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De los monasterios a las redes sociales, una historia del español a través de lo que no se dice

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El silencio puede expresar secretos, obediencia, censura, protesta o afecto; sus formas y sentidos cambian con cada época. En El dedo en los labios, Lola Pons convierte ese territorio esquivo en materia de una historia cultural de la lengua española. El ensayo, de 280 páginas, va de la Edad Media a las redes sociales y sostiene una pregunta que atraviesa toda la lectura: qué revela una sociedad cuando decide callar.

La filóloga y catedrática de la Universidad de Sevilla presenta su primer ensayo narrativo y el más ambicioso de su trayectoria. El libro no trata el silencio como una simple ausencia de palabras. Lo examina como una práctica vinculada con el poder, la oración, el amor, la escucha, la reserva y las formas de exclusión.

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Pons combina historia lingüística, episodios culturales y observación del presente. Ese cruce evita que el recorrido se reduzca a un catálogo de palabras antiguas: los cambios en el vocabulario permiten observar también los cambios en lo que se admite decir, en lo que se prohíbe y en aquello que permanece fuera de la conversación pública.

El silencio salió de los claustros y entró en la vida cotidiana

Uno de los tramos más consistentes del volumen sigue la trayectoria de la palabra “silencio”. Su origen religioso, ligado a monasterios y conventos, se desplaza en el siglo XVI hacia los usos cotidianos. Desde entonces, el término abandona el marco del voto y adquiere matices que acompañan la vida social.

Lola Pons (Maximiliano Luna)

El libro muestra que esos matices nunca son inocentes. Lo que en un tiempo puede interpretarse como pudor, en otro puede nombrarse como censura. Los límites de lo decible cambian, y la historia de esas fronteras es uno de los núcleos del ensayo.

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La atención a los verbos confirma la precisión con que Pons lee el idioma. “Silenciar”, explica, surgió en el español americano y llegó al español de España a comienzos del siglo XX, cuando desplazó expresiones como “hacer callar” o “mandar callar”. Su terminación en “-ar” responde, además, a que esa es la conjugación que todavía admite la creación de nuevos verbos en español.

Las palabras de la política muestran quién puede hablar

El análisis se detiene en fórmulas que hoy parecen corrientes. “Sin comentario”, por ejemplo, entra en el relato como una expresión asociada a la comunicación política estadounidense antes de pasar a la lengua común. Pons entiende estas incorporaciones como indicios de una época y de sus maneras de administrar la información.

También recupera la figura de “Tácito” durante la Transición española. “Ser un tácito” o “ser de Tácito” designaba a quienes publicaban bajo ese seudónimo al final de la dictadura franquista para intervenir en el debate ideológico y político. El episodio da espesor histórico a una intuición que el libro desarrolla de principio a fin: callar y hablar rara vez son decisiones desvinculadas de las relaciones de poder.

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La parte final amplía esa perspectiva hacia los silencios de las mujeres y de quienes tuvieron menor acceso a la escritura o al reconocimiento público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte final amplía esa perspectiva hacia los silencios de las mujeres y de quienes tuvieron menor acceso a la escritura o al reconocimiento público. El libro confronta fórmulas como “calladita estás más guapa”, que convierten el silencio femenino en mandato, con las desigualdades que aún se advierten en el uso de la palabra. Pons recuerda que, incluso en parlamentos con representación paritaria y listas electorales equilibradas, las mujeres disponen de menos tiempo de palabra que sus compañeros varones.

El gesto de un dedo sobre los labios enlaza pasado y presente

La discapacidad ocupa otro lugar relevante en el recorrido. El ensayo relaciona “mutismo”, “mudez” y “mutis” a partir de su origen común, a la vez que revisa el uso de “mudo” ante una comprensión más amplia de las formas de comunicación de las personas sordas. El planteamiento evita congelar las palabras en su definición: las sitúa en las transformaciones sociales que alteran su alcance.

Harpócrates

El título procede del gesto de llevar un dedo a los labios para pedir silencio. Pons lo vincula con Harpócrates, dios del silencio, y lo llama gesto harpocrático. El recorrido se detiene también en “chist”, la interjección con la que se manda callar y de la que derivan “chistar” y “chiste”. Esa señal, reconocible incluso fuera de las palabras, permite seguir una comunicación no verbal que los textos históricos registran de forma fragmentaria.

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La voz “callacuece”, un andalucismo —propio de Andalucía, en España—, se aplica a quien actúa con reserva y logra su propósito sin llamar la atención. La aclaración resulta necesaria para el público de toda América: el término no pertenece al uso general del español. En él se cruzan la discreción, la expectativa y el riesgo de que lo oculto termine por revelarse.

El libro cierra en el entorno digital, donde dejar un mensaje sin respuesta prolonga una conducta anterior: antes podía ocurrir con una carta; ahora, con una comunicación electrónica. Cambia el soporte y cambia el nombre de la práctica, pero persiste la pregunta que organiza estas páginas: qué dice de nosotros aquello que elegimos no decir.

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Honduras: Salud afirma que el 97% de médicos interinos ya cobró y exige el regreso a las consultas

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Miles de pacientes continúan a la espera de consultas médicas, procedimientos y evaluaciones especializadas en Honduras, en medio del conflicto laboral que enfrenta a las autoridades sanitarias con la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Ante este escenario, la Secretaría de Salud aseguró que el 97% de los médicos contratados bajo la modalidad de interinato ya recibió sus salarios y pidió a los profesionales reincorporarse a sus puestos de trabajo.

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El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó este jueves que la mayoría del personal médico interino ya recibió sus pagos, mientras que los casos pendientes están bajo revisión mediante una mesa técnica integrada por representantes del gremio y funcionarios de la institución.

Según el funcionario, el 3% restante está siendo atendido de manera individual para determinar los montos adeudados, las razones de los retrasos y las circunstancias que impidieron completar las transferencias salariales.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que el 97% de los médicos interinos ya recibió sus salarios y pidió retomar las consultas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La mesa técnica cuenta con la participación del subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, y representantes del Colegio Médico, quienes revisan cada situación para establecer las acciones correspondientes.

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Midence también afirmó que el 100% de los médicos contratados bajo la modalidad permanente ya tiene sus salarios pagados. Con base en estas cifras, pidió a los profesionales que recibieron sus ingresos retomar sus actividades y contribuir a restablecer la atención habitual en los establecimientos sanitarios.

El viceministro apeló a la responsabilidad del personal médico ante las necesidades de los pacientes que requieren consultas, controles y tratamientos, mientras continúa la controversia con la Junta Directiva del CMH.

Uno de los principales argumentos expuestos por Midence para solicitar la reanudación de los servicios es la cantidad de personas que, según sus datos, permanecen pendientes de atención especializada.

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El funcionario detalló que 3,092 niños y niñas esperan atención pediátrica, mientras que otras 2,979 mujeres necesitan servicios ginecológicos. En conjunto, las cifras representan 6,071 pacientes pendientes de recibir diferentes prestaciones médicas.

En el caso de las mujeres, Midence indicó que las atenciones pendientes incluyen consultas ginecológicas, citologías, seguimiento de lesiones premalignas o malignas relacionadas con el cáncer, ultrasonidos, mamografías y evaluaciones con especialistas.

Una mesa técnica con representantes del Colegio Médico y el subsecretario José Miguel Castillo analiza los pagos que todavía no se han completado. (Foto: Cortesía)

El viceministro cuestionó la suspensión de las consultas programadas y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la interrupción de los controles médicos, particularmente para quienes necesitan seguimiento de enfermedades o evaluaciones oportunas.

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Asimismo, señaló que algunos profesionales habrían recibido instrucciones de asistir a asambleas del gremio bajo advertencia de sanciones. Estas afirmaciones fueron expuestas por el funcionario en el contexto de las medidas adoptadas durante el conflicto.

La dirigencia del Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de suspender las consultas y limitar la atención a los casos de emergencia, según lo señalado por Midence, mientras continúa la disputa relacionada con las condiciones laborales y los pagos.

Ante las críticas por la interrupción de los servicios, el viceministro sostuvo que el Gobierno garantizó el abastecimiento de material médico quirúrgico y realizó contrataciones de personal para mantener la atención en los establecimientos sanitarios.

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Entre los profesionales incorporados mencionó médicos especialistas, enfermeros, enfermeras instrumentistas y otros trabajadores de enfermería.

Sin embargo, aseguró que parte del personal suspendió las consultas tras el llamado de la dirigencia del Colegio Médico, lo que, según su versión, ha dificultado la continuidad de las atenciones programadas.

Según Salud, 3,092 niños y niñas permanecen pendientes de atención pediátrica en medio del conflicto laboral. (Foto: Cortesía)

Midence insistió en que el restablecimiento de las consultas permitiría atender a los pacientes que permanecen en espera y dar continuidad a procedimientos que requieren controles periódicos.

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En contraste con las consultas suspendidas en algunos establecimientos, el funcionario destacó que las unidades médicas de atención comunitaria continúan desplazándose por diferentes zonas del país como parte del programa “La salud más cerca de usted”.

De acuerdo con los datos proporcionados por Midence, estas unidades han realizado más de 35,677 atenciones médicasy brindado 287 servicios de telemedicina.

El programa permite que pacientes reciban consultas con especialistas ubicados en Tegucigalpa y con profesionales que trabajan desde el extranjero, mediante herramientas de atención médica a distancia.

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El viceministro defendió la continuidad de esta estrategia sanitaria, impulsada por el Gobierno del presidente Juan Asfura, y sostuvo que las unidades comunitarias contribuyen a acercar los servicios médicos a personas que enfrentan dificultades para acceder a una consulta especializada.

También reportó que 2,848 mujeres se han sometido a mastografías, entre las cuales 14 recibieron una detección oportuna de cáncer de mama y actualmente se encuentran en tratamiento.

A estos resultados sumó más de 2,500 densitometrías realizadas para identificar posibles casos de osteoporosis, principalmente entre adultos mayores. Según explicó, los diagnósticos obtenidos permitieron que pacientes comenzaran a recibir atención médica.

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corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras

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Democrat’s debate ‘cue cards’ steal spotlight in high-stakes Senate clash

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Alaska Democratic Senate hopeful Mary Peltola faced ridicule Thursday night after her use of notecards during a debate with Republican Sen. Dan Sullivan drew mocking responses from GOP critics — including a pointed jab from her incumbent opponent.

Sullivan is in an unusually close race with Peltola, a former congresswoman, that is further complicated by another candidate with his same name but a different middle initial, as Republicans fight to hold their narrow Senate majority.

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«Really, Mary? Reading off a script? You can’t cue-card your way through the Senate,» Sullivan wrote on X after Peltola appeared to have a notecard-sized paper with bullet points that she looked down at for several seconds while responding to earlier questions.

GOP SENATOR, EX-HOUSE DEM EMERGE FROM ALASKA’S ‘JUNGLE PRIMARY’ DESPITE FAR-LEFT MEDDLING

The criticism quickly became a flashpoint in the candidates’ debate-night exchanges, with Republican commentators seizing on Peltola’s apparent use of prepared notes.

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«Mary, blink twice if you are okay. It seems you can’t string a sentence together without reading from the talking points your Lower 48 handlers wrote you,» NRSC official Joanna Rodriguez posted on X.

Another social media user took aim at Peltola’s apparent reliance on notes even while discussing personal details.

«Mary Peltola can’t read her name or that she’s a grandmother without needing a cue card,» the user wrote, adding a laughing emoji.

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After Peltola appeared to read from her card another time, Sullivan cut in that he had a question for the moderators.

‘THEY WERE SPYING’: SULLIVAN SOUNDS ALARM ON JOINT RUSSIA-CHINA MOVES IN U.S. ARCTIC ZONE

INSERT CLIP: 6389131701112

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«We weren’t supposed to get these questions beforehand, were we?» he asked the debate moderators.

«No sir,» Alaska’s News Source reporter Wil Courtney replied. «Absolutely not,» added Alaska Public Media chief editor Lori Townsend.

«OK,» Sullivan said. «I’m just watching my opponent.»

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Peltola defended herself, interjecting that she was better «prepared.»

The Republican Party’s research arm hit back on X, highlighting a clip of Peltola appearing to read from her card:

«Mary Peltola — who did not introduce a single bill to help Alaska fisherman during her first term in Congress — has to read off of a script when talking about Alaska’s fishing industry,» the party tweeted.

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The debate also turned personal when Sullivan confronted Peltola over allegations that she mistreated former staffers, citing reporting by The New York Times and claiming that 25 employees had quit while working for her.

Peltola rejected the allegations as «outright fabrications or mass exaggerations of the truth,» arguing that the election should not be about her «worst day.»

The heated exchange prompted moderators to call for decorum and warn that microphones could be shut off if the candidates continued interrupting one another. Sullivan maintained that the allegations reflected a pattern of behavior, while Peltola accused her opponent of exploiting the controversy for political gain.

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The candidates also faced questions over Alaska’s long-discussed liquefied natural gas pipeline after moderators reported South Korea had not committed to investing in the project despite President Donald Trump’s public promotion of a potential deal.

Sullivan defended the administration’s efforts, arguing Seoul had committed funding through a broader trade agreement while acknowledging that the specific investment amount remained under negotiation.

DEM SENATE HOPEFUL VOWS TO UNLEASH ALASKA OIL — BUT HER RECORD TELLS A DIFFERENT STORY

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Peltola also expressed support for the pipeline but cautioned against raising expectations without firm commitments, saying Alaska should not be «promoting falsehoods that just have no substance.»

Both candidates emphasized the project’s economic potential, although the exchange exposed uncertainty over whether promised foreign investment would materialize.

Peltola previously became the first Democrat in decades to represent Alaska in the House after the death of Republican Rep. Don Young, and her Senate candidacy again carries potentially sweeping statewide and national repercussions.

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The showdown comes as Republicans fight to defend their narrow Senate majority, with Sullivan’s seat emerging as a major Democratic pickup opportunity in a state President Donald Trump carried in 2024. The Cook Political Report rates the contest a toss-up, making Alaska one of several battlegrounds that could determine which party controls the chamber in January.

Digital reached out to Peltola’s campaign for comment.

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Trump-appointed justice joins Sotomayor in unlikely alliance to rip DOJ’s handling of illegal immigrant case

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Conservative Supreme Court Justice Neil Gorsuch has joined forces with liberal Justice Sonia Sotomayor to question the federal government’s prosecution of an illegal immigrant, marking the latest unlikely alliance between the two justices.

Gorsuch, appointed by President Donald Trump, and Sotomayor, appointed by former President Barack Obama, raised concerns about the government’s decision to prosecute a Mexican national twice for being found unlawfully in the United States — even after a federal court prohibited him from leaving the Eastern District of Oklahoma following his first conviction.

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The unlikely pairing emerged Tuesday when the Supreme Court declined to hear an appeal from Jesus Herrera-Salazar, who argued that his second prosecution violated the Fifth Amendment’s protection against double jeopardy. Although the justices agreed the Court should not take up the case, Sotomayor issued a separate statement, joined by Gorsuch, warning of serious constitutional problems with the government’s actions.

GORSUCH SAYS IDEOLOGICAL DIVIDES ON SUPREME COURT COME DOWN TO ‘HOW YOU READ LAW,’ NOT POLITICS

«From the moment he was released from custody after serving his first term of imprisonment, Herrera-Salazar was presented with a Hobson’s choice,» Sotomayor wrote in the statement joined by Gorsuch. «In the Government’s eyes, whether Herrera-Salazar remained in the Eastern District of Oklahoma or left the United States, he would be breaking the law.»

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The two justices questioned how the government could punish someone for remaining in the country after effectively prohibiting him from leaving, with the pair’s joint statement describing the situation as a «constitutional absurdity.»

Their agreement is particularly noteworthy given their differing judicial philosophies, but it is not the first time the pair has found common ground over constitutional protections against government action.

In November 2024, Sotomayor and Gorsuch jointly questioned whether homeowners should be compensated when police destroy private property while carrying out law enforcement operations. A few months later, they again joined forces to raise concerns about warrantless misdemeanor arrests. In both cases, as in the latest immigration dispute, the Court declined to hear the appeals, but the justices issued statements highlighting constitutional questions they believed deserved attention.

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The pair’s latest expression of joint public concern came after Herrera-Salazar, a Mexican national previously removed from the United States, was indicted in 2020 for being found in the country following deportation, a violation of federal immigration law.

‘UNPRECEDENTED’: JUDGES REVEAL BEHIND-THE-SCENES COORDINATION ON TRUMP IMMIGRATION CASES

He pleaded guilty and served a prison sentence before being placed on supervised release, during which he was expressly prohibited from leaving the Eastern District of Oklahoma without authorization under the terms of his release.

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While still under those restrictions, Herrera-Salazar was stopped by police in Heavener, Oklahoma, and subsequently charged again under the same federal immigration statute prohibiting previously deported individuals from being found unlawfully in the United States. A jury subsequently convicted Herrera-Salazar, resulting in another prison sentence and additional supervised release.

The second prosecution prompted Herrera-Salazar to challenge his conviction on double-jeopardy grounds, arguing that the government had effectively punished him twice for the same continuous period of unlawful presence.

The U.S. Court of Appeals for the 10th Circuit rejected that argument, concluding that the offense is completed when authorities discover a person’s unlawful presence and that a subsequent discovery can support a separate prosecution without requiring another illegal entry.

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Sotomayor and Gorsuch questioned that reasoning, pointing to Supreme Court precedent establishing that prosecutors cannot evade double-jeopardy protections simply by dividing one continuous crime into separate periods. Their concern was not whether Herrera-Salazar had violated immigration law in the first place, but whether the government could repeatedly prosecute him for remaining in the United States without evidence of a separate unlawful reentry.

The justices also highlighted that Herrera-Salazar’s supervised-release conditions restricted him from leaving Oklahoma, meaning the government was effectively preventing him from ending the conduct for which it later prosecuted him again. Sotomayor warned that, under the government’s interpretation, prosecutors theoretically could have brought separate charges against Herrera-Salazar for each day he remained imprisoned following his first conviction.

The statement was issued despite the justices’ agreement with the Court’s decision not to review the case. Sotomayor explained that Herrera-Salazar had already been removed from the United States and expressed hope that the unusual circumstances surrounding his prosecution would not arise again.

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SUPREME COURT KICKS OFF NEW TERM WITH FRESH QUESTIONS OVER ITS LEGITIMACY AND ITS FUTURE

Rather than dissenting from the Court’s refusal to hear the appeal, Sotomayor and Gorsuch used what is formally known as a statement «respecting the denial of certiorari» to publicly identify constitutional concerns and urge lower courts to avoid similar problems in future cases.

The unusual collaboration follows two earlier cases in which Sotomayor authored statements joined by Gorsuch after the Supreme Court declined review.

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In November 2024, the pair raised concerns in Baker v. City of McKinney, a Texas case involving a homeowner whose property was extensively damaged during a police operation to apprehend an armed fugitive.

Police had used tear gas, explosives and an armored vehicle during the standoff, leaving the home severely damaged. Although the justices acknowledged that officers acted properly to protect public safety, they questioned whether the Constitution permits the government to impose the financial burden of such damage on an individual homeowner without compensation.

Meanwhile, in February 2025, Sotomayor and Gorsuch again joined forces, this time questioning whether the Fourth Amendment permitted police to make warrantless arrests for misdemeanors committed outside an officer’s presence that they did not personally witness.

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That case involved a Florida man arrested for loitering and prowling after police responding to a report of suspicious activity encountered him walking through a residential neighborhood before dawn. A subsequent search uncovered stolen mail, leading to a federal criminal charge.

Digital reached out to the Supreme Court chambers for comment but did not hear back in time for publication.

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