POLITICA
Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación

Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que “el proceso continúa”.
El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.
El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una “ceguera deliberada” impide “evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a dicha normativa.
Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue “el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)”.
Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.
contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que “el proceso continúa” y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, “queda desreservado” y hay “acceso al informe de valuación previo”.
La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. “La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía”, dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, “la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente”.
Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como “unilaterales” decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. “Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)”, señalaron.
Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. “Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, sostuvieron.
Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.
Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía −lo que en el mercado se conoce como enterprise value− rondaría los US$447 millones.
privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA),Conforme a
POLITICA
Primavera política, invierno económico

El cambio climático, tan cuestionado por el relato libertario, está ofreciendo manifestaciones innegables en la realidad argentina, verificadas en este 2026 incesablemente gris y lluvioso que no sabe de estaciones. Aunque excede la dimensión meteorológica para tener su correlato en la realidad política, económica y social.
La alteración de los registros históricos se verifica en otros planos para exhibir, contra lo que dicen los manuales, que el Gobierno atraviesa la prolongación del invierno económico, sin que asomen brotes verdes, pero, insólitamente, eso no tiene equivalencia en la política, como ha sido casi siempre.
En esta última dimensión, para Javier Milei empezó una primavera casi imprevisible, a pesar de haber protagonizado no pocos tropiezos políticos. Pero sin sufrir ninguna caída fatal. Lo demuestran los números, que tanto ensalza como manipula el Gobierno, según la oportunidad y la conveniencia, pero también hay otras evidencias que tienden a corroborarlo y que se pondrán a prueba en breve.
“La calificación de Milei es superior a la evaluación de la realidad económica, sobre todo en cuanto a lo que sucede con la economía personal”, afirma el consultor Federico Aurelio. El descalce parecería indicar que el bolsillo no sería ya la víscera más sensible de los argentinos. Aunque podría ser un exceso interpretativo que, mientras tanto, está generando en el Gobierno un tacticismo de riesgo sobredimensionado.
“No es que la imagen de Milei esté volando, pero se mantiene en torno de los 37 a 40 puntos”, agrega Aurelio, lo cual es la permanencia en una meseta después de una caída que tuvo su punto más crítico con el largo escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, por sus gastos suntuarios y el todavía inverosímil aumento patrimonial. No es poco cuando los indicadores de actividad, nivel de ingreso, empleo, endeudamiento y morosidad personal siguen estando en rojo y golpean las economías familiares.
En el mismo sentido y sobre la base de datos similares, el consultor Patricio Hernández sentenció que “Milei está muy bien políticamente y mal económicamente”.
Debajo de esa afirmación aparece una confluencia de factores para explicarla, que exceden los méritos que pueden tener el Presidente y su equipo para sostener niveles de aprobación y, sobre todo, gobernabilidad o capacidad de maniobra para no perder la preeminencia. La desertificación de propuestas alternativas competitivas es una de las razones, pero no la única.
“Si miramos lo político, lo que vemos es que en los últimos 30 días protagonizó varios hechos que fueron positivos para él: la instalación del tema Malvinas; la semana argentina en París, con el acompañamiento de 13 gobernadores, y anuncios millonarios de inversiones; los candidatos outsiders que no terminan de arrancar; la confrontación con Axel Kicillof, el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y el apoyo creciente para suspender o eliminar las PASO. Mientras que en lo negativo solo aparece la ley de tierras y los recortes en el presupuesto. El problema para el Gobierno es que todos estos son temas superestructurales, de los que la gente común habla muy poco”, señala el titular de la consultora Methodo.
“En cambio, en lo económico, el Gobierno solo puede mostrar a favor la baja de la inflación y cosas que llegan poco a la mayoría. Por el contrario, predomina lo negativo, como la pobreza, el empleo, la caída del poder adquisitivo de los ingresos, las deudas, la baja del consumo. Y estos son los cinco temas más mencionados en redes de manera transversal”, señala Hernández, para confirmar aquello de que Milei está bien en lo político, pero no en lo económico. Aunque una y otra temática tienen distinto peso y penetración.
“De cualquier manera, en el cotejo absoluto la gente habla mayoritariamente de otras cosas. Como del hombre al que lo mató un tigre en un zoológico abierto de Inglaterra”, advierte, sin ironía, el titular de Methodo. El problema para la política y, especialmente para el Gobierno, es que corre el riesgo de que en un momento y de golpe la sociedad se conecte y actúe sin poder conducir sus reacciones en su beneficio. Como las del tigre inglés.
Similares conclusiones surgen del relevamiento que hace en el universo digital la consultora AdHoc. “En un contexto de caída del protagonismo, el Presidente recobró terreno en su imagen digital apoyado en la agenda internacional y los temas macro. Malvinas y el discurso en la ONU fueron clave”, subraya el titular de esa empresa, Javier Correa.
El desacople entre ambas esferas surge como la gran novedad de estos tiempos. Los cambios profundos que se registran en las sociedades actuales, acentuados en la Argentina por el pasado reciente, a los que se refirió ayer Jorge Liotti en su columna dominical de , parecen tener una incidencia significativa.
Sin embargo, también se advierten cuestiones muy coyunturales que impiden asegurar que ese divorcio entre percepción económica y conducta política de la sociedad se sostengan en el tiempo. Ni siquiera en ese mediano plazo, en camino de acortarse aceleradamente, que va hasta las elecciones presidenciales. En buena medida, se trata de una foto polaroid de hoy, cuya perdurabilidad está por constatarse.
Aceptación, no resignación
Por ahora, lo que se registra es que aún en sectores donde la realidad cotidiana se ha tornado sumamente difícil no surge una reacción contra el principal responsable de la transformación economía nacional.
El sentimiento dominante parece ser el de aceptación, más que la resignación. “Hay dolor, desazón por la renuncia, la pérdida de muchas cosas y falta de futuro. Y hay gente que no vive ni siquiera para el día a día sino para la próxima comida, que no sabe si la va a tener. Pero no es homogéneo. Muchos no saben qué hacer y, también, está la búsqueda de compensación con sobreocupación. Al mismo tiempo, sobre todo en los jóvenes, aparece la cuestión de la salud mental”, dice el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que realiza permanentemente trabajos de campo en los sectores populares de todo el país.
Una clave de lo que ocurre en el plano político parece encontrarse en esa distinción de las emociones predominantes en esos ámbitos donde las carencias superan largamente a las satisfacciones, sobre todo, pero no únicamente, materiales. Según la psicología, la resignación alimenta la pasividad, mientras que la aceptación es un proceso activo que integra la realidad e impulsa a seguir adelante. Si no subyace la esperanza, aparece el instinto de supervivencia, aún cuando la realidad se empeñe en demostrar que los motivos para sostenerla se postergan.
“Estos no me dan nada, pero los anteriores, al final, tampoco y estuvieron mucho más tiempo. Me las tengo que rebuscar solo”, esta es una expresión que se repite en numerosos grupos focales, dicen los encuestadores, y atraviesa a varios segmentos sociales que abarcan las muy heterogéneas clases medias, media-baja y baja. Nada que exprese mejor un sentido común dominante y que si no se conecta con lo que el oficialismo mileísta le propone y lo sostiene, al menos, no lo cuestiona. Hasta cuándo, nadie lo sabe. Pero esa actitud se ha sostenido mucho más de lo que en otros tiempos duraba.
“La diferencia con el 2001 es que en ese momento la gente no tenía ningún ingreso, ni para cartonear había, estaba todo muerto. Ahora hay laburo. De pésima calidad, precarios, con ingresos y condiciones horribles, que obligan a hacer varias cosas, porque con una no alcanza para nada, pero algo se mueve. Y la gente aprendió a rebuscársela”, coinciden dos de los principales dirigentes que encaran la renovación del Movimiento Evita, con fuerte inserción en los barrios populares del conurbano bonaerense. Ahí puede haber una clave.
En las clases medias acomodadas, en tanto, se advierte el fenómeno de los que empiezan a recurrir a los ahorros para hacer frente a gastos corrientes, los que sacan el “canuto”. Y eso conlleva una doble frustración. “Por un lado tienen que deshacerse de algo que les costó tener y les daba seguridad. Por otro lado, comprueban que esos ahorros, sobre todo si estaban en dólares, tienen menos valor y pueden comprar menos cosas con eso”, señala el diputado radical y economista Martín Lousteau, con quien coincide la mayoría de sus colegas.
Por eso, el efecto benéfico para el Gobierno que conlleva la “aceptación” social de la realidad política-económica tiene una consistencia relativa. La ausencia de candidatos alternativos confiables y competitivos sigue jugando un papel significativo.
Un río subterráneo opositor
Y las apariencias podrían resultar engañosas para el Gobierno si sigue confiando demasiado en ellas y actuando con extremo tacticismo. Se han acelerado en las últimas semanas los movimientos subterráneos de dirigentes políticos opositores o aliados circunstanciales para tender vínculos y tratar de construir alguna propuesta más superadora que confrontativa con lo que el Gobierno representa.
Desde el panperonismo a lo que fue el universo cambiemita abundan los contactos, hasta llevar a Lousteau al exceso de proponer un frente antimileísta que confluya en una gran elección primaria en la que podrían competir desde el kirchnerismo y la izquierda hasta algunos sectores del radicalismo e inclusive de Pro. No parece haber una piscina tan grande y con suficiente agua como para contener tantos bañistas tan heterogéneos.
En ese punto vale destacar que, según Federico Aurelio, con quien coinciden otros consultores, “hay margen para construir una alternativa, porque hay demanda para eso, que es mayor que la que había en 2023. El problema es que esa demanda es muy heterogénea y necesita que sea un espacio único para ser competitivo. Lo cual lo veo difícil. No va a alcanzar con ofrecer un cambio del cambio. Hay que ofrecer otra cosa”, concluye el titular de Aresco.
La variable tiempo asoma, entonces, como un elemento crucial. Los optimistas del oficialismo creen que ya es tarde para que se arme una alternativa capaz de desafiarlo y quitare votos, fuera del perokirchnerismo, rival preferido. Siempre y cuando la economía no empeore y la insatisfacción no se acople con la decisión electoral.
Del lado optimista de la oposición no kirchnerista creen que aún es temprano. “En las últimas cuatro elecciones presidenciales, el que ganó no tenía asegurado el triunfo un año antes. Es más, algunos favoritos ni llegaron y otros no aparecían ni como probables”.
Mientras tanto, el Gobierno y la oposición tendrán varios partidos clave durante ese mes, empezando por esta semana, cuando el oficialismo intentará bloquear los proyectos opositores sobre discapacidad y morosidad.
Al mismo tiempo, tendrá que sortear otra protesta por el financiamiento universitario, cuyos precedentes han sido masivos, pero también declinantes. Y habrá que ver si el ominoso favor que le hizo la Corte Suprema con sus fallos cambiantes y de efectos contradictorios (con la honrosa excepción de la coherencia de Carlos Rosenkrantz), habrá conseguido licuar el reclamo por la ley de tierras.
Luego, estará el debate el proyecto de presupuesto y un combate de fondo, que es la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO. Después del viaje a París, creció el optimismo en la Casa Rosada. Creen que tienen el número para que no haya elecciones primarias obligatorias y que la oposición tenga que ingeniárselas para resolver sus candidaturas y, sobre todo, sus muchas diferencias. De lograrlo, Milei habrá prolongado su primavera política, aunque perdure el invierno económico.
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POLITICA
Con camionetas, motos y custodia en las dos cárceles: así fue el operativo para trasladar a los primeros presos de Devoto a Marcos Paz

Este domingo se inició el traslado de los aproximadamente 1500 internos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de máxima seguridad en Marcos Paz. En la primera jornada se mudaron 326 personas, en el marco de un convenio firmado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires que habilita la desocupación definitiva del penal porteño, un reclamo histórico de los vecinos del barrio.
Las imágenes del procedimiento, difundida este domingo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, muestran el proceso de identificación y registro de los detenidos, que incluye la colocación de pulseras con código QR para la trazabilidad de cada movimiento desde la salida de Devoto hasta el ingreso a Marcos Paz.
El personal del Servicio Penitenciario Federal, con chalecos identificatorios, realizó controles y el abordaje de los internos a los vehículos de traslado, entre ellos camionetas del servicio.
El operativo continuó con la escolta de motos y otros móviles de las fuerzas federales que atraviesan el portón de acceso al predio de Marcos Paz, custodiado por efectivos apostados en las puertas abiertas de los complejos.
El plan, además, contempla el perfil criminológico de cada interno, la clasificación por peligrosidad y delitos, un triaje médico y medidas de prevención de riesgos durante todo el recorrido.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó en redes sociales: “Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”.
El dispositivo, formalizado mediante la Resolución 1018/2026, está integrado por el SPF, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo la coordinación general de la Dirección Nacional del SPF.
El Complejo Penitenciario de Marcos Paz fue construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre un predio de 80 hectáreas y entregado a la Nación mediante un acta de recepción provisoria firmada el jueves por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuenta con capacidad para unos 2.240 internos.
POLITICA
Vandalismo rural: la oposición advirtió que el proyecto que obtuvo dictamen duplica delitos y reduce penas

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Ramiro Gutiérrez, cuestionó el proyecto contra el vandalismo rural que impulsó Martín Ardohain (PRO) y que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja el pasado martes.
En diálogo con , Gutiérrez advirtió que la iniciativa vuelve a tipificar conductas ya contempladas en el Código Penal y que, en algunos casos, establece penas inferiores a las vigentes. Según sostuvo, la superposición entre ambas normas podría generar contradicciones y dificultades de interpretación en los tribunales.
“Estamos perdiendo una oportunidad fantástica”, afirmó el legislador al recordar que en 2020 presentó junto con Sergio Massa un proyecto para sancionar los ataques contra la producción agropecuaria, en particular la destrucción de silobolsas. “En ese entonces, hicimos una reforma penal que trabajamos con entidades del campo, pero no conseguimos los consensos necesarios para llevarla al recinto”, explicó.
Seis años después, Gutiérrez reconoció que la propuesta de Ardohain parte de “buenas intenciones”, aunque cuestionó con dureza su redacción. “Tiene fallas catastróficas que van a hacer que naufrague en los tribunales”, sostuvo. Y resumió su principal objeción: “El proyecto tiene una contradicción difícil de explicar: se presenta como una respuesta penal más severa frente al vandalismo rural, pero para una parte de las conductas que vuelve a tipificar baja la pena que ya establece el Código Penal”.
Para fundamentar su postura, el diputado comparó las sanciones previstas en el nuevo artículo 184 bis, que propone incorporar el proyecto, con las que ya establece el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal. Mientras la nueva figura contempla penas de dos a ocho años de prisión, la legislación vigente prevé de tres a diez años para determinados daños que afectan a la producción agropecuaria.
Otro de los ejemplos que mencionó es la destrucción de cereales, tanto antes de la cosecha como cuando están almacenados en parvas, gavillas o bolsas. Ambos supuestos aparecen expresamente contemplados en el artículo 186, que fija una escala penal más alta que la prevista en el nuevo artículo. Para Gutiérrez, esa coincidencia supone una superposición normativa y abre el interrogante sobre qué figura aplicarían los jueces.
La misma situación se presenta con la destrucción de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales, así como de otras plantaciones de árboles o arbustos en explotación. El Código Penal vigente ya incluye esos bienes entre los alcanzados por las penas de tres a diez años, mientras que el artículo propuesto por Ardohain los incorpora a una figura con una sanción de dos a ocho años.
Según advirtió Gutiérrez, el problema no se limita a la diferencia entre las penas previstas en ambas normas. La coexistencia de dos figuras penales aplicables a una misma conducta podría generar dudas sobre cuál corresponde aplicar. En ese escenario, sostuvo, podría terminar imponiéndose la sanción más baja.
“Dos penas diferentes afectan la taxatividad. La ley penal más benigna es la que hizo Ardohain. Por ende, alguien que destruye un silobolsa va a terminar teniendo una pena más baja”, afirmó el diputado.
Y concluyó: “Resulta preocupante que ahora Pro pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen”.
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