POLITICA
Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional

El fuerte crecimiento de las importaciones de automóviles fabricados en China abrió una discusión que excede el mercado automotor argentino y alcanza de manera directa la seguridad nacional. Las advertencias internacionales sobre la posibilidad de que vehículos inteligentes equipados con cámaras, micrófonos, sensores y sistemas de geolocalización se utilicen para recopilar información sensible adquirieron una nueva dimensión después de que militares de Noruega descubrieran que automóviles chinos habían grabado imágenes de bases, movimientos de soldados y códigos de acceso a instalaciones restringidas.
El fenómeno coincidió con una expansión de las compras argentinas de vehículos procedentes del gigante asiático. Según las estadísticas oficiales del INDEC, durante enero y febrero de 2026 se importaron automóviles desde China por USD 309 millones, frente a los USD 53 millones registrados en el mismo período del año anterior. El incremento alcanzó el 480,1%, empujado por unidades con altas prestaciones y precios más bajos que los de fabricación nacional.
La combinación entre el aumento de las importaciones y las alertas internacionales incorporó una nueva dimensión al debate sobre la presencia de tecnología china en la Argentina. Estados Unidos aprobó restricciones por razones de seguridad nacional; Polonia limitó el ingreso de vehículos fabricados en China a instalaciones militares e Israel adoptó medidas similares. Las decisiones estuvieron relacionadas con los riesgos de recopilación de información, transmisión de datos y eventuales intervenciones externas en los sistemas informáticos de los automóviles.
El caso de Noruega fue el antecedente más reciente. Durante un ejercicio militar realizado en septiembre, en las inmediaciones del aeropuerto de Oslo, efectivos de las Fuerzas Armadas utilizaron vehículos alquilados a través de Hertz para trasladarse entre sus domicilios y las instalaciones donde se desarrollaban las actividades de entrenamiento. Entre las unidades contratadas había automóviles de la marca china Deepal, equipados con cámaras y sistemas de grabación.
Los soldados descubrieron que algunos vehículos habían almacenado imágenes de sus movimientos, los recorridos realizados y los procedimientos de ingreso a instalaciones militares. Entre los registros aparecieron incluso los códigos alfanuméricos utilizados para abrir puertas y atravesar barreras de seguridad.
Los vehículos bajo sospecha en Noruega
El teniente Fredrik Blanck, que participó del ejercicio, relató al diario noruego Dagens Næringsliv que el descubrimiento había provocado sorpresa entre los efectivos. Las grabaciones permitían identificar quiénes ingresaban y salían de los automóviles, qué personas eran transportadas, qué recorridos realizaban y cuánto tiempo permanecían en determinados lugares.
Las imágenes fueron eliminadas de los vehículos a los que tuvieron acceso los militares. Sin embargo, quedó abierta una cuestión central: si la información había permanecido almacenada exclusivamente en los automóviles o si también había sido transferida a servidores externos.
El episodio permitió comprobar que los vehículos habían registrado información militar sensible, aunque no se acreditó que esos datos hubieran sido transmitidos a organismos de inteligencia chinos ni que formaran parte de una operación de espionaje. Las autoridades noruegas reconocieron los riesgos asociados a la tecnología, pero evitaron establecer una prohibición general según el país de fabricación de los automóviles.
Los vehículos habían sido contratados en el marco de un acuerdo de alquiler vigente entre junio de 2024 y mayo de 2028. La operación de Hertz en Noruega está vinculada, a través de su estructura societaria, con el conglomerado chino Zhejiang Geely Holding Group, propietario de Volvo Cars. Al menos dos automóviles utilizados durante los ejercicios pertenecían a Deepal, una marca del fabricante chino Changan.
El descubrimiento expuso una vulnerabilidad concreta: tecnologías incorporadas para asistir a los conductores, registrar maniobras o mejorar la seguridad vial también pueden almacenar información sobre instalaciones estratégicas y actividades militares.

La preocupación, sin embargo, había comenzado mucho antes.
En enero de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó una regulación destinada a restringir la importación y comercialización de determinados automóviles conectados que incorporen software o componentes tecnológicos vinculados con empresas de China y Rusia.
La decisión respondió a una evaluación de seguridad nacional sobre los riesgos derivados del acceso extranjero a los sistemas de conectividad y conducción automatizada.
La normativa estableció que, a partir de los modelos 2027, comenzarán a aplicarse restricciones sobre determinados programas informáticos y sobre la comercialización de vehículos conectados por fabricantes alcanzados por la regulación. Las limitaciones relacionadas con componentes físicos de conectividad entrarán en vigor para los modelos 2030, con disposiciones específicas para componentes sin año modelo.
La fundamentación oficial estadounidense identificó expresamente dos amenazas: la extracción de información sensible sobre conductores, propietarios y desplazamientos, y la posibilidad de manipular vehículos a distancia mediante accesos a sus sistemas informáticos.
La preocupación adquirió una dimensión estratégica en el contexto de la competencia tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing. La regulación estadounidense también contempló vehículos fabricados fuera de China que incorporen determinados componentes o programas informáticos desarrollados por empresas sujetas a la jurisdicción china.
El criterio utilizado por las autoridades estadounidenses estuvo relacionado con el origen y el control de las tecnologías, además del lugar donde se fabrican los automóviles.
En febrero de 2026, Polonia avanzó con una decisión preventiva. El jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, general Wiesław Kukuła, dispuso restricciones al ingreso de automóviles fabricados en China a instalaciones militares protegidas. La medida estuvo vinculada con los riesgos que representan los sensores, las cámaras y los sistemas capaces de registrar sonidos, imágenes y ubicaciones.
Las autoridades polacas también establecieron limitaciones a la conexión de teléfonos militares con los sistemas de entretenimiento y comunicación de esos vehículos. El objetivo fue reducir las posibilidades de que información relacionada con movimientos de personal, actividades militares o instalaciones estratégicas quedara expuesta a accesos externos.
Israel había adoptado medidas semejantes. Durante 2025, sus Fuerzas Armadas establecieron restricciones al ingreso de automóviles chinos a instalaciones militares y comenzaron a revisar la utilización de vehículos de ese origen asignados a oficiales.
Las preocupaciones estuvieron relacionadas con los dispositivos de grabación, los sistemas de conectividad y la posibilidad de que información sensible sobre recorridos, conversaciones o movimientos militares pudiera quedar almacenada fuera del control de las autoridades de defensa.
La aplicación de las restricciones tuvo diferentes alcances. En agosto de 2026 todavía se utilizaban determinados vehículos chinos en dependencias militares israelíes, pese a las medidas adoptadas para reducir los riesgos de seguridad.
Las importaciones desde China crecieron 480,1% durante el primer bimestre
La expansión comercial de los automóviles chinos se produjo en paralelo con una transformación del mercado argentino, impulsada por la incorporación de nuevas marcas, una mayor oferta de vehículos importados y el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas.
El Decreto 49/2025 estableció un régimen de importación con arancel extrazona del 0 % para determinadas categorías de automóviles eléctricos e híbridos, sujeto a cupos anuales de 50.000 unidades.
Para 2026, la Secretaría de Industria y Comercio asignó 50.000 vehículos correspondientes a 71 modelos de 32 marcas. Del total, 19.280 unidades fueron adjudicadas a terminales automotrices y otras 30.720 a importadores. Las solicitudes presentadas superaron las 160.000 unidades, más del triple del cupo disponible.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, las convocatorias de 2025 y 2026 permitieron asignar conjuntamente 100.000 vehículos, de los cuales 68.792 ya habían ingresado al territorio argentino, correspondientes a 58 modelos de 29 marcas.
La cifra incluye automóviles de distintos países y no representa exclusivamente importaciones de origen chino. Sin embargo, constituye un indicador de la velocidad con la que se incorporaron nuevos vehículos y tecnologías al mercado argentino.
Las estadísticas oficiales también reflejaron el crecimiento de las motorizaciones alternativas. Durante 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, frente a 13.500 durante 2024, lo que representó un incremento del 90 %.
En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos de estas tecnologías llegaron a 48.320 unidades, con una suba interanual del 322 %. La participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado pasó del 4,4 % al 21,1 % entre los primeros siete meses de 2025 y el mismo período de 2026.
El 72 % de las unidades patentadas durante ese último período correspondió a modelos comprendidos en el régimen especial de importación.
Las marcas chinas también incrementaron su presencia comercial. Según información de mercado difundida por Reuters, durante agosto de 2026 concentraron alrededor del 10 % de las ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos, frente a una participación cercana al 2 % hacia fines de 2025.
Entre las compañías que ampliaron su presencia se encuentran BYD, Chery, Geely, GWM y Dongfeng, aunque los vehículos fabricados en China también pueden comercializarse bajo marcas de otros países.
La expansión estuvo acompañada por una oferta de automóviles equipados con cámaras exteriores, sistemas de asistencia a la conducción, sensores, pantallas digitales, conectividad permanente y mecanismos de actualización de software.
Esas tecnologías forman parte del atractivo de los nuevos modelos por sus prestaciones y posibilidades de uso. Al mismo tiempo, son algunos de los dispositivos bajo análisis en las evaluaciones internacionales de seguridad.

La preocupación también apareció en la discusión pública argentina. El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió, en una publicación en su cuenta de X, sobre los riesgos que podría representar la expansión de los automóviles inteligentes fabricados en China, tanto por su capacidad para recopilar información como por la posibilidad de que sus sistemas tecnológicos sean intervenidos desde el exterior.
“En las pocas charlas que he dado de manera privada por razones meramente criptográficas siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino. Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, escribió Caputo.
La advertencia expresó una posición personal del asesor presidencial y, hasta el momento, no se tradujo en decisiones del gobierno de Javier Milei ni en modificaciones de la política de importación de vehículos. Tampoco existen pruebas públicas que permitan acreditar que los automóviles chinos comercializados en la Argentina tengan riesgos vinculados a la seguridad nacional.
De todos modos, el trasfondo de estas advertencias también está relacionado con la legislación china en materia de inteligencia.
La Ley Nacional de Inteligencia de China, aprobada en 2017, establece en su artículo 7 que las organizaciones y los ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar legalmente con las actividades de inteligencia del Estado, además de preservar la confidencialidad de esas tareas.
La disposición generó preocupación en distintos países respecto de las obligaciones que podrían alcanzar a empresas tecnológicas sometidas a la jurisdicción china.
La existencia de esa norma no demuestra por sí sola que los fabricantes de automóviles proporcionen información recopilada por sus vehículos a los servicios de inteligencia de Beijing. Tampoco permite establecer que todos los automóviles producidos en China tengan las mismas capacidades de transmisión de datos o que puedan ser intervenidos externamente.
Los riesgos dependen de las características de cada vehículo, sus programas informáticos, la configuración de los sistemas de conectividad, los mecanismos de almacenamiento y las medidas de protección frente a accesos no autorizados.
En esa discusión aparece una cuestión que trasciende el origen de los fabricantes: los automóviles modernos se convirtieron en dispositivos capaces de registrar grandes cantidades de información sobre sus ocupantes, sus desplazamientos y los lugares que recorren.
La experiencia noruega mostró cómo las cámaras y sensores incorporados a vehículos de uso cotidiano podían almacenar información vinculada con actividades de defensa. Las restricciones estadounidenses, polacas e israelíes reflejaron, por su parte, las diferentes respuestas adoptadas frente a los riesgos potenciales de estas tecnologías.
En la Argentina, la homologación de automóviles comprende requisitos técnicos y de seguridad específica para el tránsito establecidos para autorizar su comercialización y circulación. Sin embargo, la normativa pública consultada sobre el régimen especial de importaciones no permitió establecer el alcance de eventuales auditorías específicas sobre sistemas de recopilación de datos, almacenamiento externo de información y mecanismos de acceso remoto.
Tampoco surgió de esa documentación si existen protocolos particulares para el ingreso de vehículos conectados a bases militares, instalaciones de inteligencia u otros establecimientos estratégicos. La falta de información en las normas comerciales examinadas no permite concluir que tales controles sean inexistentes.
La diferencia entre autorizar la circulación de automóviles en el mercado civil y permitir su acceso a instalaciones sensibles constituye uno de los principales aspectos de la discusión internacional.
Los antecedentes de Polonia e Israel mostraron que las restricciones pueden aplicarse a determinados establecimientos militares sin afectar necesariamente la comercialización general de los vehículos. Estados Unidos, en cambio, optó por una regulación más amplia, dirigida a limitar la incorporación de determinadas tecnologías de conectividad vinculadas con países considerados adversarios estratégicos.
La combinación entre el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de China y las alertas internacionales por espionaje incorporó así una nueva cuestión al debate argentino sobre comercio exterior, tecnología y seguridad nacional.
La competencia comercial, los precios y la modernización del parque automotor comenzaron a compartir espacio con interrogantes sobre el control de la información, la protección de instalaciones estratégicas y la dependencia de sistemas tecnológicos desarrollados en el exterior.
En un escenario internacional atravesado por la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, el caso noruego volvió a mostrar que los automóviles inteligentes también pueden convertirse en una fuente de información sensible para la seguridad de los Estados.
Para la Argentina, donde el valor de las importaciones de automóviles desde China se multiplicó casi por seis durante el primer bimestre de 2026, la discusión quedó vinculada con una cuestión concreta: qué mecanismos permiten proteger la información estratégica frente a los riesgos que acompañan la incorporación de vehículos cada vez más conectados.
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POLITICA
Pidieron la destitución del juez federal Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su currículum

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está acusado de un supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en momentos en que regía el cepo cambiario y de haber omitido información de su currículum, se defendió ante un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.
Fue después de que la fiscalía integrada por el senador Luis Juez, la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña pidiera su destitución por mal desempeño.
“No soy lo que dice la acusación”, sostuvo Salmain, luego de los alegatos de sus abogados defensores.
El jury de enjuiciamiento, que deberá dictar si continúa con el cargo de juez, analizó hoy los dos casos que enfrenta Salmain. Uno de ellos se relaciona a la investigación en su contra por presuntamente recibir coimas para garantizar medidas judiciales que permitieron a un fideicomiso acceder a US$10 millones cuando el cepo lo prohibía. En este expediente se encuentra procesado y con prisión preventiva. Si fuera destituido, perdería fueros que hoy impiden su detención.
El segundo, se retrotrae en el pasado y analiza la omisión de sus antecedentes en la declaración que presentó cuando concursaba para juez. “Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, pronunció Salmain frente al jury del Consejo de las Magistratura en sus últimas palabras.
Hace más de veinte años, Salmain se desempeñó como auxiliar del juzgado N°8 de la Seguridad Social. En ese contexto, fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado donde trabajaba.
Según el senador Luis Juez, que formó parte de la acusación durante el jury, Salmain “pretendía darle trámite especial” a determinados expedientes. Finalmente, Salmain renunció y la Corte Suprema lo cesanteó. Luego, enfrentó una causa penal que derivó en una probation, por lo que debió hacer trabajo comunitario en el Jardín Botánico.
La fiscalía cuestionó que Salmain no haya informado sobre esa causa que derivó en una cesantía en el Poder Judicial cuando concursó para ser juez federal de Rosario. “Gran evasor de cumplimientos legales”, dijo el cordobés Juez.
La defensa de Salmain, que fue ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. Mostró un video en el que Juez, en calidad de senador, habría votado afirmativamente la designación de Salmain. “Lo hiciste vos, levantaste la mano”, lanzó.
Castro Bianchi, además, expuso otro video en el que supuestamente Salmain pronunció ante preguntas de miembros del Consejo de la Magistratura, antes de ser designado juez, que él trabajó “hace muchos años, pero como auxiliar” en el Poder Judicial. Más allá de la disputa sobre sus antecedentes, su defensa habló de “errores saldados” y cuestionaron si la normativa señala que es obligatorio o deseable que los concursantes aclaren por escrito antecedentes como tal.
El otro de los hechos que el jury de enjuiciamiento consideró es la investigación sobre el supuesto cobro de sobornos al financista Fernando Whpei para facilitar acceso al mercado de cambios a través de medidas judiciales. El caso federal encuentra a Salmain en calidad de procesado y con prisión preventiva. No está en la cárcel porque, por su calidad de juez, posee fueros.
Por la parte acusadora, el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, sostuvo que “Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación”. Es decir, pidió su remoción.
Barroetaveña cuestionó las decisiones de Salmain en el caso conocido como Attila. Este es un fideicomiso que reclamaba al Banco Central el acceso al mercado oficial de cambios para obtener US$10 millones, en época de cepo. Luego de una cautelar firmada por Salmain, Attila pudo realizar seis operaciones que sumadas daban esos dólares que, según el juez de Casación, “fueron transferidos al exterior”.
El magistrado cuestionó la cautelar así como otros aspectos de la decisión de Salmain como una “caución juratoria”, pero también trajo a colación la declaración como imputado colaborador o arrepentido del financisWhpei. “Según su relato (el de Whpei), fue Santiago Busaniche quien le explicó que el costo sería un 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue”, afirmó Barroetaveña. A su vez, mencionó impactos de antena de celulares que ubicaban en cercanías a Salmain y al financista Whpei, ya sea en adyacencias de su juzgado, en las de un hotel y las de un bar.
En este sentido, la defensa de Salmain respondió que eso no significa que se hayan reunido y negaron que el juez de Rosario conozca a Whpei. Lo tildaron de “arrepentido mentiroso”. El abogado Ubeira, defensor de Salmain, pidió: “Dejenlo en paz, rechacen los cargos, mándenlo a su juzgado”.
El jury de enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulliy la abogada Ana Beatriz Fernández. Ellos decidirán si Salmain conserva el cargo de juez.
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POLITICA
Mario Negri habló del futuro de la UCR de cara a 2027: “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”

Mario Negri reclamó que la Unión Cívica Radical (UCR) recupere una propuesta nacional y construya una alternativa política capaz de competir en 2027 frente al gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo. El exdiputado advirtió que el partido perdió presencia en el debate público pese a gobernar cinco provincias y sostuvo que cualquier alianza electoral debe partir de un programa común, no limitarse a reunir fuerzas contra el oficialismo.
En diálogo con Infobae a la Tarde, el dirigente también cuestionó la situación económica, reclamó medidas para recuperar el empleo formal y criticó el tono de la confrontación política. Su planteo apunta a que la oposición supere la lógica de los dos extremos y construya una alternativa con capacidad de gobierno.
La UCR necesita una propuesta nacional
Para Negri, el radicalismo debe acelerar sus definiciones después de que Milei manifestara su intención de buscar la reelección. Aunque conserva presencia territorial, consideró que el partido no consigue traducir ese peso en una voz propia dentro de la discusión nacional. “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”, advirtió.
En esa reconstrucción, también cuestionó el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. A su entender, la falta de reglas previsibles para distribuir recursos debilita el federalismo y deja a los gobernadores sujetos a las decisiones del Ejecutivo. “El federalismo fiscal desapareció”, resumió.
El dirigente consideró que la UCR debe recuperar el contacto con los sectores que buscan una alternativa alejada de la confrontación. Para eso, sostuvo, necesita dejar de mirar exclusivamente su propia estructura y volver a representar demandas sociales concretas.
Una coalición que no se limite a ganar
Al evaluar posibles acuerdos entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios, Negri rechazó que la oposición se organice únicamente en función de su rechazo al Gobierno. “Yo anti no, anti nada. En todo caso, una alternativa”, planteó.
Su propuesta es una coalición republicana, liberal en lo político e institucional y orientada hacia el centro. Para el exdiputado, la unidad debe sostenerse en objetivos compartidos y no solo en la necesidad de derrotar al oficialismo. “Amontonarse no garantiza el gobierno. Puede garantizar ganar, pero no cambiar”, advirtió.
Entre las prioridades de ese programa mencionó la educación pública con mecanismos de auditoría, reglas claras para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una política de federalismo fiscal y el cumplimiento de los compromisos de obra pública.
Negri apeló a su experiencia al frente del bloque radical y del interbloque de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordó el crecimiento de ese espacio en la Cámara de Diputados y destacó la importancia de sostener acuerdos entre fuerzas con diferencias internas.

La discusión también tiene una dimensión electoral inmediata: la UCR pone en juego nueve de sus diez bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados, según los números que repasó durante la entrevista. Para Negri, esa disputa exige definir primero qué quiere representar el partido y qué respuestas puede ofrecer.
La economía más allá del equilibrio fiscal
Negri reconoció que el equilibrio fiscal y la reducción del gasto innecesario son objetivos necesarios, pero advirtió que no alcanzan si las familias siguen teniendo dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.
También cuestionó las dificultades del mercado laboral y reclamó que la recuperación se traduzca en puestos estables y registrados. “De lo que se trata es de trabajo de calidad, de formalidad, que es lo que se prometió”, sostuvo.
El exdiputado vinculó ese diagnóstico con la situación de las empresas y la falta de inversiones. Durante la entrevista, estimó que más de 30.000 compañías cerraron durante la administración de Milei. También afirmó que Brasil y México concentraron el 62% de la inversión extranjera directa regional en 2025, una comparación que utilizó para advertir sobre la posición de la Argentina frente a sus vecinos.

Críticas al discurso oficial y reclamo de consensos
Negri cuestionó el uso de “casta” como una descalificación general de la dirigencia y advirtió sobre el efecto del lenguaje presidencial en la convivencia democrática. A su entender, los agravios desde el poder profundizan las divisiones y dificultan la construcción de acuerdos. “Con la palabra vos podés construir puentes, pero con la palabra también podés levantar muros”, señaló.
En otro tramo de la entrevista, expresó reparos sobre el proyecto de ley relacionado con la soberanía de Malvinas, por los cambios que, según señaló, contempla en el Código Penal y en las normas de defensa y seguridad nacional. Negri reclamó una discusión amplia y recordó el consenso político que permitió aprobar la Ley de Defensa durante la democracia. Consideró que las iniciativas vinculadas con asuntos estratégicos requieren acuerdos que trasciendan las mayorías circunstanciales.
De cara a 2027, su planteo es que la UCR recupere una identidad propia y participe de una coalición con objetivos definidos. Para el exdiputado, la oposición necesita superar la confrontación entre los extremos y presentar una alternativa que combine estabilidad económica, empleo y reglas institucionales.
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Senado: el oficialismo anuncia que logró un acuerdo para avanzar con la reforma a la ley de salud mental

El oficialismo anunció esta tarde en el Senado una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la ley de salud mental y aseguró que cuenta con el consenso necesario para que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo pueda obtener dictamen este jueves y, de lograrlo, ser discutida en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.
Entre los cambios más importantes figuran la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones o especializadas para la internación de casos psiquiátricos que proponía el texto enviado por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.
A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios de los ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se mantendrá la prohibición de los manicomios que estableció la ley de salud mental sancionada en 2010.
También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no sólo a las de consumos de estupefacientes, como la ludopatía. Además, se permiten las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario en un plazo perentorio, en ocasión en el que el paciente no se encuentre capacitado para tomar esa decisión.
El anuncio fue formulado en una conferencia de prensa que encabezaron esta tarde las senadoras libertarias Patricia Bullrich (Capital), jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta; Nadia Márquez (Neuquén) e Ivanna Arrascaeta (San Luis), presidentas de las comisiones de Legislación General y de Salud, respectivamente.
Ambas comisiones están convocadas a reunión plenaria para este jueves, a las 15, con el objetivo de tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese encuentro se pondría a consideración el texto y, según afirmó Bullrich, tendría dictamen.
“Estamos trabajando para que haya quorum (en la reunión plenaria) y creemos que va a haber. Si hay quorum, vamos a tener dictamen y lo vamos a querer tratar la semana próxima en el recinto”, respondió la jefa de la bancada oficialista ante una consulta de .
En la conferencia de prensa, que se celebró en el despacho de Bullrich, en el primer piso del palacio legislativo, las legisladoras explicaron en diez puntos los cambios sustanciales que se le introducirán al proyecto antes de llegar al recinto para su tratamiento por el pleno de la Cámara alta.
Uno de los puntos más destacados es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o de adicciones.
En ese sentido, se permite que la evaluación de internación la realice un médico psiquiatra o con formación en salud mental, pero junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.
Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y concesión del alta del paciente.
Como se dijo, se mantiene la prohibición de manicomios o de realizar prácticas relacionadas con los viejos hospitales neuropisquiátricos.
Como parte de la negociación para obtener consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. El Estado Nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.
En el caso de internaciones e urgencia se establece un plazo de revalidación para internaciones de urgencia dispuesta por un solo médico ante riesgo grave, ya que se amplía el plazo de revalidación interdisciplinaria de 24 a 48 horas.
Por otra parte, se acepta el concepto de directivas anticipadas, por el cual se reconoce el derecho de las personas a declarar por anticipado su consentimiento o rechazo a tratamientos de salud mental y a designar representantes para el momento en que no puedan expresar su voluntad.
También se establece un régimen especial para niños y adolescentes con adicciones con equipos infanto-juvenil especializados.
Por otra parte, se establece la obligación de trazar un plan de egreso e internaciones prolongadas, por el cual se tendrá que establecer una hoja de ruta desde el diagnóstico inicial y se exige la intervención de oficio del Órgano de Revisión para internaciones que superen los 180 días.
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