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POLITICA

Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación

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Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que “el proceso continúa”.

El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.

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El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una “ceguera deliberada” impide “evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.

Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a dicha normativa.

Jorge Capitanich, con Juliana Di TullioPilar Camacho

Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue “el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)”.

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Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.

contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que “el proceso continúa” y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, “queda desreservado” y hay “acceso al informe de valuación previo”.

La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. “La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía”, dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, “la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente”.

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Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación y Privatización de Empresas Públicas

Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como “unilaterales” decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. “Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)”, señalaron.

Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. “Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, sostuvieron.

Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.

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Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía −lo que en el mercado se conoce como enterprise value− rondaría los US$447 millones.




privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA),Conforme a

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POLITICA

Mayra Arena: el peronismo “no me perdona que no diga que salí de la pobreza por la notebook de Cristina”

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Mayra Arena, militante peronista y consultora política, volvió a referirse a las críticas que recibe de parte de dirigentes de su propio partido y expresó que es el espacio que más le “pega” por no sostener un relato de agradecimiento institucional. “Lo que no se me perdona es que yo no tenga un discurso de que salí de la pobreza gracias a la notebook de Cristina”, afirmó.

En diálogo con Confesión de Parte, el programa conducido por Romina Manguel por radio 990 Splendid, Arena sostuvo lleva al menos quince años diciendo que las transferencias de recursos no combaten la pobreza de fondo. “Con este manejo de la pobreza no se combate la pobreza. Te vas del gobierno y los pobres quedan más pobres que antes, porque ahora no tienen los ingresos que vos les dabas y la sociedad va cambiando y se quedaron atrás”, dijo en el programa. Su argumento es que dar dinero sin generar desarrollo económico produce pobres con plata, no transformación estructural.

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En esa línea, cuestionó al kirchnerismo por dar por sentado que lo material determina lo cultural, una lógica que calificó como “mucho más marxista de lo que asume”. Señaló que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “dejó que la educación decayera” y que su gestión de la pobreza fue “ultraliberal en lo cultural”.

Arena precisó que ninguno de los problemas sociales actuales arranca con Javier Milei, “pero todos se acentúan”. Ubicó el inicio del deterioro en la gestión de Alberto Fernández, durante la cual se legalizó por primera vez un salario por debajo de la canasta básica, algo que hasta entonces no había ocurrido en Argentina. Los haberes jubilatorios también comenzaron a quedar rezagados en ese período, seguido de una escalada inflacionaria en los últimos dieciocho meses de esa administración. Con el gobierno actual, algunos precios se multiplicaron hasta diez veces, y puso al transporte como ejemplo por su peso en el análisis de la pobreza.

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Sobre ese punto, Arena describió un fenómeno que lee como señal de retroceso: cada vez más trabajadores dejan el transporte público para pasarse a la moto o a servicios como Uber Moto. “Esto es muy de país pobre. La motización de los empleados que está pasando es una cosa muy latinoamericana y lo digo en el más triste de los sentidos”, afirmó.

En esa línea, señaló que Argentina tenía históricamente una relación con el transporte y con la movilidad de sus trabajadores distinta a la del resto de la región, y que esa diferencia se está borrando.

La distinción entre pobreza y marginalidad fue otro de los ejes de la conversación. Arena explicó que el pobre, por más escasos que sean sus recursos, mantiene un vínculo con el mundo: quiere trabajar, quiere que su hijo vaya a la escuela, quiere participar de la vida social. La marginalidad aparece cuando ese vínculo se rompe. “Para que se dé la condición de marginalidad, lo primero que aparece es la soledad”, sostuvo. Por eso, dijo, hoy hay personas con algún ingreso que aun así están en riesgo de marginalidad, porque no tienen redes.

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Arena también observó un cambio en los sectores de menores ingresos: hay menos vergüenza frente a la propia precariedad y más tolerancia frente al sufrimiento ajeno. Cuando Manguel preguntó si esa tolerancia viene acompañada de la idea de que los que caen “se lo merecen”, Arena dio una respuesta afirmativa. Lo vinculó a la penetración del “sentido común libertario” en el tejido popular y dijo que “hoy el pueblo es naturalmente antikirchnerista”.

Arena dijo creer en el sistema educativo, pero advirtió que los docentes están “solísimos” y que perdieron las herramientas de autoridad necesarias para ejercer su función (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la situación de los varones, señaló que la sociedad es más cruel con los hombres pobres que con las mujeres en igual situación. “Para ser un hombre en serio se necesita todo un conjunto de cosas y de recursos que para ser mujer no se necesitan”, afirmó. “La crisis no se va a llevar puesta a la mujer. La mujer sale y se la banca y los tipos se pegan un tiro”, dijo en el programa.

Respecto de la educación, Arena dijo creer en el sistema pero advirtió que los docentes están “solísimos” y que perdieron las herramientas de autoridad necesarias para ejercer su función. Atribuyó parte del problema a la provincialización del sistema educativo, durante la gestión de Carlos Menem, y sostuvo que es un problema de alcance nacional. También señaló que hay “una generación de padres muy intolerantes a que alguien eduque a sus hijos, pero tampoco los educan ellos”.

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Al cierre, Arena se refirió al concepto de “casta” y lo describió como útil en términos de comunicación política precisamente porque cada uno puede llenarlo con su propia lectura. “Para vos casta son los jueces y para mí casta es la argolluda de la salita que nunca me da turno y se cree la dueña de la salita”, ejemplificó.

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POLITICA

La Corte frenó a los jueces que recortan los honorarios de los abogados y debaten posibles sanciones en el Consejo

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La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.

Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.

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Las decisiones de la Corte fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que llamó a los jueces a cumplir con los mandatos de estas sentencias de la Corte y a aplicar la ley para regular los honorarios.

La presidenta del Cpacf, Alejandra García, destacó que los fallos transmiten un mensaje claro y contundente y advirtió que “los mínimos arancelarios establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido”. García afirmó: “Apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente”.

Alejandra García, presidenta del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal

En el caso Puebla, la Corte falló acerca de honorarios ligados a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación.

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En primera instancia, el juez fijó los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, es decir, unos 2.084.400 pesos, pero luego la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recortó ese monto a 10 UMA en total, la mitad, es decir, 1.042.200 pesos.

Para justificarlo, la Cámara aludió de forma genérica a que no convenía aplicar los porcentajes arancelarios de manera automática si llevaban a una desproporción con el trabajo realizado.

La Corte no aceptó ese argumento. Señaló que la Cámara se apartó del artículo 48 de la ley sin declarar su inconstitucionalidad ni elaborar argumentación plausible alguna que lo autorizara.

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Los jueces de la Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos MaquedaMarcelo Manera –

Recordó además que la ley establece que los jueces no pueden dejar de lado los mínimos legales porque son de orden público y que para las acciones de amparo rige una regulación mínima de 20 UMA cuando no se aplica la escala por monto.

Según el máximo tribunal, la Cámara no explicó los motivos que la llevaron a reducir a la mitad lo que había fijado el juez.

El otro fallo, del caso Martinuzzi, se refería a un amparo contra Omint. Allí, la Corte consideró arbitraria una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA ($1.459.080) los honorarios de los abogados de la parte actora, sin explicar por qué se apartaba del mínimo de 20 UMA, lo que daba una diferencia de 625.320 pesos.

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El máximo tribunal insistió en que la ley exige que toda regulación esté fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida.

La disputa en el Consejo

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó en agosto pasado una sanción de multa del 35% de su sueldo para el juez en lo civil Carlos Goggi, del juzgado 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423.

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El juez Carlos Coggi, durante una audiencia en el Consejo de la Magistratura

En las resoluciones que se le cuestionan, el juez aplicaba en su lugar la ley anterior, la derogada 21.839, lo que modificaba el cálculo de los honorarios.

La consejera Jimena De la Torre, que impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación, la antesala de un juicio político.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogadosMauro V. Rizzi

La Asociación de Magistrados, en cambio, repudió que el Consejo pretendiera sancionar a un juez por el contenido de un fallo. El Colegio Público pidió en septiembre que el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, trate con urgencia el dictamen, que, de ser aprobado, implicará un descuento en el sueldo del magistrado.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno enfrenta una nueva marcha universitaria en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento

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El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.

La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.

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A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.

La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, fueron los reclamos que se escucharon en el hall del Palacio Pizzurno.

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