Tras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Pasada la medianoche el tablero de la Cámara de Diputados informó que la aprobación se logró con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos. El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad terminaron contribuyendo a que el Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.

También votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. La excepción fueron los diputados de Córdoba (Provincias Unidas y Unión por la Patria) que se manifestaron en contra porque según su visión, las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, explicó Gabriela Estevez. Por su parte, la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.

A pesar de todo, la mayoría especial de dos tercios que se alcanzó hace virtualmente imposible que el Senado pueda introducir cambios o que Milei recurra al veto presidencial.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdes y Victoria Tolosa Paz. Por el lado del oficialismo, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar esta ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que garantice previsibilidad.

Pero la situación se convulsionó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich fueron tomados por sorpresa y hubo duros reproches al interior de la Mesa Política.

Ese capítulo del Presupuesto 2027 tomaba el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. También establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, sin actualización automática por IPC.

Para desactivar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió con sus aliados a dejar de lado el recorte incluido en el Presupuesto y propuso un proyecto que a grandes rasgos retoma los principales puntos del sistema vigente.

El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, también se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

Sin embargo, durante las horas previas a la votación referentes de la oposición pidieron más cambios para sumar su apoyo. Por ejemplo, garantizar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Además, aclararon que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Los bloques de la oposición mantuvieron diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque para estas se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe prorrogarse) gran parte del sistema vigente.

Al inicio del debate, el diputado Herrera Ahuad leyó los últimos cambios propuestos por la oposición y aclaró que si no eran aceptados en su totalidad, su bloque Argentina Federal no votaría favorablemente. “Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, dijo. A su turno el diputado liebrtario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la Emergencia. “Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, explicó y remarcó que el dictamen final “es absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz, destacó: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También reforzamos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.

La oficialista Laura Rodríguez Machado comenzó por señalar que la sensibilidad social “no se contrapone” con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo de los bloques que participaron de la negociación. No obstante, apuntó sus críticas contra los diputados de Córdoba que dijeron que las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración del proyecto: “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”.

“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, sintetizó un diputado de la oposición.