La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.

Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.

Las decisiones de la Corte fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que llamó a los jueces a cumplir con los mandatos de estas sentencias de la Corte y a aplicar la ley para regular los honorarios.

La presidenta del Cpacf, Alejandra García, destacó que los fallos transmiten un mensaje claro y contundente y advirtió que “los mínimos arancelarios establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido”. García afirmó: “Apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente”.

En el caso Puebla, la Corte falló acerca de honorarios ligados a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación.

En primera instancia, el juez fijó los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, es decir, unos 2.084.400 pesos, pero luego la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recortó ese monto a 10 UMA en total, la mitad, es decir, 1.042.200 pesos.

Para justificarlo, la Cámara aludió de forma genérica a que no convenía aplicar los porcentajes arancelarios de manera automática si llevaban a una desproporción con el trabajo realizado.

La Corte no aceptó ese argumento. Señaló que la Cámara se apartó del artículo 48 de la ley sin declarar su inconstitucionalidad ni elaborar argumentación plausible alguna que lo autorizara.

Recordó además que la ley establece que los jueces no pueden dejar de lado los mínimos legales porque son de orden público y que para las acciones de amparo rige una regulación mínima de 20 UMA cuando no se aplica la escala por monto.

Según el máximo tribunal, la Cámara no explicó los motivos que la llevaron a reducir a la mitad lo que había fijado el juez.

El otro fallo, del caso Martinuzzi, se refería a un amparo contra Omint. Allí, la Corte consideró arbitraria una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA ($1.459.080) los honorarios de los abogados de la parte actora, sin explicar por qué se apartaba del mínimo de 20 UMA, lo que daba una diferencia de 625.320 pesos.

El máximo tribunal insistió en que la ley exige que toda regulación esté fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida.

La disputa en el Consejo

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó en agosto pasado una sanción de multa del 35% de su sueldo para el juez en lo civil Carlos Goggi, del juzgado 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423.

En las resoluciones que se le cuestionan, el juez aplicaba en su lugar la ley anterior, la derogada 21.839, lo que modificaba el cálculo de los honorarios.

La consejera Jimena De la Torre, que impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación, la antesala de un juicio político.

La Asociación de Magistrados, en cambio, repudió que el Consejo pretendiera sancionar a un juez por el contenido de un fallo. El Colegio Público pidió en septiembre que el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, trate con urgencia el dictamen, que, de ser aprobado, implicará un descuento en el sueldo del magistrado.

Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que “el proceso continúa”.

El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.

El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una “ceguera deliberada” impide “evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.

Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a dicha normativa.

Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue “el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)”.

Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.

contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que “el proceso continúa” y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, “queda desreservado” y hay “acceso al informe de valuación previo”.

La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. “La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía”, dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, “la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente”.

Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como “unilaterales” decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. “Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)”, señalaron.

Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. “Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, sostuvieron.

Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.

Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía −lo que en el mercado se conoce como enterprise value− rondaría los US$447 millones.