POLITICA
Oil Combustibles: la Corte planea revisar antes de fin de año la condena de Echegaray y las absoluciones de López y De Sousa
La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.
López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.
Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.
Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.
El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.
Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena.
“O todos condenados o todos absueltos”, dijo un funcionario judicial a , simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.
Pedido de prescripción
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.
En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.
La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados.
En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado.
Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.
Diez años de causa
La causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de . La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco.
Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.
El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.
El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres.
El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.
Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.
El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones.
Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.
Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces.
Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.
El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal.
Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba “en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria”.
Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.
El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto.
Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.
Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita.
Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.
El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte.
Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.
Cristóbal López y Fabián de Sousa,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La incertidumbre global y el escenario electoral: cómo explica el Gobierno la suba del riesgo país
Casi a contramano de las proyecciones que expresó recientemente el presidente Javier Milei, el riesgo país volvió a subir este lunes y se ubicó en 676 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025. Frente a ese escenario, en el Gobierno ensayan una serie de argumentos para explicar la evolución del indicador y sostener el rumbo del programa económico.
Este lunes, además de la caída en los bonos argentinos, el índice que elabora la banca privada JP Morgan arrojó un nuevo incremento de 28 unidades en el indicador respecto del cierre del viernes. En la administración libertaria atribuyen la volatilidad tanto al escenario internacional, marcado por los conflictos bélicos y las tensiones sociales en Europa, como a las expectativas políticas locales, que sintetizan bajo la expresión “riesgo Kicillof”.
La suba se produjo después de que el mandatario se refiriera al indicador durante un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país para el año que viene está debajo de los 100 puntos, lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio”, expresó el pasado jueves.
En Balcarce 50 le restan excepcionalidad a la suba del riesgo país y la atribuyen a un escenario internacional adverso. “La situación internacional pega fuerte. La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. No hay explicación para lo que sucede en el plano internacional que pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, expresó una fuente oficial ante Infobae.
Entre los factores internacionales que, según el Gobierno, inciden en los mercados figuran la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En ese contexto, la suba del petróleo también agrega presión a los mercados financieros, aunque su impacto sobre la economía argentina ha sido favorable este año.
Asimismo, en el oficialismo sostienen que los recientes conflictos sociales en países como Italia, Francia y España, que celebrará elecciones anticipadas el 29 de noviembre, también repercuten en los mercados. Como ejemplo, mencionan el triunfo en primera vuelta del derechista Flavio Bolsonaro en Brasil, tras el cual el riesgo país argentino cayó más de 50 puntos el lunes siguiente a la elección y mejoró la cotización de los bonos, aunque el movimiento fue transitorio.
Sin embargo, el comportamiento de otros mercados de la región abre interrogantes sobre el peso de los factores externos. En Uruguay, por ejemplo, el riesgo país se ubicó en 77 puntos, apenas uno por encima del cierre del viernes.
En paralelo, en el oficialismo atribuyen parte de la suba a las expectativas electorales y al impacto que las encuestas pueden tener sobre las decisiones de los inversores. Según sostienen en la Casa Rosada, la competitividad de Axel Kicillof y la valoración de la gestión de Milei alimentan la incertidumbre sobre el rumbo político y económico después de 2027.
“No tiene nada que ver con las cuestiones de la macro sino con las expectativas políticas. El mercado también consume encuestas que dan un Milei en el orden de los 35 puntos, un Kicillof competitivo, eso es riesgo para el capital”, expresó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
Al respecto, la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), reveló que el 67% de las personas consultadas está insatisfecha con la marcha general del país, mientras que el 30% manifestó su satisfacción.
En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca despejar ante los mercados los temores a un eventual retorno del kirchnerismo, al que define como “el infierno”, y califica a Axel Kicillof como “el anticristo”.
Ante la suba del indicador, desde el entorno del Presidente piden “mirar la película completa”: recuerdan que el riesgo país se ubicaba en 1.923 puntos básicos cuando Milei asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y sostienen que luego logró estabilizarse en torno a los 620 y 660 puntos, aunque con oscilaciones. “Cuando el mundo esté más tranquilo y sea más previsible va a bajar, pero es importante remarcar que no hubo una noticia económica interna que hiciera cambiar las variables”, argumentaron ante este medio.
Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó la posibilidad de un plan platita de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que el riesgo país se debe a “la incertidumbre global”. “Recordemos qué país recibimos. Con un riesgo país arriba de 2500 puntos y recordemos que hoy está arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina, una mucho mejor, con menos riesgos que la que teníamos en diciembre de 2023″, expresó en la conferencia de prensa de este martes.
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El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este lunes a la suba del riesgo país, que alcanzó los 675 puntos básicos, y atribuyó el incremento a la “incertidumbre global”. “Nosotros creemos que la suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.
En ese sentido, Ravier destacó que el Gobierno está fortaleciendo la posición macroeconómica del país para afrontar posibles escenarios de inestabilidad. “El Presidente ha dicho varias veces que, ante la incertidumbre electoral y tantas preguntas que nos hacen, nosotros estamos construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones”, afirmó sobre el final de su diálogo con periodistas.
Además, mencionó las reservas acumuladas durante los últimos 12 meses, los acuerdos de intercambio de monedas (swaps) con China y Estados Unidos, y las operaciones de futuros, entre otros instrumentos financieros que pueden servir para afrontar escenarios de inestabilidad. Y completó: “Estos instrumentos, de ser necesario, se pueden utilizar. No creemos que sean la causa del impacto del riesgo país”, completó.
El riesgo país volvió a escalar este lunes y alcanzó niveles que no se registraban desde hace casi un año. Desde que el indicador tocó un mínimo durante la gestión de Javier Milei, en julio, distintos factores —entre ellos el contexto internacional, los datos negativos de la economía, especialmente en materia de actividad, y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027— contribuyeron a impulsar su tendencia alcista.
En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan avanzó 12 unidades y se ubicó en 675 puntos básicos, con una suba del 4,17%, según las pantallas de Rava Bursátil. Un nivel similar se había registrado a fines de octubre del año pasado, cuando el indicador cerró en 676 puntos.
El avance estuvo impulsado por la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta el 1,4% entre los Bonares (AL29D y AE38D) y del 0,8% entre los Globales (GD46D).
De esta manera, el indicador se alejó de los mínimos alcanzados durante la gestión de Milei: en julio, había cerrado en 402 puntos básicos. En ese momento, las calificadoras internacionales mejoraron la nota crediticia de la Argentina, una señal que coincidió con una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central.
El rumbo de la economía y la política monetaria
En otro tramo de la conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la caída del consumo y el retroceso del empleo en la Argentina. Al respecto, puso el foco en la situación económica que heredó la administración de Javier Milei y defendió los resultados del programa económico del Gobierno.
“Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento”, sostuvo. En esa línea, destacó que, pese a las dificultades, la actividad logró retomar la senda del crecimiento.
“Logramos que la economía creciera año tras año. Más allá de un trimestre negativo, en 2026 crecería dos puntos. Y en 2027, según proyecciones, crecería tres puntos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la recuperación no alcanza a todos y que los indicadores muestran diferencias según período y actividad.
“Si vamos a cuestiones más particulares, la cuestión puede cambiar. No es un crecimiento homogéneo”, explicó. Como ejemplo, mencionó el desempeño reciente de la actividad económica: “Si miramos el dato de julio, fue un mes negativo. Si miramos agosto, los datos son muy positivos”. En ese sentido, expresó su expectativa de que la tendencia mejore en los próximos meses: “Creemos que de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejor”.
Por último, el vocero descartó cambios en la orientación del programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo mediante un aumento del gasto público. “No va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”, aseguró.
En defensa de la política económica de la administración libertaria, sostuvo que el rumbo elegido permitió avanzar en la reducción de la inflación, la pobreza y la indigencia, al tiempo que destacó la recuperación de la actividad. “El plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la recuperación del crecimiento. Crece más que gran parte del mundo en un contexto complejo”, concluyó.
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La junta de presidentes de cámaras federales penales evaluó el avance del sistema acusatorio
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.
Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.
El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.
El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.
También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.
La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.
Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.
La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.
La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.
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Para el Gobierno, la suba del riesgo país obedece a la “incertidumbre global”
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