismo día de cierre de la fábrica, tras un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, porque los sindicalistas y empleados ingresaron a la planta, a las 6.30, provocando daños al alambrado perimetral y forzando una puerta, que abrieron a las patadas.
La decisión del desalojo fue apelada y quedó frenada. Pero, el 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro (integrada por Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela) ordenó desalojar la fábrica de neumáticos. La orden no se cumplió de inmediato y el Sutna consiguió otro fallo que la frenó: la misma sala suspendió el desalojo al conceder un recurso de casación, por lo que la situación se resolverá en una instancia superior.
En paralelo a la ocupación de la fábrica, el Sutna reclama a la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, que libere pagos de quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada la planta.
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