La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La misiva fue difundida bajo una consigna directa: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.

El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.

La entidad sostuvo que el problema ya no puede ser considerado una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que provoca consecuencias visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresó la comisión episcopal en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a la totalidad de sus integrantes.

El reclamo no es nuevo. La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con un mensaje contundente: “Apostar no es un juego”. Aquella campaña buscó poner el foco en el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto sobre niños, adolescentes y jóvenes.

En noviembre de ese mismo año, la CEPAS solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, trasladó el pedido al Senado, donde señaló que el fenómeno estaba consolidando una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes quedaban atrapados por la adicción. El reclamo escaló en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en nombre de todos los obispos del país, definió la situación con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En aquel pronunciamiento, los obispos también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podía transformarse en un verdadero “casino”.

La carta enviada a Villarruel plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. En ese sentido, la CEPAS advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.

La comisión episcopal incluyó en su documento una referencia a las palabras del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. La cita fue utilizada para reforzar el argumento de que la inacción legislativa favorece a una minoría que lucra con la actividad, mientras los costos recaen sobre el resto de la sociedad.

En esa línea, la CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría “profundamente lamentable”. Según el organismo, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social. A su vez, remarcó que los perjuicios que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminarán recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.

Para respaldar su posición, la comisión episcopal citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto particularmente grave de las apuestas online en los menores de edad y en quienes atraviesan situaciones de mayor desprotección.

En el tramo final de la misiva, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, al reiterar su llamado a legislar sobre una problemática que, según advierte, ya atraviesa a toda la sociedad.

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