POLITICA
Marcha Universitaria y contra el DNU 70/2023, en vivo: “Agotamos todas las instancias”, advirtió el líder de la FUA
Esta tarde, miles de personas tienen previsto movilizarse a la 5° Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo. La jornada cuenta con el condimento de que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.
El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
En esta nueva oportunidad, los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro salarial. “El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Las que también se plegarán a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), el axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre otros grupos.
La lluvia llegó a la marcha, el valor de los pilotines
En los últimos minutos, comenzaron los primeros chaparrones fuertes en la tarde. De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de tormenta son de entre 40% y 70%, hasta la noche. Además, hay alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Algunos manifestantes se amontonan debajo de techos o incluso se desconcentran, aunque son la minoría los que se van. Los pilotines se venden a 15.000 pesos. Desde el escenario, se ve que las banderas siguen firmes. La más grande reza: “Universidad pública siempre – UBA”.
“La universidad cambió mi vida y la de mi familia”
David es abogado. Todavía encabeza su estudio, aunque ya no va todos los días. “Tengo 89 años, a esta altura no cumplo horarios ni conmigo mismo”, dice. Su papá era gallego y su mamá, calabresa. “Ella fue ama de casa, él llegó a tener su taller mecánico. Y yo fui el orgullo de los dos porque estudié y me recibí. Poder ir a la universidad cambió mi vida y la de mi familia, y tuve docentes brillantes y sé que la universidad los sigue teniendo. Yo dicté clases durante más de treinta años y enseñar en esas aulas es mi mayor satisfacción profesional”, contó.
“Vine para honrar el trabajo docente y para reclamar que les paguen lo que les corresponde”, indicó David. Camina despacio por la calle Montevideo, pero firme y decidido a llegar a la Plaza Congreso.
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Se suman autoconvocados a la marcha
Alrededor de las 14:30, continúa llegando mucha gente a la Plaza Congreso, que se va llenando de a poco. En la última hora, además, empezaron a llegar manifestantes autoconvocados, es decir, por fuera de las columnas partidarias y sindicales que están desde el principio.
En los bares que rodean a la zona de la manifestación hay muchas mesas ocupadas por docentes universitarios en ejercicio y docentes jubilados.
“No puedo creer lo que ganan los docentes”
Victoria tiene 22 años y estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires y hoy pidió salir una hora antes del trabajo. “Trabajo en una oficina y mi jefe tiene dos hijos que van al secundario y que van a seguir la universidad. Van a ser la primera generación de universitarios en esa familia, por eso cada vez que hubo marcha no tuve problemas en el trabajo para venir”, dice.
“En mi casa no tengo que aportar, lo que gano en mi trabajo part time es para mis gastos. Pero no puedo creer lo que ganan los docentes que nos están formando. Son profesores recontra experimentados y especializados, le ponen una dedicación increíble, y todo por un sueldo imposible. Por eso vengo”, cuenta.
El precio de ir al baño y de una bandera malvinera
Como en otras protestas, la venta ambulante de banderas y cotillón con consignas políticas es parte del paisaje. Por ejemplo, entre $15.000 y $20.000 sale una bandera de “Las Malvinas son argentinas”, según el tamaño.
Otro emprendimiento son los “baños-carpa” que son, stricto sensu, un tacho grande de pintura tapado por una carpa individual para resguardar la privacidad. Cobran $1000 por usarlos.
A metros de los baños improvisados, los manifestantes se colocan debajo del gran techo del cine Gaumont, el lugar preferido para refugiarse cuando empieza a llover.
Los rebusques de los docentes: “Arranqué hace un año un emprendimiento de comida”
Rafael y Alejandra son compañeros de cátedra hace más de quince años y novios hace tres. Enseñan los dos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ella también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y él, en Quilmes. Hace más de veinte años son docentes universitarios.
“Arranqué hace un año un emprendimiento de comida con dos amigas también docentes porque no llegamos a fin de mes. Y ni siquiera con eso tenemos la tranquilidad de que llegamos con todos los gastos”, dice ella.
Él suma: “Yo salgo las noches de jueves, viernes y sábado con el auto a hacer Didi o Uber. Nos destrozaron el salario y esta insistencia en no acatar la ley es inmoral. No sólo arrasaron con nuestro bolsillo sino con la ley”.
“La emergencia en discapacidad sigue”: el otro reclamo presente
Empiezan a llegar también manifestantes que exigen la regularización del escenario de las personas con discapacidad y de los trabajadores que se ocupan de esas personas.
“La emergencia en discapacidad SIGUE”, advierten sus carteles. Entre ellos están María, Edgardo y Juan Pablo, el hijo adolescente de ambos, que camina por la plaza con unos auriculares que amortiguan los ruidos alrededor.
“Él es autista y la posibilidad de sostener regularmente sus terapias no existe. Todo el tiempo se suspenden, se discontinúan, y eso que sus terapeutas le ponen todo el amor. Desde que estamos en esta emergencia desatendida, mi hijo y muchas otras personas retrocedieron en su calidad de vida y su estado de salud”, se lamentan. Vinieron desde Bernal en colectivo, tren y subte. Juan Pablo necesita una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga y un psicólogo, además del transporte para ir a esas terapias y a la escuela de educación especial a la que asiste.
Bombos y murga en la Facultad de Económicas
Estudiantes y docentes se movilizaban hoy desde las 13 en la Plaza Houssay, frente a la Facultad de Ciencias Económicas y el Hospital de Clínicas.
Antes de la convocatoria central, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), el gremio que representa a los trabajadores no docentes, reunió a parte de sus afiliados y dirigentes en la sede de Económicas, ubicada en avenida Córdoba al 2122.
Con bombos y una murga, el sindicato concentraba desde las 12 al interior de la icónica casa de estudios de la UBA, donde se cursa las carreras para obtener la Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Actuario, entre otras.
Los precios de comer al paso y una mayoría militante
En los alrededores de la plaza ya funcionan los clásicos puestos de comida que suelen montarse en este tipo de convocatorias. El choripán se ofrece a $10.000, mientras que el sándwich de bondiola tiene un valor de 15.000 pesos.
Hasta el momento, la presencia en la plaza corresponde principalmente a quienes llegaron encuadrados en alguna de los sindicatos y organizaciones. Todavía no se sumó el público “suelto” o que suele asistir de manera independiente.
En paralelo, los bares y cafés que rodean a la plaza se convertían de a poco en puntos de encuentro para quienes se preparan para sumarse a la movilización.
“Milei cumplí con la ley”, la consigna más repetida
En la plaza, el pasacalle que más se repite entre los manifestantes y a lo largo de la Avenida de Mayo sintetiza el reclamo central de la jornada: “Milei cumplí la ley”, en referencia directa a la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno no termina de ejecutar.
El clima empieza a tomar color. Desde uno de los parlantes instalados en la zona, suena un tema de Los Redondos, mientras continúa el armado de la concentración frente al Congreso.
Calles cortadas y fuerte operativo en la zona del Congreso
Hacia el mediodía, el tránsito estaba cortado en las calles que circundan la zona del palacio legislativo, ante el amplio operativo de seguridad de las fuerzas federales.
La avenida Callao está cerrada con vallas, a la altura de Bartolomé Mitre, que también permanecía clausurada en sentido Microcentro.
Todo avenida Rivadavia, en paralelo al Congreso, se encontraba repleta de uniformados de Gendarmería nacional, camiones hidrantes y equipamiento anti disturbios.
Además, hay fuerte presencia de Policía de la Ciudad. Los efectivos, con cascos en la mano, se ubicaban en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, sobre las paralelas a Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Joaquín Carvalho: “El Gobierno entró en un estado delicado del equilibrio institucional”
El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, repasó en Infobae en Vivo el conflicto entre la educación superior y el Gobierno, tras la multa judicial de $100.000 por día contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli por incumplir la cautelar que ordena a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Carvalho enmarcó la decisión judicial en un problema que excede lo económico. “Nosotros pensamos que la política no puede estar exenta de eso. ¿Qué le pasa a un ciudadano en la Argentina cuando no cumple la ley?”, planteó en una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Carvalho repasó los antecedentes de la disputa que llevó a la quinta Marcha Federal Universitaria.
El dirigente universitario detalló el recorrido institucional que derivó en la multa. “Hemos agotado todas las instancias, la calle, la vía institucional a través de la ley de financiamiento universitario, que fue votada en ocho oportunidades, que atravesó un veto presidencial y la Justicia llegando a la Corte Suprema de Justicia”, reconstruyó.
En ese marco, Carvalho definió que “el Gobierno entró en un estado delicado del equilibrio institucional” al incumplir no solo al Congreso, sino la responsabilidad de acatar las leyes vigentes.
Llegan las primeras banderas y manifestantes al Congreso
En la previa a la movilización, los primeros grupos de agrupaciones, sindicatos y organizaciones pusieron sus banderas y estructuras para protestar frente al Congreso.
Cerca del escenario se apostaron los lienzos de Conadu Histórica, Apuba, CTERA, Unión Docentes Argentinos (UDA), Aduana, Fedun y Fatun, algunos de los principales gremios universitarios. En ese marco, se colocaron también dos carteles, Educación y Soberanía, en el centro de la Plaza de los Dos Congresos, a espaldas al edificio legislativo y de frente a la Avenida de Mayo.
Alrededor de las nueve, se realizaban pruebas de sonido antes del inicio de la quinta marcha universitaria en la Ciudad de Buenos Aires.
La avenida Rivadavia permanece cortada a la altura de Callao desde las primeras horas de la jornada, según se pudo observar en el lugar. El tránsito de colectivos y autos particulares todavía puede circular por las calles que rodean la plaza, aunque quienes buscan continuar por Rivadavia deben desviarse, ya que se colocó un vallado que impide el paso.
La magnitud del ajuste acumulado en las universidades
Según un informe del centro CEPA, el presupuesto destinado al “Desarrollo de la Educación Superior”, que afecta a las universidades públicas, representa una caída en términos reales que alcanzó 25,2 por ciento.
Si se compara el 2023 con el presupuesto vigente en 2026 – hasta el 14 de octubre (en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en el Proyecto de Presupuesto 2027), los cálculos arrojan que “sin actualizaciones de por medio hasta fin de año”, habrá “una reducción acumulada de 22,0% respecto de 2023″. En ese marco, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 1,2%, en comparación con el crédito vigente para 2026, consolidando la pérdida de años anteriores.
Desde el centro de investigación pusieron como ejemplo el salario histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), y su pérdida salarial. Para la categoría JTP semi-exclusivo sin antigüedad, pasó de cobrar $1.185.861 (noviembre de 2015) a $672.309 (septiembre de 2026) en pesos de septiembre 2026. Se trata de una caída real de 43,3%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $887.581 (-25,2%).
Continúan las tomas en algunas facultades
La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encontraba tomada hoy, cuando estudiantes, docentes y no docentes se movilizaban hacia el Congreso en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno por la demora en poner en vigencia la normativa.
Por otro lado, los dirigentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron en asambleas interclaustros la ocupación de varias unidades académicas, como la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Políticas y RRII y la Facultad de Psicología.
Esta modalidad de protesta surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigiendo el aumento de la Beca Progresar.
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Las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes mientras se desarrollaba la Quinta Marcha Federal Universitaria.
El punto más álgido del conflicto se registró minutos antes de las 16, momento en que estaba pactado el inicio del acto central de la movilización, cuando protestantes encapuchados empezaron a lanzar piedras y elementos contundentes a los efectivos que se hallaban detrás del vallado.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y con chorros de agua arrojados desde los camiones hidrantes. Sin embargo, los manifestantes radicalizados no se detuvieron y continuaron con la disputa, destrozando las veredas para armarse de nuevos objetos para tirar.
Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.
“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras los incidentes.
Debido a los incidentes, y a la intensa lluvia, el acto central se adelantó y antes de las 17 se cerró con la lectura de un documento, con críticas al Gobierno y en reclamo del cumplimiento del financiamiento universitario.
Los videos y fotos más impactantes
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POLITICA
Kicillof sale contener y mostrar coordinación en medio del pedido por las policías municipales
Son varios los intendentes, sobre todo del conurbano bonaerense, que aguardan que el gobierno de Axel Kicillof gire a la Legislatura un proyecto para reformar y actualizar la actual Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires. Los jefes comunales esperan con detalle el apartado que, entienden, estará referido al desempeño de las Policías Municipales; un tema siempre presente y que en tiempos electorales, como lo será el año que viene, es materia de debate. Pero en el Gobierno bonaerense salieron en las últimas horas a mostrar que la articulación y el trabajo con los intendentes en materia de seguridad son fluidos, más allá de la pertenencia política de cada jefe comunal.
Este miércoles, Kicillof inauguró una base policial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de San Isidro donde gobierna Ramón Lanús, un intendente cercano a Patricia Bullrich. Pese a ello, el jefe comunal mostró predisposición y hasta agradecimiento a la Provincia. “Estamos inaugurando una nueva base de la UTOI, como fruto del trabajo que venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires desde hace dos años y medio que asumimos la gestión. Nos hicimos cargo de la seguridad de San Isidro, sin querer buscar excusas, y trabajamos muy bien con la provincia estos dos años y medio y hoy vemos que está dando resultados ese trabajo”, dijo Lanús con Kicillof a su lado. También dijo sentirse “muy contento”.
Las palabras del jefe comunal son el muestreo de lo que busca exhibir el Ejecutivo bonaerense: que Kicillof mantiene una agenda de trabajo en seguridad con todos los intendentes, más allá de los requerimientos sectoriales. Uno de esos requerimientos en materia de seguridad tiene que ver con el marco legal para el funcionamiento de las policías municipales.
“Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, planteó Kicillof y agregó con el caso de San Isidro: “Por eso, asumimos la responsabilidad de planificar y articular políticas con los gobiernos locales que generan resultados concretos en materia de seguridad: ya hay 100 agentes de la UTOI que están desplegados para fortalecer la prevención en los barrios de San Isidro”.
Hoy, varios distritos cuentan con fuerzas de seguridad propias. En rigor, según el caso, tienen mayor o menor despliegue en sus funciones. Algunas, incluso, portan armas de uso no letal. En Escobar, por ejemplo, donde gobierna el kicillofista Ariel Sujarchuk, el cuerpo de seguridad municipal utiliza las Byrna, un dispositivo de defensa personal de letalidad reducida que dispara municiones de calibre .68. En Vicente López, donde gobierna la intendenta del PRO, Soledad Martínez, las fuerzas locales también portan este tipo de armamento. San Isidro, Ezeiza y Tigre son otros distritos.
En su apertura de sesiones, en marzo de este año, Kicillof anunció una reforma a la Ley de Seguridad Pública. En ese gran proyecto marco se iba a incluir un marco normativo para el funcionamiento de las policías locales. En ese momento, los intendentes celebraron el anuncio ya que intuyeron que esa decisión también alcanzaría el envío de recursos de parte de la Provincia para solventar el funcionamiento de las fuerzas. Como contó Infobae, hubo algunas reuniones con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, al respecto. Pero hasta el momento, la iniciativa en cuestión no fue girada ni a la Cámara de Diputados bonaerense ni al Senado de la provincia de Buenos Aires.
Días atrás, el municipio de Lanús aprobó la creación de una policía municipal. El intendente, Julián Álvarez (La Cámpora), había anunciado la convocatoria para incluir a 100 agentes en la nueva fuerza. Luego el concejo deliberante de su distrito terminó dándole un marco regulatorio a dicha fuerza de seguridad. Así, se definió que la nueva Policía de Prevención Municipal articulará con las fuerzas policiales para prevenir conflictos, violencias y delitos. Como en otros distritos, los agentes portarán armas no letales y se está realizando la compra de 30 nuevos vehículos para el uso exclusivo de este nuevo cuerpo.
En el mes de agosto, Álvarez inauguró la Escuela de Policía Municipal de Lanús, donde 120 cadetes se están capacitando para, en el mes de diciembre, pasar a conformar el primer Cuerpo de Policía de Prevención y Disuasión. Para eso, indicaron que desde el distrito de la Tercera Sección Electoral se firmaron convenios de cooperación con el Instituto Universitario Vucetich y la Universidad Nacional de Avellaneda; ambos participan de la formación de los cadetes. El objetivo central, consideraron en el Ejecutivo local ante la consulta de Infobae, es profesionalizar la seguridad mediante una formación orientada a la prevención y la proximidad comunitaria. En ese sentido, también se incorporaron 20 Jeep Renegade, que patrullan durante las 24 hs los puntos de acceso de la ciudad.
En vista de la campaña del año que viene, hay distintas posiciones al respecto de este tema en la provincia de Buenos Aires. En el kirchnerismo, el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, dijo estar en contra de la ley de policías locales. Proyecta que una nueva fuerza a cargo de los intendentes solo complejizará la cuestión y que distintos elementos, como el narcotráfico, podrían encontrar en una nueva fuerza de seguridad un foco donde penetrar y garantizarse su desarrollo.
Hay algunos legisladores no peronistas que empujan a las policías locales y que creen que Kicillof no girará el proyecto anunciado, que ya está “en retirada” y que solo está dejando “pasar el tiempo”, para que el próximo gobernador avance -o no- sobre el tema. En La Plata relucen los distintos fondos de seguridad que el gobernador habilitó para los intendentes en cada negociación presupuestaria, con el objetivo de dar cuenta que la agenda y el rol que deben tener los intendentes son de su incumbencia. El año pasado, el Ejecutivo bonaerense definió en su presupuesto que para este 2026 se destinen $1,6 billones para el área de Seguridad y Servicio Penitenciario. El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública podría girarse antes de fin de año. Su discusión y tratamiento serán otro capítulo.
Axel Kicillof,Ramón Lanús,Juan Grabois,San Isidro
POLITICA
El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso
El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitudinaria convocatoria frente al Congreso pero que, a diferencia de otras oportunidades, terminó con incidentes.
En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades, que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo, a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.
“Es un acto opositor”, plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado”, agregaron.
El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, como parte de su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.
Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a : “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.
Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.
En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.
Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, denunció la presencia de supuestos “infiltrados”.
Desde ayer, en el Gobierno vincularon el reclamo universitario a una cuestión partidaria. Incluso, afirmaron que están cumpliendo la ley, pese al retaceo de fondos, los reclamos de las universidades y los fallos judiciales adversos. Fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.
El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.
En ese momento, fuentes del Gobierno dijeron que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.
La movilización de hoy, para exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
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